ARIT-SCZ-RA-0508-2020 No verificación correcta de los ingresos vician de nulidad la Vista de Cargo

ARIT-SCZ-RA-0508-2020

Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0508/2020 

Fruis Virginia Elias Ali. 

Gerencia Distrital Pando del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Erika Loreto Peralta 

Justiniano. 

Resolución Determinativa N° 

172090000002, de 18 de febrero de 

ARIT-PND-0003/2020. 

Santa Cruz, 10 de septiembre de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Pando del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0508/2020 de 09 de septiembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Pando del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa 172090000002, de 18 de febrero de 2020, la cual resolvió: Primero.- Determinar de oficio las obligaciones impositivas de la contribuyente Elias Ali Fruis Virginia, con la deuda tributaria sobre el Impuesto a las 

de 45 NB/ISO 

9001 

Justiqfa tributaria para vivir bien Jan r/írt’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbijruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

S/stema de Gestión de la Calidad 

Certificado 771/14 

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Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2015, que asciende a un total de 30.481 UFV’s, equivalentes a Bs71.257, importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses (4%), cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) y las modificaciones de la Ley 812. Segundo.- Sancionar a la contribuyente con una multa de 2.000 UFV’s equivalentes a Bs4.675, por las Actas de Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de determinación, en el Primer Requerimiento F. 7013 178324, labrado el 26 de octubre de 2018, por la presentación parcial de la documentación e información solicitada, sancionado con una multa de 500 UFV’s, según el sub-numeral 4.2 del núm. 4 de la RND 10-0033-16, y en el Segundo Requerimiento F. 7013 178402, efectuado el 17 de abril de 2019, por no presentar ninguna documentación requerida por la Administración Tributaria, sancionado con una multa de 1.500 UFV’s, de acuerdo al sub-numeral 4.1 del núm. 4 de la RND 10-0033-16. Tercero.- Sancionar la conducta de la contribuyente por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2015, como omisión de pago, por adecuarse a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionando a la contribuyente con una multa igual al 100% del tributo omitido determinado en 26.122 UFV’s, equivalentes a Bs61.060. Cuarto.- Intimó a la contribuyente para que en los términos establecido por ley, pague la suma de 58.606 UFV’s equivalentes a Bs136.992, por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2015, deuda determinada que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses (4%), multa de incumplimiento a los deberes formales y el 100% de la sanción por omisión de pago, conforme establece el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Ley 812, importe que deberá ser re liquidado a la fecha de su pago. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos de la Recurrente 

Fruis Virginia Elias Ali, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 16 de marzo y 05 de junio de 2020 (fs. 33-37 vta. y 41-42 del expediente), dentro 2 de 45

AIT,”* 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

del plazo establecido por el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 172090000002, de 18 de febrero de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Pando del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Vulneración de derechos constitucionales por falta de fundamentación de la Resolución Determinativa impugnada. 

La recurrente señaló que el 26 de febrero de 2020, la Administración Tributaria le notificó con la Resolución Determinativa impugnada, que determinó una deuda tributaria incongruente de 58.606 UFV’s, fuera del marco legal, la cual comete una serie de vulneraciones a sus derechos constitucionales, pues carece de los requisitos esenciales y adolece de falta de fundamentación de hecho en la parte considerativa, quebrantando el Principio de congruencia que debe existir en la unidad de la Resolución Sancionatoria (debió decir Determinativa), por lo que dicho acto administrativo al carecer de un contenido armónico entre los fundamentos de hecho y de derecho con la parte dispositiva, se encuentra viciado de nulidad, conforme a lo previsto en el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por disposición del art. 74 núm. 1 de la Ley 2492 (CTB), conforme al lineamiento establecido en el Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0332/2016 de 08 de julio de 2016 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1147/2016 de 26 de septiembre de 2016. Por todo lo expresado, es evidente que no se cumplió con los requisitos esenciales establecidos en el inc. e) del art. 28 de la Ley 2341 (LPA), que establece que el acto administrativo deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además, los recaudos indicados en el inc. b) del artículo; considerando conjuntamente que, el art. 36 parágrafo II de la misma norma establece que, no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados; en suma, observó la vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa, los cuales se encuentran previstos en los arts. 115 parágrafo II y 119 parágrafo II de la CPE y 68 núm. 6 de la Ley 2492 (CTB), 

ocasionándole confusión. 

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Srsternd de Gf-itiLin -Je la Calidad 

Certifrcado IV 771,14 

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En apoyo a sus argumentos, sobre el Principio de legalidad, citó la Sentencia Constitucional 101/2004 de 14 de septiembre de 2004, respecto al debido proceso, citó las Sentencias Constitucionales 0042/2004 de 22 de abril de 2004, 731/2000-R de 27 de julio de 2000, 1289/2010-R de 13 de septiembre de 2010, N° 1111/2012 de 06 de septiembre de 2012, 1916/2012 de 12 de octubre de 2012 y N° 378/2000-R de 20 de abril de 2000, en relación a la fundamentación y motivación de las Resoluciones citó las Sentencias Constitucionales 0040/2007-R de 31 de enero de 2007, 1326/2010-R de 20 de septiembre de 2010, 2227/2010-R de 19 de noviembre de 2010, 717/2006-R, 0505/2006-R y N° 1369/2001-R y sobre el derecho a la defensa citó la Sentencia Constitucional N° 92/2006-R de 25 de enero de 2005. Por la jurisprudencia citada, refirió que la fundamentación y motivación de las Resoluciones judiciales, no se traduce en una exigencia de extensión o simplemente de forma, sino que esencialmente se refiere a aspectos de fondo referidos a que el juez, de una forma imparcial, debe expresar en su resolución los hechos, pruebas y normas, en función de las cuales adopta su posición, además de explicar las razones del por qué valora estos hechos y pruebas de una manera determinada, y el sentido de la aplicación de las normas. 

11.1.2 Nulidad de notificación de la Resolución Determinativa impugnada. 

La recurrente indicó que se le vulneró el debido proceso, pues según la diligencia de notificación, fue notificada personalmente el 26 de febrero de 2020, con la Resolución Determinativa N° 172090000002 de fecha 26 de diciembre de 2019, la cual nunca se le entregó; siendo que realmente sólo se le notificó con la Resolución Determinativa 172090000002 de 18 de febrero de 2020, es decir, que la Administración Tributaria emitió dos Resoluciones Determinativas con las que se le pretende sancionar arbitrariamente, y sólo se le entregó la Resolución Determinativa 172090000002 de 18 de febrero de 2020, y no así la Resolución Determinativa emitida el 26 de diciembre de 2019, como señala la diligencia de notificación personal efectuada, situación que es totalmente incongruente, causándole confusión, indefensión y agravios a sus intereses económicos, al haberse aplicado errónea y arbitrariamente la normativa tributaria, por lo que adjuntó como prueba copia original de la notificación; razón por la que corresponde la anulabilidad de obrados, dispuesta en los arts. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicable por disposición del art. 74 núm. 1 de la Ley 2492 (CTB). 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Por lo expuesto, solicitó se dicte Resolución anulatoria con reposición hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la notificación de 26 de febrero de 2020, dejando sin efecto la Resolución Determinativa 172090000002, de 18 de febrero de 2020. 

II.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 10 de junio de 2020, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Determinativa 172090000002, de 18 de febrero de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Pando del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 43 del expediente). 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Pando del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 08 de julio de 2020 (fs. 54-66 del expediente), contestó al Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la impugnación, en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

11.3.1 Respecto a la vulneración de derechos constitucionales por falta de fundamentación de la Resolución Determinativa impugnada. 

La Administración Tributaria efectuó una relación de antecedentes del proceso y señaló que en el ejercicio de sus facultades conferidas en los arts. 21, 66, 99 y 100 de la Ley 2492 (CTB), procedió a la verificación de las obligaciones impositivas de la recurrente, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las obligaciones tributarias correspondientes al IUE, de los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2015, mediante la Orden de Verificación N° 18990209181, comprobando que la recurrente no determinó los impuestos conforme a Ley, en la Declaración Jurada presentada por el IUE de la gestión 2015, además de declarar ventas que no coinciden con lo verificado, por lo que se calificó la conducta de la contribuyente como omisión de pago, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB); por lo que, determinó el tributo y realizó el cálculo de la deuda tributaria haciendo uso del método de determinación dispuesto en el art. 43 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), es decir, sobre base cierta, ya que se tomó en 5 de 45 

Justicia tributariapara vivir bien 

Jají mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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NB/ISO 

9001 

ii^rna de Oentinri de la Calidad 

Cwtrficddo M “”1 14 

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cuenta la información y los documentos que permitieron conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. Asimismo, refirió que los actos administrativos efectuados para obtener el pago de la obligación tributaria contra la contribuyente, los realizó bajo la protección y respeto de los derechos, reglas, principios y garantías básicas fijadas por el orden jurídico nacional, actuando bajo los parámetros del derecho a la seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas jurídicas tributarias, teniendo pleno conocimiento la recurrente de cuáles eran y son sus derechos y obligaciones, en el marco de la garantía del debido proceso, observando el conjunto de requisitos que significan el procedimiento de determinación, cuidando que la contribuyente asuma defensa adecuadamente ante cualquiera acto que podría haber afectado a sus derechos. Asimismo, la proporcionalidad, transparencia, control y sencillez administrativa, fueron los principios constitucionales correctores del proceso que se llevó a cabo sobre las obligaciones impositivas de la recurrente. 

Añadió que, respecto a la garantía del debido proceso, la recurrente tuvo pleno conocimiento en todo momento del proceso, desde el inicio de la verificación, siendo que los requerimientos de documentación y la Vista de Cargo, fueron notificados de forma personal, por lo que mal puede alegar que se vulneró su derecho a la defensa, cuando incluso se otorgó ampliación en el plazo para presentación de la información solicitada a la recurrente, la cual procedió a la entrega de la documentación requerida, aceptando de esta forma la legalidad del procedimiento; consecuentemente, siendo que el art. 55 del DS 27113 (RLPA) señala que es procedente la revocación de un acto anulable, por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público, esta condición no se adecúa al presente caso, por lo que tampoco se vulneró el principio constitucional previsto en el art. 115 de la CPE; por tanto, se desvirtúa la apreciación de la recurrente, puesto que cada actuación se realizó conforme a las normastributarias vigentes y en respeto al debido proceso; máxime si se considera que los actos de la Administración Tributaria son regidos bajo los principios contenidos en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), entre otros, el Principio de verdad material, que establece que la Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; situación concordante con el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), que indica que los actos de la Administración Pública por estar sometidos a la Ley, se presumen legítimos; 6 de 45

¡í\ AIT. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

habiendo dado estricto cumplimiento a todos los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, conforme establece el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), toda vez contiene lugar, fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones de la deuda tributaria, se encuentra debidamente fundamentada de hecho y de derecho, se realizó el análisis y evaluación de descargos, se calificó la conducta y la sanción establecida, con la firma y sello de la autoridad competente que emite la Resolución Determinativa; es más, cumple la relación de causalidad entre el hecho ilícito (arts. 160 núm. 3 y 165 de la Ley 2492 (CTB), la norma infringida y la conducta del contraventor, citando la normativa aplicable; además de que la Resolución Determinativa se encuentra acorde a las Sentencias Constitucionales 1365/2005- Rde31 de octubre de 2005 y N° 1588/2011-R de 11 de octubre de 2011. 

II.3.2 Sobre la nulidad de notificación de la Resolución Determinativa impugnada. 

La Administración Tributaria indicó que la Resolución Determinativa impugnada fue notificada de forma personal, conforme establece la normativa legal vigente, en el art. 84 de la Ley 2492 (CTB); notificación que cumplió con la finalidad de dar a conocer al sujeto pasivo la Resolución Determinativa, permitiéndole asumir su derecho a la defensa con la interposición del presente Recurso de Alzada, por lo que es válida la misma; además que todas las notificaciones de los actos administrativos emitidos desde el inicio de la verificación, fueron notificados personalmente; no obstante, es evidente que existe un error en la notificación, en cuanto a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa, pero el documento entregado a la recurrente es el correcto, pudiendo evidenciarse que los datos observados por la recurrente no son datos sustanciales que afecten o cambien el fondo de la determinación, por lo que este aspecto no se puede considerar para anular la notificación, bajo el principio de economía procesal. 

Por otra parte, aludió que la notificación es un acto que, si cumple con su finalidad, SmwJS aun habiendo errores de forma, es convalidada, conforme lo establecen las Sentencias Constitucionales 1845/2004-R de 30 de noviembre de 2004 y N° 

1476/2016-S3 de 12 de diciembre de 2016. 

  1. X) 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayirjach’a kamani (Aymara) Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Srstni na de Gestión 

  • JelaCdlidad 

CertiticadoM “”1 ’14 

Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol 

Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todos sus extremos la Resolución Determinativa 172090000002, de 18 de febrero de 2020. 

11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba 

Mediante Auto de 10 de julio de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó a la recurrente el 15 de julio de 2020, y a la Administración Tributaria, el 01 de julio de 2020, tal como consta en obrados (fs. 67- 69 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 04 de agosto de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial con cargo de recepción de 04 de agosto de 2020, ratificó las pruebas presentadas con su memorial de contestación al Recurso de Alzada, correspondiente a los 5 cuerpos de antecedentes administrativos de la Resolución Determinativa impugnada; afirmando que estos demuestran que actuó conforme a normativa vigente, por lo que solicitó se dicte Resolución confirmando en todas sus partes la Resolución Determinativa N° 172090000002, de 18 de febrero de 2020 (fs. 70 del expediente). 

Por su parte, la recurrente no presentó memorial de proposición o ratificación de pruebas dentro del referido plazo. 

11.5 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 24 de agosto de 2020, tanto la Administración Tributaria como la recurrente, no presentaron alegatos en conclusiones escritos ni orales dentro de plazo. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

8 de 45

MTÍ 

Autoridad de 

Impugnación Trirutaria 

1.1. El 07 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Orden de Verificación 18990209181, 

de 02 de agosto de 2018, cuyo alcance es la verificación especifica de los 

hechos y/o elementos relacionados al IUE, de los periodos enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre

diciembre de la gestión 2015; informando que, conforme a las facultades 

conferidas por los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) y los arts. 29 y 32 

del DS 27310 (RCTB), sería sujeto a un proceso de determinación, de 

acuerdo a la modalidad y alcance definidos precedentemente, con el objeto de 

establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias (fs. 06 de 

antecedentes c. I). 

En la misma fecha, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

recurrente con el Requerimiento 150051 de 14 de agosto de 2018, 

mediante el cual en virtud al art. 100 de la Ley 2492 (CTB), solicitó la 

presentación de la siguiente documentación, correspondiente a los periodos 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2015: Libro de Ventas IVA y Libro de 

Compras IVA, ambos en medio magnético si corresponde, Notas Fiscales de 

respaldo al débito fiscal IVA (copias), Notas Fiscales de respaldo al crédito 

fiscal IVA (originales), Estados Financieros gestión 2015 y Libros de 

Contabilidad (Diario, Mayor – medio magnético si corresponde), debiendo 

presentar la documentación el 21 de septiembre de 2018, cuyo incumplimiento 

sería considerado una contravención al art. 70 de la Ley 2492 (CTB), siendo 

sancionable conforme al art. 162 de la misma Ley (fs. 09 de antecedentes c. 

I). 

El 21 de septiembre de 2018, la recurrente presentó ante la Administración 

Tributaria carta s/n, solicitando se le conceda una prórroga para la 

| ISO 9001 

presentación de la documentación solicitada en la verificación externa, por el §¡ plazo de 5 días (fs. 11 de antecedentes c. I). 

El 03 de octubre de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con el Auto 251890000057 de 26 de septiembre de 2018, mediante el cual determinó ampliar el plazo de presentación de la 9 de 45 

mm 

NB/ISO 9001 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’akamani (Aymara) Mapatasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

^ijtema de Gestión de la Calidad 

Certificado N 771,14 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

documentación requerida en la Orden de Verificación 18990209181 y el Requerimiento N° 150051, por 5 días hábiles computables a parir de la notificación el Auto (fs. 12 y 14 de antecedentes c. I). 

.4. El 26 de octubre de 2018, la Administración Tributaria labró el Acta de Recepción de Documentos, constatando la presentación de la documentación solicitada a la recurrente, consistente en Notas Fiscales de los periodos enero a diciembre de 2015 en originales (fs. 16 de antecedentes c. I). 

En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 178324, a la recurrente por el incumplimiento al deber formal de “Entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos”, que infringe el art. 70 núm. 1 de la Ley 2492 (CTB), según el sub-numeral 4.2 núm. 4 del Anexo del Régimen General de la RND 10-0033-16, correspondiendo una multa de 500 UFV’s (fs. 18 de antecedentes c. I). 

.5. El 14 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 178334, a la recurrente por el incumplimiento al deber formal de “No envío de Estados Financieros en forma digital (formulario electrónico), que deberá ser realizado dentro de los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal que corresponda, según lo establecido en el art. 39 del DS 2405 Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas”, que infringe el art. 6 de la RND 10-0005-15, según el sub-numeral 3.15 núm. 3 del Anexo del Régimen General de la RND 10-0033-16, correspondiendo una multa de 500 UFV’s (fs. 19 de antecedentes c. I). 

En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Informe cite: SIN/GDPN/DF/INF/00801/2018, el cual concluyó que la contribuyente no presentó los Estados Financieros, pero según las notas fiscales presentadas en la gestión 2015, este alcanza un monto de Bs172.802,43, por lo que determinó una deuda tributaria de 27.013 UFV’s equivalentes a Bs61.773, 10 de 45

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a deberes y sanción por omisión de pago, calculado al 14 de noviembre de 2018; por lo que recomendó la emisión de la Vista de Cargo, conforme al art. 11, caso 3, de la RND 10-0032-16 (fs. 718-725 de antecedentes c. IV). 

III.6. El 13 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Vista de Cargo 291890000097 (SIN/GDPN/DFA/C/00097/2018) de 14 de noviembre de 2018, la cual calificó la conducta de la contribuyente como omisión de pago, conforme a las previsiones del art. 165 de la Ley 2492 (CTB); por lo que determinó preliminarmente una deuda tributaria de 27.013 UFV’s equivalente a Bs61.773, importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y sanción por omisión de pago, calculado al 14 de noviembre de 2018; por lo que otorgó el plazo de 30 días para la formulación de descargos (fs. 726-733 de antecedentes c. IV). 

Mil.7. El 31 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Acta de Devolución de Documentos, entregando a la recurrente la documentación consistente en: Notas Fiscales, Libros de Compras y Estados Financieros de la gestión 2015, en originales (fs. 17 de antecedentes c. I). 

El 26 de marzo de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe cite: SIN/GDPN/DJCC/TJ/INF/00046/2019, mediante el cual concluyó que el área Técnica Jurídica observó falencias de fondo en la Vista de Cargo 291890000097 (SIN/GDPN/DFA/C/00097/2018), que pueden causar su nulidad, por lo que recomendó anular la referida Vista de Cargo, con la finalidad de no incurrir en vicios de nulidad establecidos en el art. 96 parágrafo III de la Ley 2492; asimismo, recomendó la emisión y notificación de la Resolución Administrativa de Anulación de la Vista de Cargo (CTB) (fs. 737-738 de antecedentes c. IV). 

í ISO 9001 I “JJlllJJ”‘IJ”IJU” 

El 02 de abril de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a I.9. 

la recurrente con la Resolución Administrativa 231990000029 11 de 45 

NB/ISO 9001 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mlpuruvisa tendodeguambaeti oñomita 

Sistema de i^f^tion de la Calidad 

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(SIN/GDPN/DJCC/TJ/RA/00020/2019) de 26 de marzo de 2019, mediante el cual resolvió anular la Vista de Cargo 291890000097 (SIN/GDPN/DFA/C/00097/2018) de 14 de noviembre de 2018, emitida a la contribuyente Fruis Virginia Elias Ali, emergente de la Orden de Verificación 18990209181, debiendo subsanar y corregir las observaciones señaladas y otras que pudiesen existir en la verificación, de acuerdo a procedimiento y normativa vigente para la posterior emisión de Vista de Cargo y su notificación, a efectos de no causar vicios de nulidad y no vulnerar el derecho al debido proceso (fs. 739-742 y 746 de antecedentes c. IV). 

111.10. El 09 de abril de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con el Requerimiento 150203 de 05 de abril de 2019, mediante el cual en virtud al art. 100 de la Ley 2492 (CTB), solicitó la presentación de la siguiente documentación, correspondiente a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2015: contratos suscritos de comisionistas vigentes en la gestión 2015, debiendo presentar la documentación el 16 de abril de 2019, cuyo incumplimiento sería considerado una contravención al art. 70 de la Ley 2492 (CTB), siendo sancionable conforme al art. 162 de la misma Ley (fs. 753 de antecedentes c. IV). 

111.11. El 17 de abril de 2019, la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 178402, a la recurrente por el incumplimiento al deber formal de “A/o entrega de ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación y control e investigación, requerida mediante Requerimiento Form. 4003 150203 de fecha 05/04/2019, no presentó contratos suscritos de comisionistas vigentes en la gestión 2015′, que contraviene los nums. 4, 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una multa de 1.500 UFV’s, según el sub-numeral 4.1 num. 4 de la RND 10-0033-16 (fs. 754 de antecedentes c. IV). 

I2de45

AlA 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

111.12. El 17 de mayo de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentos, constatando la presentación de la documentación solicitada a la recurrente, consistente en contratos suscritos de comisionista vigentes en la gestión 2015; observando que la contribuyente presentó la documentación fuera de plazo (fs. 818 de antecedentes c. V). 

111.13. El 20 de mayo de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe cite: SIN/GDPN/DF/INF/00251/2019, el cual concluyó que como resultado de la verificación de los documentos presentados por Fruis Virginia Elias Ali, el fisco determinó un impuesto omitido de Bs53.902,00 que deberá ser actualizado con los accesorios de Ley, de acuerdo a la fecha de pago; asimismo, observó que durante el proceso de verificación labró las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 178324, sancionada con 500 UFV’s, y N° 178402 sancionada con 1.500 UFV’s; por lo que considerando las observaciones detalladas, determinó un reparo a favor del fisco, procedente de la liquidación efectuada conforme a lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el parágrafo I del art. 2 de la Ley 812, por un importe total de 56.252,00 UFV’s equivalentes a Bs129.493,00, importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales, más la sanción por omisión de pago; por lo que recomendó la emisión de la Vista de Cargo conforme lo establece la RND 10-0032-16, en su art. 11, Caso 2 (fs. 821-844 de antecedentes c. V). 

.14. El 28 de mayo de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Vista de Cargo 291990000055 (SIN/GDPN/DFA/C/00054/2019) de 20 de mayo de 2019, la cual indicó que las acciones y omisiones detalladas constituyen indicios de omisión de pago, de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB), correspondiendo una sanción del 100% del tributo omitido en UFVs’, calculado a la fecha de vencimiento; por lo que determinó 

preliminarmente una deuda tributaria total de 56.252,00 UFV’s; otorgando el 

  1. X) 

plazo de 30 días para la formulación de descargos (fs. 846-870 de 

antecedentes c. V). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

bisti’ma de oe<íion de U Calidad 

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111.15. El 23 de agosto 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe cite: SIN/GDPN/DJCC/INF/379/2019, que concluyó que el Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva observó falencias de forma y fondo en la emisión de la Vista de Cargo 291990000055 (SIN/GDPN/DFA/C/00054/2019) de 20 de mayo de 2019, en contra de la contribuyente Fruis Virginia Elias Ali, incurriendo en la falta de motivación y fundamentación e incongruencias en la referida Vista de Cargo con relación a los antecedentes administrativos; por lo que recomendó anular la Vista de Cargo, con la finalidad de no incurrir en vicios de nulidad, establecidos en el art. 96 parágrafo III de la Ley 2492; asimismo, recomendó al Departamento de Fiscalización, subsanar las observaciones mencionadas y emitir actos coherentes entre la Orden de Verificación y la Vista de Cargo, cumpliendo con el art. 96 parágrafo I de la Ley 2492; por lo que exhortó se emita y notifique la Resolución Administrativa de Anulación de la Vista de Cargo (CTB) (fs. 872-876 de antecedentes c. V). 

111.16. El 26 de agosto de 2019, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con la Resolución Administrativa 231990000250 (SIN/GDPN/DJCC/RA/165/2019) de 23 de agosto de 2019, mediante la cual resolvió anular la Vista de Cargo 291990000055 (SIN/GDPN/DFA/C/00054/2019) de 20 de mayo de 2019, emitida a la contribuyente Fruis Virginia Elias Ali, emergente de la Orden de Verificación 18990209181, debiendo subsanar y corregir las observaciones señaladas en el Considerando II y otras que pudiesen existir en la verificación, de acuerdo a procedimiento y normativa vigente para la posterior emisión de Vista de Cargo y su notificación, a efectos de no causar vicios de nulidad (fs. 877-882 y 884 de antecedentes c. V). 

.17. El 22 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe cite: SIN/GDPN/DF/INF/1270/2019 el cual concluyó que como resultado de la verificación 18990209181, con alcance al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, declarado por la contribuyente Fruís Virginia Elias Ali, de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2015, observó que de la revisión de los documentos presentados por la contribuyente, el fisco determinó un impuesto omitido de Bs53.333,00, importe que deberá ser 14 de 45

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

actualizado con los accesorios de Ley, de acuerdo a la fecha de pago; asimismo, observó que durante el proceso de verificación labró las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 178324, sancionada con una multa de 500 UFV’s, y 178402 sancionada con 1.500 UFV’s; por lo que considerando las observaciones detalladas, determinó un reparo a favor del fisco, procedente de la liquidación efectuada conforme a lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el parágrafo I del art. 2 de la Ley 812, por un importe total de 58.310,00 UFV’s equivalentes a Bs135.544,00, importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales, más la sanción por omisión de pago; por lo que recomendó la emisión de la Vista de Cargo conforme lo establece la RND 10-0032-16, en su art. 11, Caso 2 (fs. 896-923 de antecedentes c. V). 

.18. El 29 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Vista de Cargo 291990000122 (SIN/GDPN/DFA/C/116/2019) de 22 de noviembre de 2019, la cual como resultado de la verificación de los documentos presentados por la contribuyente e información extraída de la base de datos SIRAT 2, determinó un ingreso total de Bs223.135,54, que al deducir el costo sobre las ventas de BsO, gastos operativos de Bs1.770,91 y otros egresos de Bs32,40, obtuvo una utilidad antes de impuesto de Bs221.332,23; por lo que a la utilidad neta antes del IUE de Bs221.332,23 aplicó la alícuota del 25%, estableciendo un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de Bs55.333,23, al cual le dedujo el importe cancelado de BsO en el Formulario 500, con número de orden 9059621813 de 29 de abril de 2016, determinando un tributo omitido de Bs55.333,23; además, observó que durante el proceso de verificación emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 178324, sancionada con una multa de 500 UFV’s por “Entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos. No entregó libros de contabilidad, Diario, Mayor”, y N° 

X> 

178402 sancionada con una multa de 1.500 UFV’s, por “No entregar ninguna 

documentación e información requerida por la Administración Tributaria 

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Justicia tributaria para vivir bien Janmit’ayir ¡ach’a kamani (Aymara) Marfia tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbüruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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Cer+rficadoN “1 14 

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durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación y control e investigación, requerida mediante Requerimiento Form. F-7013 N° 150203, como ser contratos suscritos de comisionistas vigentes en la gestión 2015″; aclaró que el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 178334, por el “A/o envío de Estados Financieros en forma digital (formulario electrónico 605)”, no se sanciona debido a que la contribuyente es beneficiada por el art. 2 parágrafo III de la Ley 1105, modificada por las Leyes 1154 y 1172; por lo expuesto, estableció preliminarmente la comisión de la contravención tipificada como omisión de pago, de acuerdo al núm. 3 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), sancionada con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, de acuerdo a los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB); es así que en virtud al proceso de determinación, efectuó la liquidación de la deuda tributaria del IUE, de los periodos comprendidos de enero a diciembre de la gestión 2015, utilizando los procedimientos establecidos dentro del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el punto I del art. 2 de la Ley 812, cuyo monto asciende a 58.310,00 UFV’s, equivalente a Bs135.544, 00, importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales, más la sanción por omisión de pago, calculado al 22 de noviembre de 2019; por lo que otorgó el plazo de 30 días para la formulación de descargos (fs. 925-951 de antecedentes c. V). 

.19. El 18 de febrero de 2020, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones cite: SIN/GDPN/DJCC/INF/51/2020, el cual estableció que dentro del plazo otorgado de 30 días, conforme al art. 98 de la Ley 2492 (CTB), para la presentación de descargos o el pago del reparo determinado, verificó que la contribuyente Fruis Virginia Elias Ali no presentó descargos a la Vista de Cargo 291990000122 (SIN/GDPN/DFA/C/116/2019) de 22 de noviembre de 2019, manteniéndose los reparos a favor del fisco, estableciendo un adeudo de 58.310,00 UFV’s equivalentes a Bs135.544,00, liquidación preliminar de la referida Vista de Cargo; por lo expuesto, recomendó que, de conformidad al num. 3 del parágrafo III del art. 10 de la RND 10-0005-13, se proceda a la emisión de la respectiva Resolución Determinativa y posterior notificación (fs. 953-977 de antecedentes c. V). 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

.20. El 26 de febrero de 2020, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Resolución Determinativa 172090000002 (SIN/GDPN/DJCC/RD/2/2020), de 18 de febrero de 2020, la cual resolvió: Primero.- Determinar de oficio las obligaciones impositivas de la 

contribuyente Elias Ali Fruis Virginia, con la deuda tributaria sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2015, que asciende a un total de 30.481 

UFV’s, equivalentes a Bs71.257, importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses (4%), cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) y las modificaciones de la Ley 812. Segundo.- Sancionar a la contribuyente con una multa de 2.000 UFV’s equivalentes a Bs4.675, por las Actas de Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de determinación, en el Primer Requerimiento F. 7013 N° 178324, labrado el 26 de octubre de 2018, por la presentación parcial de la documentación e información solicitada, sancionado con una multa de 500 UFV’s, según el sub-numeral 4.2 del núm. 4 de la RND 10-0033-16, y en el Segundo Requerimiento F. 7013 N° 178402, efectuado el 17 de abril de 2019, por no presentar ninguna documentación requerida por la Administración Tributaria, sancionado con una multa de 1.500 UFV’s, de acuerdo al sub-numeral 4.1 del núm. 4 de la RND 10-0033-16. Tercero.- Sancionar la conducta de la contribuyente por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2015, como omisión de pago, por adecuarse a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionando a la contribuyente con una multa igual al 100% del tributo omitido determinado en 26.122 UFV’s, equivalentes a Bs61.060. Cuarto.- Intimó a la contribuyente para que en los términos establecido por ley, pague la suma de 58.606 UFV’s equivalentes a Bs136.992, por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2015, deuda determinada que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses (4%), multa de incumplimiento a los 

ISO 9001| “JUIJj’;iJIJ’IJI’1” 

deberes formales y el 100% de la sanción por omisión de pago, conforme 

lo 

establece el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Ley 812, importe 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan rrjit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana’ tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbumvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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Certificadora”! 14 

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que deberás ser re-liquidado a la fecha de su pago (fs. 978-1006 y 1008 de antecedentes c. V). 

  1. FUNDAMENTO TÉCNICO JURÍDICO 

La recurrente en su memorial de Recurso de Alzada expuso como agravios: 1. Vulneración de derechos constitucionales por falta de fundamentación de la Resolución Determinativa impugnada y 2. Nulidad de notificación de la Resolución Determinativa impugnada; observaciones que serán analizadas a continuación. 

IV.1 Respecto a la vulneración de derechos constitucionales por falta de fundamentación de la Resolución Determinativa impugnada. 

La recurrente señaló que el 26 de febrero de 2020, la Administración Tributaria le notificó con la Resolución Determinativa impugnada, que determinó una deuda tributaria incongruente de 58.606 UFV’s, fuera del marco legal, la cual comete una serie de vulneraciones a sus derechos constitucionales, pues carece de los requisitos esenciales y adolece de falta de fundamentación de hecho en la parte considerativa, quebrantando el Principio de congruencia que debe existir en la unidad de la Resolución Sancionatoria (debió decir Determinativa), por lo que dicho acto administrativo al carecer de un contenido armónico entre los fundamentos de hecho y de derecho con la parte dispositiva, se encuentra viciado de nulidad, conforme a lo previsto en el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por disposición del art. 74 núm. 1 de la Ley 2492 (CTB), conforme al lineamiento establecido en el Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0332/2016 de 08 de julio de 2016 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1147/2016 de 26 de septiembre de 2016. Por todo lo expresado, es evidente que no se cumplió con los requisitos esenciales establecidos en el inc. e) del art. 28 de la Ley 2341 (LPA), que establece que el acto administrativo deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además, los recaudos indicados en el inc. b) del artículo; considerando conjuntamente que, el art. 36 parágrafo II de la misma norma establece que, no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados; en suma, observó la vulneración de los derechos al 18 de 45

aÍtí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

debido proceso y a la defensa, los cuales se encuentran previstos en los arts. 115 parágrafo II y 119 parágrafo II de la CPE y 68 núm. 6 de la Ley 2492 (CTB), ocasionándole confusión. 

En apoyo a sus argumentos, sobre el Principio de legalidad, citó la Sentencia Constitucional 101/2004 de 14 de septiembre de 2004, respecto al debido proceso, citó las Sentencias Constitucionales 0042/2004 de 22 de abril de 2004, 731/2000-R de 27 de julio de 2000, 1289/2010-Rde 13 de septiembre de 2010, N° 1111/2012 de 06 de septiembre de 2012, N° 1916/2012 de 12 de octubre de 2012 y 378/2000-R de 20 de abril de 2000, en relación a la fundamentación y motivación de las Resoluciones citó las Sentencias Constitucionales 0040/2007-R de 31 de enero de 2007, 1326/2010-R de 20 de septiembre de 2010, 2227/2010-R de 19 de noviembre de 2010, 717/2006-R, 0505/2006-R y 1369/2001-R y sobre el derecho a la defensa citó la Sentencia Constitucional N° 92/2006-R de 25 de enero de 2005. Por la jurisprudencia citada, refirió que la fundamentación y motivación de las Resoluciones judiciales, no se traduce en una exigencia de extensión o simplemente de forma, sino que esencialmente se refiere a aspectos de fondo referidos a que el juez, de una forma imparcial, debe expresar en su resolución los hechos, pruebas y normas, en función de las cuales adopta su posición, además de explicar las razones del por qué valora estos hechos y pruebas de una manera determinada, y el sentido de la aplicación de las normas. 

En contraparte, la Administración Tributaria efectuó una relación de antecedentes del proceso y señaló que en el ejercicio de sus facultades conferidas en los arts. 21, 66, 99 y100 de la Ley 2492 (CTB), procedió a la verificación de las obligaciones impositivas de la recurrente, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las obligaciones tributarias correspondientes al IUE, de los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2015, mediante la Orden de Verificación N° 18990209181, comprobando que la recurrente no determinó los impuestos conforme a Ley, en la Declaración Jurada presentada por el IUE de la gestión 2015, además de declarar ventas que no coinciden con lo verificado, por lo que se calificó la conducta de la contribuyente como omisión de pago, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB); por lo que, determinó el tributo y 

  1. Y) 

realizó el cálculo de la deuda tributaria haciendo uso del método de determinación dispuesto en el art. 43 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), es decir, sobre base cierta, 

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ya que se tomó en cuenta la información y los documentos que permitieron conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. Asimismo, refirió que los actos administrativos efectuados para obtener el pago de la obligación tributaria contra la contribuyente, los realizó bajo la protección y respeto de los derechos, reglas, principios y garantías básicas fijadas por el orden jurídico nacional, actuando bajo los parámetros del derecho a la seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas jurídicas tributarias, teniendo pleno conocimiento la recurrente de cuáles eran y son sus derechos y obligaciones, en el marco de la garantía del debido proceso, observando el conjunto de requisitos que significan el procedimiento de determinación, cuidando que la contribuyente asuma defensa adecuadamente ante cualquiera acto que podría haber afectado a sus derechos. Asimismo, la proporcionalidad, transparencia, control y sencillez administrativa, fueron los principios constitucionales correctores del proceso que se llevó a cabo sobre las obligaciones impositivas de la recurrente. 

Añadió que, respecto a la garantía del debido proceso, la recurrente tuvo pleno conocimiento en todo momento del proceso, desde el inicio de la verificación, siendo que los requerimientos de documentación y la Vista de Cargo, fueron notificados de forma personal, por lo que mal puede alegar que se vulneró su derecho a la defensa, cuando incluso se otorgó ampliación en el plazo para presentación de la información solicitada a la recurrente, la cual procedió a la entrega de la documentación requerida, aceptando de esta forma la legalidad del procedimiento; consecuentemente, siendo que el art. 55 del DS 27113 (RLPA) señala que es procedente la revocación de un acto anulable, por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público, esta condición no se adecúa al presente caso, por lo que tampoco se vulneró el principio constitucional previsto en el art. 115 de la CPE; por tanto, se desvirtúa la apreciación de la recurrente, puesto que cada actuación se realizó conforme a las normastributarias vigentes y en respeto al debido proceso; máxime si se considera que los actos de la Administración Tributaria son regidos bajo los principios contenidos en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), entre otros, el Principio de verdad material, que establece que la Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; situación concordante con el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), que indica que los actos de la Administración Pública por estar sometidos a la Ley, se presumen legítimos; 

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Ain. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

habiendo dado estricto cumplimiento a todos los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, conforme establece el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), toda vez contiene lugar, fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones de la deuda tributaria, se encuentra debidamente fundamentada de hecho y de derecho, se realizó el análisis y evaluación de descargos, se calificó la conducta y la sanción establecida, con la firma y sello de la autoridad competente que emite la Resolución Determinativa; es más, cumple la relación de causalidad entre el hecho ¡lícito (arts. 160 núm. 3 y 165 de la Ley 2492 (CTB), la norma infringida y la conducta del contraventor, citando la normativa aplicable; además de que la Resolución Determinativa se encuentra acorde a las Sentencias Constitucionales 1365/2005- Rde31 de octubre de 2005 y N° 1588/2011-R de 11 de octubre de 2011. 

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente controversia, considerando que, el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del Estado de Derecho, la potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley, máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales; lo cual ha sido expresamente establecido en el art. 68 en su núm. 6 de la Ley 2492 (CTB), al señalar que se constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, la garantía del debido proceso. 

Asimismo, el derecho al debido proceso según la Doctrina Administrativa éste tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804″. 

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Sijt»rrid de oestion delaCaJiddd 

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Sobre el mismo tema, también se tiene establecido que: “A fin de garantizar un debido procedimiento administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no solo de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, los mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas”; en este sentido, señala que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa “mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto” (ALVA Karla, Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (I) Primera Edición, Pacífico Editores, 2012, Pág. 265). 

Por lo que, el derecho al debido proceso, íntimamente relacionado con la correcta fundamentación de hecho y de derecho, según la Doctrina Administrativa tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia a la recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. (OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Buenos Aires Argentina: Editorial “Heliasta SRL”, Nueva Edición 2006, Pág. 804). 

En cuanto a la validez del acto, la doctrina señala que: “el acto administrativo requiere para su validez la observancia de requisitos que hacen a la aptitud del funcionario que lo admite (competencia), al contenido del acto (circunstancias de hecho, motivación, etc.) y a las formas (redacción)”; añade también que “la fundamentación del acto determinativo es un requisito imprescindible para la validez, pues de todo ello depende que el sujeto pasivo conozca los motivos de hecho y de derecho en que se basa el ajuste y pueda formular su defensa, de modo que la carencia de ese requisito vicia de nulidad el acto” (GIULIANI Fonrouge Carlos M. Derecho Financiero. 5o Edición. Págs. 517 y 520). 

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En este sentido, cabe señalar que la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el Principio de Legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. 

A propósito, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 0757/2003-R, de 4 de junio de 2003, referida a las garantías constitucionales de un proceso administrativo de contrabando, señaló que: “Una de las garantías básicas del debido proceso, es que toda resolución debe ser debidamente motivada, comprendiendo, al menos, los siguientes puntos: 1) La especificación de los hechos objeto del proceso, 2) Los elementos de juicio que inducen a sostener que el procesado es autor del ilícito que se le atribuye y, 3) La calificación legal de tal conducta. (…)”; concordante con ésta también se encuentra la Sentencia Constitucional Plurinacional 1439/2013, que establece: “(…) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía 

jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación.” (resaltado propio). 

Además, corresponde expresar que la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala que es: “imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los 

siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos

atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los 

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aspectos fácticos pertinentes, e) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes reflejados”. 

Respecto al Derecho a la Defensa, la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, señala: “(…) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio.” 

En cuanto al Principio de seguridad jurídica el mismo fue previsto por el Tribunal Constitucional, en las SSCC 753/2003-R, de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006, -entre otras- principio que ha sido entendido como: “…la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley…”. 

En ese contexto doctrinal y jurisprudencial, el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional dispone que: “/. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 24 de 45

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legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a unajusticia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.”. De igual manera, el art. 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: “I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”. 

En el ámbito tributario, estos principios y garantías constitucionales están reconocidos en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), los cuales determinan que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, así como también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el Principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados. 

Con relación a los requisitos que debe contener la Vista de Cargo, el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), señala que contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. Además, señala que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo. 

Por otro lado, el art. 18 del DS 27310 (RCTB), establece que la Vista de Cargo deberá consignar los siguientes requisitos: a) Número de la Vista de Cargo, b) Fecha, 

  1. e) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo, d) Número de registro tributario, cuando corresponda, e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal 25 de 45 

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(es), f) Liquidación previa de la deuda tributaria, g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el art. 98 párrafo I de la Ley 2492 (CTB) y h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

En este contexto, el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) estableció en su parágrafo II que: “La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así 

como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.” Complementando lo anterior, el art. 19 del DS 27310 (RCTB), dispone que: “La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso” 

Por otra parte, el art. 6 de la RND 10-0032-16, establece los requisitos mínimos que debe contener la Vista de Cargo: a) Número de Vista de Cargo, b) Lugar y fecha de emisión, c) Nombre o razón social del sujeto pasivo, d) Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes, e) Número de Orden de Fiscalización o Verificación, f) Alcance del proceso de determinación (impuestos, períodos o gestiones, elementos y/o hechos que abarcan la orden de fiscalización/verificación), g) Justificación del tipo de Determinación (Base Cierta y/o Base Presunta), h) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten las observaciones detectadas en el proceso de fiscalización o verificación, provistas por las declaraciones del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación ejercidos, además de la normativa 26 de 45

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contravenida que corresponde a cada observación, i) Base Imponible expresada en bolivianos, j) Calificación preliminar por la conducta atribuida al sujeto pasivo, debiéndose dejar constancia de los actos u omisiones que la configurarían para el proceso correspondiente, k) Liquidación previa del adeudo tributario determinado por la Administración Tributaria, a la fecha de emisión, por impuesto, período y/o gestión fiscal, consignando lo siguiente: – Monto del tributo omitido en bolivianos y su reexpresión en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV). – Intereses expresados en UFV. – Multa(s) consignada(s) en Acta(s) por Contravenciones Tributarias establecidas durante la fiscalización o verificación. – Pagos a cuenta (si hubieren, además del saldo pendiente de pago). – Importe de la sanción por la conducta. – Total adeudo tributario en UFV y su reexpresión en bolivianos, aclarando que este monto deberá ser actualizado al día de pago. – Tasa(s) de interés y UFV a la fecha de liquidación, dependiendo de la antigüedad de la deuda. I) Plazo y lugar para presentar descargos, respecto a la liquidación previa del adeudo tributario, m) Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO. 

Asimismo, el art. 7 de la RND 10-0032-16, determina que la Resolución Determinativa deberá contener como requisitos mínimos, lo siguiente: a) Número de Resolución Determinativa, b) Lugar y fecha de emisión, c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

  1. d) Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes, e) Número de Orden de Fiscalización o Verificación, f) Número de la Vista de Cargo, fecha de emisión y notificación, g) Base imponible expresada en bolivianos, h) Base cierta y/o presunta de la Determinación, i) Alcance del proceso de determinación (impuestos, períodos o gestiones, elementos y/o hechos que abarcan la orden de fiscalización/verificación), j) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten cada observación determinada y la norma específica infringida (fundamentos de hecho y de derecho) que respalden las observaciones que dieron origen al monto del Adeudo Tributario, k) Relación de las pruebas de descargo, alegatos, documentación e información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración por parte de la Administración Tributaria de cada una de las pruebas y/o alegatos presentados. I) Liquidación del adeudo tributario a la fecha de emisión por 

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impuesto, periodo y/o gestión fiscal, consignando lo siguiente: – Monto del tributo omitido en bolivianos y su reexpresión en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV). – 

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Intereses expresados en UFV. – Multa(s) consignada(s) en Acta(s) por Contravenciones Tributarias establecidas durante la fiscalización o verificación. Pagos a cuenta (si hubieren, además del saldo pendiente de pago). – Importe de la sanción por la conducta. – Total Adeudo Tributario en UFV y su reexpresión en bolivianos, aclarando que este monto deberá ser actualizado al día de pago. Tasa(s) de interés y UFV a la fecha de liquidación, dependiendo de la antigüedad de la deuda, m) Calificación de la conducta y aplicación de la sanción correspondiente, señalando la disposición que la define como tal y establece la sanción pecuniaria, n) Plazos y recursos que tiene el sujeto pasivo para impugnar la Resolución Determinativa y el anuncio del inicio de la ejecución tributaria vencido dicho plazo, o) Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO. 

Por otro lado, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), establece los elementos esenciales de un acto administrativo entre los cuales están la: “… b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente Artículo (…)”. 

Por otra parte, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados…”; a dicho efecto, el art. 55 del DS 27113 (RLPA) establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados o lesionen el interés público; pudiendo la autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, disponer la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptar las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. Es así, que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto administrativo 28 de 45

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carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados, en este sentido los actos realizados por la Administración Tributaria se deben producir de acuerdo al ordenamiento jurídico. 

Respecto a la motivación de los actos administrativos el art. 31, parágrafo II del DS 27113 (RLPA) instituye que la motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que resultan del expediente, consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto, individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la decisión. La remisión a propuesta, dictámenes, antecedentes o resoluciones previas, no reemplazará a la motivación exigida. 

En ése marco de la normativa citada, y el análisis de antecedentes administrativos, se tienen los siguientes actuados de relevancia jurídica que serán considerados para la resolución de la presente causa; el 07 de septiembre de 2018 la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Orden de Verificación N° 18990209181, de 02 de agosto de 2018, cuyo alcance es la verificación especifica de los hechos y/o elementos relacionados al IUE, de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2015; informando que, conforme a las facultades conferidas por los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) y los arts. 29 y 32 del DS 27310 (RCTB), sería sujeto a un proceso de determinación, de acuerdo a la modalidad y alcance definidos precedentemente, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

En la misma fecha, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con el Requerimiento N° 150051 de 14 de agosto de 2018, mediante el cual en virtud al art. 100 de la Ley 2492 (CTB), solicitó la presentación de la siguiente documentación, correspondiente a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2015: Libro de Ventas IVA y Libro de Compras IVA, ambos en medio magnético si corresponde, Notas Fiscales de respaldo al débito fiscal IVA (copias), Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA (originales), Estados Financieros gestión 2015 y Libros de Contabilidad (Diario, Mayor – medio magnético si corresponde), debiendo 

presentar la documentación el 21 de septiembre de 2018, cuyo incumplimiento sería

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considerado una contravención al art. 70 de la Ley 2492 (CTB), siendo sancionable conforme al art. 162 de la misma Ley. 

Posteriormente, el 21 de septiembre de 2018 la recurrente presentó ante la Administración Tributaria carta s/n, solicitando se le conceda una prórroga para la presentación de la documentación solicitada en la verificación externa, por el plazo de 5 días. Por lo que, el 03 de octubre de 2018 la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con el Auto N° 251890000057 de 26 de septiembre de 2018, mediante el cual determinó ampliar el plazo de presentación de la documentación requerida en la Orden de Verificación N° 18990209181 y el Requerimiento 150051, por 5 días hábiles computables a parir de la notificación el Auto. 

Consecuentemente, el 26 de octubre de 2018, la Administración Tributaria labró el Acta de Recepción de Documentos, constatando la presentación de la documentación solicitada a la recurrente, consistente en Notas Fiscales de los periodos enero a diciembre de 2015 en originales. 

En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 178324, a la recurrente por el incumplimiento al deber formal de “Entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos”, que infringe el art. 70 núm. 1 de la Ley 2492 (CTB), según el sub-numeral 4.2 núm. 4 del Anexo del Régimen General de la RND 10- 0033-16, correspondiendo una multa de 500 UFV’s. 

A su vez, el 14 de noviembre de 2018 la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 178334, a la recurrente por el incumplimiento al deber formal de “No envío de Estados Financieros en forma digital (formulario electrónico), que deberá ser realizado dentro de los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal que corresponda, según lo establecido en el art. 39 del DS 2405 Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas”, que infringe el art. 6 de la RND 10- 0005-15, según el sub-numeral 3.15 núm. 3 del Anexo del Régimen General de la 30 de 45

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RND 10-0033-16, correspondiendo una multa de 500 UFV’s. También se observó que, el 31 de diciembre de 2018 la Administración Tributaria emitió el Acta de Devolución de Documentos, entregando a la recurrente la documentación consistente en: Notas Fiscales, Libros de Compras y Estados Financieros de la gestión 2015, en originales. 

Seguidamente, el 09 de abril de 2019 la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con el Requerimiento N° 150203 de 05 de abril de 2019, mediante el cual en virtud al art. 100 de la Ley 2492 (CTB), solicitó la presentación de la siguiente documentación, correspondiente a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de la gestión 2015: contratos suscritos de comisionistas vigentes en la gestión 2015, debiendo presentar la documentación el 16 de abril de 2019, cuyo incumplimiento sería considerado una contravención al art. 70 de la Ley 2492 (CTB), siendo sancionable conforme al art. 162 de la misma Ley. Ulteriormente, el 17 de abril de 2019 la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 178402, a la recurrente por el incumplimiento al deber formal de “No entrega de ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación y control e investigación, requerida mediante Requerimiento Form. N° 4003 150203 de fecha 05/04/2019, no presentó contratos suscritos de comisionistas vigentes en la gestión 2015″, que contraviene los nums. 4, 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una multa de 1.500 UFV’s, según el sub-numeral 4.1 num. 4 de la RND 10-0033-16. 

Consiguientemente, el 17 de mayo de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentos, constatando la presentación de la documentación solicitada a la recurrente, consistente en contratos suscritos de comisionista vigentes en la gestión 2015; observando que la contribuyente presentó la documentación fuera de plazo. 

Continuando con la compulsa de antecedentes, se observó que el 22 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe cite: SIN/GDPN/DF/INF/1270/2019 el cual concluyó que como resultado de la verificación 18990209181, con alcance al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 

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declarado por la contribuyente Fruis Virginia Elias Ali, de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2015, observó que de la revisión de los documentos presentados por la contribuyente, el fisco determinó un impuesto omitido de Bs53.333,00, importe que deberá ser actualizado con los accesorios de Ley, de acuerdo a la fecha de pago; asimismo, observó que durante el proceso de verificación labró las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 178324, sancionada con una multa de 500 UFV’s, y N° 178402 sancionada con 1.500 UFV’s; por lo que considerando las observaciones detalladas, determinó un reparo a favor del fisco, procedente de la liquidación efectuada conforme a lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el parágrafo I del art. 2 de la Ley 812, por un importe total de 58.310,00 UFV’s equivalentes a Bs135.544,00, importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales, más la sanción por omisión de pago; por lo que recomendó la emisión de la Vista de Cargo conforme lo establece la RND 10-0032-16, en su art. 11, Caso 2. 

Asimismo, se evidenció que el 29 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Vista de Cargo N° 291990000122 (SIN/GDPN/DFA/C/116/2019) de 22 de noviembre de 2019, la cual como resultado de la verificación de los documentos presentados por la contribuyente e información extraída de la base de datos SIRAT 2, determinó un ingreso total de Bs223.135,54, que al deducir el costo sobre las ventas de BsO, gastos operativos de Bs1.770,91 y otros egresos de Bs32,40, obtuvo una utilidad antes de impuesto de Bs221.332,23; por lo que a la utilidad neta antes del IUE de Bs221.332,23 aplicó la alícuota del 25%, estableciendo un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de Bs55.333,23, al cual le dedujo el importe cancelado de BsO en el Formulario 500, con número de orden N° 9059621813 de 29 de abril de 2016, determinando un tributo omitido de Bs55.333,23; además, observó que durante el proceso de verificación emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 178324, sancionada con una multa de 500 UFV’s por “Entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos. No entregó libros de contabilidad, Diario, Mayor”, y 178402 sancionada con una multa de 1.500 UFV’s, por “No entregar ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria 32 de 45

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación y control e investigación, requerida mediante Requerimiento Form. F-7013 150203, como ser contratos suscritos de comisionistas vigentes en la gestión 2015″; aclaró que el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 178334, por el “No envío de Estados Financieros en forma digital (formulario electrónico 605)”, no se sanciona debido a que la contribuyente es beneficiada por el art. 2 parágrafo III de la Ley 1105, modificada por las Leyes 1154 y 1172; por lo expuesto, estableció preliminarmente la comisión de la contravención tipificada como omisión de pago, de acuerdo al núm. 3 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), sancionada con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, de acuerdo a los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB); es así que en virtud al proceso de determinación, efectuó la liquidación de la deuda tributaria del IUE, de los periodos comprendidos de enero a diciembre de la gestión 2015, utilizando los procedimientos establecidos dentro del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el punto I del art. 2 de la Ley 812, cuyo monto asciende a 58.310,00 UFV’s, equivalente a Bs135.544, 00, importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales, más la sanción por omisión de pago, calculado al 22 de noviembre de 2019; por lo que otorgó el plazo de 30 días para la formulación de descargos. 

En ése contexto, el 18 de febrero de 2020 la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones cite: SIN/GDPN/DJCC/INF/51/2020, el cual estableció que dentro del plazo otorgado de 30 días, conforme al art. 98 de la Ley 2492 (CTB), para la presentación de descargos o el pago del reparo determinado, verificó que la contribuyente Fruis Virginia Elias Ali no presentó descargos a la Vista de Cargo 291990000122 (SIN/GDPN/DFA/C/116/2019) de 22 de noviembre de 2019, manteniéndose los reparos a favor del fisco, estableciendo un adeudo de 58.310,00 UFV’s equivalentes a Bs135.544,00, liquidación preliminar de la referida Vista de Cargo; por lo expuesto, recomendó que, de conformidad al num. 3 del parágrafo III del art. 10 de la RND 10-0005-13, se proceda a la emisión de la respectiva ! 

Resolución Determinativa y posterior notificación. 

Finalmente, el 26 de febrero de 2020, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a la recurrente con la Resolución Determinativa 172090000002 

V3 

(SIN/GDPN/DJCC/RD/2/2020), de 18 de febrero de 2020, la cual resolvió: Primero.- 33 de 45 

Justicia tributaria para vivir bien 

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Determinar de oficio las obligaciones impositivas de la contribuyente Elias Ali Fruis Virginia, con la deuda tributaria sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2015, que asciende a un total de 30.481 UFV’s, equivalentes a Bs71.257, importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses (4%), cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) y las modificaciones de la Ley 812. Segundo.- Sancionar a la contribuyente con una multa de 2.000 UFV’s equivalentes a Bs4.675, por las Actas de Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de determinación, en el Primer Requerimiento F. 7013 178324, labrado el 26 de octubre de 2018, por la presentación parcial de la documentación e información solicitada, sancionado con una multa de 500 UFV’s, según el sub-numeral 4.2 del núm. 4 de la RND 10-0033-16, y en el Segundo Requerimiento F. 7013 178402, efectuado el 17 de abril de 2019, por no presentar ninguna documentación requerida por la Administración Tributaria, sancionado con una multa de 1.500 UFV’s, de acuerdo al sub-numeral 4.1 del núm. 4 de la RND 10-0033-16. Tercero.- Sancionar la conducta de la contribuyente por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2015, como omisión de pago, por adecuarse a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionando a la contribuyente con una multa igual al 100% del tributo omitido determinado en 26.122 UFV’s, equivalentes a Bs61.060. Cuarto.- Intimó a la contribuyente para que en los términos establecido por ley, pague la suma de 58.606 UFV’s equivalentes a Bs136.992, por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2015, deuda determinada que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses (4%), multa de incumplimiento a los deberes formales y el 100% de la sanción por omisión de pago, conforme establece el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Ley 812, importe que deberás ser re-liquidado a la fecha de su pago. 

En el caso concreto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria en virtud de las amplias facultades establecidas en los arts. 66, 99 y 100 de la Ley 2492 (CTB), emitió y notificó la Orden de Verificación 18990209181, cuyo alcance comprende la verificación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), a objeto de verificar y controlar los actos 34 de 45

AITn\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

y los elementos del hecho imponible, correspondientes a los periodos de enero a diciembre de la gestión 2015, requiriendo para el efecto la presentación de documentación detallada en los Requerimientos 150051 y 150203, habiendo la recurrente presentado parcialmente la misma, conforme se observa a través de las Actas de Recepción de Documentos de 26 de octubre de 2018 y 17 de mayo de 2019. Asimismo, el 29 de noviembre de 2019, se notificó personalmente a la recurrente con la Vista de Cargo 291990000122 (SIN/GDPN/DFA/C/116/2019) de 22 de noviembre de 2019; y el 26 de febrero de 2020, se notificó la Resolución Determinativa impugnada, la cual estableció sobre base cierta la obligación impositiva sobre el IUE de los periodos enero a diciembre de la gestión 2015, con una deuda tributaria total de 58.606 UFV’s equivalentes a Bs136.992. 

En ese contexto, a fin de dilucidar lo agraviado en el recurso de alzada, respecto a la vulneración de derechos constitucionales por falta de fundamentación de la Resolución Determinativa N° 172090000002 y que solicitó se anule hasta el vicio más antiguo, se procederá al análisis del contenido del acto administrativo impugnado y en el acto que lo sustenta, en el presente caso la Vista de Cargo. 

En primera instancia, se observó que la Vista de Cargo 291990000122 de 22 de noviembre de 2019, en su numeral I. Procedimientos Aplicados detalló que el procedimiento se realizó sobre Base Cierta, la forma y fecha de notificación, solicitud de documentos, seguidamente efectuó una relación de los antecedentes administrativos más relevantes respecto al proceso de verificación del IUE de los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2015; indicó que en base a la documentación presentada por la contribuyente e información interna obtenida de la Base de Datos Corporativo BDC (Declaraciones Juradas) y Libros de ventas extraídos del Sistema Integrado de Recaudación (SIRAT II), procesó la información enmarcada en las normas sobre base cierta, de acuerdo a los arts. 43 parágrafo I, 77 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 7 del DS 27310 (RCTB); asimismo, señaló que el 07 de septiembre de 2018 notificó personalmente a la contribuyente con la Orden de Verificación N° 18990209181 y el Requerimiento N° 150051, emplazándola a presentar en el término de 10 días hábiles la documentación requerida; además el 09 de abril de 2019 notificó a la contribuyente de forma personal, con el segundo requerimiento 150203, solicitando contratos de comisionistas suscritos en la gestión 2015, otorgando el plazo de 5 días hábiles, por lo cual, el 26 de octubre de 

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Sstemadeoe-toi l^laCaHal 

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2018, fuera de plazo, la contribuyente presentó parcialmente la documentación solicitada en el Requerimiento 150051, consistente en: Notas fiscales, Libros de compras y Estados Financieros, de los periodos enero a diciembre de 2015, conforme se detalló en el Acta de Recepción de Documentos; por la entrega parcial de la documentación, se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 178324. Al segundo requerimiento 150203, la contribuyente el 17 de mayo de 2019, posterior al plazo establecido, entregó el contrato recepcionado mediante Acta; originando el incumplimiento en el plazo, la emisión del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 178402. Agregó que, el 11 y 26 de septiembre de 2019 solicitó al Transporte Aéreo Militar (TAM) mediante las cartas cite SIN/GDPN/DF/NOT/672/2019 y SIN/GDPN/DF/NOT/689/2019, la copia legalizada de la Factura 187 con Número de Autorización 18990209181 de 02 de octubre de 2015, sin embargo, estas notas no tuvieron respuesta, por lo que, al no contar con la información solicitada, procedió a efectuar la verificación en base a la información extraída de la Base de Datos SIRAT II. 

Seguidamente, aludió que la contribuyente presentó el 29 de abril de 2016, su Declaración Jurada Form. 500 (IUE) de la gestión 2015 en cero (0), dentro del plazo establecido en la RND 101700000009; y que de la verificación a la Declaración Jurada Form. 605 de presentación de los Estados Financieros o Memoria Anual del periodo 12/2015, evidenció que no fue presentado, contraviniendo la RND 10-0012- 13, por lo que labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 178334, la cual no fue sancionada al ser beneficiada la contribuyente por el art. 2 parágrafo III de la Ley 1105, modificada por las Leyes 1154 y 1172. 

Consecuentemente, en el inc. g) Análisis y verificación de la determinación del IUE según Estados Financieros (Estado de Resultados) gestión 2015, núm. 1. Verificación de los Ingresos, señaló que según el Estado de Resultados presentado por la contribuyente, se tiene un importe de Bs220.339,40, sin embargo, de la verificación efectuada, obtuvo un total de ingresos de Bs223.135,54, determinando una diferencia de Bs2.796,14, en base a las siguientes cuentas de ingresos: 

Verificación a cuentas Ventas de Mercaderías- Señalando que, como resultado de la verificación a esta cuenta, se obtuvo un importe de Bs213.726,49.- correspondiente 36 de 45

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

a ingresos facturados, conforme al cuadro “Verificación de ingresos según Libro de ventas y talonarios de facturas”; observando en este punto la Administración Tributaria, bajo el Código A, que la factura 187 de 02 de octubre de 2015, por el monto de Bs865,60, fue anulada por la contribuyente en su Libro de Ventas, sin embargo, para la anulación no cuenta con la factura original ni con la copia emisora, de acuerdo al art. 46 núm. 1, inc. a), de la RND 10-0021-16; Verificación a la cuenta AITB.- En la cual indicó que se tiene un importe de Bs4.554,25, resultado de los ajustes por Inflación y Tenencia de Bienes, de acuerdo al DS 24051 y Normas Contables 3 y 6, conforme a lo detallado en el cuadro “Ajustes de las cuentas de ventas y de gastos”. Seguidamente concluyó que estos ingresos determinados, corresponderían a pagos de comisiones por ventas de pasajes de las líneas aéreas Boliviana de Aviación (BOA), Empresa Pública de Transporte Aéreo Militar (TAM) y Línea Aérea EcoJet S.A., respaldadas con facturas de ventas, contrato comercial OB.GL.CC.057.2015 de BOA y Autorizaciones expresas del Transportador a la Agencia (Transoft). 

De la compulsa realizada precedentemente y de acuerdo a la documentación presentada por la Administración Tributaria en los antecedentes, se verificó que la Administración Tributaria, determinó ingresos según el Estado de Resultados presentado por la contribuyente de Bs220.339,40 y resultado de la verificación efectuada por el fisco de Bs223.135.54.-, seguidamente expuso en un cuadro: “Verificación de ingresos según Libro de ventas y talonarios de facturas, periodo: enero-diciembre gestión 2015″, en el cual se detallan todas las facturas emitidas por la recurrente y declaradas en el “Libro de Ventas” por Bs212.860,82 y según el Fisco por Bs213.726,42, debido a que considera que la factura N°187 emitida a Transporte Aéreo Militar no tiene la copia para su anulación. 

A su vez, en el punto “Verificación a la cuenta AITB”, la entidad recurrida realizó un ajuste a las ventas de cada período enero a diciembre 2015, según el cuadro “Ajustes de las Cuentas de Ventas y Gastos”, en el que detalló un monto total de ventas de B213.726,49 y Ventas Ajustadas de Bs218.280,74, empero se observó que la Administración Tributaria no respaldó el motivo por el cual efectuó la realización de este ajuste, solo mencionó que se sustentó en el DS 24051 y Normas Contables 3 y 6; sin embargo, no indicó específicamente cuáles son los artículos aplicables del DS 24051, considerando que esta norma está compuesta por 50 artículos y un anexo del 37 de 45 

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;ia tributaria para vivir bien mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

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art. 22, no siendo todos estos artículos específicamente aplicables para realizar el ajuste referido. 

Consecutivamente, el punto 2. Verificación del Costo de la Vista de Cargo, indicó que en el Estado de Resultados de la contribuyente, se declaró un importe de Bs468.282,08.- compuesto por las cuentas: Compras de servicios y “Otros costos. Seguidamente en la “Cuenta Compras de Servicios” se expuso el cuadro “Análisis y verificación de las facturas de compras – periodos: enero a diciembre gestión 2017 (debió decir 2015)”, en el cual se detallaron las facturas de compras presentadas por el sujeto pasivo a la Administración Tributaria en el transcurso de la verificación, y las mismas fueron observadas en su totalidad bajo el Código A: por el concepto de compras de pasajes aéreos, que si bien fueron facturados a nombre y NIT de la contribuyente, no son válidas debido a que los usuarios del transporte aéreo no tienen vínculos laborales con la contribuyente; sustentando legalmente esta observación en el art. 8 del DS 24051; totalizando Bs461.026,45.- como importe no deducible. 

Al respecto, la Administración Tributaria observó que las compras no son válidas debido a que los usuarios de transporte aéreo citados en los conceptos de las facturas de compras (presentadas por la recurrente en el transcurso de la verificación), no tienen vínculos laborares con la recurrente, sin embargo no se evidenció que la Administración Tributaria, en los requerimientos de documentación realizados en el transcurso de la verificación, mediante formularios: F-4003 N° 1500051 y 150203 (fs 9 y 753 antecedentes c. I y IV), hubiese requerido información relativa a las Planillas de sueldos y aportes patronales que le permita confirmar o descartar la existencia de vinculación laboral con la contribuyente de los usuarios del transporte aéreo de las facturas observadas, máxime si, de la Consulta del Padrón de la contribuyente impresa del SIRAT, en el punto de “características tributarias”, señala que la recurrente tiene empleados dependientes (fs. 7 antecedentes c. I); restringiéndose a sustentar la observación con el art. 8 del DS 24051, sin considerar que la generación de fuentes de ingresos, que presenta la recurrente, de acuerdo a la actividad que realizó durante la gestión 2015, reflejadas en las facturas de ventas, no solo evidencian ventas por comisiones por ventas de pasajes, si no también, demuestran la existencia de facturas por ventas de pasajes, lo que implicaría que, la Administración Tributaria para analizar la vinculación de las compras a la actividad 38 de 45

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

gravada solo se limitó a los ingresos por comisiones y no así a la venta de pasajes. Por lo que se constató que la Administración Tributaria no agotó sus facultades de comprobación, verificación e investigación conforme a lo establecido en el núm. 1 del art. 66 de la Ley 2492 (CTB). 

Seguidamente en la “Cuenta otros Costos”, la Administración Tributaria señaló que el contribuyente declaró en el Estado de Resultados un importe de Bs7.256,63 (debió decir Bs7.255.63.-), sin embargo, no presentó los respaldos correspondientes, por lo que la Administración procedió a depurar este importe, bajo el amparo del art. 70 núm. 4 de la Ley 2492 (CTB). En suma, concluyó que como resultado del análisis y verificación de las compras de servicios, con la información verificada en los Libros de Compras y facturas físicas presentadas, determinó un importe válido de BsO, puesto que las compras efectuadas no están relacionadas con la actividad del contribuyente; e insertó el cuadro denominado “Resultado de la verificación a la cuenta costos en ventas”, donde detalló la cuenta de “Compras de Servicios” por Bs461.026,45 y la “Cuenta de Otros Costos” por Bs7.255,63, totalizando un importe según el contribuyente de Bs468.282,08 y un total de compras deducibles para el IUE de BsO. Posteriormente, en el punto “3. Verificación de gastos”, la Administración Tributaria, señaló que según el Estado de Resultados la contribuyente, expuso en la cuenta de Gastos de Operación, un importe de Bs2.999.14., sin embargo, del análisis y verificación efectuado, obtuvo como resultado un importe total deducible de Bs1.770,91.-, haciendo una diferencia total de Bs1.228,23.-; detallando en el cuadro “Análisis de los gastos Gestión 2015 periodo enero a diciembre”, las cuentas: Material de Escritorio, Servicios de comunicación y Útiles y Materiales eléctricos; existiendo diferencias en las cuentas de “Material de Escritorio” por Bs 409.50.- con la observación de que “La diferencia hallada es debido que la contribuyente no cuenta con respaldo de notas fiscales y documentos equivalentes”; y “Servicios de comunicación” por Bs813.73.- con la observación “La diferencia hallada es debido a que la contribuyente no cuenta con respaldo de notas fiscales y documentos equivalentes por un importe de Bs716.08.- y la depuración de Bs102.64.- importe que corresponde al crédito fiscal de las facturas presentadas con derecho a crédito fiscaf, 

Al respecto, se evidenció que las observaciones realizadas por la Administración 

Tributaria en este punto, no cuentan con fundamento legal que las sustenten, ft 

considerando que se limitó a señalar que no cuentan con notas fiscales

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Justicjatributaria para vivir bien 

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documentos equivalentes, pero no explicó legalmente porque razón estos gastos deben ser considerados como gastos no deducibles; así también, se observó la falta de composición de cada una de esas cuentas, toda vez que, solo se exponen importes totales por cuenta, sin especificar cuáles y cuantos son los elementos que las componen, situación que coloca a la recurrente en estado de indefensión, al no conocer el origen de las observaciones realizadas. Asimismo, tampoco existe la valoración de facturas de compras cursantes en antecedentes como de Ronbol, Acre Corp, Librería y Fotocopiadora Anghy, Coteco (fs. 133-139, 637, 707-710 de antecedentes c. I y c. IV), entre otras, respecto a si forman parte de los costos deducibles o han sido observadas. 

Seguidamente, en el nurm “4. Verificación de otros egresos: Gastos por AITB”, la Administración Tributaria refirió que el contribuyente declaró el monto de Bs8.327,02.- siendo el importe real de Bs32.40, de acuerdo al cálculo efectuado en el cuadro “Gastos” inserto. Añadió que la contribuyente registró en la sub-cuenta “Otros Egresos” un importe de Bs222.95, no obstante, esta cuenta no cuenta con un respaldo de notas fiscales o documentos equivalentes; en consecuencia, este monto fue depurado. 

Al respecto, se constató que estas observaciones realizadas por la Administración Tributaria, no cuentan con fundamento legal que las sustenten, considerando que depuró el importe de Bs222.95.- de la subcuenta otros egresos, sin ningún tipo de sustento normativo en su determinación, limitándose a señalar que no cuenta con un respaldo de notas fiscales o documentos equivalentes; asimismo, en la cuenta “Gastos por AITB”, se restringió a realizar el ajuste de gastos, pero no señaló la normativa aplicable que respalde la realización de estos ajustes y por qué razón estos gastos deben ser considerados como gastos no deducibles; así también, se evidenció la falta de composición de cada una de esas cuentas, toda vez que, solo se exponen importes mensuales de enero a diciembre, sin especificar cuáles son los elementos que las componen. 

Continuando con la revisión de la Vista de Cargo, se observó que en el punto II. Resultado de la Verificación: a) Determinación de la Utilidad Neta, la Administración Tributaria determinó un ingreso total de Bs223.135,54 compuesto por: “Venta de Mercaderías” Bs213.726,42, “AITB” Bs4.554,25 y “Otros Ingresos” 40 de 45

Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Bs4.854.87, que al deducir el costo sobre las ventas de BsO, gastos operativos de Bs1.770,91 yotros gastos de Bs32,40, se obtiene una utilidad antes de impuesto de Bs221.332,23.-, conforme al cuadro de “Determinación de la base imponible”. Consiguientemente, en el inc. b) Determinación del tributo omitido, indicó que teniéndose una Utilidad Neta antes del IUE de Bs221.332,23.- y aplicando la alícuota del 25%, determinó finalmente un impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de Bs55.333,23, plasmado en el cuadro “Determinación del impuesto omitido”; no obstante, en líneas posteriores, refirió que al Impuesto determinado sobre las Utilidades de las Empresas en Bs53.333 a la fecha de vencimiento, se le deduce el importe cancelado de BsO en el Formulario 500, con número de orden 9059621813 de 29 de abril de 2016, estableciendo de esta forma un tributo omitido de Bs53.333. Por lo que, en relación al inc. b) Determinación del tributo omitido, se evidenció una incongruencia en la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, toda vez que en primera instancia se determinó como impuesto omitido el importe de Bs55.333.-, empero, consecutivamente señaló que el IUE determinado por el fisco es de Bs53.333.-, lo que ocasiona confusión respecto al monto correcto determinado por el IUE y el tributo omitido. Asimismo, no sustentó el nuevo cálculo del AITB, la observación de los costos y el análisis de los gastos. 

Consecuentemente, la Vista de Cargo en el punto III. Normativa Infringida, señaló que de la verificación al cumplimiento de las disposiciones normativas tributarias correspondientes al IUE de la gestión 2015, detectó diferencias en los importes registrados en las cuentas de ventas, costos de ventas, gastos del Estado de Resultados, obteniendo un importe total de Utilidad Neta de Bs221.332,23, por lo tanto, no se determinó ni pagó el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas infringiendo los arts. 70 num. 1 y 4 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 14 del DS 24051, y 46 de la RND 10-0021-16. Posteriormente, en el núm. IV. Incumplimiento de deberes formales, la Administración Tributaria indicó que, durante el proceso de verificación se labraron las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación Form. 7013 178324 de 26 de octubre de 2018, sancionada con una multa de 500 UFV’s por la “Entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares 

establecidos. No entregó libros de contabilidad, Diario, Mayor”, el Acta 178334 de

14 de noviembre de 2018, por el “No envío de Estados Financieros en forma digital 

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Sst n adeUf-to íe ió Lal da

Certrf adoW 7 1 14 

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(formulario electrónico 605)”, sin sanción toda vez que la contribuyente fue beneficiada por el art. 2 parágrafo III de la Ley 1105, modificada por las Leyes 1154 y 1172; y el Acta 178402 de 17 de abril de 2019, sancionada con una multa de 1.500 UFV’s, por “No entregar ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación y control e investigación, requerida mediante Requerimiento Form. F 7013 N” 150203, como ser contratos suscritos de comisionistas vigentes en la gestión 2015″; conforme se encuentra descrito en el cuadro “Contravenciones Tributarias”. Asimismo, en el punto V. Calificación de la conducta, instituyó que, de la verificación efectuada, estableció preliminarmente la comisión de la contravención tipificada como omisión de pago, de acuerdo al núm. 3 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), contravención sancionada con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, conforme a los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB); consecuentemente, en el punto VI. Liquidación de la deuda tributaria, estableció un adeudo de 58.310 UFV’s equivalentes a Bs135.544, conforme a la liquidación preliminar de la referida Vista de Cargo. 

En ese contexto, se evidenció que la Administración Tributaria no agotó sus facultades previstas en los arts. 21, 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) a efectos de la determinación del IUE, puesto que la Vista de Cargo, no desarrolló con precisión y claridad todos los antecedentes del proceso y el sustento respecto a la verificación de los ingresos, verificación del costo, verificación de gastos y la verificación de otros egresos, así como la determinación del tributo omitido, conforme a lo desarrollado en líneas precedentes, denotándose la ausencia de fundamentación y motivación del acto administrativo, careciendo de un análisis técnico y legal respaldado en cuanto a las razones que avalan su posición; en este entendido, es claro que la transcripción de los arts. arts. 70 nums. 1 y 4 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 14 del DS 24051, y 46 de la RND 10-0021-16, no implica que el acto se encuentre fundamentado, pues el Sujeto Activo se encuentra constreñido por el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), a sustentar sus observaciones en correlación con la normativa aplicable, realizando una minuciosa fundamentación legal, lo contrario significa lesionar el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable de que los administrados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo, y por ende su derecho a la defensa se encuentre afectado; por lo que se incumple lo establecido en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), incs. b), y e), en cuanto a los requisitos de fundamentación y causa, como elementos 42 de 45

AIT.^ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

esenciales del acto administrativo, yart. 31 parágrafo II del DS 27113 (RLPA), por los cuales todo acto administrativo en respeto al debido proceso, debe expresar sucintamente los antecedentes y circunstancias que resultan del expediente, consignar las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto, individualizar la norma aplicada, yvalorar las pruebas determinantes para la decisión; en consecuencia, dejó en incertidumbre a la recurrente, vulnerando el debido proceso y la defensa, consagrados en los arts. 115 y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), y art. 68 num. 6 de la Ley 2492 (CTB); evidenciándose que la entidad recurrida no rigió sus actos al sometimiento pleno de la Ley; en ese entendido, ésta instancia no puede pasar por alto los vicios que son causal de nulidad justamente precautelando las garantías constitucionales y que el proceso se desarrolle en el marco de un debido proceso, considerando además que la fundamentación en los actos administrativos tiene carácter imprescindible. 

Por consiguiente, una vez evidenciados los vicios de nulidad contenidos, se tiene que al ser la Vista de Cargo N° 291990000122 (SIN/GDPN/DFA/C/116/2019) de 22 de noviembre de 2019, la base sobre la cual se emitió la resolución impugnada, se concluye que la Administración Tributaria emitió no sólo la Resolución hoy impugnada incumpliendo lo establecido en el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), sino también la Vista de Cargo de la que emerge, la misma que no contiene los requisitos esenciales establecidos en el art. 96 del mismo cuerpo legal, careciendo ambas de fundamentación y motivación conforme a lo descrito precedentemente, y en consecuencia, siendo que un acto es anulable cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, en virtud de lo dispuesto en los arts. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al presente caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB); al haber emitido la Administración Tributaria actos administrativos que no cumplen con los requisitos previstos en la norma referidos a los elementos, circunstancias, valoraciones y fundamentación emergentes de la determinación del IUE, corresponde a ésta instancia recursiva, anular obrados, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo N° 291990000122 (SIN/GDPN/DFA/C/116/2019) de 22 de noviembre de 2019, a fin de que la Administración Tributaria emita una nueva Vista de Cargo, fundamentando legalmente su posición, conforme prevén los arts. 96 de la 43 de 45 

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Ley 2492 (CTB), 18 del DS 27310 (RCTB) y el inc. h) del art. 6 de la RND 10-0032- 16, en concordancia con losrequisitos determinados en los arts. 28 incs. b) y e) de la Ley 2341 (LPA) y 31 del DS 27113 (RLPA). 

Corresponde aclarar que, no se emitirá pronunciamiento respecto a los otros aspectos planteados por la recurrente, toda vez que previamente la Administración Tributaria deberá subsanar los vicios procedimentales en los que incurrió. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo 291990000122 (SIN/GDPN/DFA/C/116/2019) de 22 de noviembre de 2019, inclusive, a fin de que la Administración Tributaria emita una nueva Vista de Cargo, fundamentando legalmente su posición, conforme prevén los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB), 18 del DS 27310 (RCTB) y el inc. h) del art. 6 de la RND 10-0032-16, en concordancia con los requisitos determinados en los arts. 28 incs. b) y e) de la Ley 2341 (LPA) y 31 del DS 27113 (RLPA); de acuerdo a los fundamentos técnico – jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, inc. c) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

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Impugnación Tributaria 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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ARIT-SCZ/RA 0508/2020 

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