ARIT-LPZ-RA-0947-2019 Se confirma Resolución Administrativa de rechazo de exención de IUE. La Administración Tributaria señala que para que exista la exención, se debe cumplir con todos los requisitos y no debe haber ambigüedades en las cláusulas del Estatuto, lo que implicaría que, si se interpreta el Estatuto de manera literal, el contribuyente si realiza actividades comerciales y financieras. El rechazo no inhibe a la entidad a que, una vez cumplidos los requisitos, pueda solicitarla nuevamente.

ARIT-LPZ-RA-0947-2019

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARITLPZ/RA 0947/2019 

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Recurrente: 

Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS), legalmente representado por Antonio José Ruiz Michel

Administración Recurrida: 

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Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Ranulfo Prieto Salinas

Acto Impugnado: 

Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IVE 191925000006 SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RAEX/00010/2019 

Expediente: 

ARIT-LPZ0452/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 26 de agosto de 2019 

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VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas ý producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0947/2019 de 23 de agosto de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE N° 191925000006 SIN/GDLPZ-11/DJCC/TJ/RAEX/00010/2019 de 20 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió declarar

improcedente la solicitud de formalización de reconocimiento como entidad exenta de ecla pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del contribuyente Centro voBo de Promoción de Tecnologías Sostenibles CPTS, registrado con NIT 1004337029, al

no cumplir sus Estatutos a cabalidad con las previsiones de los incisos a) y b) del

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

artículo 49 de la Ley 843, concordante con lo dispuesto por el artículo 8 de la RND 10 0030-05, modificada por las RND’s 10-0030-14 y 10-0027-15.

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente El Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS), legalmente representado por Antonio José Ruiz Michel conforme se acredita del Testimonio de Poder No 739/2019 de 10 de mayo de 2019, mediante memoriales presentados el 29 de abril y 15 de mayo de 2019, cursantes a fojas 9-20 y 68 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

La Resolución impugnada señala que el CPTS no cumple con los requisitos previstos en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, .y 6 del parágrafo Il del artículo 8 de la RND 10-0030-14, razón por la que rechazó su solicitud; sin embargo, los artículos 1 y 66 de su Estatuto Orgánico, demuestran sin lugar a dudas que el CPTS es una entidad lucro, por lo que no corresponde la observación contenida en el penúltimo párrafo del Considerando III del acto impugnado, en tal sentido cumple plena y explícitamente con la exigencia del numeral 1. parágrafo II del artículo 8 de la citada RND.

También cumple cabalmente con el numeral 2 parágrafo II del artículo 8 de la RND10 0030-14, toda vez que el artículo 1 de su Estatuto Orgánico, determina claramente que se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley 351 de 19 de marzo de 2013 y DS 1592, en ese sentido, al haber recibido el CPTS la certificación del Ministerio de Autonomías con código de control No R200128 de 25 de febrero de 2014 y la Resolución Ministerial N° 134/2016 de 26 de agosto de 2016, no desarrolla actividades financieras, pues de lo contrario no hubiera sido beneficiario de tales certificaciones

emitidas por autoridad competente, razón por la que no corresponde la observación contenida en el penúltimo párrafo del considerando III de la Resolución impugnada.

.

De la misma manera cumple con el numeral 3 parágrafo II del artículo 8 de la RND 10 0030-14, toda vez que con la finalidad de dar cumplimiento a dicha disposición, los artículos 65, 66 y 90 de su Estatuto Orgánico, determinan expresamente y sin lugar a :: dudas que en ningún caso los recursos del CPTS serán distribuidos directa o * indirectamente entre los asociados; asimismo, cumple con el numeral 4 parágrafo II del

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artículo 8 de la mencionada RND, toda vez que los artículos 63, 65, 66 y 90 de su Estatuto Orgánico, disponen con total precisión que la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución se destina de forma definitiva a la actividad exenta y no serán distribuidos directa o indirectamente entre los asociados.

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Cumple también con los numerales 5 y 6 parágrafo II del artículo 8 de la citada RND, toda vez que conforme lo señalado precedentemente, en ningún caso los ingresos y el patrimonio de la institución se puede distribuir directa o indirectamente entre los asociados del CPTS; asimismo el artículo 90 de su Estatuto, dispone con total precisión que en caso de liquidación, el patrimonio se distribuirá entre entidades, sin fines de lucro, que tengan objeto análogo o similar al del CPTS, si no las hubiere, se donará el patrimonio remanente a favor de instituciones públicas que reflejen en su realidad económica las citadas condiciones, estableciendo expresamente que se prohíbe la distribución del remanente entre los asociados.. .

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Los hechos expuestos demuestran con claridad que al emitirse la Resolución Administrativa impugnada, se conculca, afecta y altera los legítimos y legales derechos del CPTS. Aplicar los numerales del artículo 8 parágrafo II de la RND 10-0030-14, desconociendo el contenido de la Ley 351 de 19 de marzo de 2013 y DS 1597 de 5 de junio de 2013, como normas públicas y especiales, conforme a las técnicas de interpretación normativa, constituye un directo desconocimiento a la jerarquía de las normas que vulnera el artículo 410 de la Constitución Política del Estado.

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Respecto a las disposiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley 2493, se considera importante destacar nuevamente que el CPTS, es una entidad no lucrativa autorizada legalmente, al contar con la Certificación del Ministerio de Autonomías y la Resolución Ministerial N° 134/2016, al amparo de lo dispuesto por la Ley 351 y DS 1592, se tiene constancia de que no realiza actividades de intermediación financiera u otras comerciales, pues de efectuar una de ellas no habría obtenido las autorizaciones del Ministerio de Autonomías.

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Se considera necesario hacer notar que la redacción del artículo 2 de la Ley 2493, no exige que dicha previsión esté expresamente determinada en los estatutos de la organización, como ocurre para las demás exigencias fijadas posteriormente, pues al

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Juan Carlos Guzmán Rui

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III

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existir una coma después de la palabra comercial, se corta la oración y la exigencia de la redacción precisa en los estatutos, es aplicable exclusivamente para lo posterior, que como se analizará el CPTS cumple a cabalidad, toda vez que la totalidad de sus ingresos y su patrimonio se destina exclusivamente a sus fines, y en ningún caso se distribuyen entre sus asociados, y en caso de liquidación, su patrimonio se distribuirá entre entidades de igual objeto o será donado a instituciones públicas; por lo explicado, el CPTS cumple plena y explícitamente con la exigencia del artículo 2 de la citada ley.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IVE N°191925000006 SIN/GDLPZ 11/DJCC/T/RAEX/00010/2019 de 20 de marzo de 2019. .

11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS), legalmente representado por Antonio José Ruiz Michel, fue admitido mediante Auto de 16 de mayo de 2019, notificado personalmente al representante legal del CPTS y mediante cédula a la Administración Tributaria, el 23 y 28 de mayo de 2019, respectivamente; fojas 69-74 de obrados.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Ranulfo Prieto Salinas, conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0618-16 de 1 de noviembre de 2016, por memorial presentado el 12 de junio de 2019, cursante a fojas 77-86 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

El sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, si bien señala que se efectuó un inadecuado

análisis en la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención, se advierte que no

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establece concretamente cuales habrían sido las hipotéticas falencias encontradas en el acto definitivo, toda vez que simplemente se limita a copiar in extenso partes del Testimonio N° 027/2017 y citar diferentes normativas relacionadas a la temática ya la otorgación de personalidades jurídicas, que no tienen relación alguna con los aspectos netamente tributarios,

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La Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa impugnada, efectuando una valoración correcta de los Estatutos Orgánicos del sujeto pasivo, aplicando el método de interpretación literal establecido en el artículo 8 de la Ley 2492, siendo en todo caso el recurrente quien elaboró su Estatuto con cláusulas ambiguas y contradictorias entre sí, aspecto que no puede ser ahora atribuido al SIN. De la revisión de antecedentes administrativos, se podrá advertir que la Administración Tributaria rechazó la solicitud de exención, en razón a que el inciso c) del artículo 64 del Estatuto Orgánico del CPTS, establece como una de las fuentes de su financiamiento, a las rentas, intereses dividendos o beneficios que pudiesen generar sus bienes y valores propios.

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Al respecto, se podrá evidenciar el claro ejemplo del incumplimiento a los requisitos, y el carácter lucrativo que podría generar utilidades y beneficios respecto al mencionado artículo 64 de su Estatuto, resaltando que la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran, representa la garantía de aplicación objetiva de la ley, precepto que se aplica de manera clara y oportuna, toda vez que el contribuyente desde el momento en que obtuvo sú NIT, conocía sus derechos y obligaciones ante : la. Administración Tributaria, en consecuencia los aspectos específicos que debía tomar en cuenta para la obtención de una exención tributaria.

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Todos los requisitos exigidos para acceder al beneficio de la exención del IUE, deben hallarse expresamente en sus Estatutos y no así tácitamente como pretende el recurrente, además debe existir congruencia entre sus articulados y no deben ser contradictorios, toda vez que esto genera incertidumbre respecto a la actividad sin fines de lucro que refiere el contribuyente, situación que la Administración Tributaria debe revisar a efectos de evitar precisamente la incorrecta concesión de exenciones que no corresponden, siendo que fue el recurrente quien no tomó las previsiones para elaborar su Estatuto de manera clara y expresa y en cumplimiento a los requisitos exigidos por normativa tributaria vigente.

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No se debe olvidar que para otorgar la exención del IUE, la Administración Tributaria debe realizar una valoración integra del contenido de los Estatutos de Constitución, a

gbjeto de garantizar que la figura de la exención no sea utilizada de forma extensiva ni Juan Carlosy Guzmáh Rui

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interpretativa, y que el sujeto pasivo cumpla en todos los aspectos técnicos y legales con los requisitos y condiciones establecidas en el artículo 49 inciso b) de la Ley 843, para que el Estado no deje de percibir los recursos tributarios que legalmente le corresponden, la amplitud del análisis legal y técnico, abarca todo el contenido de los documentos revisados, para justificar la aceptación o rechazo de las solicitudes de exención.

En ese sentido, de la revisión exhaustiva del Estatuto Orgánico, se evidenció que existen incongruencias que pueden dar lugar a la alteración de su naturaleza jurídica de “Entidad sin Fines de Lucro”, al efecto, se debe considerar que un Estatuto de esta condición, es la normativa marco sobre la cual dicha entidad, realiza y desarrolla sus actividades, objeto, fines y operaciones, por lo que el mismo debe ser claramente redactado y ser preciso en las facultades otorgadas a la entidad para la generación de recursos e ingresos que solventen sus actividades, para que de esta manera no existan vacíos legales que generen malas interpretaciones de lo establecido en dicho Estatuto.

Es evidente la existencia de ambigüedades en el inciso c) del artículo 64 del Estatuto Orgánico del CPTS que establece claramente como fuente de su financiamiento a las rentas, intereses, dividendos o beneficios que pudiesen generar sus bienes y valores, que en sujeción al Código de Comercio significa el derecho de percibir una contraprestación de la venta de bienes y servicios, actividades que implican la obtención de ingresos económicos abriendo la probabilidad de suscribir contratos comerciales, contraponiendo la limitación establecida en el parágrafo II del inciso b) del artículo 49 de la Ley 843, de lo que se infiere que el CPTS se dedicaría a la prestación de servicios con fines lucrativos, aspectos que evidencian la clara discrepancia y contradicción en su Estatuto.

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La Administración Tributaria en ningún momento observó la personería jurídica del recurrente otorgada por el Ministerio de Autonomías, siendo clara la Resolución Administrativa impugnada al referir que de la lectura integra al texto de su Estatuto, se advierte que las condiciones dispuestas en el inciso b) del artículo 49 de la Ley 843 concordante con los numerales 2 y 3 del parágrafo II del artículo 8 de la RND 10-0030 2014, no se encuentran expresamente contempladas en los Estatutos presentados por el contribuyente; de lo que se infiere que el hecho de que el Ministerio de Autonomías

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le hubiera otorgado la personalidad jurídica y el registro correspondiente, de ninguna manera avala o recomienda la procedencia de la exención tributaria solicitada. Al respecto, se recuerda que el Ente Fiscal sólo tiene facultad para analizar y resolver si corresponde o no la otorgación de la exención solicitada, y no cuenta con atribuciones para reconocer si una entidad es o no reconocida como sin fines de lucro, función que es de exclusiva atribución del Ministerio de Autonomías.

El Estatuto del CPTS no cumple las condiciones establecidas por ley, toda vez que el objeto, fines y patrimonio señalados en el mismo, no especifican a qué tipo de prestación de servicios refiere y el destino que tendrá la obtención de rentas, intereses, dividendos o beneficios que pudiesen generar sus bienes propios, toda vez que tales aspectos deben necesariamente estar plasmados en sus Estatutos, a fin de que no existan vacíos legales que puedan ser tergiversados para la obtención de beneficios propios.’,

En ese entendido, el CPTS no cumple con los requisitos establecidos en normativa tributaria, toda vez que podría desarrollar actividades de intermediación financiera a través de las rentas, intereses, dividendos o actividades que implican la obtención de ingresos económicos abriendo la probabilidad de suscribir contratos comerciales, – siendo que el Estatuto no establece una delimitante o especificidad respecto a ello, que estipule que estos ingresos se enmarcarán o no dentro de las actividades comerciales y/o de intermediación financiera que podrían realizarse, y que efectivamente las utilidades que pudiera generar vayan en su beneficio y no para el enriquecimiento de sus miembros, produciéndose de esta manera ingresos que se encuentran alcanzados por el IVE, de lo que resulta claro que al no contar con una limitante a las fuentes de financiamiento, se abre la posibilidad de realizar actividades comerciales y lucrativas, que van en contra de su espíritu al ser un Entidad sin fines de lucro.

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El artículo 66 del Estatuto del CPTS establece el destino de los excedentes económicos, empero no estableció nada en cuanto a la realización de actividades comerciales, siendo que este requisito debe estar expresamente contemplado en los estatutos del solicitante que no debe realizar actividad comercial, salvo que los ingresos obtenidos sean destinados por la institución exclusivamente para financiar la

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actividad exenta y no sean distribuidos entre sus miembros y asociados, requisito incumplido por el recurrente, toda vez que el citado artículo 66 de su Estatuto, refiere al destino de excedentes y no así a los ingresos obtenidos, lo que claramente altera el sentido literal de la norma.

El sujeto pasivo pretende que la Administración Tributaria efectúe “entendimientos” respecto al contenido de los articulados de su Estatuto, sin tomar en cuenta que el

método literal de interpretación para las exenciones tributarias implica que no puede

existir la mínima duda respecto a la actividad realizada por el solicitante, siendo

excesivo lo pretendido por el recurrente en sentido de que el Ente Fiscal efectúe

entendimientos respecto a que la omisión detectada en un determinado articulado está señalado en otro de ellos.

Es necesario que toda la estructura organizacional, administrativa y financiera de la Asociación refleje su verdadera realidad económica, por lo que al no estar acorde a los requisitos establecidos por norma e incluso existir contradicciones en la elaboración del Estatuto del CPTS, no puede acceder al beneficio de la exención solicitada.

La Administración Tributaria aplicó en todo momento las medidas necesarias

establecidas en la ley, tendientes a prevenir las faltas a la lealtad y probidad en el proceso; en ese sentido, el acto impugnado expuso los hechos de acuerdo a la verdad, respondió de manera clara y expresa a la entidad recurrente en cuanto a su solicitud y aplicó la normativa adecuada al presente caso, razón por la que no se vulneró los derechos del contribuyente.

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE N°191925000006 SIN/GDLPZ II/DJCC/TS/RAEX/00010/2019 de 20 de marzo de 2019.

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II.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 13 de junio de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada al recurrente y a la Administración Tributaria en Secretaría el 19 de junio de 2019; periodo dentro del cual,

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por memorial presentado el 9 de julio de 2019, la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, ratificó en calidad de prueba documental, los antecedentes administrativos presentados a momento de responder al Recurso de Alzada; al respecto, con Proveído de 10 de julio de 2019, se dispuso por ratificada la prueba documental señalada; fojas 87-90 de obrados.

El Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS), por memorial presentado el 11 de julio de 2019, ratificó como prueba la documentación presentada a momento de interponer su Recurso de Alzada consistente en Personería Jurídica reconocida mediante Resolución Administrativa Prefectural No RAP 228 de 1 de julio de 2002, Estatuto Orgánico aprobado por el Ministerio de Autonomías, Certificación del Ministerio de Autonomías con Código de Control N° R200128 de 25 de febrero de 2014 y Resolución Ministerial N° 134/2016 de 26 de agosto de 2016; al efecto,” mediante Proveído de 12 de julio de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario, fojas 92-95 de obrados.

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11.5. Alegatos Mediante memorial presentado el 26 de julio de 2019, la Administración Tributaria recurrida presentó alegatos en conclusiones, señalando que se ratifica in extenso en el contenido del memorial de respuesta al Recurso de Alzada; al efecto, por. Proveído de 29 de julio de 2019, se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte. contraria, actuación notificada a las partes en Secretaría el 31 de julio de 2019, fojas 97-99 de obrados.

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De la revisión de obrados, se advierte que la institución recurrente no formuló alegatos, de conformidad al artículo. 210, parágrafo II del Código Tributario.

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Mediante nota Cite: CPTS N° 132-2018 presentada el 10 de agosto de 2018 ante la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS), legalmente representado por Antonio José Ruiz Michel, solicitó la exención tributaria del pago del IUE, fojas 2-3 de antecedentes administrativos.

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La Administración Tributaria mediante Auto Administrativo N° 391825000078 SIN/GDLPZ-II/DJCC/TJ/AUTA/00071/2018 de 21 de septiembre de 2018, resolvió admitir la solicitud de formalización de exención de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE F-500 presentada por Antonio José Ruiz Michel en representación del contribuyente Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles CPTS, al haber cumplido con los requisitos de forma establecidos en la RND N° 10 0030-05 modificada por las RND’s N°10-0030-14 y N°10-0027-15, razón por la que señaló que se procederá al análisis de fondo de la solicitud de exención presentada; actuación administrativa notificada personalmente al representante legal de la entidad solicitante el 3 de diciembre de 2019, fojas 79-80 de antecedentes administrativos.

La Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE N° 191925000006 SIN/GDLPZ-11/DJCC/T/RAEX/00010/2019 de 20 de marzo de 2019, resolvió declarar improcedente la solicitud de formalización de reconocimiento como entidad exenta de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del contribuyente Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles CPTS, registrado con NIT 1004337029, al no cumplir sus Estatutos a cabalidad con las previsiones de los incisos a) y b) del artículo 49 de la Ley 843, concordante con lo dispuesto por el artículo 8 de la RND 10 0030-05, modificada por las RND’s 10-0030-14 y 10-0027-15, razón por la que señaló que debe presentar obligatoriamente las respectivas declaraciones juradas con la

determinación y pago del impuesto sobre las utilidades obtenidas, acto administrativo notificado al sujeto pasivo en Secretaría de la Administración Tributaria el 10 de abril de 2019; fojas 81-86 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-|| del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles

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(CPTS), legalmente representado por Antonio José Ruiz Michel en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

IV.1. Exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) El Centro de Promoción de Tecnologias Sostenibles (CPTS) legalmente representado por Antonio José Ruiz Michel, en su Recurso de Alzada manifiesta que la Resolución impugnada señala que el CPTS no cumple con los requisitos previstos en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6 del parágrafo II del artículo 8 de la RND 10-0030-14, razón por la que rechazó su solicitud; sin embargo, los artículos 1 y 66 de su Estatuto Orgánico, demuestran que es una entidad civil sin fines de lucro, así como el artículo 1 determina que se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley 351 y DS 1592, en ese sentido, al haber recibido la certificación del Ministerio de Autonomías No R200128 y la Resolución Ministerial N° 134/2016, no desarrolla actividades financieras, pues de lo contrario no hubiera sido beneficiario de tales certificaciones.

Añade que en cumplimiento a los numerales 3 y 4 del artículo 8 de la citada RND, los artículos 65, 66 y 90 de sù Estatuto, determinan expresamente que en ningún caso los < recursos del CPTS serán distribuidos.directa o indirectamente entre los asociados; así… como los artículos 63, 65, 66 y 90 de dicho Estatuto disponen que la totalidad de sus ingresos y su patrimonio se destinan a la actividad exenta y no serán distribuidos entre los asociados. En cumplimiento a los numerales 5 y 6 del citado artículo 8 de dicha RND, se tiene que en ningún caso sus ingresos y patrimonio se pueden distribuir entre sus asociados; asimismo, el artículo 90 de su Estatuto, dispone que en caso de liquidación el patrimonio se distribuirá entre entidades sin fines de lucro, que tengan objeto análogo o similar al del CPTS, si no las hubiere, se donará el patrimonio

atao remanente a favor de instituciones públicas que reflejen en su realidad económica las citadas condiciones, estableciendo que se prohíbe la distribución de dicho remanente entre los asociados. De lo expuesto, refiere que el CPTS cumple plena y explícitamente con las exigencias de los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del parágrafo II del artículo 8 de la citada RND 10-0030-14.

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La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada señala que rechazó la solicitud de exención, en razón a que el inciso c) del artículo 64 del Estatuto Orgánico del CPTS, establece como una de las fuentes de su financiamiento, a las rentas, intereses dividendos o beneficios que pudiesen generar sus bienes y valores propios, en ese sentido, se evidenció el incumplimiento a los requisitos y el carácter lucrativo que podría generar utilidades y beneficios. Todos los requisitos exigidos para acceder al beneficio de la exención del IUE, deben hallarse

expresamente dispuestos en sus Estatutos y no así tácitamente como pretende el recurrente, además debe existir congruencia entre sus articulados y no deben ser contradictorios, toda vez que esto genera incertidumbre respecto a la actividad sin fines de lucro.

Agrega que es evidente la existencia de ambigüedades en el citado inciso c) de su Estatuto, toda vez que en sujeción al Código de Comercio, da a entender la existencia del derecho de percibir una contraprestación por la venta de bienes y servicios, actividades que implican la obtención de ingresos económicos abriendo la probabilidad de suscribir contratos comerciales, lo que contrapone la limitación establecida en el parágrafo II del inciso b) del artículo 49 de la Ley 843, de lo que se infiere que el CPTS se dedicaría a la prestación de servicios con fines lucrativos, aspectos que evidencian la clara discrepancia y contradicción en su Estatuto. En ese sentido, se advierte que las condiciones dispuestas en el mencionado inciso b) del citado artículo y ley, concordante con los numerales 2 y 3 del parágrafo II del artículo 8 de la RND 10-0030 2014, no se encuentran expresamente contempladas en los Estatutos presentados por el contribuyente; de lo que se infiere que su Estatuto no cumple las condiciones establecidas por ley,

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Finalmente refiere que el artículo 66 del Estatuto del CPTS, hace referencia a los excedentes económicos; sin embargo, no estableció nada en cuanto a la realización de actividades comerciales, siendo que este requisito debe estar expresamente contemplado en los estatutos del solicitante, que no debe realizar actividad comercial, salvo que los ingresos obtenidos sean destinados por la institución exclusivamente para financiar la actividad exenta y no sean distribuidos entre sus miembros y asociados, requisito incumplido por el recurrente, toda vez que el citado artículo 66 de su Estatuto, refiere al destino de excedentes y no así a los ingresos obtenidos, lo que

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claramente altera el sentido literal de la norma; al respecto, se tiene el siguiente

análisis:

El artículo 8 de la Ley 2492, en su parágrafo I, dispone: Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al método literal. 

El artículo 19 de la Ley 2492, en relación a la exención, condiciones, requisitos y plazo, dispone: 1. Exención es la dispensa de la obligación tributaria materia; establecida expresamente por Ley. II. La Ley que establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su caso, el plazo de su duración. 

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El artículo 20 de la Ley 2492, respecto a la vigencia e inafectabilidad de las exenciones, dispone: !. Cuando la Ley disponga expresamente que las exenciones deben ser formalizadas ante la Administración correspondiente, las exenciones tendrán vigencia a partir de su formalización. II. La exención no se extiende a los tributos instituidos con posterioridad a su establecimiento. Ill. La exención, con plazo indeterminado aun cuando fuera otorgada en función de ciertas condiciones de hecho, puede ser derogada o modificada por Ley posterior. IV. Cuando la exención esté sujeta a plazo de duración determinado, la modificación o derogación de la Ley que la establezca no alcanzará a los sujetos que la hubieran formalizado o se hubieran acogido a la exención, quienes gozarán del beneficio hasta la extinción de su plazo. 

El artículo 49 inciso b) de la Ley 843, modificado por el artículo 2 de la Ley 2493, dispone: Las utilidades obtenidas por las asociaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos, y que desarrollen las siguientes actividades: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiale’s.. 

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Esta franquicia procederá siempre que no realicen actividades de intermediación financiera u otras comerciales, que por disposición expresa de sus estatutos, la 

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de la Caldad Certficado N771/14 

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totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas, debiendo dichas condiciones reflejadas en su realidad económica. 

El artículo 8 de la RND 10-0030-05 de 14 de septiembre de 2005, modificado por el artículo 4, parágrafo III de la RND 10-0030-2014 de 19 de diciembre de 2014, dispone: 1. Una vez ingresado el trámite al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de 

la Gerencia Distrital O GRACO de su jurisdicción, en el plazo de cinco (5) días hábiles se deberá verificar si se acompañaron los documentos señalados en los artículos 6 y 7 de la presente Resolución Normativa de Directorio, para proceder a emitir un Auto Administrativo de Aceptación o Rechazo de Solicitud de Exención del IUE, que deberá ser comunicado en la Pizarra Tributaria de la Oficina Virtual y notificado en Secretaría conforme al artículo 90 de la Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano. Si la solicitud fuere rechazada por observaciones de forma, el solicitante podrá subsanar las observaciones llenando previamente el Formulario “REINGRESO, que se encuentra disponible en la Oficina Virtual, debiendo presentarlo en forma impresa junto a los documentos requeridos por la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción en el término de diez (10) días hábiles a partir del primer día siguiente hábil de la notificación con el Auto Administrativo de Rechazo de Solicitud de Exención del IUE, caso contrario la solicitud se tendrá 

como no presentada. II. Una vez emitido el Auto Administrativo de Aceptación de Solicitud de Exención del 

IUE, correrá el plazo de treinta (30) dias corridos para el análisis de la documentación presentada, efecto para el cual las condiciones que se detallan a continuación deberán estar expresamente contempladas en las normas estatutarias del solicitante, en el convenio o en el Acuerdo Marco de Cooperación Básica con el Estado Plurinacional de Bolivia (para el caso de las ONG’s Extranjeras): 

  1. 1. Que sea una Entidad Civil sin fines de lucro. Que no realice actividad de intermediación financiera. 3. Que no realice actividad comercial, salvo lo dispuesto en el parágrafo II del 

Artículo 3 de la presente Resolución Normativa de Directorio 10.0030:05. 

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  1. Que la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución se destine en 

definitiva a la actividad exenta. 5. Que en ningún caso la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución 

se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados. 6. Que en caso de liquidación el patrimonio se distribuya entre entidades de igual 

objeto o se done a instituciones públicas. A partir de la revisión efectuada, se emitirá la correspondiente Resolución Administrațiva de Aceptación o Rechazo de Exención del IUE, según corresponda. La Resolución Administrativa de Aceptación de Exención del IUE será notificada en secretaría del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital O GRACO de acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano; la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del TUE será notificada en el domicilio tributario del contribuyente, conforme lo establecido en los artículos 84 y siguientes de la citada norma legal. Sin perjuicio de las notificaciones señaladas, la Resolución Administrativa que resuelva la solicitud de exención deberá ser comunicada en la pizarra tributaria de la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. ..

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A objeto de una adecuada comprensión de la problemática que nos ocupa, es pertinente realizar previamente una contextualización de las principales actuaciones administrativas; al efecto, de la revisión de antecedentes administrativos se establece que el sujeto pasivo mediante nota Cite: CPTS N° 132-2018 presentada el 10 de agosto de 2018, ante la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, Antonio José Ruiz Michel en representación legal del Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS), solicitó la exención tributaria del pago del TUE, conforme consta a fojas 2-3 de antecedentes administrativos.

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Posteriormente, la Administración Tributaria mediante Auto Administrativo No 391825000078 SIN/GDLPZ-II/DJCC/TJ/AUTA/00071/2018 de 21 de septiembre de 2018, admitió la solicitud de formalización de exención de pago del IUE, al haberse cumplido con los requisitos de forma establecidos en la RND N° 10-0030-05 modificada por las RND’s 10-0030-14 y 10-0027-15, señalando que procederá al análisis de fondo de la solicitud de exención presentada; actuación administrativa que fue notificada

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Juan Carlos Gumin Ruíz

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personalmente al representante legal de la entidad ahora recurrente el 3 de diciembre de 2019; así consta a fojas 79-80 de antecedentes administrativos.

Mediante Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE N° 191925000006 SIN/GDLPZ-11/DJCC/TJ/RAEX/00010/2019 de 20 de marzo de 2019, la Administración Tributaria declaró improcedente la solicitud de formalización de reconocimiento como entidad exenta de pago del IUE del contribuyente CPTS al no cumplir sus Estatutos a cabalidad con las previsiones de los incisos a) y b) del artículo 49 de la Ley 843, concordante con lo dispuesto por el artículo 8 de la RND 10-0030 05, modificada por las RND’s 10-0030-14 y 10-0027-15, razón por la que señaló que debe presentar obligatoriamente las respectivas declaraciones juradas con la determinación y pago del impuesto sobre las utilidades obtenidas, acto administrativo que fue notificado al sujeto pasivo en Secretaría de la Administración Tributaria, el 10 de abril de 2019; así se evidencia a fojas 81-86 de antecedentes administrativos.

Conforme se puede apreciar, la decisión asumida por la Administración Tributaria para disponer el rechazo al planteamiento efectuado por la entidad ahora recurrente se circunscribió en que el Estatuto del Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles CPTS, no cumple a cabalidad con la normativa legal que regula el otorgamiento de exención; en ese entendido, corresponde dilucidar dicha problemática y establecer si la actuación del Ente Fiscal se encuentra enmarcada o no al marco constitucional y legal respectivo.

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Con carácter previo, corresponde señalar que el recurrente manifiesta que la Administración Tributaria en el acto impugnado refirió que el Centro de Promoción Tecnológica Sostenible (CPTS) no cumple con los requisitos previstos en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6 del parágrafo II del artículo 8 de la RND 10-0030-14, al efecto, expuso sus razones para desvirtuar tales aspectos; sin embargo, de la lectura integra de la Resolución Administrativa recurrida se advierte que el fundamento para el rechazo de la exención del UE radica en el incumplimiento únicamente de los numerales 2 y 3 del parágrafo II del artículo 8 de la mencionada RND, sin exponer argumento alguno sobre el incumplimiento de los demás numerales. No obstante, la Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada emitió pronunciamiento al respecto, señalando que el sujeto pasivo incumple también los

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numerales 1, 4, 5 y 6 del parágrafo II del artículo 8 de la citada RND 10-0030-14; bajo esas circunstancias, se realizará un análisis integro del cumplimiento o no de todos los requisitos estipulados en la referida normativa.

Inicialmente, es preciso señalar que el artículo 19 de la Ley 2492, dispone que la exención es la dispensa de la obligación tributaria establecida por Ley y que ésta deberá especificar las condiciones y requisitos exigidos para su procedencia, así como los tributos, plazo y duración. Con relación al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), el artículo 36 de la Ley 843, dispone su aplicación sobre las utilidades resultantes de los Estados Financieros de las empresas al cierre de cada gestión anual; no obstante, según el inciso b) del artículo 49 de la misma norma, se encuentran exentas de tal tributo, entre otras, las asociaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas que realicen actividades religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales, procediendo dicha franquicia siempre que no realicen actividades de intermediación financiera u otras comerciales y que en sus estatutos expresamente señalen que la totalidad de sus ingresos y patrimonio se destinen exclusivamente a sus fines indicados, que en ningún caso se distribuyan directa ni indirectamente entre sus asociados; y, que en caso de liquidación, el — patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o a instituciones públicas.

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El artículo 3 del DS 27190, sustituye el artículo 5 del DS 24051, con el siguiente texto: . “Las entidades detalladas en el primer párrafo del inciso b) del Artículo 49 de la Ley N° 843 modificado por la Ley N° 2493, publicada el 4 de agosto de 2003, que desarrollen actividades religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales, podrán solicitar su reconocimiento ante la Administración Tributaria como entidades exentas, siempre y cuando su realidad 

afaq económica refleje el cumplimiento de las condiciones que la Ley establece, debiendo las mismas estar expresamente contempladas en sus estatutos. El reconocimiento de esta exención deberá ser formalizado ante la Administración Tributaria correspondiente 

IQNet (…). La Administración Tributaria establecerá el procedimiento y los requisitos administrativos para la formalización de esta exención”. 

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Precisamente, en observancia a dicho mandato la Administración Tributaria el 14 de septiembre de 2005, emitió el Procedimiento de Formalización para la exención del IUE, aprobado por la RND 10.0030.05, que tiene por objeto establecer el procedimiento y requisitos administrativos para la formalización y reconocimiento de la exención dispuesta en el inciso b) del artículo 49 de la Ley 843, debiendo los sujetos pasivos o terceros responsables que deseen beneficiarse con el goce de la exención del IUE, presentar su solicitud de formalización adjuntando todos los requisitos solicitados; posteriormente, la citada normativa fue complementada y modificada por las RND’s 10-0030-14 de 19 de diciembre de 2014 y 10-0027-15 de 22 de octubre de 2015.

Bajo el marco legal señalado, es pertinente considerar que la RND 10.0030.05 en su artículo 8 parágrafo Il modificado por el artículo 4 parágrafo III de la RND 10-0030-14 de 19 de diciembre de 2014, establece los requisitos de fondo que debe observar la solicitud de formalización y reconocimiento de exención, los cuales deben estar plasmados en la norma estatutaria del solicitante; al efecto, resulta pertinente revisar el Estatuto del Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles CPTS, cursante a fojas 10 a 38 de antecedentes administrativos y su contrastación con la normativa legal citada. En ese entendido, de acuerdo al artículo 8 parágrafo I de la Ley 2492, se establece que en cuanto a la interpretación de las normas tributarias en el caso de las

exenciones se debe aplicar el método literal; asimismo, el artículo 8 parágrafo II de la Resolución Normativa de Directorio citada, en cuanto a la observancia de los requisitos señala que: “...) las condiciones que se detallan a continuación deberán estar expresamente contempladas en las normas estatutarias del solicitante (…)”, es decir, se trata de presupuestos que deben ser ineludiblemente observados por quien: pretenda acceder a la exención tributaria.

En el presente caso, de la revisión del acto administrativo ahora impugnado se evidencia que este estableció en la parte del Considerando III, lo siguiente: “…De lo descrito se puede determinar que el CENTRO DE PROMOCION DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES CPTS, (…) realiza actividades comerciales y financieras al indicar expresamente en el inciso c) Rentas, intereses, dividendos o beneficios que pudiesen generar los bienes y valores propios del CPTS; que en sujeción al Código de Comercio significa el derecho de percibir una contraprestación de la venta de bienes y servicios, actividades que implican la obtención de ingresos económicos abriendo la posibilidad 

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cierta de suscribir contratos comerciales, contraponiendo la limitación que determina el parágrafo II del inciso b) del artículo 49 de la Ley N° 843, la cual de forma literal establece que la franquicia de la exención tributaria sobre el IUE, no procederá cuando el sujeto que la solicite realice otras actividades comerciales; (…) concordante con el Artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0030.05 (…) modificada por la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0030.2014 (…) numeral 2 y 3, toda vez que no se contempla que no se realizara actividad de intermediación financiera, y que no realice actividad comercial, (…) 

Continúa señalando: “Que, de la lectura al texto del estatuto se advierte que en ningún articulado establece de forma expresa que no realizaran actividades de intermediación financiera o comerciales; incumpliendo en estos puntos con lo establecido en el inciso b) del artículo 49 de la Ley N° 843 así como lo dispuesto en los numerales 2, 3, del parágrafo II, artículo 8 de la RND 10-0030-2014″ 

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Lo anterior, muestra que el acto administrativo realiza un análisis y establece una posición definitiva respecto al incumplimiento de los numerales 2 y 3 del artículo 8 parágrafo II de la RND 10-0030-2014 por parte del Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS), en ese entendido, en primera instancia, nuestro análisis se circunscribirá a dilucidar si la institución ahora recurrente cumplió o no con los numerales 2 ý:3. de la referida normativa; en ese contexto, el artículo 49 inciso b). de la Ley 843, reglamentado por la Administración Tributaria a través del artículo 8 parágrafo II de la RND 10-0030-05, modificado por artículo 4 parágrafo III de la RND 10-0030-2014, establece las condiciones que deberán estar expresamente contempladas en las normas estatutarias del solicitante; al efecto, señala entre otros requisitos: “(…) 2. Que no realice actividad de intermediación financiera. 3. Que no realice actividad comercial, salvo lo dispuesto en el parágrafo II del Artículo 3 de la presente Resolución Normativa de Directorio 10.0030.05. (…)

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Conforme lo anterior, se advierte que la Administración Tributaria respecto al Estatuto Orgánico de la entidad recurrente indica que el Título III artículo 64 inciso c) establece como una de las fuentes de su financiamiento a las rentas, intereses, dividendos o beneficios que pudiesen generar los bienes y valores propios del CPTS, lo que significa el derecho de percibir una contraprestación por la venta de bienes y servicios,

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actividades que implican la obtención de ingresos económicos abriendo la posibilidad cierta de suscribir contratos comerciales, aspecto que contrapone la limitación determinada por el parágrafo II del inciso b) del artículo 49 de la Ley 843, en ese sentido, determinó que el. CPTS realiza actividades comerciales y financieras, indicando que el Estatuto del solicitante en ninguno de sus artículos establece de forma expresa que no realizará actividades de intermediación financiera o comerciales; incumpliendo en estos puntos lo establecido en el inciso b) del artículo 49 de la Ley 843, así como lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del parágrafo II, artículo 8 de la RND 10-0030-14. Por lo señalado, se aprecia las razones lógico jurídico que motivan la fundamentación del acto ahora impugnado en la que el ente fiscal sustenta el rechazo de la solicitud de exención por parte del recurrente.

Sobre las observaciones del ente fiscal descritas en el párrafo precedente, la entidad recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que su Estatuto cumple con el numeral 2 del parágrafo II del artículo 8 de la RND 10-0030-14, toda vez que en su artículo 1 se determina claramente que el CPTS se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley 351 y DS 1592, en ese sentido, al haber recibido la certificación del Ministerio de Autonomías N. R200128 y la Resolución Ministerial N° 134/2016, se tiene convicción real de que no desarrolla actividades financieras; así también señaló que cumple el numeral 3 de la mencionada normativa, toda vez que los artículos 65, 66 y 90 de su Estatuto, determinan expresamente que en ningún caso los recursos del CPTS serán distribuidos directa o indirectamente entre los asociados

En ese contexto, de la lectura del Estatuto Orgánico del CPTS se advierte que sus artículos 65, 66 y 90 refieren textualmente: Artículo 65 (Administración del Patrimonio).– La administración del patrimonio corresponde al Director Ejecutivo, bajo la fiscalización y control del Directorio. Los recursos se aplican exclusivamente al cumplimiento de la Misión del CPTS, conforme a un presupuesto anual aprobado por la Asamblea de Asociados. (...) Artículo 66 (Destino de los Excedentes Económicos).– Los excedentes económicos que pudieran existir serán destinados a fortalecer las actividades del CPTS, mediante el financiamiento de proyectos propios, de conformidad a los objetivos establecidos en el presente Estatuto Orgánico. En ningún caso serán distribuidos directa o indirectamente entre los Asociados. (…) Artículo 90 (Destino del Activo Remanente).– Acordada la extinción o determinada 

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la disolución del CPTS, se procederá a la liquidación del activo y del pasivo y una vez pagadas todas las obligaciones y cargos, se donará el patrimonio remanente entre entidades sin fines de lucro, que tengan objeto análogo o similar al del CPTS; si no las hubiere, se donará este patrimonio remanente a favor de las Instituciones Públicas que reflejen en su realidad económica las citadas condiciones. Queda expresamente prohibida la distribución del remanente de la liquidación entre los Asociados del CPTS”. 

De lo transcrito se advierte, que los articulados señalados por el recurrente, que a decir de éste evidenciarían el cumplimiento del numeral 3 del parágrafo Il del artículo 8 de la RND 10-0030-14, demuestran que no establecen expresamente que el CPTS no realiza actividad comercial; tampoco cumple la salvedad dispuesta por el citado numeral, toda vez que dicho estatuto no especifica de forma literal y expresa que los ingresos obtenidos serán destinados por la institución exclusivamente para financiar la actividad exenta; aspecto que debió estar expresamente contemplado en la norma estatutaria de la entidad recurrente, conforme lo determina la mencionada RND.:

De la misma manera, en el Estatuto Orgánico del CPTS, se evidencia que en ninguno de sus artículos establece que no realizará actividades de intermediación financiera. Contrariamente en su artículo 64 (Fuentes de Financiamiento) inciso c), establece que — puede percibir ingresos de rentas, intereses, dividendos o beneficios que pudiesen generar sus bienes y valores propios, de lo que se deduce que es posible la realización . de contratos sobre actividades de arrendamiento, suscribir contratos de préstamos de dinero y/o similares, esto en el entendido de que expresamente el referido inciso establece como un ingreso a las rentas y/o intereses provenientes de sus bienes propios. Lo mencionado precedentemente determina indudablemente que el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS), incumplió los requisitos establecidos por el artículo 8 parágrafo Il numerales 2 y 3 de la RND 10-0030-05, modificado por el artículo 4 parágrafo III de la RND 10-0030-14.

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Ahora bien, respecto al numeral 1 de la referida normativa, que establece que las normas estatutarias del solicitante deben contemplar expresamente que se trata de una Entidad Civil sin fines de lucro; se advierte que el artículo 1 del Estatuto Orgánico del CPTS, establece literalmente lo siguiente: “9. La Organización No Gubernamental se denomina ONG CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES, 

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sin fines de lucro, (...) II. El CPTS es una persona colectiva (…) sujeta a las estipulaciones de su Escritura de Constitución, (…) y bajo la estructura orgánica y funcional de una Asociación Civil, aspecto que evidencia que efectivamente cumple con el requisito referido en el numeral 1 de la referida RND.

Con relación al numeral 4 de la mencionada normativa respecto a que el Estatuto del solicitante debe establecer literalmente que la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución se destine en definitiva a la actividad exenta; al respecto, se advierte que ninguno de los articulados del Estatuto Orgánico de la entidad recurrente especifica de forma literal que el total de sus ingresos obtenidos sean destina la institución exclusivamente para financiar la actividad exenta; en ese contexto, no es procedente lo manifestado por el CPTS en sentido de que los artículos 63, 65, 66 y 90 de su Estatuto, establecen tal aspecto toda vez que de su lectura textual se evidencia que si bien el artículo 63 en su última parte señala que la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la entidad serán destinados al logro de sus objetivos, así como el artículo 65 establece que los recursos se aplican exclusivamente al cumplimiento de la misión del CPTS; no obstante, no se dispone de forma literal conforme lo exigido por norma que sus ingresos y el patrimonio sean destinados en forma definitiva a la actividad exenta; asimismo, los artículos 66 y 90 hacen referencia a los excedentes económicos y al destino del activo remanente, respectivamente, aspectos que no guardan relación con el requisito previsto por norma.

Respecto al requisito establecido por el numeral 5 de la referida RND, que estipula que el Estatuto del solicitante debe contemplar expresamente que en ningún caso la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución se distribuyan directa o indirectamente ente sus asociados; corresponde señalar que el artículo 63 del Estatuto del CPTS en su última parte establece textualmente: De conformidad al Artículo 53 del Texto Ordenado de la Ley N° 843, la totalidad de los ingresos, excedentes y el patrimonio del CPTS, se destinarán exclusivamente al logro de los objetivos establecidos en el presente Estatuto Orgánico y que en ningún caso se distribuirán directa o indirectamente entre sus Asociados“; al respecto, se advierte que el referido artículo establece expresa y literalmente lo exigido por norma, en ese sentido, se evidencia el cumplimiento del referido numeral 5.

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Finalmente con relación a la condición estipulada por el numeral 6 de la citada RND, que establece que las normas estatutarias del solicitante establezcan que en caso de liquidación el patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas; corresponde señalar que el artículo 90 del Estatuto Orgánico del CPTS establece: “Acordada la extinción o determinada la disolución del CPTS, se procederá a la liquidación del activo y del pasivo y una vez pagadas todas las obligaciones y cargos, se donará el patrimonio remanente entre entidades sin fines de lucro, que tengan objeto análogo o similar al del CPTS; si no las hubiere, se donará este patrimonio remanente a favor de Instituciones Públicas que reflejen en su realidad económica las citadas condiciones. Queda expresamente prohibida la distribución del remanente de la liquidación entre los Asociados del CPTS”; de acuerdo a lo transcrito es evidente el cumplimiento del numeral 6 de la norma citada, toda vez que el Estatuto de la entidad recurrente, expresa literalmente lo exigido por norma.

De lo expuesto, es evidente que el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS), cumplió con las condiciones para acceder a la exención del IUE, estipuladas en los numerales 1,5 y 6 del artículo 8.parágrafo II de la RND 10-0030-05, modificada por el artículo 4 parágrafo III de la RND 10-0030-14; sin embargo, no ocurre 10. mismo con los requisitos establecidos por los numerales 2, 3 y 4 de la referida normativa, lo . que pone de manifiesto la existencia de vulneración al artículos 49 inciso b) de la Ley. 843, toda vez que tales condiciones insoslayables, debieron estar explícitamente y de . manera literal contempladas en la norma estatutaria de la entidad ahora recurrente de manera clara sin condiciones, interpretaciones ni prerrogativas; consecuentemente, es improcedente la exención del IUE solicitada por el sujeto pasivo.

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ISO 900

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AFNOR CERTIFICATION 

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Al efecto, es necesario reiterar que en relación a la interpretación de las exenciones tributarias el legislador anunció el método literal, lo que encuentra su sustento en que no puede existir la mínima duda respecto a la actividad y todo lo concerniente a la misma por la cual se solicita el beneficio de la exención, de lo contrario podría invitar a interpretaciones discrecionales sobre una misma normativa; de tal manera, los términos usados en el. Estatuto de la entidad solicitante deben permitir tener una convicción real respecto al cumplimiento de los mismos sin que exista el mínimo resquicio de ser susceptible de una interpretación que altere su sentido gramatical; aspecto que debió ser tomado en cuenta por el CPTS en el presente caso.

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Sistema de Gestión 

de la Caldad Certificado No771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.:(591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

En relación al argumento del recurrente en sentido de que el Ministerio de Autonomías a través de la Resolución Ministerial N° 134/2016 de 26 de agosto de 2016 y la Certificación No R200128 de 25 de febrero de 2014, reconoció la condición de entidad. sin fines de lucro; al respecto, corresponde señalar que el artículo 1 parágrafo I de la Ley 351 de 19 de marzo de 2013 y DS 1952, establece la otorgación y el registro de la personalidad jurídica a organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un departamento y cuyas actividades sean no financieras; asimismo, el artículo 8 del referido cuerpo normativo señala que el Ministerio de Autonomías es la entidad competente para la otorgación y registro de la personalidad jurídica a entidades civiles sin fines de lucro; en ese contexto, se infiere inequívocamente que una de sus atribuciones exclusivas del mencionado Ministerio de Autonomías es precisamente el otorgar la personalidad jurídica de las entidades civiles sin fines de lucro; en consecuencia, la aprobación de su personalidad jurídica por esta cartera de Estado de

nanera y bajo ningún parámetro legal, implica la exención del pago del IVE, toda vez que para el efecto, conforme se señaló, existe una instancia como es el Servicio de Impuestos Nacionales, quien en la labor de análisis y de subsunción a la norma, establece la exoneración o no de la obligación fiscal señalada.

Del contexto mencionado, corresponde también señalar que conforme al artículo 3 de la Ley del Servicio de Impuestos Nacionales de 22 de diciembre de 2000, establece como funciones exclusivas de la entidad recaudadora, todo lo referido a la administración del sistema de impuestos y tiene como misión optimizar las recaudaciones, mediante la administración, aplicación, recaudación y fiscalización eficiente y eficaz de los impuestos internos, la orientación y facilitación del cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las obligaciones tributarias y la cobranza y sanción de los que incumplen de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, con excepción de los tributos que por Ley administran, recaudan y fiscalizan las municipalidades.

Dentro de ese marco legal y de conformidad con el artículo 3 del DS 27190 de 30 de septiembre de 2003, al sustituir el artículo 5 del DS 24051, establece que las entidades detalladas en el primer párrafo del inciso b) del artículo 49 de la Ley 843, modificado: por el artículo 2 de la Ley 2493 de 4 de agosto de 2003, podrá solicitar su

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reconocimiento ante la Administración Tributaria como entidades exentas, siempre y

cuando su realidad económica refleje el cumplimiento de las condiciones que la ley establece; en ese contexto, se evidencia que el Servicio de Impuestos Nacionales, es la única entidad competente con relación al sistema de administración del régimen tributario, entre estas facultades, la de revisar y en su caso otorgar o no la exención del pago del UE, como también resulta evidente el deber de orientar a los administrados a fin de dar cumplimiento con los principios que rigen a las servidoras y servidores públicos conforme establece el artículo 232 de la Constitución Política del Estado.

Respecto a la documentación presentada adjunta al memorial de Recurso de Alzada y ratificada en el término de prueba en Instancia Recursiva por la entidad recurrente, mediante memorial presentado el 11 de julio de 2019, consistente en Personería Jurídica reconocida mediante Resolución Administrativa Prefectural N° RAP 228 de 1 de julio de 2002, Estatuto Orgánico aprobado por el Ministerio de Autonomías, Certificación del Ministerio de Autonomías con Código de Control No R200128 de 25 de febrero de 2014 y Resolución Ministerial N° 134/2016 de 26 de agosto de 2016, corresponde señalar que dicha documentación cursa en antecedentes administrativos, por lo que ya fue motivo de análisis conforme a lo citado en los párrafos precedentes, en base a los que se concluyó que los citados estatutos no cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos 49 inciso b) de la Ley 843 y 8 parágrafo II numeral 2 y 3 : de la RND 10-0030-05, modificado por artículo 4 parágrafo III de la RND 10-0030-14.

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Del análisis realizado, se infiere que la entidad recurrente en sus estatutos no cumplió con lo establecido en el artículo 8 parágrafo II numerales 2, 3 y 4 de la RND 10-0030 05, modificado por el artículo 4 parágrafo III de la RND 10-0030-14 para acceder a la exención tributaria del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) en cumplimiento del artículo 49 inciso b) de la Ley 843. Lo señalado no inhibe a la entidad ahora recurrente que una vez cumplidos los requisitos de manera posterior pueda nuevamente solicitar ante el Servicio de Impuestos Nacionales, el trámite de exención del pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE); consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE

No 191925000006 SIN/GDLPZ-11/DJCC/TJ/RAEX/00010/2019 de 20 de marzo de 2019: de Juan Carlos BV

Guzman Ruiley emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales. , voBo /

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Calidad 

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de la Caldad Certticado No771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

LILILULU

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE N° 191925000006 SIN/GDLPZ-II/DJCC/TJ/RAEX/00010/2019 de 20 de marzo de 2019 emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales contra el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles CPTS, representada legalmente por Antonio José Ruiz Michel; .consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el rechazo a la solicitud de formalización de reconocimiento como entidad exenta de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).

.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

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Gonzalo y Meriles Lopez 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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Alejandra lira Villalobos

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Uc. Cecilia Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional Direccion Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnador 

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Juan Carlos Guzmet Alize)

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