ARIT-LPZ-RA-1001-2019 Se anula Resolución Sancionatoria. La Administración Tributaria emite Resolución Sancionatoria sin fundamentar su posición, tampoco evalúa lo argumentado por el contribuyente, respecto a la conservación de documentación y sobre la prescripción de imposición de sanción, debiendo el SIN emitir nueva nuevo acto administrativo debidamente fundamentado.

ARIT-LPZ-RA-1001-2019

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Eslado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1001/2019 

Recurrente: 

INTERNACIONAL EXCEL S.R.L., representada legalmente por Aguelino Wilson Fernández Ayma

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representada legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia

Acto Impugnado: 

Resolución Sancionatoria N° 181940000231 (SIN/GDOR/DJCC/TJ/RS/00075/2019)

Expediente: 

ARIT-ORU-0137/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 9 de septiembre de 2019 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración

Tributaria Recurrida, el Auto de Apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1001/2019 de 6 de septiembre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Sancionatoria N° 181940000231 (SIN/GDOR/DJCC/T3/RS/ 00075/2019) de 26 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió sancionar al contribuyente INTERNACIONAL EXCEL S.R.L. con la multa de 3.000 UFV’s por incurrir en la .contravención tributaria de Incumplimiento de los Deberes Formales en previsión de los numerales 6 y 8 del artículo 70 de la Ley 2492, sancionado con el numeral 4, sub numeral 4.1 del Anexo I de la Resolución Normativa de Directorio 10-0033-16 del 25

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1 Argumentos de la Recurrente INTERNACIONAL EXCEL S.R.L. representada legalmente por Aguelino Wilson Fernández Ayma conforme se acredita del Testimonio N° 229/2019 de 11 de junio de. 2019, mediante memoriales presentados el 27 de mayo y 12 de junio de 2019, cursantes a fojas 13-19 y 24-25 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria en el primer considerando del acto administrativo, refiere que de conformidad al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311840001332, requirió con la Nota No 061840008538 la presentación de la siguiente documentación: a) copia impresa de las facturas emitidas; b) documentos y/o medios de pagos recibidos (recibos de pago, comprobantes de ingreso, etc. según corresponda); c) Libro de Ventas – IVA y otros, otorgándole el plazo de 3 días para su presentación; al haber incumplido el requerimiento, el sujeto pasivo contravino los numerales 6 y 8 del artículo 70 de la Ley 2492, cuya sanción está prevista en el artículo 162 de la mencionada Ley y en el sub numeral 4.1, numeral 4 del Anexo I de la RND N° 10 0033-16 de 25 de noviembre de 2016, sancionando el incumplimiento del deber formal de “no entregar ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación”.

Se entiende que el fundamento de la Autoridad Fiscal se debe al supuesto incumplimiento de emisión de información dentro de un proceso de fiscalización, verificación, control e investigación y para ello notificó una simple nota, que no cumple con lo previsto en los artículos 95 párrafo I, 104 parágrafo I de la Ley 2492 y 31 del DS 27310.

El presente caso no se trata de un proceso de fiscalización que se inicia con la notificación de una Orden de Fiscalización y no como pretende el ente fiscal que trata de forzar mediante un acto de mero trámite como es la nota No 061840008538 y posteriormente imponer la sanción prevista en el sub numeral 4.1 numeral 4 (Anexo 1) de la RND N° 10-0033-16 que no es aplicable, siendo que la citada nota no es un

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acto que dé inicio a un proceso de fiscalización y no cumple con las formalidades de

ley.

La mencionada nota establece un plazo de 3 (tres) días para la remisión de la información, vulnerando lo previsto en el artículo 10 de la RND N° 10-0032-16 de 25 de noviembre de 2016, por el cual otorga un plazo de 15 días para remitir la información requerida; lo señalado denota que el sujeto activo trata de forzar la sanción impuesta en un acto que no cumple con los requisitos previstos en el artículo 31 del Reglamento al Código Tributario; aspecto que vulnera el debido proceso, al

aplicar la sanción por analogia, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 8 parágrafo III de la Ley 2492, que dispone que la analogía será admitida para llenar vacíos legales, pero no podrán tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes.

La documentación requerida en la citada nota, corresponde a la gestión 2010, por tal motivo en respuesta al Auto Inicial de Sumario Contravencional 311840001332 de 7 de diciembre de 2018, planteó prescripción con fundamentos jurídicos legales amplios, toda vez que a la fecha prescribió la facultad de la Administración Tributaria de controlar, verificar, fiscalizar y en especial de imponer sanciones administrativas con relación a la información requerida de la gestión 2010; asimismo, de acuerdo al numeral 8 del artículo 70 del Código Tributario, al tratarse de documentación de la gestión 2010, realizado el computo respectivo se tiene que al 2017, el contribuyente no tiene la obligación de respaldar sus actividades concernientes a la gestión 2010.

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A la luz de las normas señaladas, el instituto de la prescripción operó habiéndose iniciado el 1 de enero de 2011 y concluido el 31 de diciembre de 2014; asimismo, no existió ningún acto que suspenda o interrumpa la prescripción, no se interpuso recurso alguno ni judicial ni administrativo; asimismo, no se emitió ni notificó Resolución Determinativa y/o Sancionatoria antes del vencimiento del plazo y no existe en obrados acto de reconocimiento expreso o tácito de la supuesta obligación tributaria; conforme lo previsto en los artículos 61 y 62 de la Ley 2492. En relación a la irretroactividad de la norma, cita los artículos 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492, de lo que infiere que no corresponde la aplicación del artículo 59 con las modificaciones realizadas por la Leyes 291, 317 y 812 a la Ley 2492, sino el artículo

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59 vigente en el año 2010; al efecto, cita y transcribe parte de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2013.

La Resolución Sancionatoria impugnada considerada como un acto administrativo definitivo, no menciona absolutamente nada con relación a la prescripción, aspecto que atenta los intereses del sujeto pasivo y vulnera las garantías constitucionales.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular la Resolución Sancionatoria N° 181940000231 (SIN/GDOR/DJCC/TJ/RS/00075/2019) de 26 de marzo de 2019.

II.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por INTERNACIONAL EXCEL S.R.L. representada legalmente por Aguelino Wilson Fernández Ayma, fue admitido por Auto de 14 de junio de 2019, notificado de manera personal a la Administración Tributaria y al recurrente el 19 y 25 de junio de 2019, respectivamente; fojas 26-28 de obrados.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000353 de 3 de mayo de 2019, por memorial presentado el 3 de julio de 2019, cursante a fojas 31-33 de obrados, respondió de forma negativa expresando lo siguiente:

El contribuyente realiza una equivocada relación de los hechos en cuanto a las actuaciones realizadas por la Administración Tributaria, toda vez que en defensa de sus argumentos sostiene que se está violentando con lo especificado en la normativa vigente para la ejecución y determinación de una fiscalización; al respecto, de antecedentes administrativos se puede observar que no se está llegando a la emisión de una Resolución Determinativa, es decir, el requerimiento de información no se trata de una fiscalización; se debe tener presente que el ente fiscal ejerce sus facultades en diversas áreas, no solo con la intención de iniciar una fiscalización, la normativa tributaria otorga amplias facultades relacionadas al control de obligaciones tributarias; en ese contexto, en el presente caso considerando que los sistemas financieros se ven entrelazados entre el

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crédito y débito fiscal de un contribuyente a otro, la información que se requiere en ocasiones sirve de utilidad en cuanto a la elaboración de cruce de información que existe entre vendedores y compradores, por ende la documentación fue requerida mediante nota y no así con una orden de verificación.

Aclara que para el ejercicio de las facultades otorgadas por ley, no resulta necesario ejercerlas con la emisión de una orden de verificación, siendo que no todos los actos administrativos que ejecuta el ente fiscal son una fiscalización o terminan en una Resolución Determinativa; en ese sentido, el emitir una nota para requerir información no cuenta con ningún óbice legal o procedimental para su legal eficacia o ejecución.

En relación a que los periodos de información se encontrarían prescritos, aclara que la contravención nace a partir del incumplimiento de una solicitud de información, notificada el 24 de octubre de 2018, teniendo el plazo hasta el 29 de octubre de 2018, para la presentación de la documentación requerida y tomando en cuenta que el contribuyente no hizo entrega de lo solicitado, nace la contravención conforme lo establecen los artículos 70 y 160 de la Ley 2492; es decir, la contravención nace el 2018 y el plazo del cómputo para la prescripción de la facultad de determinación de la sanción empieza a correr el 1 de enero de 2019 y termina el 31 de diciembre de 2026, aspecto concordante con lo dispuesto en los artículos 59 y 60 numeral II de la Ley 2492; consecuentemente, la Resolución Sancionatoria 181940000231 de 26 de marzo de 2019, fue emitida dentro el plazo válido y antes de que opere la prescripción.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria N° 181940000231 (SIN/GDOR/DJCC/TJ/RS/ 00075/2019) de 26 de marzo de 2019.

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11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 4 de julio de 2019, se declaró la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, en aplicación del inciso d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría tanto al recurrente como a la Administración Tributaria el 10 de julio de 2019; fojas 34-35 de obrados.

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La Administración Tributaria por memorial presentado el 19 de julio de 2019, ratificó en Juan Carlos y calidad de prueba preconstituida, el expediente administrativo íntegro presentado a Guzmán Ruite

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momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 22 de julio de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada en el memorial que antecede en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario; actuación notificada a las partes en Secretaría el 24 de julio de 2019; fojas 36-38 de

obrados. 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, mediante nota CITE: ARITLP-ORU-OF-0498/2019 de 1 de agosto de 2019, el Responsable de Recursos de Alzada Oruro, remitió el expediente y los antecedentes administrativos a esta Instancia Recursiva; al efecto, mediante Auto de 12 de agosto de 2019, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado a las partes el 14 de agosto de 2019; fojas 39 41 de obrados..

. 11.5 Alegatos 

De la revisión de obrados, se advierte que la parte recurrente y la Administración Tributaria no formularon alegatos de conformidad al artículo 210, parágrafo II del Código Tributario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La nota No 061840008538 (CITE: SIN/GDOR/DF/NOT/01136/2018) de 10 de octubre de 2018, requirió al representante legal de INTERNACIONAL EXCEL S.R.L., Aguelino Wilson Fernández Ayma, la presentación de información documentada de su cliente EMPRESA DE TRANSPORTES SAN ISIDRO S.R.L. con NIT 120869020, solicitando fotostáticas debidamente autentificadas o legalizadas correspondiente a la gestión 2010, referidas a copia empresa de las facturas emitidas, documentos y/o medios de pago recibidos, libro de ventas IVA y otros; acto que fue notificado de manera personal al representante legal del contribuyente el 24 de octubre de 2018; fojas 6-8 de antecedentes administrativos.

El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311840001332 de 7 de diciembre de 2018, emitido contra INTERNACIONAL EXCEL S.R.L., dispuso el inicio del Proceso Sumario Contravencional de conformidad a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 2492, al haberse constatado que el contribuyente no presentó la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos formas y lugares

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establecidos; conducta que se constituye en incumplimiento al deber formal de conformidad a los numerales 6 y 8 del artículo 70 de la Ley 2492, sancionado por el numeral 4, sub numeral 4.1 del Anexo I de la RND 10-0033-16 con una multa de 3.000 UFV’s; actuación administrativa notificada por cédula al representante, legal del contribuyente el 31 de diciembre de 2018; fojas 3-4 y 9-11 de antecedentes administrativos.

El Informe CITE: SIN/GDOR/DF/CPREV/00010/2019 de 23 de enero de 2019, concluyó señalando que la contribuyente no realizó el pago de la sanción impuesta ni presentó descargos al incumplimiento detectado, motivo por el cual corresponde la emisión de la Resolución Sancionatoria; fojas 12-13 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 17 de enero de 2019, el contribuyente INTERNACIONAL EXCEL S.R.L. representada legalmente por Aguelino Wilson Fernández Ayma, presentó ante la Administración Tributaria argumentos de descargo relacionados con la conservación de documentos y la prescripción,

ndo en consecuencia se disponga la inexistencia de la multa; aspecto que mereció la emisión del Proveído N° 241940000073 de 13 de febrero de 2019, a través del cual el Ente Fiscal señaló que conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la RND N° 10-0032-16 de 25 de noviembre de 2016, el resultado del análisis de los descargos presentados serán notificados mediante la Resolución correspondiente, acto notificado por secretaria el 27 de febrero de 2019; fojas 15-19 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° 181940000231 (SIN/GDOR/DJCC/TJ/RS/ 00075/2019) de 26 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió sancionar al contribuyente INTERNACIONAL EXCEL S.R.L. con la multa de 3.000 UFV’s por incurrir en la contravención tributaria de Incumplimiento de los Deberes Formales, en previsión de los numerales 6 y 8 del artículo 70 de la Ley 2492, sancionado con el numeral 4, sub numeral 4.1 del Anexo I de la Resolución Normativa de Directorio 10-0033-16 del 25 de noviembre de 2016; acto administrativo notificado por cédula al representante legal del contribuyente el 6 de mayo de 2019; fojas 25-31 de antecedentes administrativos.

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  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por el contribuyente INTERNACIONAL EXCEL S.R.L. mediante su representante legal Aguelino Wilson Fernández Ayma; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

De inicio, es necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó alternativamente la nulidad o revocatoria del acto administrativo impugnado; en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio ylo posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará inicialmente la revisión de la existencia o no de los vicios tales como la falta de valoración de descargos y si está legalmente sancionado con la nulidad; sólo en caso de no ser evidente, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas.

IV.1. ASPECTOS DE FORMA IV.1.1. Valoración de Descargos INTERNACIONAL EXCEL S.R.L. representada legalmente por Aguelino Wilson Fernández Ayma en su Recurso de Alzada señala que la documentación requerida corresponde a la gestión 2010, por tal motivo en respuesta al Auto Inicial de Sumario Contravencional 311840001332 de 7 de diciembre de 2018, planteó prescripción con fundamentos jurídicos legales amplios; sin embargo, la Resolución Sancionatoria no menciona ni emite pronunciamiento alguno al respecto, lo que atenta a los intereses del sujeto pasivo y vulnera las garantías constitucionales.

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  • La Administración Tributaria en relación a lo señalado por el contribuyente que refiere que los periodos de información se encontrarían prescritos, aclara que la contravención nace ante el incumplimiento de la remisión de información que debía efectuarse hasta el 29 de octubre de 2018; en ese contexto, tomando en cuenta que el contribuyente no hizo entrega de lo solicitado, nace la contravención conforme lo establecen los artículos 70 y 160 de la Ley 2492; es decir, la contravención nace el 2018 y el plazo del cómputo para la prescripción de la facultad de determinación de la sanción empieza a correr el 1 de enero de 2019 y termina el 31 de diciembre de 2026; al respecto, corresponde el siguiente

análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: 1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. Il. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley. 

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El artículo 68 numerales 2, 6, 7 y 10 de la Ley 2492, referido a los derechos del sujeto pasivo, dispone: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se formulen, ya sea en forma personal o través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por lo

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órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

El parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, establece: La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

El artículo 169 parágrafo de la Ley 2492, dispone: La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de notificado con la vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por contravención. 

En principio, es necesario recordar que la Sentencia Constitucional Plurinacional 1414/2013, determinó que el derecho a la fundamentación de un fallo, es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y motivación, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. De igual forma, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0136/2014 de 10 de enero en su parte pertinente estableció el siguiente entendimiento: “El debido proceso, previsto en el art. 115.// de la CPE, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como el derecho a un proceso justo y equitativo, a través del cual el ciudadano sea protegido de posibles arbitrariedades, debiendo concurrir en todas las resoluciones pronunciadas tanto en 

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sede judicial como administrativa el elemento de la motivación que en definitiva garantiza al procesado el conocer con certeza por qué se le aplicó determinada sanción y cuál es la relación de ésta con los hechos cuya comisión le fueron atribuidos; es decir que toda resolución pronunciada, debe exponer claramente las razones y normas que la respaldan proporcionando el convencimiento respecto a su legalidad y a lo acertadas de las razones que llevaron a asumir determinada decisión”. 

Así también, debemos recordar que el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, dispone: (…) La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, acomo la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa (…)”; al respecto, se debe considerar que la citada disposición legal no sólo es aplicable a una Resolución Determinativa sino también a una Resolución Sancionatoria de conformidad a lo dispuesto el artículo 169-1 del Código Tributario; en ese contexto, el acto definitivo del proceso sancionador debe contener los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la determinación asumida por parte del Ente Fiscal y de igual manera deben exponer la valoración de los descargos presentados por el sujeto pasivo durante el período establecido por el artículo 98 de la Ley 2492.

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De la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311840001332 de 7 de diciembre de 2018, contra INTERNACIONAL EXCEL S.R.L., señalando: “Que, efecto de la no presentación de la documentación solicitada mediante NOTA No 061840008538 el contribuyente cometió el Incumplimiento a Deber Formal conforme lo establecido en los Numerales 6 y 8 del Art. 70 (Obligaciones tributarias del sujeto pasivo) del Código Tributario (Ley 2492), concordante con el inciso d) numeral 1) del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0032.15(...) Se dispone el Inicio del Proceso Sumario Contravencional en contra del Contribuyente INTERNACIONAL EXCEL SRL. con NIT 1010233029 (…) La conducta señalada anteriormente, se constituye en Incumplimiento a Deberes Formales de conformidad a lo establecido en los Numerales )

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6 y 8 del Art. 70 de la Ley 2492 (...), sancionando tal incumplimiento por el Numeral 4 Sub numeral 4.1 del Anexo I (Régimen General) de la Resolución Normativa de Directorio 100033-16, la cual sanciona con 3.000 UFV (...)”; asimismo, le concedió veinte (20) días a partir de su notificación, para que el sujeto pasivo presente sus descargos; notificación practicada por cédula el 31 de diciembre de 2018, así se advierte a fojas 3-4 y 9-11 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 17 de enero de 2019, el sujeto pasivo presentó descargos; posteriormente se emitió la Resolución Sancionatoria N° 181940000231 (SIN/GDOR/DJCC/TJ/RS/ 00075/2019) de 26 de marzo de 2019, que resolvió sancionar al contribuyente INTERNACIONAL EXCEL S.R.L. con la multa de 3.000 UFV’s por la contravención tributaria de Incumplimiento de los Deberes Formales en previsión de los numerales 6 y 8 del artículo 70 de la Ley 2492, sancionado con el numeral 4, sub numeral 4.1 del Anexo I de la Resolución Normativa de Directorio 10-0033-16 del 25 de noviembre de 2016;. acto administrativo notificado por cédula al representante legal del contribuyente el 6 de mayo de 2019.

Ahora bien, toda vez que la impugnación del ahora recurrente versa principalmente sobre el hecho de que la Administración Tributaria atenta los intereses del sujeto pasivo y vulnera las garantías constitucionales al no emitir pronunciamiento en relación a la prescripción planteada como descargo ante el acto administrativo preliminar; al respecto, corresponde señalar que el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311840001332 de 7 de diciembre de 2018, estableció que el contribuyente contravino el deber formal de No entregar ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación, en los plazos, formas y lugares establecidos; aspecto que se constituye en Incumplimiento de deberes formales relacionados con el deber de información, de conformidad a lo establecido en los numerales 6 y 8 del artículo 70 de la Ley 2492, e inciso d) numeral 1) del artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0032.15; ante el citado acto administrativo preliminar el sujeto pasivo presentó nota de descargos, señalando: los argumentos relacionados a la conservación de la documentación y el planteamiento de la prescripción.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Por lo señalado y siguiendo el análisis correspondiente es menester indicar que la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, se limitó a establecer una copia inextenso los argumentos de descargo presentado por el contribuyente recepcionada el 17 de enero de 2019, indicando: (...) dentro el plazo legal establecido, tengo a bien en desvirtuar el cargo pretendido, en base a los siguientes aspectos de orden legal que paso a detallar y fundamentar: Conservación de documentos: Mediante nota 061840008538 de 10 de octubre de 2018, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales requiere la presentación de información documentada a efectos de contar con información relacionada al cliente EMPRESA DE TRANSPORTE SAN ISIDRO S.R.L., correspondiente a la gestión 2010(…); al no haber presentado documento alguno solicitado, se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311840001332 del 7 de diciembre de 2018, con la cual se pretende sancionar con UFV’s 3.000.– de acuerdo al numeral 4 sub numeral 4.1 del anexo I de la RND 10003316. Conforme el numeral 8 del artículo 70 del Código Tributario (Ley 2492) de manera clara y especifica señala que el contribuyente o sujeto pasivo tiene la obligación de conservar hasta siete (7) años en forma ordenada () Normativa citada precedentemente que es aplicable por mandato del Artículo 150 del Código Tributario Boliviano que establece sanciones más benignas o tiempos más cortos para la prescripción o que de alguna manera benefician al sujeto pasivo; por lo que para el presente caso la Administración Tributaria habría perdido las facultades de requerir la presentación de documentación (…).” 

Continuo señalando: “(…) Prescripción: Al tratarse la presunta contravención por no Entregar Ninguna Documentación e Información Requerida por la Administración Tributaria Durante la Ejecución de Procedimientos de Fiscalización, Verificación, Control e Investigación correspondiente a la Gestión 2010; se puede evidenciar que las facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos por parte de la Administración Tributaria habrían prescrito conforme el inciso 1 parágrafo / del artículo 59 del Código Tributario, toda vez que habría transcurrido más de siete (7) años a la fecha por ende superabundantemente el tiempo establecido para prėscripción de los cuatro (4) años establecidos (...)“. 

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No obstante, con relación a los argumentos de descargos presentados por el sujeto pasivo referidos a la conservación de la documentación y la prescripción, estableció lo

siguiente: “(…) Que. del análisis y evaluación de los descargos presentados por el Guzmán Ruz)

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contribuyente y el informe con CITE: SIN/GDOR/DF/CPREV/00030/2019 de fecha 6 de marzo de 2019, emitido por el Departamento de Fiscalización, se establece lo siguiente: Conforme lo señalado e invocado por el contribuyente, respecto del numeral 8 del artículo 70 de la Ley 2492, referido a la conservación de la documentación hasta los siete años, este no demuestra con documentación original, suficiente y valida que ya no posea o conserve la documentación solicitada mediante nota (…) y tampoco explica por qué no tiene y/o posee los documentos solicitados, por tanto, no demuestra este hecho y no desvirtúa el incumplimiento detectado 

Lo anterior, muestra que la Administración Tributaria no realizó el análisis de la prescripción en relación a la obligación de la conservación de la documentación de la gestión 2010, limitándose a señalar que el contribuyente no presentó documentación o información original, suficiente y valida ni explicó porque no tiene o posee los documentos solicitados con el requerimiento realizado en la Nota No 06184008538, restringiendo su análisis de prescripción de la facultad de imposición de sanciones y no al plazo de conservación de la documentación, conforme dispone los numerales 2, 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492, señalando expresamente lo siguiente: “... la facultad de la Administración Tributaria no prescribió, ya que el incumplimiento sancionado, se configuró al momento de cumplimiento del plazo señalado en la nota CITE: SIN/GDOR/DF/NOT/01136/2018 y número 061840008538, que establece como plazo para la presentación 3 días hábiles y habiendo sido notificada esta, el 31 de diciembre de 2018, el incumplimiento se generó al día siguiente hábil del 4 de enero de 2018, por tanto, el período en el que se configuro la contravención es enero 2019. En ese entendido, el plazo se computa a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención o sea, febrero 2019 por lo que la invocación del artículo 150 de la Ley 2492, no aplica al presente caso y corresponde la aplicación de la norma vigente en el momento en que se produjo el hecho…

De lo citado precedentemente, es evidente que el acto administrativo definitivo no emitió una respuesta fundamentada, resultado de un análisis técnico sustentado en la normativa en relación a los argumentos de descargo presentados para desvirtuar la sanción impuesta contra la empresa INTERNACIONAL EXCEL SRL, relativos a la prescripción de las facultades del ente fiscal para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos de la gestión 2010, toda vez que habría transcurrido más

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de siete (7) años a la fecha del requerimiento de documentación que corresponde a la gestión 2010; evitando responder o evaluar la prescripción y en consecuencia la obligatoriedad por parte del sujeto pasivo de la custodia de la documentación correspondiente a la gestión fiscal 2010.

En ese entendido, se evidencia que el acto definitivo impugnado no cuenta con la valoración de todos los descargos y/o argumentos presentados por el contribuyente, toda vez que de su lectura cursante a fojas 26-27 de antecedentes administrativos; si bien transcribe la totalidad de los argumentos presentados por el sujeto pasivo en fecha 17 de enero de 2019; no obstante, dicho acto se limita a señalar el incumplimiento cometido, exponer la contravención tributaria y la sanción correspondiente, omitiendo la fundamentación de lo referido a la obligación de la conservación de la documentación de la gestión 2010 por parte del contribuyente, lo que muestra inobjetablemente la carencia de una fundamentación legal y fáctica de todos los argumentos expuestos que debieron ser objeto de compulsa y respuesta, lo que evidentemente vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa.

De lo glosado precedentemente se tiene en el presente caso que la Resolución Sancionatoria incumple los requisitos establecidos en el artículo 99 parágrafo II, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley 2492, al no haber valorado todos los descargos y/o argumentos presentados por el contribuyente, aspectos que lesionan la garantía constitucional del debido proceso del recurrente en su elemento configurador del derecho a la defensa; situación que impide a ésta Instancia Recursiva ingresar a considerar los argumentos de fondo, toda vez que sólo en caso de que no se hubieran comprobado los vicios planteados, correspondía ingresar al análisis de los referidos aspectos de fondo.

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En el contexto anterior, se concluye que la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 181940000231 (SIN/GDOR/DJCC/TJ/RS/ 00075/2019) de 26 de marzo de 2019, sin fundamentar su posición y evaluar todos los argumentos presentados por el recurrente, aspectos que fueron observados en el Recurso de Alzada relacionados con la conservación de la documentación y la prescripción de la imposición de la sanción, correspondiendo que la Administración Tributaria regularice estas omisiones, toda vez que el acto impugnado no cumple con los requisitos formales

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indispensables para alcanzar su fin, vulnerando los derechos constitucionales del debido proceso y la defensa, garantizados por los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de Estado; en consecuencia, de aplicación del artículo 99, parágrafo II concordante con el artículo 169 de la Ley 2492, corresponde anular la referida Resolución Sancionatoria, hasta que el Ente Fiscal emita un nuevo acto administrativo que exponga la valoración total de los argumentos presentados por el sujeto pasivo conforme a derecho y debidamente fundamentado en los hechos efectivamente ocurridos en el procedimiento sancionador.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

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RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Sancionatoria N° 181940000231 (SIN/GDOR/DJCC/TJ/RS/00075/2019) de 26 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra INTERNACIONAL EXCEL S.R.L.; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto administrativo estableciendo los fundamentos de hecho y derecho en base a todos los argumentos ofrecidos en descargo por el sujeto pasivo conforme establece el artículo 99, parágrafo II, concordante con el artículo 169 de la Ley 2492.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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  1. Cecilia Velez Dorado V Directora Ejecutiva Regional

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