ARIT-LPZ-RA-0951-2019 Resolución Sancionatoria anulada. El SIN, pese a haber sido anulada la resolución sancionatoria mediante recurso jerárquico, vuelve a recaer en falta de fundamentación del acto administrativo, así como falta de valoración de los descargos presentados por el contribuyente.

ARIT-LPZ-RA-0951-2019

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0951/2019 

Recurrente: 

Waldo Molina Gutiérrez 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz | del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Resolución Sancionatoria N° 181820005019 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/02571/2018)

Expediente: 

ARIT-LPZ0533/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 26 de agosto de 2019 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de Apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N°0951/2019 de 23 de agosto de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. – –

:

  1. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Sancionatoria N° 181820005019 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/CCI RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz. del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió sancionar al contribuyente Waldo Molina Gutiérrez con la multa de 342.926 UFV’s igual al 100% del tributo omitido expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda, por la contravención de Omisión de Pago de las declaraciones juradas no pagadas o pagadas parcialmente del IVA e IT del periodo fiscal julio 2009, contenidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/UCC/PCM/AISC/2014200377 de 16 de junio de 2014, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8, 42 del DS 27310 y 13 numeral 2 de la RND 10-0031-16.

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  1. I TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1 Argumentos del Recurrente Waldo Molina Gutiérrez, mediante memorial presentado el 17 de mayo de 2019, cursante a fojas 8-11 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

– –

El presente proceso por supuesta omisión de pago, corresponde a la gestión 2009, el cual fue iniciado por primera vez mediante la Orden de Fiscalización N° 00100FE00053 de 17 de agosto de 2010, Vista de Cargo N° 23/2012 de 22 de junio de 2012, concluyendo con la Resolución Determinativa N° 522/2012 de 25 de septiembre de 2012; sin embargo, posteriormente, se instauró un nuevo proceso por la referida gestión y por el mismo hecho a través del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 377 de 14 de junio de 2014, que concluyó con la emisión de la Resolución Sancionatoria N° 338 de 16 de junio de 2014, lo que denota el doble procesamiento y sanción por el mismo hecho y periodo, aspecto que vulnera lo previsto en el artículo 117 parágrafo II de la Constitución Política del Estado.

La Resolución Sancionatoria N° 181820005019, no menciona ni toma en cuenta lo

dispuesto en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1008/2017 de 4 de septiembre de 2017 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017, las cuales establecieron que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo que consigne la valoración fundamentada de los descargos presentados por memorial de 15 de agosto de 2014, aspecto que genera la nulidad del referido acto impugnado, ante el flagrante desconocimiento e incumplimiento de las referidas Resoluciones de Recurso de Alzada y Jerárquico.

El acto administrativo recurrido, no cumple con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 2492, toda vez que antes de la notificación por cédula no se dejó ningún aviso de visita, además que carece de la presencia de testigo de actuación, hecho que vulnera la garantía del debido proceso ante el incumplimiento del procedimiento señalado por Ley. Asimismo la Administración Tributaria no subsanó los vicios de nulidad reclamados oportunamente respecto a la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 377, aspecto que lesiona el derecho a la defensa.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Pese a la ilegal notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: SIN/GDLPZ-1/DJCC/UCC/PCM/AISC/2014200377 de 16 de junio de 2014, presentó descargos que demuestran el pago de los tributos, multa y mantenimiento de valor; sin embargo, dichos pagos fueron direccionados al periodo fiscal agosto y no julio de 2009 como correspondía, razón por la que fueron rectificados, tal como se demostró en los documentos presentados; consecuentemente, no existe ningún importe adeudado, encontrándose pendiente la autorización de las rectificaciones mencionadas.

Los actos administrativos iniciados por la Administración Tributaria deben ajustarse a los principios constitucionales del debido proceso, respetando los derechos y garantías del contribuyente, conforme lo establecido en el artículo 117, parágrafos, 1-11 y 119 parágrafo I de la Constitución Política del Estado; al efecto, cita las Sentencias Constitucionales 136/2003-R de 6 de mayo, 1842/2003 de 12 de diciembre, 1234/2000 R de 21 de diciembre y 378/200-R..

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular obrados hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional 2014200377 de 16 de junio de 2014.

11.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Waldo Molina Gutiérrez, fue admitido por Auto de 22 de mayo de 2019, notificado de forma personal al recurrente el 24 de mayo de 2019 y por cédula a la Administración Tributaria el 31 de mayo de 2019; fojas 12-17 de obrados.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra conforme la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial presentado el 17 de junio de 2019, cursante a fojas 20-24 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: .

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Cita los artículos 35 y 36 de la Ley 2341 y señala que la Resolución-Sancionatoria N° 181820005019 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018, fue dictada por autoridad competente, no carece de objeto, no es ilícito o imposible y que

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cumplió con el procedimiento legal establecido. Asimismo el referido acto administrativo no carece de requisitos formales tales como el número de Resolución Sancionatoria, lugar y fecha de emisión, nombre o razón social del contribuyente, Número de Identificación Tributaria, número de auto inicial de sumario contravencional, acto que originó la contravención y norma específica infringida, sanción aplicada así como la norma donde se encuentra establecida, relación de las pruebas presentadas, plazos y recursos para impugnar dicha Resolución y finalmente la firma y sello del Gerente Distrital y del Jefe del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva; consecuentemente, no se encuentra viciado de nulidad; al efecto cita la Sentencia Constitucional 0823/2011-R de 3 de junio de 2011.

La Administración Tributaria actuó dentro del marco de la normativa tributaria vigente; en ese entendido para la anulación de un acto administrativo, debe existir la supresión del derecho a la defensa o al debido proceso, de manera tal que se ocasione un perjuicio al administrado; asimismo se debe considerar que en materia de nulidades, se aplica el principio de especificidad en virtud del cual la nulidad debe estar expresamente establecida por Ley; consecuentemente, los argumentos expuestos por el recurrente carecen de asidero legal, toda vez que al momento de emitir la resolución impugnada se cumplió con la normativa vigente, respetando los principios y garantías constitucionales del contribuyente.

No realizó un doble procesamiento o sanción, toda vez que conforme los antecedentes administrativos, en primera instancia emitió la Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLPZ-1/DJCC/UCC/PCM/RS/201520338 de 10 de julio de 2015, la cual fue anulada por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1027/2015 de 22 de diciembre de 2015, fallo confirmado por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0226/2016 de 8 de marzo de 2016, hecho que dio origen a la emisión de la Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/UCC/PCM/RS/18-01806-16 de 24 de noviembre de 2016, que fue anulada por segunda vez por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1008/2017 de 4 de septiembre de 2017 y confirmada por la Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017, emitiendo al efecto la Resolución Sancionatoria N° 181820005019 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018; consecuentemente, se tratan de actuados administrativos que fueron anulados reiteradamente y no de un doble procesamiento o sanción por el mismo hecho.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

El acto impugnado dio cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017, que resolvió anular la Resolución Sancionatoria N° 18-01806-16 de 24 de noviembre de 2016, por falta de valoración de descargos, observación que fue subsanada en la Resolución Sancionatoria No 181820005019 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018 ahora impugnada, la cual fue emitida de forma fundamentada.

La Autoridad General de impugnación Tributaria, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017. señaló que la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: SIN/GDLPZ-1/DJCC/UCC/PCM/ AISC/2014200377 de 16 de junio de 2014 cumplió con su finalidad, es decir, dio a conocer al sujeto pasivo el inicio del procedimiento sancionatorio, en sujeción con el artículo 85 del Código Tributario, toda vez que permitió que el contribuyente asuma defensa; en ese entendido, al existir un fallo administrativo con calidad de cosa juzgada, · no existe la posibilidad considerar lo solicitado por el contribuyente referente a la notificación con el referido Auto Inicial de Sumario Contravencional..

No existió vulneración de los derechos y garantías constitucionales del contribuyente, toda vez que fue notificado con los actos administrativos emitidos para que asuma su defensa; — en ese contexto, el debido proceso implica que los administrados tienen derecho a conocer ; las actuaciones de la Administración Tributaria y a ejercer con plenitud sú derecho a la defensa, es decir, se materializa con la posibilidad que tienen las partes a la producción

de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; consecuentemente, no se vulneró dicha

garantía, toda vez que el recurrente fue debidamente notificado con todos los actuados realizados por la Administración Tributaria, teniendo acceso y conocimiento del procedimiento sancionador iniciado en su contra; asimismo, solicita que la Resolución que se emita por ésta Instancia de Alzada se resuelva bajo el principio de congruencia; al efecto, cita las. Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011 de 28 de

afaq febrero de 2011 y AGIT-RJ 0790/2017 de 3 de julio de 2017 y los artículos 198-1 inciso 150 9001 e) y 211-1 del Código Tributario, esto con la finalidad de evitar un pronunciamiento ultra petita.

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria N° 181820005019 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 18 de junio de 2019, se declaró la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, en aplicación del inciso d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría tanto a la recurrente como a la Administración Tributaria el 19 de junio de 2019, plazo dentro del cual la Administración Tributaria por memorial presentado el 5 de julio de 2019, ratificó en calidad de prueba pre constituida el expediente administrativo adjuntado a momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 8 de julio de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada; actuación notificada a las partes en Secretaría el 10 de julio de 2019; fojas 25-28 y 32 de obrados.

Mediante memorial presentado el 9 de julio de 2019, el recurrente ofreció en calidad

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de prueba los antecedentes administrativos presentados por la Administración

Tributaria; al efecto, por Proveído de 10 d ejulio de 2019, se dio por ofrecida y ratificada la prueba documental señalada en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario; actuación notificada a las partes en Secretaría el 10 de julio de 2019; fojas 29-32 de obrados.

Por memorial presentado el 10 de julio de 2019, el recurrente presentó prueba adicional consistente en fotocopia simple de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SFVEI VC/0023/2012 de 22 de junio de 2012, Resolución Determinativa N° 00522/2012 de 25 de septiembre de 2012 y Orden de Fiscalización N° 00100FE00053 de 17 de agosto de 2010; al efecto por Proveído de 11 de julio de 2019 dio por ofrecida la prueba

I señalada, en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del

Código Tributario; actuación notificada a las partes en Secretaría el 17 de julio de 2019; fojas 34-77 de obrados.

11.5 Alegatos Por memorial presentado el 30 de julio de 2019, el recurrente presentó alegatos enfatizando en que se realizó un doble procesamiento y sanción por la contravención:

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de Omisión de Pago respecto al periodo fiscal julio 2009, toda vez que en primera instancia se emitió la Orden de Fiscalización N° 00100FE00053 de 17 de agosto de 2010, Vista de Cargo N° 23/2012 de 22 de junio de 2012 y la Resolución Determinativa N° 522/2012 de 25 de septiembre de 2012; sin embargo, posteriormente, se instauró un nuevo proceso por la referida gestión y por el mismo hecho a través del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 377 de 14 de junio de 2014 que concluyó con la Resolución Sancionatoria N° 338 de 16 de junio de 2014. Asimismo, señala que la Administración Tributaria presentó documentación referente al rechazo de su solicitud de rectificatoria la cual no fue de su conocimiento; finalmente señala que el acto impugnado no le fue notificado, aspecto que vulnera su derecho a la defensa, al efecto por Proveído de 31 de julio de 2019 se dieron por formulados los alegatos, actuación notificada en Secretaría a las partes el 31 de julio de 2019, fojas 80-84 de obrados.

La Administración Tributaria, no presentó alegatos conforme lo previsto en el artículo 210 parágrafo II del Código Tributario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA . :: La Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/PCM/AISC/2014200377 de 16 de junio de 2014;-resolviendo instruir el inicio del proceso por haber incurrido en la contravención de Omisión de Pago por el importe no pagado según la declaraciones juradas, Formularios 200. y. 400 del periodo fiscal julio 2009, con números de orden 2036865716 y 2036865734, respectivamente, cuya sanción se encuentra establecida en el artículo 165 de la Ley 2492, concordante con el artículo 42 del DS 27310; que fue notificado mediante cédula a Waldo Molina Gutiérrez, el 28 de julio de 2014; fojas 28-36 de antecedentes administrativos.

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Waldo Molina Gutiérrez, presentó ante la Administración Tributaria el memorial el 15 de agosto de 2014, mediante el cual realizó observaciones al Auto Inicial de Sumario Contravencional, referidas a la ilegal notificación, señalando la existencia de trámites pendientes de rectificatoria de declaraciones juradas y acción de repetición, al efecto, adjuntó copias simples de su cédula de identidad y boletas de pago formulario 1000 con Nos. de orden 2367390, 2597537, correspondientes al pago de los formularios 400 con Nos, de orden 8671920 y 13146147, respectivamente, por el periodo fiscal agosto

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de 2009, y boletas de pago formulario 1000 con Nos. de orden 2367389, 2597538, correspondientes al pago de los formularios 200 con Nos. de orden 10463055 y 11900152 respectivamente, por el periodo fiscal agosto de 2009 y 2 impresiones obtenidas del sistema de la Administración Tributaria, de los proyectos de rectificatoria, efectuados por el contribuyente; fojas 7079 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-01548-15 (CITE: SIN/GDLPZI/DJCC/UCC/PCM/ RS/201520338) de 10 de julio de 2015, resolviendo sancionar al contribuyente con multa igual al 100% del tributo omitido expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda a la fecha de vencimiento del impuesto, por la presentación de las declaraciones juradas, Formularios 200 y 400 con Nos. de orden 2036865716 y 20636865734, respectivamente, correspondientes al periodo fiscal julio de 2009, consignando un importe no pagado a la fecha de vencimiento, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS 27310; acto administrativo notificado mediante cédula a Waldo Molina Gutiérrez el 31 de agosto de 2015; fojas 63-67 de antecedentes administrativos.

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La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1027/2015 de 22 de diciembre de 2015, dispuso anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria N° 18-01548-15′ (CITE: SIN/GDLPZI/DJCC/UCC/PCM/RS/201520338) de 10 de julio de 2015, inclusive; consecuentemente, la Gerencia Distrital | La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, debe emitir un nuevo acto administrativo que exponga y fundamente la valoración de las pruebas presentadas por el sujeto pasivo, en aplicación de la previsión contenida en los artículos 99, parágrafo II de la Ley 2492 y 17 de la RND 10-0037-07; fojas 97-110 de antecedentes administrativos.

La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0226/2016 de 8 de marzo de 2016, resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA. 1027/2015 de 22 de diciembre de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributària La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Waldo Molina Gutiérrez, contra la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia, se anulan obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLPZI/DJCC/UCC/PCM/RC/201520338 de 10 de julio de

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2015, emitida por la citada Administración Tributaria inclusive, a objeto de que la misma emita un nuevo acto administrativo que exponga y fundamente la valoración de las pruebas presentadas por el sujeto pasivo, todo de conformidad a lo previsto en el inciso b) parágrafo I del artículo 212 del Código Tributario; fojas 113-124 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° 18-01806-16 (SIN/GDLPZI/DJCC/UCCI RS/1527/2016) de 24 de noviembre de 2016, emitida por la Gerencia Distrital La Paz! del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió sancionar al contribuyente Waldo Molina Gutiérrez con NIT 1306343016 con una multa igual al 100% del tributo omitido expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda a la fecha de vencimiento del impuesto cuyo importe asciende a 342.927 UFV’s equivalentes a Bs525.422.- a la fecha de la presente Resolución Sancionatoria, por la presentación de las declaraciones juradas que se detallan con impuesto determinado, consignando un importe no pagado a la fecha de vencimiento, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS 27310; acto administrativo notificado mediante cédula al sujeto pasivo el 12 de mayo de 2017; fojas 214-220 de antecedentes administrativos.

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1008/2017 de 4 de septiembre de 2017, dispuso anular la Resolución Sancionatoria N° 18-01806-16 (SIN/GDLPZI/DJCC/UCC/RS/1527/2016) de 24 de noviembre de 2016, inclusive; consecuentemente, la Gerencia Distrital | La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, debe emitir un nuevo acto administrativo que consigne la valoración de los descargos presentados por Waldo Molina Gutiérrez mediante memorial de 15 de agosto de 2014, en cumplimiento a los elementos esenciales previstos en el artículo

99, parágrafo II de la Ley 2492; fojas 260-270 de antecedentes administrativos.

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La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017, resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1008/2017 de 4 de septiembre de 2017, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Waldo Molina Gutiérrez, contra la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de impuestos Nacionales;

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RS/1527/2016) de 24 de noviembre de 2016, inclusive a objeto de que la citada Administración Tributaria, en caso de corresponder, emita una nueva Resolución Sancionatoria que consigne de manera fundamentada la valoración de los descargos presentados por el sujeto pasivo mediante memorial de 15 de agosto de 2014 en cumplimiento del artículo 68, numerales 6 y 7 del Código Tributario Bolivianos; todo de conformidad a lo previsto en el inciso b) parágrafo / del artículo 212 del Código Tributario; fojas 273-283 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° 181820005019 (SIN/GDLPZ IDJCC/CC/ RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz. del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió sancionar al contribuyente Waldo Molina Gutiérrez con la multa de 342.926 UFV’s, por la contravención de omisión de pago de las declaraciones juradas del IVA e IT del periodo fiscal julio 2009, detalladas en el Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/UCC/PCMAISC/2014200377 de 16 de junio de 2014, conforme lo previsto en los artículos 165 de la Ley 2492, 8, 42 del DS 27310 y 13 numeral 2 de la RND 10 0031-16, actuación notificada por cédula a Waldo Molina Gutiérrez el 30 de abril de 2019, fojas 242-246 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y, en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-1|| del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al . análisis de los agravios manifestados por Waldo Molina Gutiérrez; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. Estado Plurinacional de Bolivia

IV.1. Vicios de nulidad 

IV.1.1. Notificación con el acto impugnado El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada y alegatos señala que el acto administrativo recurrido, no cumple con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 2492, toda vez que antes de la notificación por cédula no se dejó ningún aviso de visita, además que carece de la presencia de testigo de actuación, hecho que vulnera la garantía del debido proceso ante el incumplimiento del procedimiento señalado por Ley. Asimismo la Administración Tributaria no subsanó los vicios de nulidad reclamados oportunamente respecto a la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 377, aspecto que lesiona el derecho a la defensa.

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta manifiesta que no existió vulneración de los derechos y garantías constitucionales del contribuyente, toda vez que fue notificado con los actos administrativos emitidos para que asuma su defensa; al respecto, corresponde realizar el siguiente análisis:

El artículo 68 numerales 6, 7 y 10 de la Ley 2492, establece que: Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre... acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que debieran ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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El artículo 83 del Código Tributario modificado por la Ley 812, en relación a los medios de notificación dispone: I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: 1. Por medios electrónicos; 2. Personalmente; 3. Por Cédula; 4. Por Edicto; 5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 6. citamente; 7. Masiva; 8. En Secretaría; ll. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio 

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o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

El artículo 84 del Código Tributario en relación a la notificación personal, dispone: I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida 

a reglamentación a que se refiere el Artículo 89o de este Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia integra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

– –

El artículo 85 del Código Tributario en relación a la notificación por cédula, dispone: I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

De inicio es pertinente señalar que el Tribunal Constitucional a través de varias Sentencias entre otras SC 769/2002-R, 1845/2004-R-, dispuso lo siguiente: “(…) la omisión de 

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  1. ML.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

notificaciones acarrea la indefensión de la parte en el proceso, por lo que, cuando la parte que no fue citada o notificada, se apersona y asume defensa dentro de los términos previstos, se considera subsanada la omisión porque cumplió con su finalidad de hacer conocer la comunicación en cuestión (...).

Bajo el contexto referido, se tiene que las normas jurídicas vigentes prevén los requisitos y el procedimiento de notificación en cada una de las formas; en ese contexto, el sistema normativo tributario referido a las notificaciones tiene la finalidad de dar a conocer a los sujetos de la relación jurídico tributaria las decisiones, actuaciones y/o resoluciones emitidas para que las partes cumplan con cierta obligación establecida o para que ejerzan su derecho de defensa; en ese entendido, las notificaciones no se constituyen en un simple formalismo, sino que cumplen una función material, cuál es la de hacer conocer a las partes las resoluciones emitidas en los procesos judiciales o por las autoridades administrativas encargadas de tramitarlos.

Ahora bien, en los argumentos de su Recurso de Alzada el recurrente alega que la Resolución Sancionatoria N° 181820005019 (ŠIN/GDLPZ I/DJCC/CC. RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018, no fue notificada dentro del marco normativo previsto por el artículo 85 de la Ley 2492, toda vez que con anterioridad a la notificación por cédula no se habría dejado ningún aviso de visita, hecho que evidencia .. el incumplimiento al procedimiento señalado en el referido cuerpo normativo, lesionando su derecho a la defensa; al efecto corresponde señalar que de la revisión a los antecedentes administrativos remitidos por la Administración Tributaria, no cursa las diligencias de notificación con la Resolución Sancionatoria N° 181820005019 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018, hecho que impide a esta instancia recursiva corroborar el agravio manifestado por el recurrente respecto al incumplimiento del procedimiento de notificación por parte del Ente Fiscal; sin embargo, al momento de la interposición de su Recurso de Alzada, el recurrente

afaq adjuntó una fotocopia simple de la notificación por cédula con el referido acto administrativo, efectuado el 30 de abril de 2019, corroborándose que en dicha diligencia se consigna el nombre y la firma del testigo de actuación, conforme se

IQNet verifica a fojas 7 de obrados, documentación que permitió la admisión de dicho Recurso de Alzada..

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III.

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Conforme lo expuesto se evidencia que como consecuencia de la notificación con la Resolución Sancionatoria N° 181820005019 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018, el recurrente pudo ejercer su derecho a la defensa a través de la interposición de su Recurso de Alzada, que fue efectuado a través del memorial presentado ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz el 17 de mayo de 2019 y admitido a través de Auto de Admisión de 22 de mayo de 2019, según se aprecia a fojas 8-12 de obrados; bajo ese contexto, es evidente que Waldo Molina Gutiérrez tuvo conocimiento del acto definitivo ahora impugnado, aspecto que le permitió interponer el presente Recurso de Alzada ante ésta Instancia Recursiva, dentro del plazo de veinte (20) días previsto por el artículo 143 de la Ley 2492.

En ese contexto, es pertinente recurrir a la doctrina constitucional desarrollada la notificación defectuosa que cumple su finalidad, así en la Sentencia Constitucional 1845/2004-R, de 30 de noviembre, se dejó claramente establecido que: “..dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16./1 y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida”. 

Al efecto, corresponde señalar que el Principio de Convalidación relacionado al campo de las nulidades administrativas, que establece que toda nulidad se convalida por el consentimiento, debe encontrarse revestida de la manifestación del consentimiento sea éste expreso o tácito, la primera cuando de manera voluntaria y expresa el interesado ratifica el acto administrativo que adolece de vicio; y tácita, cuando teniendo pleno conocimiento de un acto defectuoso, deja pasar el plazo de impugnación para denunciar tales defectos. Es preciso también referir que conforme establece la Sentencia Constitucional 0731/2010 de 26 de julio de 2010, en su Fundamento Jurídico III.3 establece: “d) Principio de convalidación, “(…) toda nulidad se convalida por el consentimiento” (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso 

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ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, “Nulidades Procesales”).” 

Respecto al argumento expuesto por el recurrente en razón a que a Administración Tributaria no subsanó los vicios de nulidad reclamados oportunamente respecto a la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 377, aspecto que lesiona el derecho a la defensa, corresponde señalar que de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0226/2016 de 8 de marzo de 2016, señaló que la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: SIN/GDLPZ-1/DJCC/UCC/PCMIAISC/2014200377 de 16 de junio de 2014, cumplió con su finalidad, es decir, dio a conocer al sujeto pasivo el inicio del proceso sancionador; permitiendo que asuma defensa; consecuentemente consideró inviable dicha nulidad; fallo que al no haber sido sujeto de impugnación adquirió firmeza; motivo por el que no corresponde emitir un nuevo criterio respecto a la referida nulidad planteada por el ahora recurrente, razonamiento que también se encuentra plasmado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017.

En ese entendido la vulneración al derecho a la defensa alegada por la parte recurrente, carece de sustento legal, al no haberse comprobado la causal de. indefensión que argumenta, considerando que producto de la notificación practicada por cédula con la Resolución Sancionatoria N° 181820005019 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018, el sujeto pasivo asumió conocimiento sobre el procedimiento sancionador instaurado por la Administración Tributaria, teniendo la posibilidad de interponer el presente Recurso de Alzada ante ésta Instancia Recursiva mediante mémorial presentado el 17 de mayo de 2019, es decir, dentro del plazo de 20 días de notificado con el referido acto administrativo, conforme lo previsto en el artículo 143 de la Ley 2492; consecuentemente, dicha notificación cumplió con su finalidad, cuál es la de poner en conocimiento del ahora recurrente la emisión de dicho acto, razón por la que no se evidencia vicio de nulidad respecto a la notificación con la referida Resolución Sancionatoria, no siendo causal suficiente para retrotraer obrados por esta

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1.1.2. Incumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ – 

1615/2017 de 20 de noviembre de 2017 El recurrente en el Recurso de Alzada y alegatos señala que la Resolución Sancionatoria N° 1818200005019 no menciona ni toma en cuenta lo dispuesto en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1008/2017 de 4 de septiembre de 2017 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017, las cuales establecieron que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo que consigne la valoración fundamentada de los descargos presentados por memorial de 15 de agosto de 2014, aspecto que genera la nulidad del referido acto impugnado, ante el flagrante desconocimiento e incumplimiento de las referidas Resoluciones de Recurso de Alzada y Jerárquico.

– –

La Administración Tributaria señala que el acto impugnado dio cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017, que resolvió anular la Resolución Sancionatoria N° 18-01806-16 de 24 de noviembre de 2016 por falta de valoración de descargos, observación que fue subsanada en la Resolución Sancionatoria No 1818200005019 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CCI RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018 ahora impugnada, la cual fue emitida de forma fundamentada, al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:

La Constitución Política del Estado en su artículo 115, parágrafo Il establece: El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 68 numeral 6 del Código Tributario, dispone: Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre 

acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código 

El artículo 214 de la mencionada Ley señala: Las resoluciones dictadas resolviendo los recursos de Alzada y Jerárquico que constituyan Títulos de Ejecución Tributaria 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Eslado Plurinacional de Bolivia

conforme al Artículo 108 de la presente Ley, serán ejecutadas, en todos los casos, por 

la Administración Tributaria. 

En principio, es necesario considerar que el derecho a la fundamentación de un acto administrativo; es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada y motivación, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos, sobre el por qué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0136/2014 de 10 de enero en su parte pertinente estableció el siguiente entendimiento: El debido proceso previsto en el art. 115.II de la CPE, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como el derecho a un proceso justo y equitativo, a través del cual el ciudadano sea protegido de posibles arbitrariedades, debiendo concurrir en todas las resoluciones pronunciadas tanto en sede judicial como administrativa el elemento de la motivación que en definitiva garantiza al procesado el conocer con certeza por qué se le aplicó. determinada sanción y cuál es la relación de ésta con los hechos cuya comisión le fueron atribuidos; es decir que toda resolución pronunciada, debe exponer claramente las razones y normas que la respaldan proporcionando el convencimiento respecto a in su legalidad y a lo acertadas de las razones que llevaron a asumir determinada decisión

Ello en virtud de que toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados

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tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

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En ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: SIN/GDLPZ/DJCCIUCC/PCM/AISC/2014200377 de 16 de junio de 2014 por medio del cual resolvió instruir el inicio del proceso contra Waldo Molina Gutiérrez por haber incurrido en la contravención de Omisión de Pago por el importe no pagado según las declaraciones juradas, Formularios 200 y 400 del periodo fiscal julio de 2009, acto que fue notificado al referido contribuyente el 28 de julio de 2014, según se evidencia a fojas 28-36 de antecedentes administrativos.

Dentro del plazo previsto por el artículo 168 de la Ley 2492, Waldo Molina Gutiérrez, presentó ante la Administración Tributaria el memorial el 15 de agosto de 2014, mediante el cual realizó observaciones al Auto Inicial de Sumario Contravencional, referidas a la ilegal notificación, señalando la existencia de trámites pendientes de rectificatoria de declaraciones juradas y acción de repetición, al efecto, adjuntó copias simples de su cédula de identidad y boletas de pago formulario 1000 con Nos. de orden 2367390 y 2597537, correspondientes al pago de los formularios 400 con Nos. de orden 8671920 y 13146147, respectivamente, del periodo fiscal agosto de 2009, y boletas de pago formulario 1000 con Nos. de orden 2367389 y 2597538, circunscritos al pago de los formularios 200 con Nos. de orden 10463055 y 11900152 respectivamente, del periodo fiscal agosto de 2009 y 2 impresiones obtenidas del sistema de la Administración Tributaria, respecto a los proyectos de rectificatoria, efectuados por el contribuyente; conforme consta a fojas 70-79 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-01548-15 (CITE: SIN/GDLPZI/DJCC/UCC/PCM/ RS/201520338) de 10 de julio de 2015, resolviendo sancionar al contribuyente con la multa igual al 100% del tributo omitido expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda a la fecha de vencimiento del impuesto, por la presentación de las Declaraciones Juradas, Formularios 200 y 400 con Nos. de orden 2036865716 y 20636865734, respectivamente, correspondientes al periodo fiscal julio de 2009, R consignando un importe no pagado a la fecha de vencimiento, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS 27310; acto administrativo notificado

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

mediante cédula a Waldo Molina Gutiérrez el 31 de agosto de 2015, fojas 63-67 de antecedentes administrativos.

Como consecuencia de la impugnación presentada por Waldo Molina Gutiérrez, contra la Resolución Sancionatoria N° 18-01548-15 (CITE: SIN/GDLPZI/DJCC/UCC/PCM/ RS/201520338) de 10 de julio de 2015, ésta Instancia Recursiva emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1027/2015 de 22 de diciembre de 2015, que dispuso anular el referido acto administrativo, a efectos de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo que exponga y fundamente la valoración de las pruebas presentadas por el sujeto pasivo, en aplicación de la previsión contenida en los artículos 99, parágrafo II de la Ley 2492 y 17 de la RND 10-0037-07, fallo que posteriormente fue confirmado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0226/2016 de 8 de marzo de 2016, emitida como resultado de la interposición de Recurso Jerárquico por parte de Waldo Molina Gutiérrez, conforme se evidencia a fojas 97-110, 113-124 de antecedentes administrativos.

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En cumplimiento a los citados fallos administrativos, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-01806-16 (SIN/GDLPŽI/DJCC/UCC/RS/1527/2016) de 24 de noviembre de 2016 por medio de la cual resolvió sancionar al contribuyente Waldo Molina Gutiérrez con la multa igual al 100% del tributo omitido expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda a la fecha de vencimiento del impuesto cuyo importe asciende a 342.927 UFV’s equivalentes a Bs525.422.- por la presentación de las declaraciones juradas que se detallan con impuesto determinado, consignando un importe que no ha sido pagado a la fecha de vencimiento, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS 27310, fojas 214-220 de antecedentes administrativos.

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Waldo Molina Gutiérrez, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-01806-16 (SIN/GDLPZI/DJCC/UCC/RS/1527/2016) de 24 de noviembre de 2016, dando como resultado la emisión de la Resolución de Recurso de

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Alzada ARIT-LPZ/RA 1008/2017 de 4 de septiembre de 2017, que dispuso anular dicho

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acto administrativo, a efectos de que el Ente Fiscal emita un nuevo acto administrativo,

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en el que consigne la valoración de los descargos presentados por Waldo Molina

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Gutiérrez mediante memorial de 15 de agosto de 2014, en cumplimiento a los elementos esenciales previstos en el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, fallo que fue confirmado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017 como resultado de la interposición de Recurso Jerárquico contra el referido fallo por parte del ahora recurrente, que de igual forma dispuso anular la citada Resolución Sancionatoria con la finalidad de que se emita una nueva resolución que consigne de manera fundamentada la valoración de los descargos presentados por el sujeto pasivo, fojas 260-270 y 273-283 de antecedentes administrativos.

En ese contexto la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017. de 20 de noviembre de 2017, emitió la Resolución Sancionatoria No 181820005019 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018, que resolvió sancionar al contribuyente Waldo Molina Gutiérrez con una multa igual al 100% del tributo omitido expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda de los impuestos y periodos contenidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: SIN/GDLPZ-1/DJCC/UCC/PCMIAISC/2014200377 de 16 de junio de 2014 por 342.926 UFV’s, por la contravención de Omisión de Pago de las Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas parcialmente, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8, 42 del DS 27310 y 13 numeral 2 de la RND 10-0031-16, actuación notificada por cédula a Waldo Molina Gutiérrez el 30 de abril de 2019 según se evidencia a fojas 242-246 de antecedentes administrativos.

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En este punto de análisis, corresponde señalar que Waldo Molina Gutiérrez, ahora recurrente, en su Recurso de Alzada, hace énfasis en que la Administración Tributaria, incumplió con lo dispuesto en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1008/2017 de 4 de septiembre de 2017 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017, toda vez que la Resolución Sancionatoria N° 181820005019 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018, no consigna la valoración fundamentada de los descargos presentados mediante memorial de 15 de agosto de 2014, más aun considerando que el referido acto administrativo, en su contenido no menciona las citadas Resoluciones de Recurso de Alzada y Jerárquico; extremos que ésta Instancia Recursiva verificará de inicio, a

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efectos de constatar si efectivamente el acto administrativo ahora impugnado, efectuó la valoración fundamentada de los descargos presentados por el sujeto pasivo, en cumplimiento de los elementos esenciales previstos en el artículo 99-11 de la Ley 2492. En ese cometido, es necesario referir que la Resolución de Recurso Jerárquico en su contenido señaló lo siguiente:

xvii… ante la notificación con el Auto Inicial de Sumario. Contravencional, el 15 de agosto de 2014, el Sujeto Pasivo presento memorial de descargos (solicitando nulidad de notificación y señalado que pago los impuestos extrañados) además de adjuntar documentación. Al efecto la Resolución Sancionatoria N° : 180180616 (CITE: SIN/GDLPZI/DJCC/UCC/RS/1527/2018), de 24 de noviembre de 2016, señaló: “...) el contribuyente no presenta la documentación original y necesaria para la revisión de lo solicitado por la Administración Tributaria (…), las pruebas presentadas por el contribuyente no desvirtúan la posición de la Administración Tributaria, tampoco con descargos válidos (...); por lo que se evidencia que los argumentos y documentos presentados por el Sujeto Pasivo dentro del plazo previsto por el Artículo 168, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano (CTB) no fueron valorados; conclusión a la que arribó la Instancia de Alzada y que fue reconocida por la Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada (…) en ese entendido al ser evidente que la Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria no valoró los descargos presentados de forma oportuna por el Sujeto Pasivo, se tiene que vulneró la garantia constitucional del Debido Proceso y su derecho a la Defensa, previstos en el Artículo 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, Numerales 6 y 7 del Código Tributario Boliviano (CTB)” 

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Lo descrito precedentemente fue el fundamento mediante el cual se estableció anular el acto impugnado hasta el vicio más antiguo con el fin de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo (Resolución Sancionatoria) que consigne de manera fundamentada la valoración de los descargos presentados por el Sujeto Pasivo mediante memorial de 15 de agosto de 2014, cumpliendo con lo previsto en el artículo 68, numerales 6 y 7 del Código Tributario; en tal sentido, de la lectura de la Resolución Sancionatoria N° 181820005019 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CCI RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018, emitida como consecuencia de la nulidad dispuesta por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey “Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

noviembre de 2017 cursante a fojas 273-283 de antecedentes administrativos, señaló lo siguiente:

“En cuanto a la solicitud de rectificatoria de los formularios F-200 IVA y F-400 IT, se le aclara al contribuyente que mediante Proveido 579/2014 se le solicitó documentación original que respalde su solicitud de conformidad al Art. 28 parágrafo II del DS 27310 que indica: “La aprobación por la Administración Tributaria será resultado de la verificación formal y/o verificación mediante procesos de determinación conforme se establezca en la reglamentación que emita la Administración Tributaria”, sin embargo el mismo nunca presentó documentos originales dentro del plazo otorgado por el Art. 43 de la Ley N° 2341, para regularizar la rectificatoria solicitada y a falta de presentación de dicha documentación se consideró por desistida, emitiéndose al efecto a Resolución Administrativa N: 0266/2015(…) Con relación a su solicitud de acción de repetición, la misma en mérito al Art. 121 y siguientes de la Ley N° 2492 deberá tramitarse para la restitución de pagos indebido o en exceso del sujeto pasivo a la Administración Tributaria por cualquier concepto tributario, acompañando la documentación que respalde dicha solicitud para que sea procedente, lo que no ocurrió en el presente caso, ya que el contribuyente al no haber demostrado la rectificatoria de los formularios citados tampoco podría reclamar ningún pago indebido o en exceso”:

De lo señalado se evidencia que la Administración Tributaria no emitió pronunciamiento fundamentado respecto a los pagos efectuados por el contribuyente que hace mención en su memorial de descargos presentado ante la Administración Tributaria el 15 de agosto de 2014, a cuyo efecto el ahora recurrente, adjuntó fotocopias simples de las boletas de pago formulario 1000 con Nos. de Orden 2367390, 2597537, correspondientes a la cancelación de los formularios 400 con Nos. de orden 8671920 y 13146147 respectivamente, del periodo fiscal agosto 2009, y boletas de pago formulario 1000 con Nos. de orden 2367389, 2597538, circunscritos al pago de los formularios 200 con Nos. de orden 10463055 y 11900152 respectivamente, del periodo fiscal agosto 2009, conforme se evidencia a fojas 195 198 de antecedentes administrativos, documentación que no fue considerada en la Resolución Sancionatoria N° 181820005019 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018, en el entendido de que dicho acto solamente se limita a señalar de forma textual lo siguiente: “En cuanto a la solicitud de rectificatoria de los 

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formularios F-200 IVA Y F-400 IT, se le aclara al contribuyente que mediante Proveído 579/2014 se le solicitó documentación original que respalde su solicitud (…); sin embargo, el mismo nunca presentó documentos originales dentro del plazo otorgado por el Art. 43 de la Ley N° 2341, para regularizar la rectificatoria solicitada y a falta de presentación de dicha documentación se consideró por desistida...”, aspectos que permiten evidenciar que los descargos presentados por el sujeto pasivo, no fueron válorados por la Administración Tributaria en su integridad; siendo que constituyen respaldos de los pagos realizados por los F-200 y F-400 mediante boletas de pago F 1000, mismos que en caso de presentar algún error en cuanto al periodo al que se direcciona dicho pago, tal como aconteció en el presente caso, debió ser subsanado mediante solicitud de corrección de errores materiales y no así a través de un procedimiento de rectificatoria como erróneamente señala el Ente Fiscal en respuesta a los descargos presentados por el contribuyente.-.-.-.

En ese contexto y conforme a lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017, correspondía a la Administración Tributaria emitir un pronunciamiento fundamentado respecto a la integridad de la documentación y argumentos de descargo presentados por Waldo Molina Gutiérrez en el 15 de agosto de 2014; sin embargo, como se mencionó precedentemente, el-Ente Fiscal en el acto administrativo impugnado, omitió por completo emitir un pronunciamiento fundamentado respecto a los pagos efectuados por el referido contribuyente, los cuales se hallan respaldados mediante boletas de pago formularios 1000 con Nos. de Orden 2367390, 2597537, 2367389 y 2597538, hecho que denota el incumplimiento a lo dispuesto en la referida Resolución de Recurso Jerárquico.

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Del mismo modo respecto a la solicitud de acción de repetición efectuada por el contribuyente en su memorial de descargos presentado el 15 de agosto de 2014, el acto administrativo ahora impugnado se limita a señalar lo siguiente: “la misma en mérito al Art. 121 y siguientes de la Ley N° 2492 deberá tramitarse para la restitución de pagos indebido o en exceso del sujeto pasivo a la Administración Tributaria por cualquier concepto tributario, acompañando la documentación que respalde dicha 

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solicitud para que sea procedente, lo que no ocurrió en el presente caso, ya que el contribuyente al no haber demostrado la rectificatoria de los formularios citados 

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tampoco podría reclamar ningún pago indebido. o en exceso”; de lo que se extrae que

Juan Carlos Guzmán Ruiz

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III 

la Administración Tributaria tampoco emitió una valoración fundamentada respecto a la acción de repetición efectuada por el recurrente la cual se encuentra directamente vinculada con los pagos que habría efectuado y que como se tiene señalado en el párrafo precedente no fue objeto de valoración por el Ente Fiscal en el acto administrativo ahora impugnado.

En ese contexto, es pertinente señalar que la Administración Tributaria, en ejercicio de su potestad sancionatoria, tiene la facultad de imponer sanciones a los sujetos pasivos ante el incumplimiento de deberes formales; no obstante, la normativa tributaria también establece que el procedimiento se debe llevar a cabo en resguardo de los derechos del administrado, entre los que se encuentra la posibilidad de presentar sus descargos conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2492, los que deben ser valorados en su integridad acorde a lo previsto en el artículo 81 del Código Tributario, es decir, que los descargos ofrecidos deben ser apreciados conforme a las reglas de la sana critica, a fin de cumplir con la debida valoración de los descargo en apego a la ley, así como debe estar debidamente fundamentado; disposiciones legales que no fueron aplicadas en el presente caso, toda vez que conforme se tiene señalado en el párrafo precedente, el administrado Waldo Molina Gutiérrez presentó documentación y argumentos de descargo los cuales una vez más no fueron valorados de forma integra y fundamentada en el acto administrativo ahora impugnado.

Lo señalado precedentemente denota la falta de fundamentación del acto administrativo impugnado, toda vez que omite pronunciarse sobre la integridad de los argumentos y documentación de descargos presentados por el contribuyente el 15 de agosto de 2014, no obstante, el derecho que tiene el particular de que la resolución definitiva dictada en la causa, exponga los hechos mencionados y proporcione conclusiones razonadas sobre los mismos, las pruebas producidas y el derecho aplicable que sirve de fundamento a la decisión asumida por la Administración Tributaria en el caso considerado; aspecto que obviamente afecta la falta de fundamentación del acto mismo; toda vez que se advierte que no estableció un criterio legal en el cual se asuma una posición definitiva en relación a la documentación y argumentos de descargo presentados, aspecto que fue observado en la Fundamentación Técnico Jurídica de la Resolución de Recurso Jerárquico. AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017.

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A lo expuesto corresponde añadir que la Resolución Sancionatoria N° 181820005019 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/CC/RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018, en su parte considerativa señala de forma textual lo siguiente: “…la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0226/2017 de 16 de enero de 2017, resuelve CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1027/2015 de 22 de diciembre de 2015, en consecuencia, se anulan obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria N° 18-01548-15., (CITE:SON/GDLPZ I/DJCC/UCC/PCM/RS/201520338) de 10 de julio de 2015 inclusive a objeto que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo que exponga y fundamente la valoración de las pruebas presentadas por el sujeto pasivo”. 

..

De la lectura al precitado párrafo se advierte que el acto administrativo ahora impugnado, hace mención de forma incorrecta a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0226/2017 y a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1027/2015; sin considerar que de forma posterior a la emisión de dichos fallos, esta instancia recursiva emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1008/2017, de 20 de noviembre de 2017, disponiendo anular la Resolución Sancionatoria N° 18-01806 16 de 24 de noviembre de 2016, fallo que de forma posterior fue confirmado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017, siendo que como consecuencia de dichas nulidades se emitió la Resolución Sancionatoria No 181820005019 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/CC/RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018 ahora impugnada; sin embargo el referido acto no inserta en su parte considerativa lo dispuesto por dichos fallos omisión que sumado a la falta de valoración de los descargos presentados por el contribuyente conforme se tiene expuesto ut supra, inciden en la falta de fundamentación del acto administrativo objeto de impugnación y el consecuente incumplimiento de lo dispuesto en la referida Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017.

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Cabe señalar que todos los actos de la Administración Tributaria se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes que fundan los requisitos, condiciones y formalidades que se deben cumplir; bajo este contexto la Ley 2492, establece los requisitos esenciales que deben contener los actos administrativos, cuya

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inobservancia pueden dar lugar a su nulidad, garantizando así el debido proceso y el derecho a la defensa, de lo que se advierte en este caso, que no se encuentra debidamente fundamentado, incumpliendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, toda vez que el Ente Fiscal no valoró en su integridad la documentación y argumentos de descargo oportunamente presentados; lo que posibilita la nulidad del acto administrativo impugnado; a esto se suma que dicha decisión ya fue dispuesta con anterioridad en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1008/2017 de 20 de noviembre de 2017 y en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017, las cuales conforme se

tiene señalado precedentemente no fueron ni mencionadas en el acto administrativo.

impugnado; consecuentemente, dichas posiciones fueron nuevamente omitidas por el Ente Fiscal.

Finalmente, se hace necesario establecer que las Resoluciones emitidas por la Instancia de Alzada y Jerárquica, producen efectos para los intervinientes dentro del proceso (Sujeto Pasivo y Administración Tributaria) a partir de su notificación y adquieren la calidad de firmes cuando un proceso administrativo concluye con una decisión cuyas consecuencias jurídicas se traducen en la posibilidad de exigir el cumplimiento de lo resuelto, es firme, cuando en derecho no caben contra ella medios de impugnación que permitan modificarla; este efecto, se traduce en el respeto y subordinación a lo decidido, por ello también se le define como la fuerza que atribuye

el derecho a los resultados del proceso.

Con relación al cumplimiento de los actos firmes el Tribunal Constitucional a través de la SC 0324/2005-R de 7 de abril de 2005, estableció lo siguiente: “Consecuentemente, se constata que la autoridad recurrida, al emitir la decisión hoy objetada por la parte demandante, obró en contra de la cosa juzgada, modificando lo dispuesto en decisiones firmes y plenamente ejecutoriadas, con lo que ha conculcado el derecho a la seguridad jurídica que importa la certeza plena, firme convicción, confianza, de modo que el ciudadano y la ciudadana, al realizar un acto conforme a derecho tenga seguridad de que el mismo será respetado y en caso de ser entorpecido mediante actos arbitrarios, queda abierta la jurisdicción constitucional a efecto de que se restablezca el derecho y por tanto el ordenamiento jurídico; seguridad jurídica que se encuentra estrechamente vinculada a la garantía al debido proceso que: ‘exige que los 

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litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, implica el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo(SC 682/2003-R, de 20 de mayo)”. 

En el presente caso, la decisión establecida por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017, al adquirir firmeza, debió ser cumplida de manera obligatoria por la Administración Tributaria; sin embargo, conforme a las circunstancias descritas en el análisis realizado permiten establecer que se incumplió dicha disposición en la emisión de la Resolución Sancionatoria N° 181820005019 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018, omitiendo nuevamente la fundamentación que debe contener un acto administrativo definitivo, aspecto que vulnera el derecho a la defensa, seguridad jurídica y debido proceso, vicios de nulidad que impiden que esta Instancia de Alzada ingrese al análisis de los aspectos de fondo planteados por el recurrente en el Recurso de Alzada..

Con.relación a las pruebas presentadas por el recurrente ante esta Instancia Recursiva por, memorial de 10 de julio de 2019, consistente en fotocopia simple de la Vista de Cargo CİTE: SIN/GDLP/DF/SFVENC/0023/2012 de 22 de junio de 2012, Resolución Determinativa N° 00522/2012 de 25 de septiembre de 2012 y Orden de Fiscalización N° 00100FE00053 de 17 de agosto de 2010, corresponde indicar que dicha documentación se encuentra directamente visculada a los aspectos de fondo

planteados en el presente Recurso de Alzada; sin embargo, esta instancia recursiva

en el presente caso evidenció la existencia de vicios de nulidad en relación a la falta de valoración fundamentada de los descargos presentados y el consecuente incumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017; motivo por el que no corresponde emitir criterio respecto de la documentación aportada por el recurrente durante la etapa probatoria.

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Respecto al memorial presentado ante esta Instancia Recursiva por la Administración Tributaria el 15 de agosto de 2019, cursante a fojas 103 de obrados, en el que señala que la Resolución Determinativa N° 522/2012 en la que según el contribuyente ya se

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estableció la sanción por omisión de pago respecto a la declaración jurada del IVA e IT del periodo fiscal julio 2009, cuenta con Resolución de Recurso de Alzada ARIT LPZ/RA 0038/2013 de 14 de enero de 2013 por medio de la cual se confirmó la referida Resolución Determinativa, misma que fue declarada firme el 6 de febrero de 2013, correspondiendo que el sujeto pasivo de cumplimiento a dicho fallo; al respecto, es menester señalar que dicho argumento se encuentra relacionado a los aspectos de fondo planteados en el presente Recurso de Alzada; no obstante, conforme el análisis expuesto precedentemente, se evidenció la existencia de vicios de nulidad, motivo que impide a esta Instancia de Alzada emitir criterio con relación al argumento expuesto por el Ente Fiscal.

Conforme el análisis realizado se concluye que la Administración Tributaria omitió, efectuar la valoración fundamentada de los argumento y documentación de descargo presentados por Waldo Molina Gutiérrez por memorial de 15 de agosto de 2014; consecuentemente, corresponde anular la Resolución Sancionatoria No 181820005019 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018, a efectos de que el Ente Fiscal emita, si corresponde un nuevo acto administrativo que consigne en su integridad la valoración fundamentada de los descargos presentados por Waldo Molina Gutiérrez, en estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolució de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Sancionatoria N° 181820005019 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/CC/RS/02571/2018) de 6 de noviembre de 2018, inclusive; consecuentemente, la Administración Tributaria, si corresponde, debe emitir un nuevo acto administrativo que consigne en su integridad la valoración fundamentada de los descargos presentados por Waldo Molina Gutiérrez mediante memorial de 15 de agosto de 2014,

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en estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1615/2017 de 20 de noviembre de 2017.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código. Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Reglonal de Impugnación 

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