ARIT-LPZ-RA-0956-2019 Nulidad de obrados de Resolución Sancionatoria hasta notificación con Auto de Sumario Contravencional. El SIN vulneró el derecho a la defensa, al debido proceso y a los principios de legalidad y seguridad jurídica, al emitir la Resolución Sancionatoria antes del plazo de 20 días para el descargo correspondiente. El contribuyente tampoco habría sido notificado personal ni legalmente.

ARIT-LPZ-RA-0956-2019

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0956/2019 

Recurrente: 

…Simón Aguilar Mendoza 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia

Acto Impugnado:

Resolución Sancionatoria N° 181940000215 (SIN/GDOR/DJCC/CC/RS/00120/2019),

Expediente: 

ARIT-ORU-0133/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 2 de septiembre de 2019 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración

  • Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ No 0956/2019 de 29 de agosto de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Sancionatoria No. 181940000215 (SIN/GDOR/DJCC/CC/ RS/00120/2019) de 20 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió sancionar al contribuyente Simón Aguilar Mendoza con una multa de 126.735 UFV’s igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada F-210 con N° de Orden 4083687954 del periodo fiscal noviembre 2018, por la contravención de omisión de “pago en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492; 8 y 42 del DS 27310.

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

II 

  1. II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 1. Argumentos del Recurrente Simón Aguilar Mendoza mediante memoriales presentados el 23 de mayo y 5 de junio de 2019, cursantes a fojas 7-9 y 12-13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria sustentó la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria en los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310, sin considerar que rige en Bolivia los artículos 2 y 13 de la RND 10 0032-15 que regulan el procedimiento para la omisión de pago; asimismo, la forma y plazos se encuentran contenidos en el artículo 11 de la citada norma; en el presente caso, el Fisco incumplió con el punto 3 del artículo 13 y también con el punto 3 del artículo 11, toda vez que el Auto Inicial de Sumario Contravencional emitido el 27 de febrero de 2019, a efectos de su notificación según los funcionarios del SIN se habrían constituido en el domicilio fiscal ubicado en la avenida Camino a EMISA s/n y al no ser encontrado el contribuyente dejaron aviso a Mario Soto Ventura sin consignar su cédula de identidad, por esta razón rechaza la fingida visita.

En ese sentido, el primer aviso de visita nunca se habría realizado, lo que implica que el acto procesal se encuentra viciado de nulidad en el entendido que el lugar del domicilio fiscal cuenta con porteros las 24 horas, quienes no reportaron el apersonamiento de los funcionarios del SIN en esa fecha y hora; además, por la zona no existe vecino alguno con el nombre de Mario Soto Ventura, ya que en dicha zona industrial todos los habitantes se conocen y siendo que no consignaron el número de la cedula de identidad, debieron describir como constancia de la legalidad del acto el color de la puerta, fachada, si es vecino del lado este u oeste y otros datos; el citado vecino más bien sería un funcionario del SIN-Oruro, aspecto que vicia de nulidad el acto, toda vez que jamás conoció el aviso de visita y menos el Auto Inicial de Sumario Contravencional para poder asumir defensa.

Realizada la supuesta notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional el 27

2019, se contaba con 20 días para la presentación de los descargos, es decir, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 20 de marzo del mismo año; sin embargo, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria el mismo 20 de marzo

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de 2019, a los 19 días de la notificación con el AISC, lo que vulnera el punto 3 del artículo 13 y punto 3 del artículo 11 de la RND 10-0032-15, por tanto también dicho acto se encuentra viciado de nulidad.

La Resolución Sancionatoria impugnada supuestamente fue notificada el 16 de abril de 2019, en su domicilio fiscal, nuevamente al no poder ubicar al contribuyente se dejó aviso de visita esta vez a Carlos Yucra del cual tampoco se consignó su cédula de identidad u otro dato que de fe y legalidad a este acto procesal, reiterando que el lugar cuenta con porteros las 24 horas, quienes no reportan la presencia de ningún funcionario del SIN; aspectos que acarrean la nulidad conforme lo previsto en el artículo 35 de la Ley 2341.

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria No 181940000215 (SIN/GDOR/DJCC/CC/RS/00120/2019) de 20 de marzo de 2019.

11.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Simón Aguilar Mendoza, fue admitido mediante Auto de 7 de junio de 2019, notificado mediante cédula al recurrente el 14 de junio de 2019 y en forma personal a la Administración Tributaria en la misma fecha, fojas 14-19 de obrados.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000353 de 3 de mayo de 2019, por memorial presentado el 28 de junio de 2019, cursante a fojas 22-25 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

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De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que las notificaciones cumplen con todos los requisitos previstos en el artículo 85 de la Ley 2492, toda vez que al no encontrar al sujeto pasivo en forma personal, se dejó un aviso de visita a un vecino de la dirección señalada como domicilio fiscal; además se encuentra estampada la firma de un testigo de dicha actuación.

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II

El objetivo de una notificación es hacer conocer el inicio de un proceso sancionador al contribuyente, diligencia que causa estado a partir del día siguiente a su ejecución conforme señala el artículo 21-11 de la Ley 2341; aclara además que la contravención de omisión de pago, nace a partir de una declaración jurada realizada por el mismo contribuyente, en ese sentido, no puede argumentar el recurrente desconocimiento o sorpresa respecto al inicio del proceso, más aun considerando lo establecido en el artículo 165 de la Ley 2492 y el hecho de la presentación de su impugnación.

Un acto administrativo no surte efecto con su sola emisión, necesariamente debe ser notificado, aspecto previsto en el artículo 32 de la Ley 2341, en el presente caso el ahora acto impugnado fue notificado el 6 de mayo de 2019, es decir, la fecha efectiva y que causo estado en el sujeto pasivo fue al día siguiente de esta notificación, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo II del artículo 21 de la citada norma.

El recurrente solicita la nulidad de obrados invocando el artículo 35 de la Ley 2341; sin considerar el artículo 55 del DS 27113, en el entendido que no se causó indefensión en el administrado, además hasta la fecha de notificación el término fue amplio, sin embargo, no se presentó descargo alguno: La emisión de la Resolución Sancionatoria ahora impugnada no genera una lesión al interés público, por el contrario el hecho de que la Administración Tributaria recupere montos adeudados por los contribuyentes es un beneficio para el Estado.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria N° 181940000215 (SIN/GDOR/DJCC/CC/RS/00120/2019) de 20 de marzo de 2019. -.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 1 de julio de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 3 de julio de 2019; fojas 26-27 de obrados.

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La Administración Tributaria con memorial presentado el 16 de julio de 2019, ratificó como prueba los antecedentes administrativos adjuntos a la presentación de la

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respuesta al Recurso de Alzada; al efecto, el Proveído de 17 de julio de 2019, dio por ratificada la documentación señalada, fojas 28-29 de obrados.

Mediante memorial presentado el 22 de julio de 2019, Simón Aguilar Mendoza propone como prueba las copias legalizadas del libro de control de registros ingresos, salidas, visitas y demás); certificación emitida por la Cámara de Industriales Huajara Oruro de 29 de mayo de 2019; certificación emitida por la Gerencia General de Vigamar SRL de 16 de julio de 2019 y fotografías del frontis y toma global de las instalaciones; asimismo, solicitó audiencia de inspección ocular; al efecto, el Proveído de 23 de julio de 2019 dio por ofrecida la documentación en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 de la Ley 2492, respecto a la audiencia de inspección ocular con carácter previo se solicitó se indique de manera específica el domicilio exacto para dicha audiencia; actuación notificada por Secretaria a la partes el 24 de julio de 2019; fojas 31-49 de obrados.

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Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF 0481/2019 de 25 de julio de 2019, remitió el expediente a esta instancia recursiva; al efecto, mediante Auto de 30 de julio de 2019, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el. 31 de julio de 2019, fojas. 50-51.y_58 de obrados… –

Con memorial presentado el 29 de julio de 2019, Simon Aguilar Mendoza reiteró la. solicitud de inspección ocular, al efecto, el Proveído de 31 de julio de 2019, fijó audiencia para el 13 de agosto del año en curso a horas 10:00, actuación notificada a ambas partes por Secretaria el 31 de julio de 2019, audiencia llevada a cabo en la fecha y hora programada; fojas 53-57, 59 y 68-72 de obrados.

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11.5 Alegatos Mediante memorial presentado el 9 de agosto de 2019, Verónica Jeannine Sandy Tapia se apersono en representación de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000750 de 1 de agosto de 2019; asimismo, formulo sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en su memorial de respuesta al Recurso de

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Alzada consistentes en que no existirían falencias en la Resolución Sancionatoria considerando lo establecido en el artículo 32 de la Ley 2341 y que los actos se consideran válidos desde la fecha de su notificación o publicación; asimismo en cuanto a las notificaciones afirma que cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 83 y 85 de la Ley 2492; al efecto, por Proveído de 14 de agosto de 2019, se aceptó el apersonamiento y se dieron por formulados los alegatos expuesto notificada por Secretaría a las partes el 14 de agosto de 2019; fojas 63-66 de obrados.

El recurrente no formuló alegatos de conformidad a los términos del artículo 210 parágrafo II del Código Tributario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311940000061 de 27 de febrero de 2019, resolvió instruir el inicio del proceso Sumario Contravencional contra Simón Aguilar Mendoza de conformidad a lo establecido por el artículo 168 del Código Tributario concordante con el numeral 2) del artículo 13 de la RD 10-0031-16, al. existir indicios de la comisión de omisión de pago por importes no pagados de acuerdo a lo previsto en el artículo 165 del Código Tributario concordante con el artículo 42 del DS 27310, en las DDJJ Form 210 con N° de Orden 4083687954 correspondiente al periodo fiscal noviembre 2018; asimismo, concedió 20 días para la presentación de descargos; actuación notificada por cédula el 28 de febrero de 2019; fojas 2-6 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° 181940000215 (SIN/GDOR/DJCC/CCI RS/00120/2019) de 20 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió sancionar al contribuyente Simón Aguilar Mendoza con una multa de 126.735 UFV’s igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada F-210 con N° de Orden 4083687954 del periodo fiscal noviembre 2018, por la contravención de omisión de pago en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492; 8 y 42 del DS 27310; acto administrativo definitivo notificado por cédula el 6 de mayo de 2019; fojas 10-14 de antecedentes administrativos.

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas

en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de ..conformidad al artículo 211, parágrafo III del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Simón Aguilar Mendoza, en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

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IV.1. ASPECTOS DE FORMA IV.1.1 Notificaciones El recurrente en su memorial de Recurso de Alzada manifiesta que el Auto Inicial de Sumario Contravencional fue emitido el 27 de febrero de 2019, según los funcionarios del SIN se habrían constituido en el domicilio fiscal ubicado en la avenida Camino a EMISA s/n y al no ser encontrado el contribuyente dejaron aviso a Mario Soto Ventura sin consignar su cédula de identidad; empero, el primer aviso de visita nunca se habría realizado, lo que implica que el acto procesal se encuentra viciado de nulidad, en el entendido que el lugar del domicilio fiscal cuenta con porteros las 24 horas, quienes no reportaron el apersonamiento de los funcionarios del SIN en esa fecha y hora; además por la zona no existe vecino alguno con el nombre de Mario Soto Ventura, lugar en el cual todos los habitantes se conocerían; siendo que no fue consignado el número de la cedula de identidad, debieron describir como constancia de la legalidad del acto el color de la puerta, fachada, si es vecino del lado este u oeste y otros datos; el citado vecino más bien sería un funcionario del SIN-Oruro, aspecto que vicia de nulidad el acto, al desconocer el aviso de visita y menos el Auto Inicial de Sumario Contravencional con el fin de asumir defensa.

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La Resolución Sancionatoria impugnada supuestamente fue notificada el 16 de abril de 2019, en su domicilio fiscal, nuevamente al no poder ubicar al contribuyente se dejó aviso de visita esta vez a Carlos Yucra de quien tampoco se consignó su cédula de identidad u otro dato que de fe y legalidad a este acto procesal, reiterando que el lugar cuenta con porteros las 24 horas, pero que no reportan la presencia de ningún funcionario del SIN; aspectos que acarrean la nulidad conforme lo previsto en el artículo 35 de la Ley 2341.

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada y en alegatos refiere que de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que las .. notificaciones cumplen con todos los requisitos previstos en el artículo 85 de la Ley 2492, toda vez que al no encontrar al sujeto pasivo en forma personal, se dejó aviso de visita a un vecino de la dirección señalada como domicilio fiscal; además se encuentra estampada la firma de un testigo de dicha actuación.

El objetivo de una notificación es hacer conocer el inicio de un proceso sancionador al contribuyente, diligencia que causa estado a partir del día siguiente a su ejecución conforme señala el artículo 21-11 de la Ley 2341; aclara además que la contravención de omisión de pago, nace a partir de una declaración jurada realizada por el mismo contribuyente, en ese sentido, no puede argumentar el recurrente desconocimiento o sorpresa respecto al inicio del proceso, más aun considerando lo establecido en el artículo 165 de la Ley 2492 y el hecho de la presentación de su impugnación; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

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El artículo 68 de la Ley 2492, señala: Constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros el siguiente: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

El artículo 83 de la mencionada Ley, con relación a los medios de Notificación establece que: i 1. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: 

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  1. 1. Personalmente; 
  2. 2. Por Cédula; 

  1. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En Secretaría; II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar dias y horas extraordinarios...!

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El artículo 84 de la Ley 2492, señala: 1. Las vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código, así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal.se practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia integra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

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El artículo 85 de la citada Ley menciona que: 1. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. 

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  1. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

De inicio es preciso establecer que las notificaciones no son un simple formalismo, sino que cumplen una función material, que no es otra cosa que el hacer conocer a las partes las actuaciones y actos emitidos en los procesos por las autoridades encargadas de tramitarlos; por ello, es ineludible para estas deban cumplir con las

des establecidas para cada forma de notificación, en el entendido que sólo su práctica demuestra que se cumplió con el deber de dar a conocer el acto jurisdiccional emitido a los interesados, materializando así el derecho de las partes a tomar conocimiento de dicho acto, para impugnarlo o asumir la reacción que más convenga a sus derechos e intereses.

La finalidad de la notificación es poner en conocimiento del administrado cualquier actuación o acto administrativo emitida por el sujeto activo, para que el administrado dándose por enterado de estas decisiones, sepa el estado del proceso y pueda utilizar los recursos que contra las mismas sean legales; constituyendo medios válidos de notificación de conformidad al artículo 83 del Código Tributario, los siguientes: “1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En Secretaría”; siendo

  • nula toda notificación que no se ajuste a las formas señaladas.

Con relación al trámite para la notificación por cédula, el artículo 85 de la Ley 2492, señala que cuando el interesado o su representante no fuera encon domicilio se deberá dejar aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él o en su defecto a un vecino del mismo, bajo

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apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente; en caso de que al día siguiente tampoco fuera habido, el funcionario que hubiera dejado los avisos deberá bajo responsabilidad funcionaria formular una representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, para que posteriormente y en conocimiento de dicha representación, la autoridad de la Administración Tributaria disponga que se proceda a la notificación por cédula, debiendo estar constituida la Cédula por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y para conocimiento del administrado, deberá ser entregada por el funcionario de la Administración Tributaria que hubiere realizado la diligencia a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años y para el caso de no poderse entregar, deberá ser fijada en la puerta del domicilio del contribuyente, debiendo además contar con la intervención de un testigo de actuación, quien también firmará la diligencia.

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De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria, mediante el servidor público Guerý Castillo Borda encargado de la notificación, se apersonó en el domicilio ubicado en la calle Camino Emisa S/N de la Zona Huajara II a objeto de notificar a Simón Aguilar Mendoza con el Auto Inicial de Sumario. Contravencional N°’311940000061 de 27 de febrero de 2019, al no ser: — encontrado emitió el Primer Aviso de Visita el 27 de febrero de 2019, a horas 17:40, comunicando que será nuevamente buscado el 28 de febrero de 2019, aviso que fue dejado a un vecino Mario Soto Ventura (quien rehusó firmar) y con la firma de un testigo de actuación identificado como Nelson Guzmán Morales con CI 5721278 Or.; al día siguiente 28 de febrero de 2019 a horas 9:20, nuevamente no fue encontrado el ahora recurrente; posteriormente, el funcionario responsable formuló representación jurada de las circunstancias, como consecuencia la Autoridad Tributaria – Verónica Jeannine Sandy Tapia en su condición de Gerente Distrital Oruro a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales instruyó la notificación por cédula, practicada el 28 de febrero de 2019,

afao fijada en la puerta del domicilio y con la firma de un testigo de actuación identificado como Nelson Guzmán Morales con CI 5721278 Or.; similar situación ocurrió con la Resolución Sancionatoria N° 181940000215 (SIN/GDOR/DJCC/CC/RS/00120/2019) de 20 de marzo de 2019, cuyas notificaciones fueron realizadas conforme detallan los siguientes cuadros:

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Aviso de visita, 27/02/2019, hrs. 17:40 

Guery Castillo A aviso de visita señala Borda con CI que se entrego a un 7922922 Cbba. Ivecino, no consigna firma 

Representación, 28/02/2019; sala que se retorno el 28/02/2019 hrs. 9:20

Auto Inicial de Sumario 

Calle Camino Contravencional N° | Emisa No S/N 311940000061 de la zona 

Huajara II

Guery Castillo La representación señala Borda con CI que se entrego a un 

Simon Aguilar 7922922 Cbba. vecino, no consigna firma Mendoza 

Cedula, 28/02/2019, hrs. 18:25

Guery Castillo Borda con ci 7922922 Cbba. 

Pegado en la puerta del domicilio. Firma la diligencia el testigo de actuación Nelson Guzman Morales con C.1. 5721278 Or 

Fuente.– Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311940000061, fojas 26 de antecedentes administrativos. 

Ant. Admi

Notificación con la Resolución Sancionatoria N° 181940000215 

(SIN/GDOR/DJCC/CC/RS/00120/2019) 

Notificacion

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Domicilio. Domicilio

Firma Domicilio, Notificador Receptor

Notificacion a:

de 1er aviso de visita, 

Marcelo Murillo aviso de visita señala 16/04/2019, 

Gonzales con que se entrego a vecino, hrs. 9:30

CI 3553078 Or. Ino consigna firma

Representación

Resolución 17/04/2019; señala

Sancionatoria No 181940000215

Marcelo Murillo La representación señala 

Calle Camino que se retorno el 

(SINGDOR/DJCCIC Emisa No S/N,

Gonzales con que se entrego a vecino, Simon Aguilar 17/04/2019 

C/RS/00120/2019) Zona Huajara II

CI 3553078 Or. no consigna firma Mendoza hrs.9:13

14 

13 

Cedula, 6/05/2019, hrs. 17:30

Pegado.en la puerta del Marcelo Murillo domicilio. Firma la Gonzales con diligencia la testigo de

Cl3553078 Or. Jactuación Jose Manuel

Antonio Benito con C.I.

12

Fuente.– Resolución Sancionatoria N° 181940000215 (SIN/GDOR/DJCC/CC/RS/00120/2019), fojas 1014 de 

antecedentes administrativos

Los cuadro precedentes acreditan que los servidores públicos dependiente del Servicio de Impuestos Nacionales, se presentaron en el domicilio del contribuyente Simón Aguilar Mendoza a objeto de notificar inicialmente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311940000061 y finalmente con la Resolución Sancionatoria N° 181940000215 (SIN/GDOR/DJCC/CC/RS/00120/2019); sin embargo, ante la ausencia del contribuyente, se dejó el Aviso de Visita a un vecino, persona a quién se le comunicó que al no ser encontrado el ahora recurrente, retornaría al día siguiente para su legal notificación; en esta segunda oportunidad, en la hora señalada tampoco pudo ser habido, lo que originó que se proceda a elevar la respectiva Representación ante la Autoridad Tributaria, quien dispuso la notificación mediante cédula y que además se

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

tiene identificado la intervención del testigo de actuación en aplicación del artículo 85 de la Ley 2492.

Lo anterior demuestra que la Administración Tributaria actuó correctamente al proceder a notificar conforme el artículo 85 de la Ley 2492, ante la imposibilidad de ubicar en forma personal al contribuyente, diligencias que además cumplieron con las formalidades establecidas por el citado precepto legal y se realizaron en el domicilio legal señalado por Simón Aguilar Mendoza ubicado en la calle Camino Emisa S/N de la Zona Huajara II, conforme se tiene de la información extractada de la consulta de padrón (fojas 7 de antecedentes administrativos), sin que exista evidencia respecto a la modificación de la ubicación del inmueble declarado conforme establece el numeral 3 del artículo 70 de la Ley 2492, en ese entendido, es evidente que la Administración Tributaria, procedió a la notificación con las actuaciones y la Resolución Sancionatoria impugnada conforme la normativa tributaria vigente

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En ese contexto; las notificaciones cumplieron con las formas establecidas en el artículo 83 de la Ley 2492, ajustándose específicamente a lo establecido por el artículo 85 (notificación por cédula) del Código Tributario, ahora bien, el recurrente cita la RD 10-0032-15 (referente al Régimen Sancionatorio por Contravenciones Tributarias) señalando que se habría incumplido; sin embargo, esta normativa no establece el procedimiento para las notificaciones, además la misma debe ajustarse a la Ley 2492, lo que implica que no invalida dichas actuaciones que fueron efectivamente dejadas en el domicilio señalado aspecto refrendado por la firma del testigo de actuación en la diligencia; asimismo, corresponde aclarar que el acto impugnado fue de pleno conocimiento del sujeto pasivo, quien asumiendo su derecho a la defensa y en los plazos y condiciones establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, presentó su impugnación, cuyos argumentos son objeto de análisis en la presente Resolución.

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Con relación a lo aseverado por el recurrente respecto a que no existe vecino alguno con el nombre de Mario Soto Ventura y que no se consignó su cédula de identidad, situación observada también para el vecino Carlos Yucra; corresponde aclarar que el artículo 85 de la Ley 2492, no establece que el aviso de visita y/o la diligencia de notificación consignen dichos datos; no obstante, ambas actuaciones a objeto de

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613-2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

establecer su legalidad dentro del procedimiento de notificación por cédula, cuentan con la firma de un testigo de actuación plenamente identificado conforme se evidencia a fojas 4,6 y 14 de antecedentes administrativos. Asimismo, corresponde señalar que los actos y actuaciones de la Administración Pública, por estar sometidas plenamente a la Ley, se, presumen legítimos, conforme se encuentra previsto en el artículo 65 de la citada norma.

Respecto a la documentación adjunta al Recurso de Alzada, consistente en: copias notariadas cursantes a fojas 31-40 de obrados, certificaciones emitida por la Cámara de Industriales Huajara Oruro y Vigamar SRL e impresiones de fotografías; es preciso señalar que: la copias notariadas no precisan a qué tipo de registros corresponderían, debido a que sólo se presentan algunas fojas; las certificaciones acreditan solamente que Mario Soto Ventura y Carlos Yucra no son funcionarios, trabajadores o personal de seguridad de las citadas empresas; y finalmente de las impresiones de fotografías, se evidencia la zona donde se procedió a la notificación con las actuaciones del presente proceso; consecuentemente, la mencionada documentación no desvirtúa la realización de las notificaciones con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria en el marco de los artículos 83 y siguientes del Código Tributario.

Finalmente, con relación a la audiencia de inspección ocular cuya acta cursa a fojas 68-72 de obrados, se advierte el domicilio fiscal del ahora recurrente ubicado en la calle Camino Emisa S/N de la Zona Huajara ll; asimismo, intervino en dicha audiencia el sereno quien exhibió un libro de vigilancia y señaló que se encuentra en el establecimiento día tras día; el abogado del contribuyente también afirma que los vecinos serían BAROLIVIA Y VIGAMAR, ratificando que no se habrían realizado las notificaciones con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311940000061 de 27 de febrero de 2019 y la Resolución Sancionatoria N° 181940000215 (SIN/GDOR/DJCC/CC/ RS/00120/2019) de 20 de marzo de 2019; al respecto, cabe manifestar que con la audiencia de inspección ocular se constató la existencia del domicilio fiscal de Simón Aguilar Mendoza, siendo el lugar una zona extensa y con varios inmuebles colindantes, en ese sentido, se tiene que las notificaciones con las actuaciones y actos administrativos fueron realizados por cédula, cuyos avisos de visita. consignan que se dejó la constancia a un vecino del lugar que no necesariamente

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deben ser BAROLIVIA Y VIGAMAR como pretende el ahora recurrente, más aun cuando dichos avisos de visita identifican a los vecinos refrendando además tal hecho con la firma e identificación de un testigo de actuación; por otro lado, con relación a la intervención del sereno, al ser un empleado del recurrente, su intervención no es prueba suficiente para desvirtuar la legal notificación dentro el proceso sancionador.

No obstante de establecer que las notificaciones con las actuaciones y actos administrativos fueron realizadas en el marco de la normativa tributaria correspondiente, también es pertinente citar la jurisprudencia constitucional, contenida entre otras en la Sentencia Constitucional 0486/2010-R de 5 de julio, señaló que: “…aun cuando la notificación sea defectuosa, pero que llegue a conocimiento de la parte, se tendrá por cumplida y como válida…”, criterio respaldado también por la Sentencia Constitucional N° 1845/2004-R de 30 de noviembre, que respecto a la finalidad de la notificación, señala que las “…notificaciones, que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure sú recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario, … (Sic)… sólo el conocimiento real y, efectivo de la comunicación, asegura que no se provoque indefensión en la tramitación: y resolución en toda clase de procesos...”; en ese entendido, es incuestionable que la notificación efectivamente alcanzó su finalidad u objetivo, al poner en conocimiento del recurrente de la Resolución Sancionatoria N° 181940000215 (SIN/GDOR/DJCC/CC/RS/00120/2019) de 20 de marzo de 2019; consecuentemente, se ajustó al procedimiento establecido por los artículos 83 y siguientes e la Ley 2492 sin que corresponda retrotraer obrados por esta causa.

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IV.1.2 Derecho a la defensa 

Simón Aguilar Mendoza en su memorial de Recurso de Alzada manifiesta que realizada la supuesta notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional el 27 de febrero de 2019, se contaba con 20 días para la presentación de los descargos, es decir, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 20 de marzo del mismo año; sin embargo, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria el mismo 20 de marzo

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de 2019, a los 19 días de la notificación con el AISC, lo que vulnera el punto 3 del artículo 13 y punto 3 del artículo 11 de la RND 10-0032-15 y, por tanto también dicho acto se encuentra viciado de nulidad.

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, refiere

que un acto administrativo no surte efecto con su sola emisión, necesariamente debe ser notificado, aspecto previsto en el artículo 32 de la Ley 2341, en el presente caso el ahora acto impugnado fue notificado el 6 de mayo de 2019, es decir, que la fecha efectiva y que causo estado en el sujeto pasivo fue al día siguiente de esta notificación, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo II del artículo 21 de la citada norma. El recurrente solicita la nulidad de obrados invocando el artículo 35 de la Ley 2341; sin considerar el artículo 55 del DS 27113, en el entendido que no se causó indefensión en el administrado, además hasta la fecha de notificación el término fue amplio; sin embargo, no se presentó descargo alguno; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115, parágrafo II de la Constitución Política del Estado señala que: II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones

El artículo 168 de la Ley 2492, en sus parágrafos I, II y III establece: I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por: medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse la reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas la pruebas que hagan a su derecho II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

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Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este Código. III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final de sumario. 

Previo a ingresar al análisis pertinente, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, dispone entre otras garantías que es el Estado quien debe garantizar el derecho al debido proceso en toda actuación administrativa; lo que implica, que es obligación de los organismos y dependencias de la Administración Pública a garantizar de manera expresa el debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo deben estar circunscritos al ordenamiento jurídico legal para avalar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

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En ese contexto, toda autoridad administrativa debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un

resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia…

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De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311940000061 de 27 de febrero de 2019, resolvió instruir el inicio del proceso Sumario Contravencional contra Simón Aguilar Mendoza de conformidad a lo establecido por el artículo 168 del Código Tributario

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvísa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973• www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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concordante con el numeral 2) del artículo 13 de la RD 10-0031-16, al existir indicios de la comisión de omisión de pago por el importe no pagado de acuerdo a lo previsto en el artículo 165 del Código Tributario concordante con el artículo 42 del DS 27310 en la DDJJ Form 210 con N° de Orden 4083687954 correspondiente al periodo fiscal noviembre 2018; asimismo, concedió 20 días para la presentación de descargos; actuación notificada por cédula el 28 de febrero de 2019; según se advierte a fojas 2-6 de antecedentes administrativos.

El proceso sancionador.concluyó con la emisión de la Resolución Sancionatoria No 181940000215 (SIN/GDOR/DJCC/CC/RS/00120/2019) de 20 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales que resolvió sancionar al contribuyente Simón Aguilar Mendoza con una multa de 126.735 UFV’s igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada F-210 con N° de Orden 4083687954 del periodo fiscal noviembre 2018, por la contravención de omisión de pago en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492; 8 y 42 del DS 27310; acto administrativo definitivo notificado por cédula el 6 de mayo de 2019; conforme consta a fojas 10-14 de antecedentes administrativos..

Conforme lo relacionado es evidente que la Administración Tributaria notificó por cédula con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311940000061, el día 28 de febrero de 2019, a objeto de que el administrado pueda presentar sus descargos dentro del plazo de 20 días siguientes a su notificación de acuerdo a lo previsto en el parágrafo. I del artículo 168 de la Ley 2492.

El plazo de 20 días concedido al presunto contraventor, empezó a correr el día viernes 1 de marzo de 2019 y venció al finalizar la última hora del día 20 de marzo del mismo año; en consecuencia, la Administración Tributaria, tenía habilitada su competencia para dictar la Resolución que corresponda a partir del día jueves 21 de marzo de 2019, conforme dispone el citado artículo 168 del Código Tributario; no obstante, en el presente caso, la Administración Tributaria, emitió la Resolución Sancionatoria No 181940000215 (SIN/GDOR/DJCC/CC/RS/00120/2019), el mismo día que concluía el término para presentar descargos, esto es el 20 de marzo de 2018, es decir, antes del

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vencimiento del plazo de 20 días concedido al contribuyente y con anterioridad al periodo de tiempo en que debió dictar la respectiva Resolución.

La emisión anticipada de la Resolución impugnada, evidentemente conculcó el ejercicio del derecho a la defensa del recurrente, como consecuencia el principio del debido proceso administrativo; además del principio de seguridad jurídica que es un principio del derecho universalmente reconocido se basa en la certeza del derecho, representando la garantía concedida individuo de que su persona, sus bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos o que si estos llegan a producirse le serán asegurados, protegidos y reparados por la sociedad. El Principio de Seguridad Jurídica a su vez se nutre del Principio de Legalidad o de Primacía de la Ley lo que asegura que todo ejercicio del poder público debe someterse a la voluntad de la ley, de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas o entes particulares, la finalidad es garantizar los medios para que las personas o entidades dentro de su territorio gocen de la estabilidad y la seguridad de que sus derechos, no podrán ser modificados sino por procedimientos regulares, establecidos dentro de un sistema de derecho vigente, general y equitativo.

Las imposiciones del Estado en materia tributaria como todas las materias, se encuentran sujetas a las normas relativas al establecimiento de derechos, deberes y límites a seguir en un plano de legalidad que otorgue plena seguridad tanto para el sujeto pasivo como para las Administraciones Tributarias ajustadas al derecho y fundamentada en los principios constitucionales que rigen nuestra sociedad. El principio de seguridad jurídica en materia tributaria podría definirse como la presunción de que todo contribuyente conoce sus deberes y prerrogativas en sus interacciones con la Administración Tributaria, toda vez que los mismos se encuentran predeterminados de forma precisa; aspecto que fue vulnerando en el presente caso, toda vez que no se dio cumplimiento al procedimiento legalmente establecido en el . artículo 168 de la Ley 2492.

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Conforme lo señalado, corresponde que el Ente Fiscal garantice el término de prueba establecido por norma, el cual comienza a correr una vez notificado el Auto Inicial de Sumario Contravencional; en ese entendido, con el fin de restituir el derecho de defensa vulnerado, el sujeto activo deberá nuevamente realizar dicha notificación y

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emitir la Resolución Sancionatoria si corresponde una vez concluidos los 20 días conforme dispone el artículo 168 de la Ley 2492.

Bajo las circunstancias descritas precedentemente y al ser evidente la existencia de un acto administrativo emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales contrario a la Constitución Política del Estado y al Código Tributario, vulnerando el debido proceso, derecho a la defensa y los principios de legalidad y seguridad jurídica, al haberse emitido la Resolución Sancionatoria antes del vencimiento del plazo probatorio para presentar descargos de conformidad al artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, aplicable al caso por disposición del artículo 74 del Código Tributario corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la diligencia de notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311940000061 de 27 de febrero de 2019, inclusive, debiendo la Administración Tributaria, respetar el plazo de veinte (20) días otorgados por el artículo 168 de la Ley 2492 y emitir si corresponde, un acto administrativo cumpliendo las formalidades estrictamente establecidas por Ley.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

  • Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

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RESUELVE: PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta, la diligencia de notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311940000061 de 27 de febrero de 2019, inclusive, debiendo la Administración Tributaria, respetar el plazo de veinte (20) días otorgado por el artículo 168 de la Ley 2492.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional; Autoridad Regional de Impugnación 

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