ARIT-CHQ-RA-0159-2017 – Multa por Incumplimiento a Deber Formal de presentación de LCV – IVA, a través del Software Da Vinci, se mantiene por una mala interpretación del recurrente en la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria.

ARIT-CHQ-RA-0159-2017

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0159/2017  

Recurrente Diana Gabriela Campos Villarroel.  

Administración recurrida: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de  Impuestos Nacionales, representada legalmente  por Jhonny Padilla Palacios.  

Acto Impugnado: Resolución Sancionatoria Nº 181710000187. 

Expediente Nº ARIT-CHQ-0032/2017.  

Lugar y fecha: Sucre, 12 de septiembre de 2017

VISTOS:  

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración  Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y  producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico  Jurídico ARIT-CHQ/IT J 0159/2017 de 12 de septiembre de 2017, emitido por la Sub  Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.  

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.  

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución  Sancionatoria Nº 181710000187 de 9 de marzo de 2017, sancionó a la contribuyente  Diana Gabriela Campos Villarroel, con NIT 5496000018, por la contravención tributaria  de Incumplimiento a Deber Formal de presentación de Libros de Compras y Ventas  IVA, a través del Software Da Vinci Módulo LCV; con una multa de UFV”s 200  (Doscientas Unidades de Fomento a la Vivienda} por cada uno de los periodos febrero  a septiembre de 2011, y 500 UFV’s (Quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda)  por cada uno de los periodos octubre a diciembre de 2011; es decir, por un total de  UFV’s 3100 (Tres mil cien Unidades de Fomento a la Vivienda).  

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Justicia tributaria para vivír bien  

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Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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de presentación de la información de los Libros de Compras y Ventas JVA, a través del  

sanciones de la Administración Tributaria, respecto al incumplimiento de deber formal  

181710000187 de 9 de marzo de 2017, y se declare prescrita la facultad de imponer  

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria Nº  

de mayo de 2016, y 16 de junio de 2016, respectivamente.  

Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, el 13  

Nros “39/2019” y 47/2016 emitidas por la Sala Contenciosa y Contenciosa  

2012, no opera respecto a los periodos de la gestión 2011, en base a las Sentencias  

materias; por lo que, la retroactividad sugerida por la Ley 291 de 22 de septiembre de  

sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo excepto en algunas  

También indicó que de acuerdo al art. 123 de la Constitución Política del Estado, la ley  

anterioridad a la notificación (31-05-2017) con la Resolución Sancionatoria Nº  

Consiguientemente, indicó que la facultad de imponer sanciones prescribió con  

señalado cómputo inició el 1 de enero de 2013 y finalizó el 31 de diciembre de 2016.  

concluyó el 31 de diciembre de 2015; en el caso del periodo diciembre de 2011, el  

respecto a los periodos febrero a noviembre de 2011, inició el 1 de enero de 2012, y  

la prescripción de la facultad de imponer sanciones de la Administración Tributaria  

Al respecto, señaló que de conformidad a los arts. 59.1.3 y 60 del CTB, el cómputo de  

haciendo un total de 3.100 UFV’s.  

2011, y de 500 UFV’s por cada uno de los periodos de octubre a diciembre de 2011;  

una multa de 200 UFV’s, por cada uno de los periodos de febrero a septiembre de  

Libros de Compras Ventas IVA a través del Software Da Vinci Módulo LCV; con  

Tributaria le impuso sanción por el incumplimiento al deber formal de presentación de  

Diana Gabriela Campos Villarroel (la recurrente) manifestó que la Administración  

11.1. Argumentos de la recurrente.  

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA.  

junio de 2017, dentro del plazo legal establecido en el art. 143 del CTB.  

Resolución notificada personalmente el 31 de mayo de 2017, e impugnada el 16 de   

Software Da Vinci por los periodos febrero a diciembre de 2011, y se deje sin efecto la  sanción impuesta.  

11.2. Auto de Admisión.  

Inicialmente el recurso planteado fue observado por incumplimiento del art. 198 incisos  c) y e) del CTB; subsanada la observación, mediante Auto de 4 de julio de 2017, se  admitió el Recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el  plazo de quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos así  como los elementos probatorios relacionados con la Resolución impugnada; todo en  aplicación del art. 218.c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 11 de julio de  2017, conforme diligencia de fs. 43 de obrados.  

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria.  

Dentro del término de quince días establecido en el art. 218.c) del CTB, el 26 de julio  de 2017, se apersonó Jhonny Padilla Palacios, Gerente Distrital del SIN Chuquisaca,  según copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº  031700000914 de 31 de mayo de 2017; quien respondió en forma negativa al recurso  formulado, manifestó que previamente se verificó y constató en el sistema informático  de la Administración Tributaria, el incumplimiento de presentación de información del  Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, módulo LCV, por los  periodos febrero a diciembre de 2011; por lo que se emitió el Auto Inicial de Sumarlo  Contravencional Nº 00140995000997, ya que no existe ningún motivo para que se  acepte la solicitud de prescripción de sanciones legalmente establecidas conforme Ley  Nº 2492.  

También señaló que los periodos de la gestión 2011 se encuentran bajo el alcance de  las Leyes Nros. 291 y 317, que modificaron los arts. 59 y 60 del CTB, e inclusive debe  tomarse en cuenta la última modificación de dichos artículos, realizada mediante Ley  Nº 812. Explicó que en aplicación de las señaladas modificaciones efectuadas por las  Leyes Nros. 291 y 317, desde el inicio del cómputo de la prescripción -dla siguiente aquel en que se cometió la contravención tributaria- respecto a los periodos febrero noviembre de 2011, hasta el 31 de mayo de 2017 (notificación con la Resolución  impugnada) tan sólo transcurrieron cinco años y cinco meses, y no así nueve años; en  

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Justicia tributaria para vivir bien  

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0869/2017 y AGIT-RJ-0791/2017.  

argumento cito como precedentes las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ  

alejarse de esas posiciones en función del caso sujeto a resolución. En relación a este  

en la labor decisional de las autoridades pero no son obligatorias, siendo permitido el  

toda vez que los razonamientos esgrimidos en dichos actos judiciales son orientadores  

dichas sentencias bien constituyen jurisprudencia, no conllevan efecto vinculante,  

relaciones que tienen las mismas con el presente caso; de igual forma agregó que  

que al citar sentencias del Tribunal Supremo de Justicia no se desarrolló cuáles son las  

tiene valor legal pues fue anulada por Sentencia Constitucional (sin precisar). Agregó,  

a la gestión 2019; en relación a la Sentencia 47/2016 manifestó que la misma no  

Respecto a la Sentencia 39/2019, señaló que aún no fue emitida, pues corresponde  

precepto constitucional que permita comprender su posición impugnativa.  

Política del Estado; más aún cuando no explicó o fundamentó su intención de citar el  

de ocho años, por lo que no se omitió lo dispuesto en el art. 123 de la Constitución  

modificada por la Ley 812, norma aplicable que establece el término de prescripción  

Agregó que la Resolución impugnada fue notificada en vigencia de la Ley 2492  

Administración Tributaria.  

encontraría intacta la facultad de imponer sanciones administrativas por parte de la  

enero de 2013, y finalizaba el 31 de diciembre de 2020. Por lo que, a la fecha se  

para el caso del periodo diciembre 2011, el cómputo de la prescripción inició el 1 de  

enero de 2012, los ocho años concluían ‘el 31 de diciembre de 2019; de igual manera  

periodos febrero a noviembre de 2011, el cómputo de la prescripción inició el 1 de  

sanciones administrativas prescribe a los ocho años, y tomando en cuenta que en los  

812 tampoco operó la prescripción, ya que establece que la facultad de imponer  

Por otra parte, manifestó que aplicando las mencionadas modificaciones de la Ley Nº  

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1572/2014 de 17 de noviembre de 2014.  

y cinco meses, y no así los nueve años requeridos. Criterio que apoyó con la  

2013, y desde esa fecha hasta el 31 de mayo de 2017, sólo transcurrieron cuatro años  

mes de enero de 2012, por lo que el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de  

cuanto al periodo diciembre de 2011 indicó que la contravención tributaria ocurrió el  

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 181710000187 de  9 de marzo de 2017.  

11.4. Apertura de término probatorio.  

En aplicación de lo previsto en el inc. d) del art. 218 del CTB, mediante Auto de 27 de  julio de 2017, que cursa a fs. 49 de obrados, se dispuso la apertura del plazo probatorio  común y perentorio a las partes de 20 días, procediéndose a su notificación el 2 de  agosto de 2017, conforme consta por las diligencias de fs. 50 de obrados;  consiguientemente, el señalado plazo concluyó el 22 de agosto de 2017.  

En esta fase, por memorial presentado el 4 de agosto de 2017, la Administración  Tributaria ratificó la prueba documental adjuntada a la respuesta al Recurso de  Alzada, así como en los fundamentos legales expuestos en ella; también señaló, que  dicha prueba demuestra que la recurrente incumplió con su deber formal (sin  especificar) ante . la Administración Tributaria; y que enmarcó sus actos en la  normativa vigente, respetando en todo momento los derechos de la ahora recurrente.  

Por su parte, la recurrente no presentó prueba en esta fase.  

11.5. Alegatos.  

Conforme establece el art. 210. 11 del CTB, las partes tenían la oportunidad de  presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del  término probatorio; es decir, hasta el il 1 de septiembre de 2017; sin embargo, no  hicieron uso de este derecho.  

  1. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.  

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (SIN) se tiene la siguiente relación  de hechos:  

El 29 de septiembre de 2016, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de  Impuestos Nacionales emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº  00140995000997, contra la contribuyente Diana Gabriela Campos Villarroel con NIT  

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Justicia tributaria para vivir bien  

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Tributaria. Por lo que, a continuación corresponde efectuar el anélisis a dicho punto de  único argumento, la prescripción de la facultad de sancionar de la Administración  Se formuló Recurso de Alzada contra la Resolución impugnada, planteando como  

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA.  

notificada personalmente el 31 de mayo de 2017 (fs. 77 a 80).  

total de UFV’s 3.100 (Tres mil cien Unidades de Fomento a la Vivienda). Resolución  Vivienda) por cada uno de los periodos octubre a diciembre de 2011; es decir, por un  febrero a septiembre de 2011, y 500 UFV’s (Quinientas Unidades de Fomento a la  200 (Doscientas Unidades de Fomento a la Vivienda) por cada uno de los periodos  de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci; con una multa de UFV’s.  contravención tributaria de Incumplimiento a Deber Formal de presentación de Libros  contribuyente Diana Gabriela Campos Villarroel, con NIT 5496000018, por la  Nacionales, por Resolución Sancionatoria Nº 181710000187, sancionó a la  

El 9 de marzo de 2017, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

edicto a Diana Gabriela Campos Villarroel, el 30 de diciembre de 2016 (fs. 4 y 9 a 13).  hagan a su derecho, caso contrario cancelar la multa. Dicho Auto, fue notificado por  la notificación con dicho Auto, para presentar descargos escritos u ofrecer pruebas que  Unidades de Fomento a la Vivienda); se otorgó el plazo de veinte (20) días a partir de  de noviembre de 2015. Todo por un total de UFV’s 4.600 (Cuatro Mil Seiscientas  sujeta a lo establecido en el numeral 3.1 del Anexo 1 de la RND Nº 10-0032-15 de 25  de la RND 10-0037-07, modificado por el art. 1.11 numeral 4.2 de la RND 10-0030-11,  a la Vivienda) por los periodos octubre a diciembre de 2011, conforme al numeral 4.2  de diciembre de 2007; así como la multa de UFV’s 1.000 (Un mil Unidades de Fomento  subnumeral 4.2, del numeral 4, del Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07 de 14  de Fomento a la Vivienda) por los periodos febrero a septiembre de 2011, conforme al  que de tal incumplimiento, corresponde la multa de UFV’s 200 (Doscientas Unidades  periodos febrero a dícíembre de 2011, en aplicación del art. 162 del CTB; consignando  Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV, de los  5496000018 por incumplimiento al deber formal de presentación de la información de  

IV.1. Con relación a la prescripción de la facultad de sancionar de la Administración  Tributaria.  

La recurrente, manifestó que la Administración Tributaria le impuso sanción por el  incumplimiento al deber formal de presentación de Libros de Compras Ventas IVA a  través del Software Da Vinci Módulo LCV; con una multa de 200 UFV’s, por cada uno  

de los periodos de febrero a septiembre de 2011, y de 500 UFV’s por cada uno de los  periodos de octubre a diciembre de 2011; haciendo un total de 3.100 UFV’s.  

Al respecto señaló que de conformidad a los arts. 59.1.3 y 60 del CTB, el cómputo de la  prescripción de la facultad de imponer sanciones de la Administración Tributaria  respecto a los periodos febrero a noviembre de 2011, inició el 1 de enero de 2012, y  concluyó el 31 de diciembre de 2015; en el caso del periodo diciembre de 2011, el  señalado cómputo inició el 1 de enero de 2013 y finalizó el 31 de diciembre de 2016.  Consiguientemente, indicó que la facultad de imponer sanciones prescribió con  anterioridad a la notificación con la Resolución Sancionatoria Nº 181710000187, que  ocurrió el 31 de mayo de 2017.  

También indicó que de acuerdo al art. 123 de la Constitución Política del Estado, la ley  sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo excepto en algunas  materias; por lo que, la retroactividad sugerida por la Ley 291 de 22 de septiembre de  2012, no opera respecto a los periodos de la gestión 2011, en base a las Sentencias  Nros “39/2019” y 47/2016 emitidas por la Sala Contenciosa y Contenciosa  Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia el 13  de mayo de 2016, y 16 de junio de 2016, respectivamente.  

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que previamente verificó y constató  en su sistema informático, el incumplimiento de presentación de información de Libros  de Compras y Ventas fVA a través del Software Da Vinci, módulo LCV, por los  periodos febrero a diciembre de 2011; por lo que, emitió el Auto Inicial de Sumario  

~'””‘119″iUL…:C::o:::ntravencional Nº 00140995000997, y que no existe ningún motivo para que se  acepte la solicitud de prescripción de sanciones legalmente establecidas conforme la  Ley N° 2492.  

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Pág.8de12  las relaciones que tienen las mismas con el presente caso; de igual forma agregó que  

que al citar sentencias del Tribunal Supremo de Justicia no se desarrolló cuáles son  tiene valor legal pues fue anulada por Sentencia Constitucional (sin precisar). Agregó,  a la gestión 2019; en relación a la Sentencia Nº 47/2016 manifestó que la misma no  Respecto a la Sentencia Nº 39/2019, señaló que aún no fue emitida, pues corresponde  

constitucional que permita comprender su posición impugnativa.  

más aún cuando no explicó o fundamentó su intención de citar el precepto  lo que no se omitió lo dispuesto en el art. 123 de la Constitución Política del Estado;  efectuada por Ley Nº 812, que establece el término de prescripción de ocho años, por  Agregó que la Resolución impugnada fue notificada en vigencia de la modificación  

Administración Tributaria.  

encontraría intacta la facultad de imponer sanciones administrativas por parte de la  enero de 2013, y finalizaba el 31 de diciembre de 2020. Por lo que, a la fecha se  para el caso del periodo diciembre 2011, el cómputo de la prescripción inició el 1 de  enero de 2012, los ocho años concluían el 31 de diciembre de 2019; de igual manera  periodos febrero a noviembre de 2011, el cómputo de la prescripción inició el 1 de  sanciones administrativas prescribe a los ocho años, y tomando en cuenta que en los  812 tampoco operó la prescripción, ya que establece que la facultad de imponer  Por otra parte, manifestó que aplicando las mencionadas modificaciones de la Ley Nº  

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1572/2014 de 17 de noviembre de 2014.  y cinco meses, y no así los nueve años requeridos. Criterio que apoyó con la  2013, y desde esa fecha hasta el 31 de mayo de 2017, sólo transcurrieron cuatro años  mes de enero de 2012, por lo que el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de  cuanto al periodo diciembre de 2011 indicó que la contravención tributaria ocurrió el  impugnada) tan sólo transcurrieron cinco años y cinco meses, y no así nueve años; en  noviembre de 2011, hasta el 31 de mayo de 2017 (notificación con la Resolución  aquel en que se cometió la contravención tributaria- respecto a los periodos febrero Leyes Nros, 291 y 317, desde el inicio del cómputo de la prescripción -día siguiente Nº 812. Explicó que en aplicación de las señaladas modificaciones efectuadas por las  tomarse en cuenta la última modificación de dichos artículos, realizada mediante la Ley  las Leyes Nros. 291 y 317, que modificaron los arts. 59 y 60 del CTB, e inclusive debe  También señaló que los periodos de la gestión 2011 se encuentran bajo el alcance de  

dichas sentencias si bien constituyen jurisprudencia, no conllevan efecto vinculante,  toda vez que los razonamientos esgrimidos en dichos actos judiciales son orientadores  en la labor decisional de las autoridades pero no son obligatorias, siendo permitido el  alejarse de esas posiciones en función del caso sujeto a resolución .. En relación a  este argumento cito como precedentes las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT 

RJ 0869/2017 y AGIT-RJ-0791/2017.  

De lo planteado por las partes, la controversia a dilucidar consiste en establecer si  prescribió la facultad de sancionar de la Administración Tributaria, en relación al  incumplimiento del Deber Formal de presentación de la información de los Libros de  Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci, por los periodos febrero diciembre de la gestión 2011, respecto a los cuales, la Administración Tributaria  mediante Resolución Sancionatoria Nº 181710000187 de 9 de marzo de 2017notificada el 31 de mayo de 2017, aplicó multas por un importe total de UFV’s 3.1 OO.  

Al respecto, es necesario analizar las disposiciones sobre prescripción de la obligación  tributaria aplicables al presente caso. Así el art. 59.I de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto  de 2003, estableció inicialmente que las acciones de la Administración Tributaria  prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y  fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer sanciones  administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

Posteriormente, la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición  Adicional Quinta, modificó el art. 59 de la Ley Nº 2492, estableciendo en el Parágrafo que: “Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la  gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, seis años en la gestión 2014, siete años  en la gesUón 2015, ocho años en la gestión 2016, nueve años en la gestión 2017 y  

10 años a partir de la gestión 2018, tanto para: 1. Controlar, investigar, verificar,  comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones  administrativas”. En el último párrafo de dicho parágrafo, se prevé expresamente que el  periodo de prescripción para cada año, sea respecto a obligaciones tributarias cuyo  plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiese ocurrido en dicho año.  

  • o último párrafo fue derogado mediante la Disposición Derogatoria Primera de la  Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, que modificó el art. 59 del CTB, quedando el  

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Justicia tributaria para vivi”r bien  

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en el art -. 59 de la Ley 2492 (cuatro años) habiéndose modificado dicha ley  

decir, que la prescripción no llegó a perfeccionarse en el término inicialmente previsto  

efectuaron modificaciones al citado artículo, mediante las Leyes Nros. 291 y 317, vale  

febrero a diciembre de 2011, y en el primer año de cómputo de la prescripción, se  

cuatro años, empero en el presente caso, los periodos en cuestión corresponden de  

efectivamente establecía la prescripción de la facultad de sancionar en el término de  

Por otra parte, debe tomarse en cuenta que inicialmente el art. 59 del CTB  

pronunciamiento alguno al respecto, por carecer de validez.  

0048/2017-82 de 6 de febrero de 2017, respectivamente, por lo que no merecen  

Plurinacional, mediante Sentencias Nros. 0231/2017-53 de 24 de marzo de 2017, y  

aclarar que dichas sentencias fueron dejadas sin efecto por el Tribunal Constitucional  

16 de junio, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia; sin embargo, es preciso  

razonamiento contenido en las Sentencias Nros 39/2016 de 13 de mayo, y 47/2016 de  

Código Tributarlo Boliviano (Ley Nº 2492)- sustentando su argumento en el  

corresponde aplicar las Leyes Nros. 291, 317 y 812 -que modificaron el art. 59 clel  

Ahora bien, cabe precisar que en el presente caso la recurrente considera que no  

responsable” (Negrillas nuestras).  

más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero  

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción  

“Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman  

CTB, concordante con el art. 123 de la Constitución Política del Estado, establece que:  

Tributaria. Respecto a esta última modificación corresponde señalar que el art. 150 del  

años para que prescriba la facultad de imponer sanciones de la Administración  

procedió a una nueva modificación del art. 59 del CTB, estableciendo el plazo de ocho  

Posteriormente, mediante el art. 2.11 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, se  

Imponer sanciones administrativas” (Negrillas y subrayado nuestros).  

investigar, verificar, cqmprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda Tributaria; 3.  

años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018, tanto para: 1. Controlar,  

en la gestión 2014, siete años en la gestión 2015, ocho años en la gestión 2016, nueve  

prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, seis años  

mismo redactado como sigue: “Las acciones de la Administración Tributaria  

estableciéndose nuevos plazos, siendo el plazo actualmente vigente más breve (8  años) al dispuesto en las modificaciones anteriores (nueve años).  

Consiguientemente, de la normativa tributaria vigente relativa a la prescripción, que fue  glosada precedentemente de forma cronológica, se tiene que al presente la última  modificación del art. 59 del CTB, efectuada mediante el art. 2.11 de la Ley 812 de 30  de junio de 2016, establece un término de prescripción más favorable para el sujeto  pasivo, que el establecido mediante las modificaciones realizadas al señalado artículo  por las Leyes Nros. 291 y 317 (nueve años), es decir, ocho años para la prescripción  

de la facultad de sancionar de la Administración Tributaria. Norma vigente ahora,  que corresponde aplicar en función al art. 123 de la CPE, concordante con el art. 150  

del CTB.  

En ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria ejerció su facultad  sancionadora respecto al incumplimiento del deber formal del sujeto pasivo, referido a  la obligación de presentar los Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da  Vinci-LCV de los períodos febrero a diciembre de 2011, dentro del alcance establecido  por la Ley Nº 317; y toda vez que la Resolución Sancionatoria Nº 181710000187 fue  notificada el 31 de mayo de 2017, en vigencia de la Ley 812 -que dispone un  término de prescripción de 8 años- de acuerdo al art. 60.1 del CTB, concordante con el  art. 154.l del mencionado Código, corresponde establecer que en el caso de los  periodos febrero a noviembre de 2011, el cómputo de prescripción se inició el 1 de  enero de 2012 y concluiría el 31 de diciembre de 2019; y para el período diciembre de  2011 tomando en cuenta que la contravención fue cometida en el mes de enero de  2012- el término de la prescripción se inició el 1 de enero de 2013 y concluiría el 31 de  diciembre de 2020. Consecuentemente, a momento de la notificación del acto  impugnado la facultad de aplicar sanciones de la Administración Tributaria aún no  prescribió.  

Por los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, se concluye que  en el presente caso no operó la prescripción de la facultad de la Administración  Tributaria para imponer sanciones, respecto al incumplimiento a la obligación de  

presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA cometidas en los periodos  ~–h::rffirero a diciembre de 20″11; consiguientemente corresponde confirmar la Resolución  Sancionatoria Nº 181710000187 de 9 de marzo de 2017.  

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Justicia tributaria para vivir bien  

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  

Mana tasaq kuraq kamachiq (quech•H)  Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita  

mbaerepi Vae (Guaran’) 

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POR TANTO

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 {CTB) y art. 141 de1 DS Nº 29894 de 7 de febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO.· CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria Nº 181710000187 de 9 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio Impuestos Nacionales contra Diana Gabriela Campos Villarroel; manteniendo firme y subsistente la multa por Incumplimientos a Deber Formal, de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – Módulo LCV, consistente en UFV’s. 200 (Doscientas Unidades de Fomento a la Vivienda) por cada uno de los periodos de febrero a septiembre de 2011, y con UFV’s 500 (Quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda) por cada uno de los periodos de octubre a diciembre de 2011; es decir, por un total de UFV’s 3.100 (Tres mil cien Unidades de Fomento a la Vivienda). Todo, en sujeción al art. 212.1.b) del Código Tributario Boliviano.

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley Nº 2492 será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) de la Ley Nº 2492 y sea connota de atención.