ARIT-CHQ-RA-0158-2017 – Multa por tributo omitido respecto a declaraciones juradas del IVA que anulada debido a que la Administración Tributaria no fundamento en sus declaraciones los planteamientos del recurrente referidos a la prescripción.

ARIT-CHQ-RA-0158-2017

Resoluci6n de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0158/2017 

Recurrente: Roger Fernando Barahona Telchi.  

Administración recurrida: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos  Nacionales, representada legalmente por Zenobio  Vilamani Atanacio.  

Acto Impugnado Auto 251750000063  

Expediente ARIT-PTS-0030/2017.  

Lugar y fecha Sucre, 12 de septiembre de 2017.  

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración  Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y  producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico  Jurídico ARIT-CHQ/IT.J 0158/2017 de 12 de septiembre de 2017, emitido por la Sub  Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.  

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.  

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, por Auto Nº  

251750000063 de 12 de mayo de 2017, resolvió rechazar la prescripción opuesta por  

Roger Fernando Barahona Telchi, manteniendo firme y subsistente la Resolución  

Determinativa Nº 17-0000866-16 de 27 de diciembre de “2008” y el Proveído de Inicio de  

Ejecución Tributaria Nº 331750000070 de 24 de febrero de 2017, instruyendo se continúe  

con las medidas de cobro de la deuda tributaria. Auto notificado mediante cédula a Roger  

cando Barahona Telchi, el 7 de junio de 2017, e impugnada el 27 de junio del mismo  

año, dentro del plazo de veinte días establecido en el art. 143 del CTB.  

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Justicia tributaria para vivk bien  

Jan rnit’ayir jach’a kamani ¡Aynwa) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (;:)””‘ hua)  

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita  

m baerepi Vae ¡ G~'”c”m)  

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~  

haya ejercido la señalada facultad.  

determinación, toda vez que transcurrieron ocho años sin que la Administración Tributaria  determinación tributaria efectuada en la gestión 2016, operó la prescripción de Ja facultad de  identificadas en el IVA del periodo diciembre 2008; sin embargo desde esa gestión hasta la  Por otra parte, indicó que la Administración Tributaria considera que existen diferencias  

adujó afectación de la garantía del debido proceso y derecho a la defensa.  

ante la Administración Tributaria establecidos en los arts. 16.h) y 17 del CTB; de igual forma  obtener respuesta fundada y motivada de las motivaciones y peticiones que se planteen  art. 28. b) y f) de la Ley Nº 2341. Por consiguiente, acusó la vulneración del derecho a  con los requisitos esenciales que debe contener todo acto administrativo contenidos en el  planteamiento inicial. Por lo que, al no resolverse en el fondo, el Auto impugnado no cumple  de la prescripción en base a argumentos que no fueron mencionados siquiera en el  

cargos imputados y ejecución tributaria pretendida, por el contrario se rechazó la invocación  argumentos planteados de forma clara y precisa, provocando incertidumbre respecto a los  art. 31 del Decreto Supremo Nº 27113, ya que no se hizo mención concreta a los  

fundada y motivadamente la prescripción opuesta como exige el art, 30 de la Ley Nº 2341 Continuó señalando que en el Auto impugnado la Administración Tributaria no resolvió  

obstante tal oposición fue rechazada a través del Auto impugnado.  

deuda tributaria, por tratarse de hechos impositivos generados en la gestión 2008; no  Administración Tributaria, por haber transcurrido el plazo de determinación y cobro de  diciembre de 2016. Agregó, que en ejercicio de sus derechos opuso prescripción ante la  encuentra establecido en la Resolución Determinativa Nº 17-0000866-16 de 27 de  

saldo a favor del fisco por tributo omitido a la fecha de vencimiento de 12.098 UFV’s, que se 

consignó un importe mayor o inexistente al que correspondía; diferencia que generó un  declaración jurada del IVA correspondiente al periodo diciembre de 2008, en la que se  informático identificó diferencias a favor del Fisco originadas en el control de créditos en la  inició en su contra un procedimiento de determinación, ya que a través de su sistema  Roger Fernando Barahona Telchi (el recurrente) manifestó que la Administración Tributaria  

  1. 1. Argumentos del Recurrente.  
  2. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA  

Aclaró que. en el presente caso no existe Orden de Fiscalización que suspenda el cómputo  de la prescripción, toda vez que de acuerdo al art. 97.1 del CTB, y art. 34 del Decreto  Supremo Nº 27310 se aplica el procedimiento determinativo en casos especiales, es decir,  la emisión directa de la Resolución Determinativa una vez verificada la existencia de  diferencias a favor del Fisco. Agregó, que tampoco ocurrió la interrupción del cómputo de la  prescripción, toda vez que la Resolución Determinativa no fue emitida dentro del plazo de la  prescripción, sino después; y que en ningún momento reconoció expresamente la deuda,  situación que no puede ser confundida con la solicitud de extensión de antecedentes  administrativos que efectuó.  

Por otra parte, señaló que si bien recientemente el plazo de la prescripción y su cómputo  fueron modificados a través de las Leyes Nros. 212, 317 y 812, de acuerdo a la línea  jurisprudencia! emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencias Nros.  39/2016 y 47/2016, así como el Tribunal Constitucional Plurinacional, dejaron claro la  verdadera interpretación y aplicación de las modificaciones normativas para la aplicación de  la prescripción, es decir, que las modificaciones efectuadas en las gestión 2012,  corresponden ser aplicadas a partir de esa gestión, para lo venidero y no de forma  retroactiva; todo ello en observancia del principio de seguridad jurídica y la disposición  constitucional referida a la irretroactividad de una norma legal.  

Afirmó que en el presente caso corresponde aplicar el art. 59 del CTB sin modificaciones,  que se encontraba vigente a momento de ocurrido el hecho o acto jurídico, por lo que el  plazo que tenía la Administración Tributaria para determinar deuda tributaria por el IVA  periodo diciembre de 2008, era de cuatro años; que de acuerdo al art. 60 del mismo cuerpo  legal, el cómputo de la prescripción empezó el 1 de enero de 2009, y feneció el 30 de  diciembre de 2012. Siendo la Resolución Determinativa Nº 17-0000866-16 de 27 de  diciembre de 2016, posterior a la prescripción operada.  

En base a estos argumentos, solicitó la revocatoria total del Auto Nº 251750000063 de 12  de mayo de 2017.  

Auto de Admisión.  

El recurso fue admitido mediante Auto de 3 de julio de 2017, cursante a fs. 12 de  obrados, y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de  

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Justicia tributaria para vivir bien  

Jan mit’ayir jac:h’a kamani (Aymara]  

Mana tasaq kuraq kamac:hiq (ouecbua] 

Mburuvisa tendodegua rnbaeti oñomita  

mbaerepi Vae;.;110•01:<) 

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de mayo de 2017; para dicho efecto adjunta el Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 {SIN) con  

En base a los argumentos expuestos, solicitó se confirme el Auto Nº 251750000063 de 12  

que, la referida facultad no prescribió.  

2009, en ese entendido el cómputo se inició el año 2010, y debería concluir el 2017. Por lo  

años; en consecuencia, indicó que el vencimiento del periodo 2008 se produjo en enero de  

317 y 812, señalando que la facultad de determinar deuda tributaria prescribe a los ocho  

Posteriormente, copió textualmente el art. 59 del CTB, modificado por las Leyes Nros. 291,  

61 del CTB.  

0000866-16, interrumpió el señalado cómputo de la prescripción, conforme establece el art.  

prescripción; sin embargo, la notificación con la Resolución Determinativa Nº 17-  

emitido por la Administración Tributaria, que haya interrumpido el cómputo de  

También señaló que el recurrente afirma que no existe documento o actuado alguno  

ejecutoriada.  

resultaría inapropiada pues simplemente estaría dilatando el cobro de la deuda tributaria  

administrativa, precluyendo el señalado derecho, por lo que la conducta del contribuyente  

0000866-16, el sujeto pasivo no hizo uso de su derecho a irnpuqnar en la vía judicial o  

determinativo, manifestó que una vez notificada la Resolución Determinativa Nº 17-  

quien luego de efectuar amplia explicación de los antecedentes del procedimiento  

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0457-12, de ‘IO de octubre de 2012;  

Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante copia legalizada de la  

apersonó Zenobio Vilamani Atanacio, acreditando su condición de Gerente Distrital  

Dentro del término establecido en el art. 218. c) del CTB, el rn de julio de 2017, se  

  1. 3. Respuesta de la Administración Tributaria.  

obrados.  

entidad recurrida, el 4 de julio de 2017; conforme a la diligencia de fojas 15 de  

del inciso c) del art. 218 del CTB. Auto notificado personalmente al representante de la  

elementos probatorios relacionados con la Resolución impugnada, todo en aplicación  

quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los  

  1. 4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.  

Mediante Auto de 19 de julio de 2017, cursante a fs. 27 de obrados, se aperturó el  plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme establece el art. 218.  d) del CTB. Las partes fueron notificadas el 26 de julio de 2017, conforme consta a fs.  28 de obrados; consiguientemente, el plazo probatorio concluyó el 15 de agosto de  2017.  

Dentro de este plazo, el 10 de agosto de 2017, la Administración Tributaria presentó  memorial de ratificación de los antecedentes administrativos adosados al memorial de  respuesta al Recurso de Alzada.  

También dentro de plazo, el 15 de agosto de 2017, el recurrente presentó memorial  ratificándose en “todo el contenido in extenso del Auto impugnado que contiene los  elementos y fundamentos considerados atentatorios” a sus intereses y derechos;  también solicitó se tome en cuenta la prueba documental remitida por la  Administración Tributaria al momento de responder el Recurso de Alzada, a fin de  demostrar que el sustento es contrario al ordenamiento tributario vigente.  

Concluido el plazo probatorio, el expediente fue remitido por la Responsable  Departamental de Recursos de Alzada Potosí y radicado por la Autoridad Regional de  Impugnación Tributaria de Chuquisaca, mediante Auto de 18 de agosto de 2017,  conforme se tiene a fs. 36 de obrados.  

  1. 5. Alegatos.  

Tomando en cuenta que el plazo probatorio finalizó el 15 de agosto de 2017, de acuerdo  art. 21 O. 11 del CTB, las partes tenían la facultad de presentar alegatos en  conclusiones dentro de los veinte días siguientes, es decir, hasta el 4 de septiembre  de 2017.  

Dentro del señalado plazo, el recurrente presentó alegato escrito reiterando sus •lufJJWfr”M.. argumentos expuestos en el Recurso de Alzada; además, respecto a la respuesta de  la Administración Tributaria al Recurso de Alzada, señaló que la notificación con la  Resolución Determinativa Nº 17-0000866-16 no interrumpió la prescripción, toda vez  

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Justicia tributaria para vivír bien  

Jan mit’ayir jach’a karnani ¡ ~ymoro)  

Mana tasaq kuraq kamachiq iQuoch””l  

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita  

mbaerepi Vae •.G””‘””‘) 

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~~·ulr~”‘~ ••·’· :~~ ·· ..  

Pág.6 de 15 rcripción de su facultad de determinación respecto alImpuesto al Valor  

El 24 de marzo de 2017, Roger Femando Barahona Telchi, opuso ante la Administración  

documento fue notificado el 16 de marzo de 2017 (fs. 10 y 13).  

ejecución tributaria al tercer día de la notificación con el señalado proveído. Dicho  

0000866-16 se encontraba firme, legalmente exigible y ejecutoriada, por lo que, iniciaría la  

Ejecución Tributaria Nº 331750000070, señalando que la Resolución Determinativa Nº 17-  

El 24 de febrero de 2017, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de  

Resolución Determinativa, efectuada el 29 de diciembre de 2016 (fs. 1a6).  

en quince y veinte días, respectivamente, siguientes a partir de la notificación con dicha  

y se le informó del derecho a impugnación judicial o administrativa que la ley le reconoce,  

5031373738; También se conminó al sujeto pasivo a pagar la deuda tributaria determinada,  

al Impuesto al Valor Agregado, formulario 200, diciembre 2008, con número de orden  

por 12.098 UFV’s por concepto de tributo omitido más accesorios de ley, correspondientes  

Nº 17-0000866-16, contra Roger Fernando Barahona Telchi, determinando deuda tributaria  

El 27 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa  

hechos:  

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (SIN) se tiene la siguiente relación de  

  1. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.  

alegato.  

Por su parte, la Administración Tributaria no hizo uso de su derecho a formular  

impuesto, es decir, el 1 de enero de 2010, y culminó el 30 de diciembre de 2013.  

diciembre de 2008, el cómputo inició el 1 de enero del año siguiente al vencimiento del  

plazo de cuatro años. Por lo que, tomando en cuenta que en el caso del periodo  

normativa realizada en junio de 2016, debiendo aplicarse para el caso en concreto, el  

aplicación del plazo de 8 años para la prescripción emerge de la modificación  

tributaria respecto a la prescripción con un enfoque retroactivo, toda vez que la  

accionar con argumentos sin respaldo legal, forzando la aplicaclón de la normativa  

deuda tributaria. Agregó, que la Administración Tributaria pretende justificar su  

que la notificación se habría efectuado cuanto ya prescribió la facultad de determinar  

Agregado, por el periodo fiscal diciembre 2008; ya que desde dicha gestión hasta la emisión  

de la Resolución Determinativa Nº 17-0000866-16 de 27 de diciembre de 2016,  

transcurrieron 8 años sin que se haya efectivizado la determinación conforme establece la  

Ley N° 2492, o se haya interrumpido el cómputo de la prescripción mediante  

reconocimiento de la deuda (fs. 28 a 30).  

El 12 de mayo de 2017, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales,  

por el Auto Nº 251750000063, rechazó la prescripción opuesta por Roger Fernando  

Barahona Telchi, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-  

0000866-16 de 27 de diciembre de “2008” y el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº  

331750000070 de 24 de febrero de 2017; instruyendo se continúe con las medidas de  

cobro de la deuda tributaria. Resolución notificada mediante cédula a Roger Femando  

Barahona Telchi, el 7 de junio de 2017, e impugnada el 27 de junio del mismo año, dentro  

del plazo de veinte días establecido en el art. 143 del CTB (fs. 37 a 42).  

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.  

El recurrente formuló Recurso de Alzada denunciando: 1. Falta de fundamentación y  

motivación de la Resolución impugnada; y 2. Prescripción de la facultad de determinar de la  

Administración Tributaria.  

Corresponde aclarar que el recurrente si bien en el petitorio de su Recurso de Alzada  

solicitó únicamente la revocatoria total del acto impugnado; sin embargo, de su contenido se  

advierte que dicho recurso versa sobre argumentos tanto de forma como de fondo. En ese  

entendido, por el principio de informalismo, esta Autoridad Regional de Impugnación  

Tributaria está en la obligación de interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del Recurso  

de Alzada, sino conforme a la intención del recurrente; tal como estableció el Tribunal  

Constitucional a partir de la Sentencia SC 0642/2003-R.  

En consecuencia, esta instancia recursiva previamente procederá a la revisión y  

~r-..:c:e(.!.!ri~fi~ca:!!ción de la existencia del vicio de forma denunciado; y, sólo en caso de que no  sea evidente, se procederá a la revisión y análisis del argumento de fondo.  

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Justicia tributaria para vívír bien  

Jan mit’ayir [ach’a kamani íAvm0<a)  

Mana tasaq kuraq kamachiq ¡,_)uerh1M)  

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita  

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F-que sustenta la parte dispositiva, así la SC 075912010-R de 2 de agosto,  tiene la obligación de exponer Jos hechos, realizar la fundamentación legal y citar las  como elemento constitutivo del debido proceso, la autoridad que dicte una resolución,  

manifiesta: [Ante la exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones,  Al respecto, es pertinente citar la SCP 0532/2014 de 10 de marzo de 2014, que  

señalado reclamo.  

Por su parte, la Administración Tributaria no emitió pronunciamiento alguno sobre el  

adujó afectación de la garantía del debido proceso y derecho a la defensa.  

ante la Administración Tributaria establecidos en los arts. 16.h) y 17 del CTB; de igual forma  obtener respuesta fundada y motivada de las motivaciones y peticiones que se planteen  art. 28. b) y f) de la Ley 2341. Consiguientemente, acusó la vulneración del derecho a  

  • con los requisitos esenciales que debe contener todo acto administrativo contenidos en el  planteamiento inicial. Por lo que, al no resolverse en el fondo, el Auto impugnado no cumple  prescripción en base a argumentos que no fueron mencionados siquiera en el  imputados y ejecución tributaria pretendida, por el contrario se rechazó la invocación de la  planteados de forma clara y precisa, provocando incertidumbre respecto a los cargos  31 del Decreto Supremo 27113, ya que no se hizo mención concreta a los argumentos  la prescripción opuesta en el Auto impugnado, como exige el art. 30 de la Ley 2341 y art.  Continuó señalando que, la Administración Tributaria no resolvió fundada y motivadamente  

gestión 2008; no obstante tal oposición fue rechazada a través del Auto impugnado.  determinación de la deuda tributaria, por tratarse de hechos impositivos generados en la  Tributaria, por haber transcurrido el plazo de cuatro años para el ejercicio. de la facultad de  

Agregó, que en ejercicio de sus derechos opuso prescripción ante la Administración  UFV’s, conforme Resolución Determinativa 17-0000866-16 de 27 de diciembre de 2016.  generó un saldo a favor del fisco por tributo omitido a la fecha de vencimiento de 12.098  contribuyente consignó un importe mayor o inexistente al que correspondía; diferencia, que  declaración jurada del IVA correspondiente al periodo diciembre de 2008, en la que el  identificó diferencias a favor del Fisco originadas en el control de créditos respecto a la  determinación en su contra, producto de la revisión de su sistema informático en el que  

El recurrente,· manifestó que la Administración Tributaria inició un procedimiento de 

IV.1. Con relación a la falta de fundamentación y motivación de la Resolución impugnada. 

emitida por el anterior Tribunal Constitucional, expresó: … el derecho al debido  proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente  fundamentada .. “l. Al respecto, la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, ha señalado  que: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la  exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que  conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación  

jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo  cual, también es necesario que exponga /os hechos establecidos, si la problemática lo  exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea  y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en  la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de  acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la  decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al  

juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno  convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la  forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite  únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son rezonebtee las dudas del  

justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la  justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para  que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misme, a fin  de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así  pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC  075212002-R de 25 de junio”.  

Por su parte, la doctrina administrativa señala que: “el acto debe estar razonablemente  fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los  razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe  serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual  se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas  tes ni los hechos objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho  

Administrativo, 11-36 y 37, T. IV).  

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Justicia tributaria para vivfr bien  

Jan mit’ayir [ach’a kamani (Aymara)  

Mana tasaq kuraq kamachíq {Ql’echmi 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita  

mbaerepí Vae (Guaran;)  

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emisión directa de la Resolución Determinativa una vez verificada la existencia de  Nº 27310 se aplica el procedimiento determinativo en casos especiales, es decir, la  Fiscalización, toda vez que de acuerdo al art. 97.1 del CTB, y art. 34 del Decreto Supremo  

suspensión del cómputo de la prescripción, aduciendo que no existió Orden de  Como otro argumento planteado a la Administración Tributaria, se tiene la inexistencia de  

a la prescripción operada.  

Administración Tributaria pretende ejecutar mediante PIET 331750000070- es posterior  Resolución Determinativa 17-0000866-16 de 27 de diciembre de 2016 -que la  de enero de 2009 y habría concluido el 30 de diciembre de 2012. Por lo que, indicó que la  del CTB, para que la Administración Tributaria ejerza dicha facultad, cómputo que inició el diciembre 2008; toda vez que transcurrió el plazo de cuatro años, establecido en el art. 59  facultad de determinación respecto al Impuesto al Valor Agregado, por el periodo fiscal  2017, el ahora recurrente opuso ante la Administración Tributaria, prescripción de su  Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene, que el 24 de marzo de  

(Negrillas y subrayado nuestros).  

consignando. además. los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo (. . .)”  expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto,  de causa y en el derecho aplicable; (. . .) e) Fundamento: Deberá ser fundamentado,  establece: “b). Causa: Deberá sustentarse en Jos hechos y antecedentes que le sirvan  Administrativo (LPA) entre los elementos esenciales de todo acto administrativo,  interesados. En ese entendido el art. 28, b) y e) de la Ley de Procedimiento  formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los  forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos  ordenamiento jurídico, y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de  anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del  aplicable supletoriamente por mandato del art. 74.1 del CTB, disponen que, serán  En cuanto a la anulabilidad de los actos los· parágrafos 1 y 11 del art. 36 de la LPA,  

mayor gravedad del vicio (Osvaldo H. Soler, Derecho Tributario, Pág. 569, Ed. 2005).  quedar expuestos los posibles vicios; el acto será nulo o anulable en función de la  son los requisitos de validez de dicho acto, de modo que de su comparación puedan  establecer qué actos administrativos son inválidos, debe conocerse previamente cuáles  Así también, en relación a la anulabilidad, Ja doctrina también precisa que para  

diferencias a favor del Fisco. Agregó, que tampoco ocurrió la interrupción del cómputo de la  prescripción, toda vez que la Resolución Determinativa no fue emitida dentro del plazo de la  prescripción, sino después; y que en ningún momento reconoció expresamente la deuda,  situación que no puede ser confundida con la solicitud de extensión de antecedentes  

administrativos que efectuó.  

Finalmente, manifestó que si bien el plazo de la prescripción y su cómputo se modificaron través de las Leyes Nros. 212, 317 y 812, de acuerdo a la línea jurisprudencia! emitida por  el Tribunal Supremo de Justicia mediante Sentencias Nros. 39/2016 y 47/2016, así como el  Tribunal Constitucional Plurinacional, dejaron claro la verdadera interpretación y aplicación  de las modificaciones normativas para la aplicación de la prescripción; es decir, que las  modificaciones efectuadas en las gestión 2012, corresponden ser aplicadas a partir de esa  gestión, para lo venidero y no de forma retroactiva; todo ello en observancia del principio de  seguridad jurídica y la disposición constitucional referida a la irretroactividad de una norma  legal.  

Al respecto, la Administración Tributaria emitió el Auto Nº 251750000063 de 12 de mayo de  2017, afirmando que el contribuyente pretende: “confundir con una interpretación de la  Ley 2492 en cuanto a la facultad que tiene la Administración Tributaria de determinar el  procedimiento especial de la deuda tributaria dispuesto en el parágrafo / del artículo 97° de  la Ley 2492 y el parágrafo I del artículo 34 del D.S. 27310, aspecto que se le hace  

conocer al contribuyente y dando una mejor interpretación a la normativa legal vigente  para la determinación de esta deuda por sistema con la modificación a través de una (_ey el  Código Tributario en su artículo 59º que se detalla para una mejorcomprensión”(Negrillas subrayado nuestros). Seguidamente hizo una copia textual del citado art. 59 del CTB, con la  modificación de sus parágrafos 1y11, en base a la Ley 812 de 30 de junio de 2016.  

Por otra parte, indicó que el recurrente no usó su derecho a impugnar la Resolución  Determinativa 17-0000866-16 de 27 de diciembre de 2016, y ahora que el proceso  determinativo se encuentra en etapa de ejecución tributaria, pretende hacer valer el  señalado derecho, que se encuentra vencido. Agregó, que la Administración Tributaria  

cumplió con la aplicación de medidas coactivas contra el sujeto pasivo conforme el art. 11 O Jli11..i..~r–….  

del CTB. Seguidamente, rechazó la solicitud de prescripción presentada por el ahora  recurrente, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determina_tiva Nº 17-0000866-  Pág.11de15  

Justicia tributaria para vivir bien  

Jan mit’ayir jach’a kamani 1,~ymora)  

Mana tasaq kuraq kamachiq (QLlochu”l  

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita  

mbaerepi Vae (Guoconr) 

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/l 

conocer al contribuyente; sin embargo, se evidencia que la Administración Tributaria no  prescripción, y para ello se tenía una “mejor interpretación” que correspondía hacer  “interpretación” de la Ley Nº 2492 en relación a la facultad respecto a la que opuso  

que de forma contradictoria afirmo, que el sujeto pasivo pretendía confundir con una  el Auto impugnado respecto a todos los aspectos planteados por el recurrente, se observa  Por otra parte, más allá de la omisión de pronunclamiento de la Administración Tributaria en  

argumento de inaplicabilidad de dicha normativa.  

Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional, que apoyarían el mencionado  812, y mucho menos sobre la jurisprudencia mencionada por el recurrente proveniente del  

tampoco en relación a la inaplicabilidad al caso concreto de las Leyes Nros. 212, 317 y  

respecto a la inexistencia de causales de interrupción o suspensión de la prescripción,  al respecto. De igual forma, se evidencia que la Administración Tributaria no se pronunció  menos refutados por la Administración Tributaria, ni merecieron el mínimo pronunciamiento  

de inicio y finalización de la prescrlpción pretendida, aspectos que no fueron analizados y  si operó o no la prescripción opuesta por el sujeto pasivo; quien por su parte precisó fechas  cuando inició el cómputo de la prescripción, y en su caso si finalizó, a efectos de establecer  Administración Tributaria, operó o no en cuatro años; por otra parte, tampoco se especificó  motivada respecto a si la prescripción de la facultad de determinar deuda tributaria de la  advierte que no analizó dichos planteamientos, pues no existe explicación fundada y  Analizado el contenido del Auto impugnado, emitido por la Administración Tributaria se  

Tribunal, citó las Sentencias Nros. 39/2016 y 47/2016.  

Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal . Supremo de Justicia, de este último  prescripción, efectuadas por las Leyes Nros. 212, 317 y 812, en base a la jurisprudencia del  lnaplicabilidad en el caso concreto, de las modificaciones del plazo y cómputo de la  59 del CTB; 2. Inexistencia de interrupción o suspensión de la prescripción opuesta; y 3.  al !VA, del periodo fiscal diciembre 2008, por el transcurso de cuatro años de acuerdo al art.  siguientes puntos: 1. La prescripción de la facultad de determinar deuda tributaria, respecto  251750000063, se tiene, que el ahora recurrente planteó específicamente al ente fiscal, los  ante la Administración Tributaria y el rechazo resuelto por dicha instancia mediante Auto Nº  Ahora bien, de la compulsa entre la oposición de prescripción formulada por el sujeto pasivo  

como el cobro coactivo.  

16 de 27 de diciembre de “2008” y PIET Nº 331750000070 de 24 de febrero de 2017, así 

explicó de forma alguna, en que consiste la interpretación del sujeto pasivo respecto a la  Ley Nº 2492, los motivos por los cuales no sería válida, ni cuál sería la “mejor  interpretación” de la Administración Tributarla. Aspectos que innegablemente generan  incertidumbre tanto al administrado como a esta instancia recursiva, pues la Administración  

Tributaria a más de la copia textual del art. 59 del CTB, modificado por la Ley Nº 812, no  formuló explicación, argumentación, justificación, de la mentada interpretación tanto del  recurrente como del ente fiscal; omisión en que incurrió la Administración Tributaria y que  innegablemente genera incertidumbre tanto al administrado como a esta instancia recursiva  que se ve limitada de resolver en el fondo, dada la falta de consideración de todos los  aspectos planteados por el sujeto pasivo al momento de oponer prescripción, así como de  la inexistencia de razones y motivos que sustenten la decisión de la Administración  

Tributaria de rechazar la prescripción opuesta. Cabe mencionar que la sola copia del texto  del art. 59 del CTB en el acto impugnado, así como las explicaciones que pudiesen  formularse dentro de posteriores procesos de impugnación, como es el caso presente, no  suplen o subsanan la falta de fundamentación y motivación del acto administrativo  

impugnado que son requisitos exigidos a toda la administración pública en general, de  acuerdo al art. 28.b) y e) de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable  supletoriamente a materia tributaria conforme establece el art. 74 del CTB.  

De todo lo expuesto, se evidencia que el Auto impugnado carece de fundamento de hecho  como de derecho, además de una debida motivación que permita comprender los motivos  que necesariamente deben establecerse en el acto emitido, como respaldo de la decisión  de la Administración Tributaria. Consiguientemente, el rechazo de la prescripción es  ambiguo e inexacto, lo que ocasiona incertidumbre en el administrado, pues desconoce el  sustento y razón del rechazo a la oposición planteada, lo que deriva en la vulneración en el  ejercicio a la defensa del sujeto pasivo y con ello la garantía del debido proceso, ya que  inclusive habiendo presentado recurso de impugnación contra el Auto Nº 251750000063 de  12 de mayo de 2017, su defensa es inefectiva pues no permite rebatir los argumentos de la  Administración Tributaria pues hay carencia de ellas, e impide a esta instancia recursiva,  pueda pronunciarse en el fondo del asunto, en tanto no se efectúe el saneamiento procesal  a través de la anulación de obrados, en base al art 36.11 de la Ley de Procedimiento  Administrativo.  

Adicionalmente, respecto a lo consignado por la Administración Tributaria en el Auto  impugnado y reiterado en la respuesta al Recurso de Alzada, en sentido de que el  

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Justicia tributaria para vivír bien  

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  

Mana tasaq kuraq kamachiq {Quechu;•J  

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita  

mbaerepi Vae (Gu,ranfl  

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respecto a todos los argumentos planteados en la prescripción opuesta por Roger  Auto que contenga la debida fundamentación y motivación a momento de resolver  hasta el vicio más antiguo; esto es, hasta que la Administración Tributaria emita un nuevo  Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, con reposición de obrados  PRIMERO.- ANULAR el Auto Nº 251750000063 de 12 de mayo de 2017, emitido por la  

RESUELVE:  

febrero de 2009.  

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del DS Nº 29894 de 7 de  Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los  La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  

POR TANTO  

y resuelva de forma fundada y motivada.  

forma expresa se pronuncie respecto a todos los argumentos planteados por el impetrante,  Auto impugnado, a fin de que la Administración Tributaria emita nuevo Auto en el que de  Por los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, corresponde anular el  

de la Ley Nº 3092 de 7 de julio de 2005.  

el acto administrativo que rechaza la prescripción es impugnable según establece el art. 4.3  también a la Administración Tributaria a efectos de evitar cualquier confusión posterior, que  derecho reconocido en la normativa tributaria vigente; es más es menester manifestar  evidencia preclusión o vencimiento de derecho alguno, sino más bien ejercicio de una  negativamente una oposición de prescripción formulada en ejecución tributaria, no se  Consiguientemente, tomando en cuenta que el acto administrativo impugnado resuelve  judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria” (Negrillas nuestras).  

o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como  del Decreto Supremo Nº 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano: “El sujeto pasivo  corresponde aclarar a la Administración Tributaria que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5  un derecho ya vencido, dilatando el proceso de cobro con la actual impugnación,  que ahora que dicha Resolución se encuentra en ejecución tributaria, pretende hacer valer  recurrente no interpuso recurso contra la Resolución Determinativa Nº 17-0000866-16, y  

Fernando Barahona Telchi. Todo, conforme establece el art. 212.1.c) del referido Código  

Tributario Boliviano.  

SEGUNDO.~ La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo  

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,  

conforme establece el artículo 199 de la Ley Nº 2492 será de cumplimiento obligatorio  

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.  

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad  

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) de la Ley Nº  

2492 y sea con nota de atención.  

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 de la Ley Nº 2492, el plazo para la interposición  

del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de  

veinte días computables a partir de su notificación.  

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