ARIT-LPZ-RA-1020-2019 Resolución Sancionatoria confirmada. Se labra acta de infracción en contra del contribuyente por no emitir factura por la transacción de compra-venta de fotocopia de libro, en dos ocasiones de intervención. Al no hacer los descargos correspondientes, la Administración Tributaria sanciona al contribuyente con la clausura de su local comercial por doce días.

ARIT-LPZ-RA-1020-2019

HU 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLU 

EL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZRA 1020/2019 

Recurrente: 

Erminio Poma Cruz 

Administración Recurrida

Gerencia Distrital La Paz || del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Maria Josefina Guzmán Medina

Acto Impugnado: 

Resolución Sancionatoria N° 181925000946 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RS/00504/2019)

Expediente

ARITLPZ-0642/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 16 de septiembre de 2019 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1020/2019 de 13 de septiembre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria

Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Sancionatoria N° 181925000946 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RS/00504/2019) de 27 de mayo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz ll del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió sancionar a Erminio Poma Cruz, con la clausura por doce (12) días consecutivos del establecimiento comercial por no emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente por segunda vez, por la venta de fotocopias de libro por un importe de Bs 15,50 en aplicación de los artículos 4, 12 y 16 de la Ley 843, 70 numerales 4 y 6, 148, 160, 162 parágrafo segundo, 166 y 168 de la Ley 2492 y sancionado según el artículo 164 del Código Tributario.

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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I

III 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente Erminio Poma Cruz mediante memorial presentado el 14 de junio de 2019, cursantes a fojas 8-9 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

La funcionaria del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) indica que se incumplió con el deber formal de emitir factura; sin embargo, no se percató que la persona para la que se sacó las fotocopias estaba sumamente apurada, razón por la que tomó sus copias y salió corriendo; aclara además que cuando no se puede entregar la factura en su momento, esos pormenores se anotan en un cuaderno de registro, para que después de terminada la jornada se realice la facturación correspondiente, conforme establece el artículo 4 inciso a) de la Ley 843, que señala que el hecho generador deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente; éste último se refiere al cuaderno interno, donde se van sumando los importes de las fotod fueron facturados porque las personas salen de prisa, motivo por el que no infringió la

norma.

La citada funcionaria no quiso escuchar explicaciones sobre la forma de trabajo que realiza más al contrario pidió las facturas e hizo su intervención, no dio oportunidad para explicaciones. A ello añade que al no tener conocimiento de la norma, no realizó observaciones a la anterior sanción, razón por la que se ve sorprendido con esta segunda infracción que le acarrea problemas económicos, toda vez que debe pagar alquileres y salarios al personal.

La Infracción N° 00042336 data del 28 de febrero de 2018, entonces cómo puede el SIN recién notificar con una sanción y perjudicar con la clausura. La Resolución impugnada vulnera sus derechos constitucionales garantizados y amparados por la Constitución Política del Estado, respecto a la seguridad jurídica, al ámbito laboral y principalmente el artículo 180-11 de la citada norma. Asimismo, según el artículo 8 inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior, siendo la impugnación parte del debido proceso en su elemento a la defensa y por ende no solo debe ser aplicado en la vía judicial sino también en la administrativa.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria N° 181925000946 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RS/00504/2019) de 27 de mayo de 2019.

11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Erminio Poma Cruz contra la Resolución Sancionatoria N° 181925000946 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RS/00504/2019) de 27 de mayo de 2019, fue admitido mediante Auto de 19 de junio de 2019, notificado personalmente al recurrente y mediante cédula al Gerente Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales el 28 de junio de 2019; fojas 10-15 de obrados.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

  • El Gerente Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales. legalmente representado por Ranulfo Prieto Salinas conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0618-16 de 1 de noviembre de 2016, mediante memorial presentado el 15 de julio de 2019, cursante a fojasi 18-28 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria rige sus actuaciones conforme lo establecido por el artículo 4 de la Ley 2341; en tal sentido, los funcionarios del SIN en uso de sus facultades específicas de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación ‘establecidas en el artículo 66 de la Ley 2492, concordante con el artículo 100 del mismo cuerpo legal, actuaron en el marco del procedimiento específico para los casos de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente por la venta de bienes y/o prestación de servicios; al efecto, cita los artículos 70, 103, 160, 168 y 170 de la Ley 2492.

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Cecilia A Hetez Dorado

.. De la revisión de antecedentes administrativos, el 28 de febrero de 2018, funcionarios del

SIN se constituyeron en el domicilio fiscal del contribuyente Erminio Poma Cruz, constatando mediante operativo de control (observación directa) la falta de emisión de factura por la venta de “fotocopias” por un valor de Bs 15,50, razón por la que procedieron a labrar el Acta de Infracción N° 00042336 que contiene todos los datos relativos al contribuyente, los hechos acontecidos en la intervención, el grado de reincidencia del incumplimiento cometido, la base legal sobre la que se efectuó dicha actuación, los productos y montos no facturados, los datos del fiscalizador, el testigo de actuación y principalmente los datos del responsable o dependiente del establecimiento comercial, Sr.

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Guzmán. Plui

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Justicia tributaria para vivir bien Jan Mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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Ángel Córdova con C.I. 9906809, quien firma en constancia y conformidad de todo lo acontecido al momento de la intervención; actuación en la que se informó el incumplimiento incurrido y el respectivo inicio del proceso sancionador, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa del contribuyente, motivo por el que no corresponde alegar una intervención autoritaria por parte los funcionarios, quienes únicamente cumplieron con sus deberes en sujeción a la normativa legal vigente.

La norma tributaria expresa del inicio de la contravención tributaria por no emisión de factura o nota fiscal, se hará por medio de un sumario, consignada mediante cargo (Acta de Infracción), en la que debe constar los hechos, actos y eventos suscitados al momento de advertir la contravención, estableciéndose en ella la contravención cometida, con el propósito de que el contribuyente asuma defensa, aspectos que fueron considerados a momentos de labrar el Acta de Infracción N° 00042336 y que sobreponen los argumentos inequívocos del sujeto pasivo relacionados a “...me siento indignado, al saber que me van a perjudicar con la clausura de 12 días consecutivos; sin que la persona que vino a revisar las facturas no quiso escuchar lo que iba a explicarle de la forma de trabajo que realizo…“, más aun cuando tales argumentos no los expuso en el acta o en el periodo de los 20 días de prueba, dejando precluir su derecho.

En ese entendido, no basta tan solo alegar hipotéticas vulneraciones a derechos consagrados por la Constitución Política del Estado, sino es preciso que el contribuyente demuestre materialmente su existencia, razón por la que sus argumentos carecen de sustento jurídico, debiendo ser rechazados por manifiesta improcedencia; al efecto, cita la SCP. 100/2014, y señala que no es el SIN quien tiene que demostrar el perfeccionamiento, del hecho generador sino el sujeto pasivo de conformidad al artículo 76 de la Ley 2492; situación que no ocurrió en el presente caso, siendo que el ahora recurrente únicamente afirma que los controladores fiscales no pusieron atención alguna cuando pretendía explicar los motivos por los cuales no se habría emitido la correspondiente factura, aspectos que debieron ser probados y alegados en el momento de la intervención o señaladas en la parte de observaciones del acta de infracción, empero no fue así.

..

El contribuyente al pretender justificar su incumplimiento olvida que la norma legal vigente establece que es su obligación emitir la correspondiente factura a partir de la compra o prestación de servicios por un importe igual o superior a Bs5.-; así también, aclara que

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cuando el citado contribuyente hace alusión al “cuaderno de registro”, seguramente pretende referirse al “libro de ventas menores”, que es llenado cada día y por la sumatoria de todas las transacciones menores a Bs5.-; quedando de esa manera desvirtuado su principal argumento, toda vez que al tratarse de una transacción por un importe de Bs 15,50, necesariamente debía emitirse la respectiva factura; sin embargo, por una mala interpretación o desconocimiento de la norma incurrió en la infracción detectada.

El argumento del contribuyente de que el cliente salió de manera apresurada sin tener el tiempo necesario para emitir la factura carece de veracidad, toda vez que la consignación o no del comprador no se constituye en un requisito indispensable para lograr la exigencia pretendida; al efecto, cita el artículo 41 de la RND 10-0016-07. Además, no es requisito para la emisión de factura que se deba consignar la identidad del comprador, toda vez que en caso de que no se tenga su nombre se debe detallar “sin nombre” y tachar el NIT, aspectos que se encuentran regulados por el artículo 40 parágrafo II de la RND 10-0025 14; al efecto, cita los artículos 70 numeral 4 de la Ley 2492 y 4 inciso b) de la Ley 843 y señala que el recurrente vulnera el artículo 4 inciso a) de la citada Ley 843.

El sujeto pasivo al referirse confusamente al registro diario en el libro de ventas, olvida que éste tiene otro tratamiento, conforme lo instituye el artículo 16 de la Ley 843 que se refiere al registro en dicho libro cuando el precio neto de la venta sea inferior a B$5.-; sin embargo, en el presente caso la transacción trata de una venta de Bs15,50, por la que se tuvo que emitir la correspondiente factura a momento de percibirse el monto total por el servicio prestado; razón por la que resulta desatinado el argumento de que las ventas no facturadas son asentadas en un cuaderno de registro interno de ventas y que posteriormente al terminar la jornada laboral se realiza la correspondiente facturación, procedimiento errado que efectúa el ahora recurrente.

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El contribuyente al señalar: “…, porque al finalizar el horario laboral se realiza la factura correspondiente de los que no se pudo llegar a extender por las fotocopias que sacaron, siendo esta la forma de trabajo que se implanto en mi negocio para no defraudar al fisco…”, realiza una confesión espontanea que confirma la falta de emisión de la factura, además que la forma de trabajo que realiza vulnera la normativa tributaria; al efecto, cita los artículos 157 parágrafo III del Código Procesal Civil y 1321 del Código Civil, así como jurisprudencia glosada en la gaceta judicial No. 438, página 673.

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Juan Carlos Guzmán Ruiz

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Justicia tributaria para vivir bien – Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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El Acta de Infracción N° 00042336 debe ser considerado y valorado conforme el artículo 77 parágrafo III de la Ley 2492, que establece que las actas extendidas por la Administración: Tributaria en su función fiscalizadora hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo se acredite lo contrario; así también, la Resolución Sancionatoria goza con presunción de legalidad de conformidad al artículo 65 de la citada Ley, cumpliendo además con los requisitos establecidos por los artículos 27, 28, 29, 30 y 32 de la Ley 2341; al efecto, cita la Sentencia Constitucional N° 0043/2005-R.

Respecto al plazo previsto para la emisión de la Resolución Sancionatoria, cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0317/2012 que señala que si bien el parágrafo 11 artículo 168 de la Ley 2492 establece un plazo de veinte días para la emisión del acto administrativo, al constituirse en un plazo interno que tiene la Administración Tributaria, su incumplimiento está sujeto a lo previsto por la Ley 1178, no implicando la perdida de competencia o preclusión del derecho del Ente Fiscal para determinar sanciones y la emisión de la Resolución Sancionatoria, aspecto que no se constituye en causal de nulidad; al efecto, cita la SC 0100/2005.

El Acta de Infracción así como la Resolución Sancionatoria fueron emitidas con la debida fundamentación de hecho y derecho, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 2492 y la RND 10-0031-16. A ello suma que la Resolución Sancionatoria no es un acto independiente y que por sí mismo equivalga a todo el procedimiento sancionador sino es el resultado de un conjunto de actos vinculados dialécticamente unos con otros, dirigidos a comprobar y valorar los diversos elementos constitutivos de la contravención cometida por el contribuyente y su respectiva sanción; en ese entendido, el sustento de la Resolución Sancionatoria se encuentra en los antecedentes administrativos, razón por la que se debe revisar todos los elementos probatorios para establecer si se actuó en el marco de la Ley, si se dio la oportunidad de presentar pruebas y descargos al contribuyente y si se esclareció la contravención cometida o en su caso si se actuó con mala fe.

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Si bien la normativa reconoce el derecho al trabajo y comercio, ello no implica el desconocimiento de obligaciones establecidas en las Leyes 2492 y 843, decretos supremos y RND’s, generando un perjuicio colectivo; es decir, Erminio Poma Cruz tenia el deber de emitir la factura; sin embargo, no lo hizo, debiendo considerarse lo establecido por el artículo 47 parágrafo I de, la CPE, la Sentencia Constitucional 0173/2012 y el artículo XXVIII de la

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; además, resalta que cualquier disminución de ingresos causados por acciones u omisiones de los contribuyentes, conllevan un daño económico no solamente para el Fisco sino para el Estado, perjudicando así al bien colectivo; al efecto, cita los artículos 29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y señala que no fue la primera vez que el contribuyente no emite la factura, aspectos que evidencian que los efectos que implican la clausura y el no ejercicio del derecho al trabajo y a la actividad comercial fueron causados por sus propias acciones, correspondiendo tenerse en cuenta que el interés general de la sociedad está sobre el interés particular del sujeto pasivo, quien infringió la norma e incumplió con sus obligaciones tributarias, por lo que la sanción impuesta no vulnera sus derechos constitucionales al no ser arbitraria sino deviene de un procedimiento que surge por la conducta del contribuyente.

De conformidad a lo establecido en el inciso.b) del artículo 28 de la Ley 1178, presume la

  • legalidad y la buena fe de sus actuaciones; al efecto, cita la Sentencia Constitucional No

Adicionalmente solicita que la Resolución que dicte ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria se base en el principio de congruencia, conforme lo establecido en el Auto Supremo N° 194 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011.

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria No 181925000946 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/TJ/RS/00504/2019) de 27 de mayo de 2019.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 17 de julio de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría en la misma fecha; fojas 29-30 de obrados.

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La Gerencia Distrital La Paz ll del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente representada por Ranulfo Prieto Salinas, mediante memorial presentado el 1 de agosto de 2019, ratificó en calidad de prueba los antecedentes administrativos remitidos a momento de dar respuesta al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 5 de agosto de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada al recurrente como a la Administración Tributaria por secretaría el 7 de agosto de 2019; fojas

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita

  • mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

11.5. Alegatos Mediante memorial presentado el 23 de agosto de 2019, María Josefina Guzmán Medina en merito a la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000767 de 12 de agosto de 2019, se apersonó en representación legal de la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales; asimismo, presentó alegatos en conclusiones, ratificándose in extenso en el contenido del memorial de respuesta negativa al presente Recuso de Alzada;

al efecto, por Proveido de 26 de agosto de 2019, se dio por apersonada a María Josefina Guzmán Medina’ en calidad de Gerente Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, así como se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, acto notificado a las partes en secretaría el 28 de agosto de 2019; fojas 36-38 de obrados.

El recurrente no presentó alegatos en conclusiones, de conformidad a lo establecido por el artículo 210 parágrafo II de la Ley 2492.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Administración Tributaria el 28 de febrero de 2018, labró el Acta de Infracción N° 00042336 contra Erminio Poma Cruz, por incumplir con la emisión de la factura por la transacción de compra venta de fotocopias de libro por el importe de Bs 15,50, procediendo. a la intervención de la Factura N° 1625 (siguiente a la última nota fiscal emitida por el sujeto pasivo) y requirió la emisión de la Factura No 1626 (siguiente a la intervenida), para formalizar el cumplimiento de la obligación de emisión de la factura; la contravención fue sancionada conforme prevé los artículos 161, numeral 2 y 164, parágrafo II de la Ley 2492; asimismo, se le otorgó al sujeto pasivo el plazo de 20 días para que formule por escrito sus descargos, ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho y/o efectué el pago correspondiente; fojas 2 de antecedentes administrativos.

El Informe CITE: SIN/GDLPZ 11/DF/CP/INF1764/2018 de 2 de abril de 2018, concluyó que el contribuyente no presentó descargos válidos, asimismo, recomendó remitir el trámite al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para continuar con el proceso; fojas 8-9 de antecedentes administrativos.

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La Resolución Sancionatoria N° 181925000946 (SIN/GDLPZ /DJCC/TJ/RS/00504/2019) de 27 de mayo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

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AUTORIDAD DE JMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Impuestos Nacionales resolvió sancionar a Erminio Poma Cruz, con la clausura por doce (12) dias consecutivos del establecimiento comercial por no emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente por segunda vez, por la venta de fotocopias de libro por un importe de Bs15,50; en aplicación de los artículos 4, 12 y 16 de la Ley 843, 70 numerales 4 y 6, 148, 160, 162 parágrafo segundo, 166 y 168 de la Ley 2492 y sancionado según el artículo 164 de la citada Ley; acto administrativo notificado personalmente al sujeto pasivo el 5 de junio de 2019; fojas 10-13 y 15 de antecedentes administrativos. • :

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-1|| del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad. Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Erminio Poma Cruz en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicáble en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva; en este entendido corresponde realizar el siguiente análisis:

V.1 ASPECTOS DE FORMA 

IV.1.1. Incumplimiento de plazos en el procedimiento 

  • El recurrente señala que la infracción N° 00042336 data del 28 de febrero de 2018,

entonces cómo puede el SIN recién notificar con una sanción después de tanto tiempo y perjudicar con la clausura.

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La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0317/2012, señala que si bien el parágrafo 11 (debió decir parágrafo II) del artículo 168 de la Ley 2492, establece un plazo de veinte días para la emisión del acto administrativo, al constituirse en un plazo interno que tiene la Administración Tributaria, su incumplimiento está sujeto a lo previsto por la Ley 1178, sin

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que este hecho constituya la perdida de competencia o preclusión del derecho del Ente Fiscal para determinar sanciones y emitir la Resolución Sancionatoria, aspecto que no se constituye en causal de riulidad; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

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El artículo 168 de la Ley mencionada dispone que: 1. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este Código. III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

A objeto de una adecuada comprensión de la problemática que nos ocupa, es pertinente considerar el cómputo de los plazos procesales aplicables en nuestra materia; al respecto, el artículo 4 numeral 2 de la Ley 2492, dispone que los plazos previstos en días se entenderán siempre referidos a días hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10) dias y siendo más extensos se computarán por dias corridos; asimismo, en su numeral 3 establece que los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil en aquel que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última hora del día de su vencimiento. No obstante, se entiende que legalmente no está contemplada la nulidad de obrados por incumplimiento de plazos, menos la pérdida de las facultades de la Administración Tributaria, más aún cuando la normativa tributaria no recoge en su texto un término perentorio que justifique la aplicación de la nulidad o que dicho de otro modo, en materia de procedimiento administrativo tributario la nulidad sólo opera en tanto sea sancionada expresamente con la nulidad.

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La Sentencia Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre de 2005, señala que: la pérdida de competencia por pronunciamiento de resoluciones fuera de los plazos procesales y la activación del recurso directo de nulidad se produce siempre que aquella esexpresamente señalada en la ley“, al efecto recuerda que la Sentencia Constitucional 0014/2003-CA, de 10 de enero de 2003, que estableció: “Con relación a la supuesta pérdida de competencia de los recurridos, debe precisarse que no basta que una norma procesal establezca el término dentro del cual debe dictarse una resolución para que, en caso de incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto ocurra la norma procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad pierde competencia si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer la nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad; de no producirse esta situación (pérdida de competencia expresamente señala por la ley) el recurso directo de nulidad no se activa ante pronunciamientos fuera de los plazos procesales. Línea jurisprudencial reiterada en el AACC 0037/2003CA, 0124/2005CA y en las $SCC 0025/2003, 0047/2003 y 0042/2005, 0061/2005, 0063/2005, entre otras..

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Administración Tributaria realizó las siguientes actuaciones en el proceso contravencional:

** ACTUACIONES.

.

FECHA DE EMISION ylo NOTIFICACIÓN

28-02-2018 27-05-2019

,

Emisión y entrega del Acta de Infracción N° 00042336. Emisión de Resolución Sancionatoria N° 181925000946 (SIN/GDLPZ JI/DJCCITJ/RS/00504/2019) Notificación con la Resolución Sancionatoria N° 181925000946 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RS/00504/2019)

05-06-2019

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Lo anterior, muestra que efectivamente existe una demora en la emisión de la Resolución Sancionatoria N° 181925000946 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TU/RS/00504/2019) por parte de la Administración Tributaria que debió dictarla hasta el 9 de abril de 2018, conforme establece el artículo 168 de la Ley 2492; sin embargo, se emitió el 27 de mayo de 2019, es decir, con un retraso de más de un año; no obstante, no está contemplada la nulidad de obrados por incumplimiento de plazos, menos la pérdida de la facultad de la Administración Tributaria para calificar la conducta del contribuyente y sancionarla por

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las contravenciones cometidas, más aún, cuando la normativa tributaria no recoge en su texto un término perentorio que justifique la aplicación de la nulidad.

En ese contexto, los plazos establecidos son términos que la Ley prevé para que los actos de las Administraciones tengan límites, pero si estos son incumplidos, la Ley prevé otro tipo de previsiones como el establecimiento de responsabilidad de los funcionarios actuantes;

  • habrá que enfatizar que la Ley 2341 como la Ley 2492, no señalan de manera expresa que la infracción de los plazos procedi

de los plazos procedimentales menoscabe o extinga la competencia que tiene el Ente Fiscal, toda vez que el plazo asignado para esta actuación no es un término fatal sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio contra el o los funcionarios; a esto se suma que las Sentencias Constitucionales 0014/2003-CA Y 0100/2005, establecen que la pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley para establecer la nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad, aspecto este que como se explicó no está contemplado en nuestro ordenamiento legal tributario; consecuentemente, al ser inexistente la nulidad por la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada fuera de plazo, corresponde desestimar lo argumentado por el recurrente, al no ser posible retrotraer obrados por esta causa:

V.2 ASPECTOS DE FONDO IV.2.1. Contravención Tributaria El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada, señala que la funcionaria del SIN indica que se incumplió con el deber formal de emitir factura; sin embargo, no se percató que la persona para la que se sacó las fotocopias estaba sumamente apurada, razón por la que tomó sus copias y salió corriendo; aclara además que cuando no se puede entregar la factura en su momento, esos pormenores se anotan en un cuaderno de registro, para que después de terminada la jornada se emita la factura correspondiente, conforme establece el artículo 4 inciso a) de la Ley 843, que señala que el hecho generador deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, éste último se refiere al cuaderno interno, donde se van sumando los importes de fotocopias que no fueron facturadas porque las personas salen de prisa.

La Administración Tributaria en su respuesta señala que los funcionarios del SIN se constituyeron en el domicilio fiscal del contribuyente Erminio Poma Cruz, constatando mediante operativo de.control (observación directa) la falta de emisión de factura por la

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.

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venta de “fotocopias” por un valor de Bs 15,50.-, por lo que procedieron a labrar el Acta de Infracción N° 00042336 que contiene todos los datos relativos al contribuyente, los hechos acontecidos en la intervención, el grado de reincidència del incumplimiento comietido, la base legal sobre la que se efectuó dicha actuación, los productos y montos no facturados, los datos del fiscalizador, el testigo de actuación y principalmente los datos del responsable o dependiente del establecimiento comercial, Sr. Ángel Córdova con C.I. 9906809, quien firma en constancia y conformidad de todo lo acontecido al momento de la intervención; actuación en la que se informó el incumplimiento incurrido y el respectivo inicio del proceso

  • sancionador, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa del contribuyente.

:

Continua señalando que el contribuyente al pretender justificar su incumplimiento olvida que

la norma legal vigente establece que es su obligación emitir la correspondiente factura a . partir de la compra o prestación de servicios por un importe igual o superior a Bs5.-; así

también, aclara que cuando se hace alusión al “cuaderno de registro”, seguramente se pretende referir al “libro de ventas menores”, que es llenado cada día y por la sumatoria de todas las transacciones menores a Bs5.-; quedando de esa manera desvirtuado el principal

argumento del sujeto pasivo, ya que al tratarse de una transacción por un importe de Bs15,50.-, necesariamente debía emitirse la respectiva factura; sin embargo, por una mala interpretación o desconocimiento de la norma incurrió en la infracción detectada. A ello

suma que no es requisito para la emisión de factura la consignación de la identidad del comprador, toda vez que en caso de que no se tenga su nombre se debe detallar “sin nombre” y tachar en el campo del NIT, aspectos que se encuentran regulados por el artículo 40 parágrafo II de la RND 10-0025-14; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 160 de la citada Ley 2492, dispone que: Son contravenciones tributarias: (…) 2.. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; (…) 

El artículo 161 de la mencionada Ley, señala: Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda con: 1. Multa; 2. Clausura;(…). 

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El artículo 164, en su parágrafo II de la Ley 2492, señala: II. La sanción será de seis (6) dias , continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) dias atendiendo el grado d

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reincidencia del contraventor. La primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 

El artículo 4 de la Ley 843, establece que el hecho imponible se perfeccionará: a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

El artículo 2 del DS 28247; señala: Una vez perfeccionado el hecho imponible, conforme lo establece el Artículo 4 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), la factura, nota fiscal o documento equivalente debe ser extendida obligatoriamente. 

El artículo 40 de la RND 10-0021-16 de 1 de julio de 2018, en su parágrafo V, señala: No existe la obligación de emitir la Factura o Nota Fiscal en las ventas menores o prestación de servicios cuyo precio sea inferior a Bs5.- (Cinco 00/100 Bolivianos), salvo que el comprador así lo requiera. Registradas estas operaciones conforme a lo dispuesto en la presente Resolución, estas ventas deberán totalizarse diariamente, importe que deberá ser facturado consignando, lugar, fecha de emisión y la leyenda “VENTAS MENORES DEL. DÍAen la sección destinada a la razón social del cliente, además de tachar o consignar el valor cero (0) en el campo destinado al NIT o número de Documento de Identificación, debiendo mantener también el original para fines de control posterior. 

El artículo 84 de la citada RND 10-0021-16, en su parágrafo I, respecto a los libros de ventas menores del día, establece: Se establece un libro de registro auxiliar denominado “Libro de Ventas Menores del Día”, en el cual deberán registrarse de manera individual y cronológica las transacciones por montos menores a Bs5.- (Cinco 00/100 Bolivianos) no facturadas en el día (ver Anexo N° 28). El registro será elaborado en medio físico o digital, a objeto de respaldar el monto consignado en la Factura o Nota Fiscal que consolida diariamente el importe de estas operaciones, conforme lo dispuesto en la presente Resolución 

:

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En principio corresponde aclarar que el control de oficio de la emisión de facturas por parte de la Administración Tributaria está contemplado en los artículos 164 y 170 de la Ley 2492, en el marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014 de 10 de enero de 2014;

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en ese entendido, se tiene que dicha obligatoriedad está dada por el artículo 2 del DS 28247 que establece que una vez perfeccionado el hecho imponible conforme el artículo 4 de la Ley 843, la nota fiscal debe ser extendida obligatoriamente.

Es necesario señalar que las sanciones tributarias constituyen actos y actuaciones que deben estar insertos necesariamente en un procedimiento, esto con la finalidad de otorgar al Ente Fiscal pleno ejercicio de su verdadero rol coercitivo sobre el contribuyente que cometió una infracción, siendo una de sus facultades el sancionar el incumplimiento en el que incurrió el administrado. En ese sentido, se define como sanción tributaria la acción de penalizar o castigar el incumplimiento de las obligaciones tributarias; en el caso de no emisión de factura, la sanción tiene doble finalidad: la de reparar, compensar o resarcir la omisión al sujeto que adquirió el bien o servicio y como segunda, la de castigar el incumplimiento de parte del sujeto pasivo, mediante medidas.como en el presente caso con la clausura del establecimiento comercial.

A objeto de establecer la obligatoriedad de la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, es necesario señalar que el hecho generador es el presupuesto establecido por la Ley para individualizar el tributo, cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria así como las obligaciones formales que provengan de su realización; es decir, el hecho generador es la condición que da nacimiento a la obligación tributaria,

constituyéndose en el mecanismo por el que la Ley crea la relación jurídico tributaria con el sujeto pasivo. Se considera que el hecho generador ocurre y produce efectos cuando el presupuesto legal esté constituido sólo por hechos materiales desde el momento en que se hayan realizado todas las circunstancias y elementos integrantes para que produzca los efectos que normalmente le corresponden, para estos casos como se mencionó anteriormente, es obligatorio la emisión de la correspondiente factura como documento impositivo que respalda toda transacción formalmente efectuada.

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  • De la revisión de antecedentes administrativos, muestra que el 28 de febrero de 2018,

funcionarias del Ente Fiscal labraron el Acta de Infracción N° 00042336 contra Erminio Poma Cruz, al evidenciar el incumplimiento en la emisión de la factura por la venta de fotocopias de libro por el importe de Bs 15,50, procediendo a la intervención de la Factura N° 1625 (siguiente a la última nota fiscal emitida por el sujeto pasivo) y requiriendo la emisión de la Factura N° 1626 (siguiente a la intervenida), para formalizar el cumplimiento

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de la obligación, sancionado la contravención conforme prevé los artículos 161, numeral 2 y 164, parágrafo II de la Ley 2492; otorgándole al sujeto pasivo el plazo de 20 días para que formule por escrito sus descargos, ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho y/o efectué el pago correspondiente; así se advierte a fojas 2 de antecedentes administrativos.

.

Concluida la etapa probatoria otorgada y sin que el recurrente presente descargos, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 181925000946 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RS/00504/2019) de 27 de mayo de 2019, resolviendo sancionar al referido contribuyente con la clausura por doce (12) días consecutivos del establecimiento comercial por no emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente por segunda vez, por la venta de fotocopias de libro por un importe de Bs 15,50; en aplicación de los artículos 4, 12 y 16 de la Ley 843, 70 numerales 4 y 6, 148, 160, 162 parágrafo segundo, 166 y 168 de la Ley 2492 y sancionado según el artículo 164 de la citada Ley; acto definitivo que hoy es objeto de impugnación por la vía administrativa. En este punto es pertinente señalar que ante el perfeccionamiento del hecho imponible conforme el artículo 4 de la Ley 843, emerge la obligación del sujeto pasivo para emitir la factura, nota fiscal o. documento equivalente.

Bajo ese contexto, corresponde señalar que el parágrafo III del artículo 77 de la Ley 2492, referente a los medios de prueba, dispone: Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario; en ese entendido, de la lectura del Acta de Infracción N° 00042336, emitido por la Administración Tributaria señala que en la ciudad de La Paz, el 28 de febrero de 2018, a horas 17:00, funcionarias de la Administración Tributaria procedieron a constituirse en el domicilio tributario ubicado en el Pasaje Iturralde, N° 425, Piso 1, Local 1 de la Sopocachi de la ciudad La Paz, del contribuyente Erminio Poma Cruz con NIT 4982003017, oportunidad en la que labraron el citado acta por el incumplimiento de la emisión de la factura por la venta de fotocopias de libro por el importe de Bs15,50 procediendo a la intervención de la factura N° 1625 (última nota fiscal emitida por el sujeto pasivo) y requiriendo la emisión de la factura No 1626 siguiente a la intervenida para formalizar el cumplimiento de la obligación de emisión de la factura.

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Continuando con la lectura del citado acta, ésta le otorgó al sujeto pasivo el plazo de 20 días, para que formule por escrito sus descargos y ofrezca todas las pru su derecho, debiendo a efecto el contribuyente apersonarse al Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, ubicado en la Avenida 20 de Octubre, No 2121, Piso 1, Local 1; acta que contiene las firmas de Maria E. Zapana H. con C.I. 3395603 L.P., en su función de servidora pública actuante, por Ángel Córdova con C.1. 9906809 en calidad de dependiente y por la testigo de actuación Maribel Torrez con C.I. 6183900 L.P., que dan fe de los hechos ocurridos el día de la intervención; en ese entendido, es importante puntualizar que los hechos descritos en el mencionado acta, no son posibles de cuestionar, toda vez que hacen prueba de los hechos recogidos en ella; aspectos estos, que no fueron desvirtuados por el recurrente, quien se limitó a señalar que su cliente estaba sumamente apurada, quien tomo sus fotocopias y salió corriendo, consecuentemente es evidente que el recurrente reconoció que ocurrió el hecho generador que obliga la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente.

En ese entendido, de acuerdo al Acta de infracción N° 00042336, cursante a fojas 2 de antecedentes administrativos, se evidencia que indudablemente se efectuó la transferencia que dio origen a la obligación de emitir la correspondiente factura, en el presente caso ocurrió la venta de fotocopias de libro; sin embargo, el recurrente pese a la entrega del bien y pago total recibido a momento de la transacción no cumplió lo establecido en el inciso a) del artículo 4 de la Ley 843, toda vez que no facturó por el monto acordado de la venta, lo que acredita la existencia de la contravención tributaria por la falta de emisión de factura establecida en el numeral 2 del artículo 160 de la Ley 2492.

A lo anterior corresponde resaltar que el ahora recurrente a través de su Recurso de Alzada se limitó a señalar que: “(...) a) La personera del SIN, indica que incumpli el deber formal de emitir factura la misma que es el número 001625 con N° de Autorización 416101800005580 por un importe de Bs 15,50 (…) Supuestamente hacen ver que no entregue la factura citada en líneas arriba, pero de lo que no se percató y cuando se le 

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quiso explicar a la personera de que la persona que saco las fotocopias estaba sumamente 

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apurada la misma que tomo sus fotocopias y salió corriendo, pero estos por menores se anota en un cuaderno de registro de los que no se puede entregar en el momento la factura para que después terminado la jornada laboral se realiza la facturación correspondiente como especifica el Art. 4 Inc. A) de la Ley 843... la cual deberá obligatoriamente estar 

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respaldada por la emisión de la… o documento equivalente, este documento es el cuaderno 

interno que llevamos donde se va sumando las fotocopias que no fueron facturadas porque las personas salen de prisa, (...)“; es decir, lo expuesto muestra una “aceptación voluntaria” de la contravención cometida; en tal sentido, corresponde aclarar al citado recurrente que su argumento no.es un justificativo legal para omitir una formalidad esencial en cualquier transacción o venta de bienes; más aún cuando no acredito que los hechos ocurrieron de manera distinta a lo expuesto en la actuación administrativa; en consecuencia, el Acta de

Infracción N° 00042336 tiene valor sustentable.

Lo precedentemente expuesto, permite concluir que los argumentos señalados por el recurrente no desvirtúan la contravención sancionada por la Administración Tributaria, más aun cuando Erminio Poma Cruz no expone ni presenta pruebas idóneas o válidas que permitan señalar lo contrario, sólo realiza afirmaciones carentes de efectos probatorios y legales; es decir, no se consideró el presupuesto legal contenido en el artículo 76 de la Ley 2492, que dispone que quien pretenda hacer valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos de los mismos, esto implica, que no es suficiente efectuar una serie de alegaciones o argumentaciones, sino que se hace necesario e imprescindible que los mismos estén debidamente probados, aspectos estos que como se evidencia no ocurrieron en el caso bajo análisis; consecuentemente, sin pruebas no se puede modificar la posición asumida por el Ente Fiscal.

Con relación al argumento del recurrente de que cuando no se puede entregar la factura en su momento, esos pormenores se anotan en un cuaderno de registro, para que después de terminada la jornada se realice la facturación correspondiente, conforme establece el artículo 4 inciso a) de la Ley 843, que señala que el hecho generador deberá obligatoriamente estar respaldado por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, entendiendo a éste último como un cuaderno interno, donde se van sumando los importes de fotocopias que no fueron facturadas; al respecto, corresponde hacer notar la errada interpretación de la norma en la que incurre el ahora recurrente, toda vez que conforme el citado inciso a) del artículo 4 de la Ley 843, en el caso de ventas el hecho imponible se perfecciona sean estas al contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente, debiendo obligatoriamente estar respaldada esta transacción por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente: es decir, la norma citada no hace referencia a ningún “cuaderno interno”, que de ninguna

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manera puede asemejarse a una factura, nota fiscal o documento equivalente, siendo la factura un documento tributario autorizado por la Administración Tributaria cuya emisión respalda la realización de compra-venta de bienes muebles, contratos de obras, prestación de servicios o toda otra prestación cualquiera fuere su naturaleza, conforme. establece el inciso bb) del artículo 4 de la RND 10-0021-16.

En este punto, es pertiņente aclarar que el presente caso no corresponde a ventas menores a Bs5.- los cuales deben registrarse en un “libro de ventas menores del día” conforme preel artículo 84 de la RND 10-0021-16, que al finalizar la jornada deben totalizarse y facturarse de acuerdo a procedimiento establecido en el artículo 40 parágrafo V de la citada RND; en

argumento del recurrente es impertinente, toda vez que al tratarse de una venta superior al citado importe, el proceder del recurrente no se adecúa a lo establecido en la normativa.

A lo anterior corresponde añadir que la citada RND 10-0021-16, en su artículo 40, establece: . El Sujeto Pasivo o Tercero Responsable una vez perfeccionado el hecho generador o imponible del Impuesto al Valor Agregado, deberá emitir obligatoriamente la Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, garantizando la legibilidad y nitidez de los datos de la transacción. (…). II. La Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente deberá emitirse consignando el nombre o razón social o nombre comercial, NIT o los datos numéricos del Documento de Identidad, (…). Cuando el comprador no proporcione sus datos (NIT o número de Documento de Identificación, razón social, apellido) o solicite expresamente que no se consignen los mismos en la Factura o Nota Fiscal, el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable emitirá la Factura o Nota Fiscal en todas las Modalidades de Facturación, consignando lo siguiente: 1. En el campo nombre o razón social las palabras “sin nombre” O “S/N“; 2. En el campo de NITICI deberá consignar: a) En la Modalidad de Facturación Manual, tachando el campo respectivo; (...)“; por lo expuesto, es evidente que el contribuyente tenía la obligación de emitir la factura una vez perfeccionado el hecho generador, sin condicionarse a que su cliente le proporcione sus datos, toda vez que la norma prevé que para aquellos casos en los que el cliente no proporcione sus datos se consigne en el campo nombre o razón social “sin nombre”, así como tachar en el campo referido al NIT • C.1.; por las razones expuestas el argumento del recurrente carece de asidero legal.

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Con relación al argumento del recurrente respecto a que al no tener conocimiento de la norma, no realizó observaciones a la anterior intervención, viéndose sorprendido con esta segunda infracción que le acarrea problemas económicos; al respecto, corresponde señalar que de conformidad al artículo 143 de la Ley 2492, la impugnación ante esta instancia recursiva está fijada dentro del plazo perentorio de veinte (20) días de notificado el acto a ser impugnado; en ese entendido, se tiene que es de plena responsabilidad del interesado el no haber impugnado u observado aspectos en su anterior proceso dentro de los plazos previstos por Ley; en ese entendido, el recurrente no puede argüir desconocimiento de la norma, más aun cuando se presume conocida por todos “jure et jure”. como lo estipula la Constitución Política de del Estado en su artículo 108.

En cuanto al argumento del recurrente respecto a la afectación a su derecho al trabajo, corresponde señalar que, si bien éste derecho se encuentra reconocido en la Constitución Política del Estado, a través de los artículos 46, parágrafo I y II, 47 1 y II, este reconocimiento no implica el desconocimiento de las obligaciones establecidas en el Código Tributario y normas reglamentarias, máxime si se considera que Erminio Poma Cruz, es reincidente, es decir, que ya fue sancionado en una anterior oportunidad por incurrir en una similar contravención, razón por la que contaba con el deber de emitir la factura correspondiente por la venta realizada, por lo que no corresponde su agravio toda vez que la Resolución Sancionatoria impugnada no atenta su derecho al trabajo, más al contrario es su incumplimiento de emisión de factura lo que conlleva a la sanción de clausura y que le afecta al normal desenvolvimiento de sus actividades comerciales. .

Respecto a la alusión del recurrente de que según la Convención Americana sobre

Derechos Humanos en su artículo 8 inciso h), toda persona tiene derecho a recurrir del fallo

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ante el juez o tribunal superior, por lo que la impugnación es parte del debido proceso en su elemento a la defensa y por ende no solo debe ser aplicado en la via judicial sino también en la administrativa; al afecto, corresponde señalar que el recurrente al impugnar dentro de los plazos la Resolución Sancionatoria N° 181925000946 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/TJ/RS/00504/2019) de 27 de mayo de 2019, evidentemente activo los mecanismos de defensa ante la vía administrativa, aspecto que demuestra la inexistencia de conculcaciones por parte de la Administración Tributaria a su derecho a la defensa; por esta razón, corresponde desestimar éste la existencia de algún vicio por esta causa.

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III 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

En consideración a los antecedentes de hecho y derecho antes expuestos, se evidencia que la Administración Tributaria ajustó el procedimiento administrativo instaurado por contravención tributaria de no emisión de factura al marco legal vigente, habiendo observado el debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica; no obstante, el recurrente no desvirtuó los cargos formulados en su contra con medios probatorios idóneos, ni mucho menos demostró que los hechos recogidos en el Acta de Infracción N° 00042336 de 28 de febrero de 2018, ocurrieron de manera distinta, consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 181925000946 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/TU/RS/00504/2019) de 27 de mayo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales..

…..::::….

: **** ….*4:11

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad. Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria No 181925000946 (SINGDLPZ II/DJCC/TJ/RS/00504/2019) de 27 de mayo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales contra · Erminio Poma Cruz; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de clausura por doce (12) días continuos del establecimiento comercial, establecido mediante Acta de Infracción N° 00042336 de 28 de febrero de 2018, en aplicación a lo dispuesto por el parágrafo II del artículo 164 de la Ley 2492.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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