ARIT-CBA-RA-0274-2020 Interposición de Recursos Administrativos, esto suspende la prescripción como estable la Ley 2492 en su Art. 62 y concluye con el fallo respectivo; concluyendo ahí la prescripción. La Administración Tributaria notificó al contribuyente después de haber concluido sus facultades.

ARIT-CBA-RA-0274-2020

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III 

III

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARITCBA/RA 0274/2020 

Recurrente 

Tecnologia Industrial de Desarrollo Paz Rojas S.A. “T&D S.A.”, representada por Omar Ferdin Vargas Paz.

Administración recurrida 

Gerencia Grandes. Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por José Elmer Barrancos Barrientos,

—-

Acto impugnado 

Determinativa

Resolución

ARIT-CBA-0173/2020. 

Expediente No Lugar, y fecha 

:

Cochabamba 14 de octubre de 2020.

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0274/2020 de 13 de octubre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 172039000134 de 20 de marzo de 2020, que resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas de la empresa Tecnología Industrial de Desarrollo Paz Rojas S.A. en la suma de UFVs 2.094.160, correspondientes al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos junio y julio de la gestión 2010; asimismo, calificó la conducta como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado y expresado en Unidades de Fomento de Vivienda que asciende a

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Rojas 

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de la Calidad CertificabN77144 

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INADORATA PANORATO PARTIAL ARTESANA LISAR NOGARIBIR

UFV81.246.726 de conformidad a lo dispuesto por los articulos 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310. Acto notificado mediante cédula el 3 de junio de 2020 (fojas 965-1000 y 1009 de antecedentes administrativos).

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 11.1. Argumentos del Recurrente. Tecnología Industrial de Desarrollo Paz Rojas S.A. “T&D S.A.” representada por Omar Ferdin Vargas Paz, conforme acreditó el Testimonio Poder No 078/2019 de 30 de enero de 2019 (fojas 1-5 del expediente administrativo); mediante notas presentadas el 23 de junio y 1 de julio de 2020 (fojas, 71 y 7785 del expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 172039000134 de 20 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente:

Que, el 13 de marzo de 2020 solicitó prescripción de las acciones de la Administración

Tributaria, toda vez que desde el nacimiento del hecho generador del IVA e IT de los periodos junio y julio de la gestión 2010, transcurrieron más de 4 años; precisó que después de notificada la Vista de Cargo, expuso todos los elementos necesarios para declarar la extinción de las citadas acciones debido a que el término de prescripción para determinar la deuda e imponer sanciones inició el 1 de enero de 2011.

Indicó que, existieron causales de suspensión que fueron provocadas por la propia Administración Tributaria con el único fin de perjudicar los intereses de la empresa y señaló que las Leyes 291, 317 y 812 no resultarían aplicables retroactivamente a la fecha de inicio del término de prescripción, como erróneamente expresó la Resolución Determinativa impugnada,

Manifestó que, en el presente caso no fue notificada una orden de fiscalización, sino una Orden de Verificación N° 39120VE00029 el 3 de abril de 2012, lo que confirma que el cómputo de la prescripción no fue suspendido, toda vez que el inicio de una verificación no resultaría causal de suspensión del plazo de prescripción; en tal sentido, señaló que para el cómputo del plazo de prescripción hasta la interposición del Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-00213-13, se consolidó a favor del sujeto pasivo un tiempo transcurrido de 2 años, 6 meses y 22 dias, por lo que aclaró que la citada

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resolución no puede considerarse como causal de interrupción, debido a que el Tribunal Supremo de Justicia anuló dicho acto mediante la Sentencia No 631/2017.

Sostuvo que, el Recurso de Alzada fue interpuesto el 22 de julio de 2013, concluyendo dicho proceso de impugnación administrativa con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0553/2014, notificada el 22 de abril de 2014, día en que finalizaron los recursos administrativos por parte del sujeto pasivo; al efecto argumento que bajo el principio de buena fe, debe entenderse que la impugnación judicial contra la citada Resolución de Recurso Jerárquico, no constituye causal de suspensión de la prescripción al no haber sido interpuesto por el administrado.

Afirmó que la Sentencia No 631/2017, no constituye un fallo favorable al contribuyente y tampoco lo perjudica, por cuanto fue dictado en un proceso administrativo en el que no fue parte como demandante ni demandado; consecuentemente, señaló que el tiempo restante para completar el plazo de la prescripción se materializó el 6 de octubre de 2015.

Puntualizó que nunca reconoció de forma expresa o tácita, obligación tributaria relativa al IVA’e IT de los periodos junio y julio de gestión 2010, emergente como reparo de la Orden de Verificación N° 39120VE00029 y que tampoco solicitó facilidades de pago, por lo que no existen causales de interrupción de la prescripción. i

Argumentó que, el 22 de abril de 2014 finalizó los recursos administrativos interpuestos por parte del sujeto pasivo, transcurriendo más de 6 años y 3 meses hasta la presente impugnación, por lo que el plazo de 1 año, 5 meses y 9 días que faltaban completar para configurarse la prescripción, se consumo el 6 de octubre de 2015, de forma independiente a las impugnaciones judiciales interpuestas por la Administración Tributaria.

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Indicó que la Administración Tributaria no concluyó su trabajo de fiscalización como establece la Ley, siendo que debió reiniciarlo de forma inmediata al conocimiento de la Sentencia No 631/2017, que una vez notificada adquirió la calidad de cosa juzgada, por lo que adujo que los actos posteriores a la Resolución de Recurso Jerárquico, no enervan el plazo restante de prescripción y menos constituyen causales de suspensión de la prescripción, con la excusa de que recién el año 2018 fue devuelto el expediente, por cuanto el parágrafo II del artículo 62 del Código Tributario Boliviano, dispone la suspensión

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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de la prescripción, solamente con la interposición de recursos administrativos o proceso judiciales por parte del sujeto pasivo y no así por parte de la Administración Tributaria, máxime si tales fallos resultaron desfavorables al ente fiscal.

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa No 172039000134 de 20 de marzo de 2020, disponiendo la prescripción de las facultades para fiscalizar, comprobar, controlar, investigar y verificar tributos así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas de la Administración Tributaria respecto del IVA e IT de los periodos junio y julio de la gestión 2010.

11.2. Auto de Admisión. El 24 de julio de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0173/2020 correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Tecnología Industrial de Desarrollo Paz Rojas S.A. “T&D S.A.” representada por Omar Ferdin Vargas Paz, contra la Resolución Determinativa No 172039000134 de 20 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 86 del expediente administrativo).

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Maria del Carmen Julia Borda Orellana, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000701 de 29 de julio de 2020 (fojas 92 del expediente administrativo), por memorial presentado el 14 de agosto de 2020 (fojas 93-96 del expediente administrativo), respondió el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos:

Que el sujeto pasivo no impugnó las observaciones realizadas por la Administración Tributaria que dieron lugar a los reparos consignados en la Resolución Determinativa No 172039000134, por lo que existe una aceptación de los mismos.

Sostuvo que tanto la orden de verificación y la orden de fiscalización, suspenden el plazo de prescripción, puesto que la orden de verificación responde al mismo

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Estado Plurinacional de Bolivla

procedimiento que el de fiscalización, por cuanto ambos concluyen en la Resolución Determinativa y por analogía, corresponde aplicar la suspensión de 6 meses de prescripción con la notificación de la orden de verificación, tal como interpretan los Autos Supremos 013/2013 y 021/2013.

Manifestó que la prescripción no opera de oficio, sino a solicitud de parte y en ese entendido, para interpretar la prescripción debe aplicarse la normativa vigente al momento de la solicitud, que para el presente caso es el artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 812, disposición última que resulta de cumplimiento obligatorio por mandato del parágrafo II del artículo 164 de la Constitución Política del Estado.

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Puntualizó que conforme al artículo 59 de la Ley 2492 modificado por la Ley 812, cuenta con 8 años para fiscalizar y determinar la deuda, correspondiendo su aplicación debido a que si bien se pudo iniciar en vigencia de una ley anterior; empero, las condiciones para su aplicación no se cumplieron, completarono perfeccionaron; añadió que su aplicación sobre derechos no perfeccionados resulta imperativa, toda vez que de acuerdo a la teoría de los derechos adquiridos, la simple esperanza de un derecho que carece de algún requisito externo para lograr su plenitud’e integridad puede afectarse por las modificaciones legales, por ello, aseguró que la normativa fue correctamente aplicada, sin vulnerar derecho constitucional alguno.

Indicó que no corresponde exigir la prescripción de la facultad determinativa, antes de transcurrir el plazo establecido por la norma vigente, puesto que utilizando el principio “tempus comici delicti”, la prescripción no constituía un derecho adquirido que pueda ser utilizado por el contribuyente.

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Manifestó que el término de prescripción inició el 1 de enero de 2011, empero que concurrieron causales de interrupción y suspensión, por cuanto fue suspendido el cómputo de la prescripción con la notificación de la Orden de Verificación por 6 meses; posteriormente fue interrumpido con la interposición del Recurso de Alzada el 22 de julio de 2013, que culminó con la Sentencia 631/2017 que declaró improbada la demanda contencioso administrativa, y en consecuencia confirmó la anulación de obrados con reposición de actuados hasta la Resolución Determinativa; por lo que al

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ser devueltos los antecedentes administrativos el 16 de marzo de 2018, se reinició el cómputo de prescripción.

Concluyó que al ser evidente la concurrencia de las causales de suspensión con la notificación de la orden de verificación, así como la interposición del Recurso de Alzada, y al haber sido notificada la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa dentro el periodo de prescripción de 8 años para el ejercicio de la facultad de fiscalización y/o determinación, no procede la prescripción, máxime cuando las Leyes 291, 317 y 812 no prevén la ultractividad de la norma, siendo aplicadas correctamente, 

Por lo expuesto, solicitó confirmar Resolución Determinativa N° 172039000134 de 20 de marzo de 2020.

II.4. Apertura de término probatorio. El 17 de agosto de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba Expediente ARIT-CBA 0173/2020 dando apertura al término probatorio de 20 dias comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 97 del expediente administrativo).

El 8 de septiembre de 2020, la empresa recurrente presentó nota, señalando que bajo el principio de adquisición procesal, ratifica y adquiere toda la documentación contenida en los antecedentes administrativos; asimismo, ofreció en calidad de prueba referencial el vínculo de internet http://juris.tsj.bolseguimiento/sis10119820140068320140718.html, correspondiente al proceso que finalizó con la Sentencia No 631/2017 (fojas 99-101 del expediente administrativo).

Mediante memoriales de 8 y 11 de septiembre de 2020, se apersonó ante esta instancia recursiva José Elmer Barrancos Barrientos en representación de la Administración Tributaria recurrida conforme acreditaron las Resoluciones Administrativas de Presidencia N° 032000000725 y 032000000780 de 11 de agosto de 2020 y 7 de septiembre de 2020, a objeto de ratificar in extenso el memorial de respuesta al Recurso de Alzada y la documentación adjunta (fojas 105-111 del expediente administrativo).

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11.5. Alegatos. El 28 de septiembre de 2020, la Administración Tributaria presentó memorial de alegatos, señalando que el recurrente no impugnó las observaciones de fondo que dieron lugar a la deuda tributaria; además que tanto la Orden de Verificación, como la interposición de Recursos de impugnación hasta la Sentencia No 631/2017, suspendieron el cómputo de la prescripción; finalmente indicó que la prescripción no opera de oficio, sino a petición de parte y por lo tanto, corresponde aplicar la normativa vigente al momento de realizada la solicitud (fojas 114-115 del expediente administrativo).

El 28 de septiembre de 2020, la parte recurrente presentó alegatos señalando que la Administración recurrida perdió sus facultades por prescripción, siendo que la Orden de Verificación no suspendió el cómputo de dicho instituto al no adecuarse a lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492; además que la interposición del recurso de impugnación suspendió el curso de la prescripción, solamente hasta la notificación de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0553/2014, no pudiendo considerar como causal de suspensión la demanda contencioso administrativa, por haber sido interpuesta por la Administración Tributaria; adicionalmente sostuvo que no existieron causales de interrupción de la prescripción, toda vez que la Resolución Determinativa N° 17-00213-13 fue anulada en un proceso de impugnación y nunca realizó un reconocimiento de la deuda tributaria (fojas 118-124 del expediente administrativo).

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 9 de marzo de 2012, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación No 39120VE00029 a efecto de verificar todos los hechos y elementos relacionados con el débito fiscal IVA y el efecto respectivo en el IT de los periodos junio y julio de la gestión 2010, del sujeto pasivo Tecnologia Industrial de Desarrollo Paz Rojas S.A. “T&D S.A.”. Acto notificado de forma personal el 3 de abril de 2012 (fojas 2 de antecedentes administrativos).

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El 1 de abril de 2013, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 26-00042 13, que liquido de manera preliminar la deuda tributaria en UFVs 2.828.959, consolidando el tributo omitido correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) actualizado, interés y sanción por contravención de omisión de pago. Acto notificado mediante cédula el 8 de abril de 2013 (fojas 295-302 de antecedentes administrativos).

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El 25 de junio de 2013, la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa N° 17-00213-13, que resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas de Tecnología Industrial de Desarrollo Paz Rojas S.A. “T&D S.A.” en la suma de UFVs 1.578.989, correspondientes al tributo omitido actualizado e intereses por el IVA e IT de los periodos junio y julio de la gestión 2010; asimismo, calificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado y expresado en Unidades de Fomento de Vivienda de conformidad a lo dispuesto en los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310. Acto notificado mediante cédula el 2 de julio de 2013 (fojas 506-519 de antecedentes administrativos).

El 11 de noviembre de 2013, ante el Recurso de Alzada Interpuesto por Tecnología Industrial de Desarrollo Paz Rojas S.A. “T&D S.A.” la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0523/2013, resolviendo anular la Resolución Determinativa N° 17-00213-13 de 25 de junio de 2013, hasta que la Administración Tributaria haga conocer de manera detallada y fundamentada el motivo del rechazo de la documentación presentada como descargo, cumpliendo las formalidades previstas en el parágrafo II del artículos 99 de la Ley 2492, artículo 19 del Decreto Supremo 27310 y numeral 3 inciso g) del artículo 18 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 (fojas 529-543 de antecedentes

administrativos).

El 14 de abril de 2014, ante el Recurso Jerárquico interpuesto la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0553/2014, resolviendo confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0523/2013, en consecuencia dispuso la anulación de la Resolución Determinativa N° 17-00213-13, con el fin de que la misma analice la documentación de descargo presentada por el sujeto pasivo (fojas 544-568 de antecedentes administrativos).

El 22 de agosto de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia emitió la Sentencia No 631/2017, declarando improbada la demanda interpuesta por la Administración Tributaria, consecuentemente manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0553/2014 de 14 de abril, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (fojas 569-574 de antecedentes administrativos).

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El 30 de abril de 2018, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Administrativa de Anulación No 231839000039, resolviendo anular y dejar sin efecto el informe CITE: SIN/GGCBBA/DFNE/INF/00294/2013, la Vista de Cargo N° 26-00042-13, y las diligencias de notificación del actuado, en observancia de lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, articulos 43 y 96 de la Ley 2492, articulo 6 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16, artículos 4 y 36 de la Ley 2341 y artículos 55 y 59 del Decreto Supremo N° 27113. Acto notificado de forma personal el 7 de mayo de 2018 (fojas 578-581 de antecedentes administrativos).

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El 30 de enero de 2020, la Administración Tributaria emitió la vista de Cargo No 292039000018, liquidando de manera preliminar la deuda tributaria en UFVs 3.318.485 y que consolida el tributo omitido correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) actualizado, interés y sanción por contravención de omisión de pago. Acto notificado mediante cédula el 13 de febrero de 2020 (fojas 806-823 y 829 de antecedentes 

administrativos).

El 20 de marzo de 2020, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa N° 172039000134, que resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas de la empresa Tecnología Industrial de Desarrollo Paz Rojas en la suma de UFVs 2.094.160, correspondientes al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos junio y julio de la gestión 2010; asimismo, calificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado y expresado en Unidades de Fomento de Vivienda de conformidad a lo dispuesto por los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310 (RCTB). Acto notificado mediante cédula el 3 de junio de 2020 (fojas 965 1000 y 1009 de antecedentes administrativos).

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FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. Conforme a lo establecido en el parágrafo I, artículo 211 del Código Tributario Boliviano, ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por la parte recurrente, aclarando que, de la lectura del Recurso de Alzada, se advierte que el sujeto pasivo planteó como único agravio para el análisis técnico jurídico, la configuración de la

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de la cidad CateN77144 

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prescripción de las facultades para fiscalizar, comprobar, controlar, investigar y verificar tributos así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas de la Administración Tributaria relacionadas con el IVA e IT de los periodos junio y julio de la gestión 2010

IV.1. Prescripción La empresa recurrente indicó que desde el nacimiento del hecho generador del IVA e IT de los periodos junio y julio de la gestión 2010, transcurrieron más de 4 años y que las Leyes 291, 317 y 812 no resultan aplicables retroactivamente a la fecha de inicio del término de prescripción, como erróneamente expresa la Resolución Determinativa impugnada.

Adicionalmente, indicó que la Orden de Verificación N° 3912OVE00029 no constituye causal de suspensión del plazo de prescripción, por lo que hasta la interposición del Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-00213-13 el 22 de julio de 2013, se consolidó a favor del sujeto pasivo un tiempo transcurrido de 2 años, 6 meses y 22 días; asimismo, aclaró que la citada resolución no puede considerarse causal de interrupción debido a que el Tribunal Supremo de Justicia anuló dicho acto mediante la Sentencia No 631/2017. 

Finalmente, sostuvo que el 22 de abril de 2014 finalizó los recursos administrativos con la notificación de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0553/2014, motivo por el cual bajo el principio de buena fe, se entiende que la impugnación judicial contra la citada Resolución de Recurso Jerárquico no constituye causal de suspensión de la prescripción, por cuanto el parágrafo II, artículo 62 del Código Tributario Boliviano dispone la suspensión de la prescripción, solamente con la interposición de recursos administrativos o proceso

judiciales por parte del sujeto pasivo y no así por parte de la Administración Tributaria; más

aún, considerando que la Sentencia No 631/2017, fue dictada en un proceso administrativo en el que no fue parte como demandante ni demandado; consecuentemente, señala que el tiempo restante para completar el plazo de la prescripción se materializó el 6 de octubre de 2015.

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que tanto la orden de verificación como la orden de fiscalización, suspenden el plazo de prescripción, debido a que

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utilizan el mismo procedimiento de fiscalización, por cuanto ambos concluyen en la emisión de la Resolución Determinativa; de esta manera y por analogia correspondería aplicar la suspensión de 6 meses de la prescripción con la notificación de la orden de verificación, tal como interpretan los Autos Supremos 013/2013 y 021/2013.

De igual manera, el ente recaudador sostuvo que la prescripción opera a solicitud de parte, por lo que debe aplicarse la normativa vigente al momento de la solicitud, que para el presente caso es el artículo 59 de la Ley 2492 modificado por la Ley 812; además refiere que si bien la prescripción pudo iniciar en vigencia de una Ley anterior, empero las condiciones para su aplicación no se cumplieron, completarono perfeccionaron, por lo que la aplicación de la Ley 812 sobre derechos no perfeccionados resulta imperativa, toda vez que de acuerdo a la teoria de los derecho’s adquiridos, utilizada en base al principio “tempus comici delicti“, la simple esperanza de un derecho que carece de algún requisito externo para lograr su plenitud e integridad puede afectarse por las modificaciones legales, máxime cuando las Leyes 291, 317 y 812 no han previsto la ultractividad de la norma, siendo aplicadas correctamente.

Finalmente, afirmó que el término de prescripción inició el 1 de enero de 2011, empero concurrieron causales de interrupción y suspensión, con la notificación de la Orden de Verificación por 6 meses y con la interposición del Recurso de Alzada el 22 de julio de 2013, mismo que culminó con la Sentencia 631/2017 -que declaró improbada la demanda contencioso administrativa-, por lo que adujo, que al ser devueltos los antecedentes administrativos el 16 de marzo de 2018, se reinició el cómputo de prescripción.

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Expuestas las posiciones de las partes procesales, cabe señalar que el cumplimiento de la norma, es el ideal de todo Estado, pues no debería existir oposición ni conflictos en la aplicación de las leyes que rigen una sociedad; sin embargo, no podemos soslayar que las partes procesales en el presente Recurso de Alzada, esgrimen argumentos que ameritan ser atendidos; toda vez que, del análisis del Recurso de Alzada así como del memorial de respuesta de la Administración Tributaria, resulta evidente que la resolución de la controversia de la presente impugnación, involucra, no solo el cómputo del término

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de prescripción de las facultades del ente recaudador, sino también exige que, de forma previa, se dilucide la normativa a ser aplicada para efectuar dicho cómputo; esto en consideración a que el sujeto pasivo argumento, que no corresponde aplicar las modificaciones realizadas al artículo 59 de la Ley 2492 y en contra posición, la Administración Tributaria sostuvo la aplicación de las modificaciones realizadas a dicho artículo a través de la Ley 812

De forma inicial, resulta necesario efectuar algunas consideraciones, respecto a la aplicación de los nuevos entendimientos de la jurisprudencia constitucional, sobre el análisis de la prescripción en materia tributaria; de esta manera, cabe enfatizar que, la construcción del nuevo Estado boliviano, a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado, requiere de cambios que nos obligan mutar viejos paradigmas, para asumir el verdadero rol de administradores de justicia, por cuanto “omnia mutantur, nos et mutamur in illis” (Todas las cosas cambian y nosotros con ellas)

La nueva teoría general del derecho boliviano, comienza por el reconocimiento de que el texto constitucional está impregnado del carácter de “Estado Constitucional de Derecho”, que responde a un modelo de naturaleza eminentemente garantista, donde deben regir los valores de justicia e igualdad como eje central del andamiaje del nuevo ordenamiento jurídico, que coadyuvará al Estado en el logro de sus fines, garantizando el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución.

Por ello, los administradores de justicia resultan garantes primarios de la estricta aplicación de la norma constitucional, como constante ineludible en la nueva administración de justicia, para llegar al Estado Constitucional de Derecho (culminación del Estado de Derecho), donde prevalece el principio de constitucionalidad, y por ende, el sometimiento de los órganos y el legislador a la Constitución y la vinculación del juzgador a la ponderación de valores, principios y derechos fundamentales en aplicación del artículo 410 parágrafo I de la norma constitucional.

En cuanto al instituto de la prescripción esta resulta: “(...) una categoria general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace” (García Novoa Cesar, Presidente del

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Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario ILAT. Memoria III Jomadas Bolivianas de Derecho Tributario 2010); y al decir de este autor: “su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”. 

En ese sentido, el instituto de la prescripción, es una categoría jurídica, por la que se le atribuye la función de ser una causa extintiva de la obligación tributaria, que es necesaria para el orden social, que responde a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica “praescriptio, patrona generis humani” (La prescripción, patrona del género humano); puesto que: “El fundamento del instituto de la prescripción estriba en evitar la inseguridad que trae aparejada el transcurso del tiempo sin el ejercicio de un derecho. En otros términos, su objeto es evitar la falta de certeza en las relaciones jurídicas, producto de la inactividad de un sujeto titular de un derecho” (Buitrago Ignacio Josué, Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina. Memoria IV Jornadas Bolivianas de Derecho Tributário 2011); por cuanto, se debe entender que, la praescriptio introducta est odio negligentiae, non favore praescribentis” (La prescripción se introdujo más bien en contra de la negligencia que en favor de quien prescribe). 

– – Bajo, el escenario descrito, esta instancia de Alzada, en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrada en la Constitución Política del Estado, concluye que, el instituto jurídico de la prescripción, debe entenderse conforme los entendimientos desarrollados por el intérprete de la Constitución Política del Estado, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, debiendo tener presente que los fallos emitidos por este, en cuanto a sus decisiones y sentencias, son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio conforme dispone el artículo 203 de la Constitución Política del Estado y que, no solo generan la obligatoriedad a las partes intervinientes, sino que también pueden constituir precedentes orientadores que generan derecho de origen jurisprudencial, debido a que, dichas sentencias, efectúan una interpretación, integración e interrelación de las normas vigentes. 

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También, es necesario aclarar que, el precedente vinculante de un fallo constitucional, no constituye la conclusión arribada del caso concreto, sino la parte de la ratio decidendi del fallo donde se efectúa el análisis e interpretación del hecho fáctico normado, conforme lo

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dispone la Sentencia Constitucional 846/2012 de 20 de agosto, misma que a la letra señala: “Entonces, es posible afirmar que es vinculante el precedente constitucional contenido en la ratio decidendi. Es decir, en la ratio decidendi se encuentra el precedente 

constitucional. El precedente constitucional es vinculante siempre que exista un supuesto fáctico análogo (AC 004/2005-ECA y SC 186/2005-R)”

En ese entendido, es menester traer a colación, el entendimiento expuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019-S2 de 21 de mayo, mediante la cual, establece el carácter vinculante, de aplicación directa y obligatoria de las Sentencias Constitucionales puntualizando que: “...no deviene de la solicitud o no que haga el administrado de aplicar algún fallo constitucional de manera específica; sino que, como se tiene dicho, deviene de un mandato constitucional, que en virtud del carácter normativo de nuestra Norma Suprema es de aplicación directa y obligatoria”. 

En el presente caso, corresponde aclarar y establecer que, la consideración de la parte vinculante de los fallos constitucionales, se aboca exclusivamente al análisis concerniente a la correcta aplicación de una determinada norma, respecto al instituto de la prescripción; es decir, se examinará la temporalidad de la norma bajo el principio de legalidad e irretroactividad de la ley.

De esta manera, resulta pertinente señalar que, a efectos de resolver la controversia generada en el presente proceso recursivo e identificada en párrafos previos, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019-$2 de 24 de mayo, en su punto“. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO, efectuó el siguiente entendimiento respecto de la aplicación de la norma al instituto de la prescripción señalando que: “(…) ésta debió ser resuelta conforme y de acuerdo a la normativa vigente al momento del hecho generador del adeudo tributario; en este entendido, y al no haberse observado estos dos transcendentales aspectos, queda claro que se lesionó la garantia de la irretroactividad de ley. En efecto, si consideramos que (...) se refieren a adeudos tributarios (...) respecto al periodo fiscal diciembre 2009, el cómputo de la prescripción debió realizarse en base y de acuerdo a los arts. 59 y 60 del CTB antes de su reforma por las Leyes 291 y 317 de septiembre y diciembre de 2012, respectivamente, y la Ley 

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812 de julio de 2016, ya que las mismas fueron promulgadas de manera posterior al hecho generador (…)”. 

La merituada Sentencia Constitucional Plurinacional, continuó sosteniendo lo siguiente: “En este contexto la prescripción sometida a análisis, tuvo necesariamente que considerar la normativa vigente al periodo fiscalizado y en consecuencia, determinar si ésta operó o no, en función a los plazos y mecanismos de cómputo estipulados en dicha normativa; pues, no resulta constitucionalmente aceptable que se pretenda la aplicación retroactiva de normas tributarias posteriores al hecho generador del adeudo tributario, máxime, si éstas no resultan más favorables (…)”.

– 

Consecuentemente, es necesario aclarar que, el precedente vinculante de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019-S2 de 24 de mayo, desglosada en párrafos previos, deviene de la necesidad de establecer la norma a ser aplicada para el análisis del instituto de la prescripción; situación que como fue señalada a lo largo del presente análisis, corresponde a la controversia generada por partes procesales, denotando su analogía al presente caso, permitiendo su aplicación vinculante, conforme lo señala el artículo 203 de la Constitución Política del Estado y articulo 15 parágrafo II del Código Procesal Constitucional, reiterada en la sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019 $2 de 21 de mayo.

Bajo ese entendido, el precedente vinculante constitucional de referencia, concibe la aplicación de la norma vigente al momento del hecho generador, bajo la premisa de la vigencia de la Ley al momento del acaecimiento del mismo y la aplicación del cómputo de la prescripción vigente a tiempo de su materialización, no condicionado al reconocimiento del instituto de la prescripción; encontrándose prohibida la aplicación retroactiva y retrospectiva de las normas que regulan el instituto de la prescripción; es decir, no corresponde considerar cualquier modificación normativa ulterior para el reconocimiento de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, de tal manera que genere efectos retroactivos y afecten los derechos constitucionales del sujeto pasivo.

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Entonces, los fundamentos supra señalados permiten establecer la necesidad de modular el criterio asumido anteriormente, reconduciéndolo de manera tal que, permita dilucidar la prescripción incoada, considerando que, la normativa aplicable en el

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instituto de la prescripción, es la vigente al momento del hecho generador, es decir, cuando se establece la relación jurídico tributaria entre el sujeto pasivo y la Administración Tributaria, vínculo de carácter personal conforme establece el artículo 13 de la Ley 2492 cuyo perfeccionamiento, permite el surgimiento de la obligación tributaria pertinente; concluyendo que, la prescripción, como instituto jurídico de extinción de obligaciones en materia tributaria, no es de oficio y se aplica por la negligencia de la Administración Tributaria en ejercer sus facultades dentro el término establecido en la normativa tributaria; y que más allá del tiempo trascurrido para dilucidarse la configuración del instituto jurídico, la aplicación normativa y el término del mismo, mantiene su vinculación con el momento del perfeccionamiento del hecho gravable

A mayor abundamiento, es preciso puntualizar que, las normas sustantivas o materiales son aquellas que, no dependen de otra disposición legal para cumplir su objetivo, pudiendo ser de dos tipos: La que determina derechos y garantías y por otro, las que determinan conductas que deben ser observadas, y la razón radica en su importancia de establecer derechos y garantías, por lo que, en resguardo a la seguridad jurídica, no es posible aplicar normas que, no existían en el momento de cometerse el hecho. En ese sentido, la irretroactividad de las disposiciones legales en general es parte del principio de legalidad y es que no se puede pedir el cumplimiento de disposición legal alguna, en tanto, no se encuentre legalmente en vigencia en ese momento, intelecto que va relacionado con la teoría de los hechos cumplidos que establece que, cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, materializando así la seguridad jurídica.

Siendo que las normas relativas a la prescripción, son sustantivas, cabe aclarar que para el análisis del IVA e IT correspondiente a los periodos junio y julio de la 2010, no corresponde aplicar al caso las modificaciones al Código Tributario Boliviano establecidas en la Leyes 291, 317 y 812, toda vez que estas, no se encontraban en vigencia al momento de producido el hecho generador de la mencionada obligación, aspecto vinculado con las facultades de la entidad recurrida a ser analizadas en el presente caso, las cuales comprenden: facultades para fiscalizar, comprobar, controlar, investigar y verificar tributos así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas.

En el presente caso, se tiene que la Administración Tributaria a efectos de resolver la prescripción requerida por el sujeto paşivo aplicó la Ley 2492 con las modificaciones, sin

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considerar que el hecho generador del IVA e IT de los periodos junio y julio de la gestión 2010, aconteció en la gestión 2010; utilizando normativa de manera retroactiva, en transgresión del artículo 123 de la Constitución Política del Estado y artículo 150 de la Ley

2492; sin tomar en cuenta el principio procesal que supone la aplicación de la norma sustantiva vigente en el momento de producido el hecho; consiguientemente, no corresponde aplicar las modificaciones realizadas al instituto de la prescripción establecido en la Ley 2492, a través de la Leyes 291, 317 y 812, toda vez que éstas últimas no estuvieron vigentes al nacimiento del hecho generador.

Aclarada la normativa a ser aplicada en el presente caso, corresponde puntualizar que el artículo 59 de la Ley 2492, señala que: “7. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verifica, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda. Tributaria 3. Imponer sanciones Administrativas 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. (...)”. .

En cuanto a la forma de cómputo del término de la prescripción, el artículo 60 de la Ley 2492 expone lo siguiente: “. Excepto en el numeral 4 del parágrafo / del Artículo anterior el término de la prescripción se computara desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria (...)

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En ese entendido, en consideración a que la normativa expuesta en párrafos previos dispone que las facultades para fiscalizar, comprobar, controlar, investigar y verificar tributos así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, tienen el mismo tratamiento (término y forma de cómputo) corresponde que el análisis de las facultades referidas previamente respecto al IVA e IT de los periodos junio y julio de la gestión 2010, sean realizadas de forma simultánea; en ese entendido, el término de la prescripción quedó configurado de la siguiente forma:

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Del cuadro expuesto precedente, se establece que el cómputo de la prescripción de cuatro años para que la Administración Tributaria ejerza sus facultades para fiscalizar, comprobar, controlar, investigar y verificar tributos así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, relacionadas al IVA e IT de los periodos junio y julio de 2010, inició el 1 de enero de 2011 y concluyó el 31 de diciembre de 2014; Ahora bien, con relación a las causales de interrupción previstas por el artículo 61 de la Ley 2492, para la referida gestión es preciso señalar que de la compulsa de los antecedentes administrativos, no se advierte la configuración de causales de interrupción del cómputo de la prescripción; y si bien la Administración Tributaria aduce una interrupción del computo de la prescripción por la interposición del Recurso de Alzada, cabe hacer notar que, esta situación, no constituye una causal de interrupción, sino de suspensión de conformidad a lo establecido por el artículo 62 de la Ley 2492.

Respecto a las causales de suspensión al cómputo de la prescripción previstas por el artículo 62 de la Ley 2492, manifestar que la Administración Tributaria en el contenido del acto impugnado, al momento de efectuar la valoración de los descargos presentados, en el acápite “1.2.1.- NOTIFICACIÓN CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN NO ES CAUSAL DE SUSPENSIÓN” señaló: “(…) cabe hacer notar que tanto el Proceso de Verificación como el de Fiscalización, concluyen con la emisión de una Resolución Determinativa; pues independientemente de su alcance y de cómo los denomine la Administración, se tratan de procesos de fiscalización. Además, se debe dejar claramente establecido que (…) el Código Tributario Boliviano, no establece ninguna diferencia en el procedimiento a seguir, toda vez que ambos procesos establecen o no la deuda tributaria mediante una Resolución Determinativa, así lo dispone el Parágrafo I, Artículo 95 de la Ley N° 2492 (CTB)”. 

Continuo indicando el citado acto lo siguiente: Bajo ese contexto, al haberse notificado de manera personal la Orden de Verificación N° 39120VE00029 e

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03/04/2012 (…) dicho término fue ampliado por seis (6) meses, conforme las previsiones del Art. 62-1 de la Ley 2492 CTB., plazo que debe ser considerado para el cómputo de la prescripción invocada por el contribuyente, sustentando que al contrario de lo expresado por el contribuyente la notificación con la Orden de Verificación constituye una causal de suspensión de la prescripción (...) revisado el Auto Supremo N° 013/2013 emitido por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia se establece que desde el momento de la notificación al contribuyente con la Orden de Verificación, se produjo la suspensión del curso de la prescripción por lo cual en aplicación estricta de la jurisprudencia expuesta y la normativa detallada no procede el descargo del contribuyente ()” (fojas 981 de antecedentes administrativos). 

De esta manera, la descripción efectuada en párrafos previos, permite advertir que, la Administración Tributaria considero en el acto impugnado, que la notificación de la Orden de Verificación suspendió el cómputo de la prescripción, al estar sometido a un procedimiento similar al desarrollado con una Orden de Fiscalización, para la emisión de la Resolución Determinativa; aspecto replicado en la respuesta al Recurso de Alzada, acotando que corresponderia aplicar la suspensión de 6 meses de la prescripción con la notificación de la orden de verificación por analogía, tal como interpretan los Autos Supremos 013/2013 y 021/2013..

Al respecto, cabe indicar que, el parágrafo I del artículo 62 la Ley 2492 dispone de forma expresa: “El curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses”.

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Resultando evidente la inexistencia de un vacío normativo que permita efectuar una interpretación analógica, como erróneamente interpreta la Administración Tributaria, toda vez que, la misma Ley, establece claramente las causales que suspenden la prescripción, no estando comprendida dentro de ellas, la notificación de la Orden de Verificación; por lo que, no puede pretenderse una analogía con el solo fundamento de que la misma derivará en una Resolución Determinativa, cuando existe una Ley expresa para el análisis de la prescripción.

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Asimismo, se debe señalar que, no son aplicables los Autos Supremos 013/2013 y 021/2013, por cuanto implicaría contravenir lo expresamente dispuesto en el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492, máxime cuando el ente recaudador, no efectuó una explicación o desarrollo de la forma en que los precedentes invocados resultan aplicables al presente caso.

Adicionalmente, cabe indicar que, si bien tanto la Orden de Verificación como la Orden de Fiscalización concluyen con la emisión de una Resolución Determinativa, dicho aspecto, no implica que el proceso sustanciado sea el mismo, siendo que se diferencian una de la otra en razón al alcance, situación que modifica el ámbito de revisión y que distingue los procesos determinativos; entendimiento concordante con lo dispuesto por el artículo 29 del Decreto Supremo 27310 que establece que la determinación se realizará mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados por el Servicio de impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: “a) Determinación total (…) b) Determinación parcial (...) c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar. d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales

Consecuentemente, lo expuesto líneas arriba permite colegir que, en el presente caso, la notificación de la Orden de Verificación N° 39120VE00029, no suspendió el cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria analizadas en el presente caso relativas al IVA e IT de los periodos junio y julio de 2010, al no adecuarse a lo previsto por el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492.

Por otra parte, la Resolución Determinativa impugnada -como parte de la valoración de los descargos presentados a la Vista de Cargo-, señaló a fojas 984 de antecedentes administrativos que: “...) se notificó al contribuyente la Resolución Determinativa N° 1700213-13 (…) objeto de impugnación por el contribuyente a tras de (…) la Resolución de Recurso de Alzada, que a su vez fue impugnada mediante Recurso Jerárquico, que mereció la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico que anulaba la Resolución Determinativa, por lo cual se interpuso Demanda Contencioso Administrativa que fue resuelta mediante la sentencia 

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631/2017; concurriendo de esta forma una causal de suspensión hasta la recepción formal de los antecedentes por parte de la Administración Tributaria (…) Cabe destacar en este punto que fue el contribuyente quien interpuso el Recurso Administrativo contra la Resolución Determinativa, a partir del cual se suspendió el cómputo de la prescripción (…) periodo en el cual se encuentran la interposición del Recurso Jerárquico y Demanda Contencioso Administrativo (…)“, aspecto replicado en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada. –

Es necesario aclarar que, el parágrafo II del artículo 62 de la Ley 2492, dispone expresamente, que el curso de la prescripción se suspende

: “1. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo”. 

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Consecuentemente, la normativa precedentemente transcrita permite desestimar lo pretendido por la Administración Tributaria, por cuanto la causal de suspensión establecida en el parágrafo II del artículo 62 de la Ley 2492, es específica y clara al indicar que sólo los recursos administrativos o procesos judiciales interpuestos por el sujeto pasivo, suspenden el término de la prescripción, motivo por el cual, la normativa no se adecua a la tramitación de la demanda contencioso administrativo por parte del ente recaudador.

Entendimiento concordante con lo expuesto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1668/2017 de 4 de diciembre de 2017, que a la letra manifestó: “xvi. En ese sentido, se tiene que la norma es clara al establecer como causal de suspensión del curso de la 

prescripción la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por 

parte del Contribuyente; por lo que no se advierte que la instancia de Alzada hubiera vulnerado derechos y principios constitucionales al arribar a la misma conclusión, como arguye la Administración Tributaria”. 

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Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario aclarar que, en el presente caso, la Administración Tributaria de forma anterior y dentro del presente proceso -objeto de

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impugnación-, emitió el 25 de junio de 2013, la Resolución Determinativa N° 17 00213-13, misma que fue recurrida por el sujeto pasivo en la vía administrativa, con la interposición del Recurso de Alzada el 22 de julio de 2013, conforme expone el contenido de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0523/2013; a su vez ésta última fue impugnada por la Administración Tributaria, mereciendo la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0553/2014 que dispuso confirmar la citada Resolución de Recurso de Alzada y en consecuencia la anulación de obrados, hasta la Resolución Determinativa de referencia (fojas 529-568 de antecedentes administrativos).

De esta manera, si bien la tramitación de la demanda contencioso administrativo no suspendió el cómputo de la prescripción, al no encontrarse expresamente dispuesta como causal en el parágrafo II del artículo 62 de la Ley 2492, empero debe considerarse que el efecto suspensivo de la prescripción repercutió en el proceso recursivo sustanciado en sede administrativa, desde la interposición del Recurso de Alzada por parte del sujeto pasivo contra la Resolución Determinativa N° 17-00213 13 el 22 de julio de 2013, hasta la devolución formal de los antecedentes a la Administración Tributaria el 16 de marzo de 2018, información que fue obtenida de la nota AGIT-0548/2018 de 9 de marzo de 2018 con referencia: DEVOLUCIÓN DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS AGIT/2258/2013//CBA-0263/2013 (fojas 128-129 del expediente administrativo), proporcionada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante nota AGIT-1324/2020 de 29 de septiembre de 2020; por consiguiente, se advirtió un efecto suspensivo en el cómputo de la prescripción, de 1.698 días, configurándose el instituto jurídico analizado de la siguiente forma:

Periodo 

Impuesto 

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Pago de la obligación 

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De esta manera, en base a lo ampliamente desarrollado precedentemente y en consideración a que la Resolución Determinativa N° 172039000134 fue notificada mediante cédula recién el 3 de junio de 2020, resulta evidente que la Administración Tributaria pretendió ejercer sus facultades de fiscalización, comprobación, control,

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investigación y verificación de tributos así como de determinación de la deuda tributaria e 

imposición de sanciones administrativas relativas al IVA e IT de los periodos junio y julio de 2010, con la notificación del acto impugnado, cuando dichas facultades ya se encontraban prescritas; correspondiendo también aclarar al ente recurrido que el sujeto pasivo solicitó la prescripción dentro del proceso determinativo, como una forma de extinción de la obligación tributaria, aspecto que desde luego implica que el análisis del instituto incoado, deba realizarse hasta la emisión del acto determinativo y no como erróneamente considera el SIN, hasta la fecha de solicitud del administrado.

En suma, del análisis del proceso determinativo sustanciado, así como de la compulsa de los antecedentes administrativos y los argumentos de las partes procesales del presente Recurso de Alzada, se tiene que, las facultades de la Administración Tributaria de fiscalización, comprobación, control, investigación y verificación de tributos así como de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones administrativas relativas al IVA e IT de los periodos junio y julio de 2010, prescribieron antes de la emisión y notificación del acto ahora impugnado; consecuentemente, corresponde revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 172039000134 de 20 de marzo de 2020 emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

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POR TANTO: 

LEN

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009.

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tufidad. 

AFROHONti 

VOB

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 172039000134 de 20 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando prescritas las facultades de determinación e imposición de sanciones relativas al IVA e IT de los periodos junio y julio de 2010, en previsión el artículo 59 de la Ley 2492; sea de conformidad con el inciso a) del parágrafo I del artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

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NACH 

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Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (591-4) 4140011 – 4140012. www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte 

recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de

su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

ZA Eric Ausberto Rojás Urquiza

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cbba.

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