ARIT-CHQ-RA-0040-2012 Resoluciones Sancionatorias confirmadas por la no presentación de la Información del Software RC-IVA (Da Vinci) de tres meses

ARIT-CHQ-RA-0040-2012

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0040/2012  

RECURRENTE: CAJA PETROLERA DE SALUD – POTOSI, representada  por ELENA CORO VILLCA.  

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL POTOSI DEL SIN, representada  legalmente por ZENOBIO VILAMANI ATANACIO.  

EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0062/2011.  

LUGAR Y FECHA: Sucre, 9 de marzo de 2012.  

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente Caja Petrolera de Salud – Potosí,  representada por Elena Coro Villca, contra las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-000- 0084-11; Nº 18-000-0083-11 ambas de fecha 26 de septiembre de 2011 y la Resolución  Sancionatoria Nº 18-00000144-11, de fecha 4 de noviembre de 2011, emitidas por la  Gerencia Distrital Potosí del SIN, recurso que es admitido mediante auto de 3 de noviembre  de 2011, debidamente notificado al titular de la Administración Tributaria, para que la  autoridad recurrida, remita todos los antecedentes sobre la resolución impugnada; las  pruebas literales y documentales presentadas y producida por las partes, autos y decretos  dictados en la tramitación del presente Recurso, Informe Técnico – Jurídico  ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0040/2012 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente.  

CONSIDERANDO  

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, las  Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-000-0084-11; Nº 18-000-0083-11 ambas de fecha 26  de septiembre de 2011 y la Resolución Sancionatoria Nº 18-00000144-11, de fecha 4 de  noviembre de 2011, trámite procesal y análisis del mismo así como los fundamentos de la  resolución impugnada, se tiene lo siguiente:  

  1. DATOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.  

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió las  Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-000-0084-11; Nº 18-000-0083-11 ambas de fecha 26  de septiembre de 2011 y la Resolución Sancionatoria Nº 18-00000144-11, de fecha 4 de  noviembre de 2011, con las referidas resoluciones sanciona al contribuyente Caja Petrolera  de Salud-Potosí Titular del NIT 1010483021, representada legalmente por Elena Coro  Villca, con una multa de 5.000 UFV´s (Cinco mil 00/100 Unidades de Fomento a la  Vivienda), por cada una de las Resoluciones Sancionatorias, por la contravención tributaria  de Incumplimiento de Deberes Formales por la no presentación de la Información del  Software RC-IVA (Da Vinci), Agentes de Retención, en los períodos fiscales enero, febrero  y abril de la gestión 2008, en previsión del artículo 162 del Código Tributario y subnumeral 

Pág.1 de 14  

4.3 del numeral 4 del anexo A) de la RND Nº 10-0037-07, en su calidad de Agente de  Retención, establecido en la RND Nº 10-0029-05.  

Con las resoluciones que se impugna, se procedió a notificar personalmente a Elena Coro  Villca, en representación legal de Caja Petrolera de Salud – Potosí, en calidad de Titular del  NIT 1010483021, conforme consta por las diligencias de notificaciones, cursantes a fojas 1,  5 y 8 de obrados.  

En fecha 6 de diciembre de 2011, la Caja Petrolera de Salud – Potosí, representada  legalmente por Elena Coro Villca, acreditada mediante Testimonio de Poder Nº 815/2011,  otorgado por Edgar Quispe Sánchez, interpone Recurso de Alzada, contra las Resoluciones  Sancionatorias Nros. 18-000-0084-11; 18-000-0083-11 y 18-00000144-11, dentro del plazo  legal de los 20 días previstos por el artículo 143 del Código Tributario.  

  

  1. CONTENIDO DEL RECURSO.  

  

El Recurso de Alzada interpuesto, tiene como base los siguientes fundamentos:  

En Principio según la parte recurrente, la obligación tributaria emerge únicamente por  incumplimiento a deberes formales por error administrativo consistente en la omisión en la  remisión en la fecha de presentación del formulario 608 de la información del Software RC IVA (Da Vinci) por los periodos fiscales de enero, febrero y abril de 2008. Que, dicha  resolución en su parte considerativa señala que no existe incumplimiento por parte del  Contribuyente en la presentación de los formularios 608, que fehacientemente consigan el  principal deber como agente de información, consecuentemente determinándose la Validez  de los mismos, lo cual implica que los datos proporcionados son veraces en cuanto a los  montos y por tanto la obligación tributaria correspondiente fue cumplida en su integridad.  

Señala que, los actuados por los cuales la administración Tributaria determina  incumplimiento de deber formal es la Información proporcionada por las Administradoras de  Fondos de Pensiones como establecen los autos iniciales de sumarios contravencionales,  sin especificar en absoluto a cual se refieren toda vez que en el departamento de Potosí,  operan dos Administradoras como son: Futuro de Bolivia y Previsión BBVA, afirma que el  fundamento de la información en la que sustenta todo el proceso se hace invalida en razón  a que la prueba obtenida por parte de la Administración Tributaria está viciada de nulidad.  Hace referencia al artículo 8 de la Ley Nº 2492 señalando que el mismo es ambiguo y  contradictorio y que no da pautas exactas para la interpretación de normas tributarias  puesto que toda norma tiene caracteres y eventualidades propias, siendo peligroso aplicar  únicamente la interpretación restrictiva o en su defecto la interpretación extensiva,  fundamentando su criterio en los autores José M. Martín, Guillermo Rodriguez, Jarach y  Araujo Falcao, y nuevamente hace referencia que la sanción contenida en la resolución  impugnada emerge de errores que teóricamente implicarían incumplimiento a deberes  formales.  

Hace referencia al artículo 153 de la Ley Nº 2492, y señala que dicha norma indica que el  error de tipo o el error de prohibición son causales de exclusión de responsabilidad tributaria  y que la misma se encuentra supeditada a una condición: que el sujeto pasivo o tercero  responsable haya presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier  actuación de la Administración Pública; que en el caso de autos afirma que la Caja  Petrolera de Salud Sub zonal Potosí, presentó de manera oportuna el Formulario 608,  reflejando de manera fidedigna los montos, señalando que no ha existido daño al imperio  recaudador del Estado y que se encuentra plenamente demostrado, sin embargo indica que  la Administración Tributaria ha desconocido y vulnerado plenamente lo expresado por los 

Pág.2 de 14  

artículos 8.I y 153.II de la Ley Nº 2492 habiendo realizado una interpretación totalmente  arbitraria e ilegal determinándose un error que la norma no tipifica expresamente como un  incumplimiento a deber formal que no lesiona la facultad recaudadora del Estado ni provoca  daño alguno, situación que viola flagrantemente la jerarquía normativa en el art. 410.II de la  Constitución Política de Estado, priorizando una norma inferior RND Nº 10.0016.07,  respecto de una norma de mayor rango Ley Nº 2492.  

Realiza una descripción doctrinal con referencia al error de tipo invencible como eximente  de responsabilidad, tipificado en el artículo 153 parágrafo I num. 2 de la Ley Nº 2492, y pide  valorarse esta eximente de responsabilidad, porque afirma haberse cumplido a cabalidad  con los presupuestos contendidos en el precitado articulo al haberse presentado los  respectivos formularios 608 de manera oportuna y con declaraciones veraces que  determinan la exclusión de responsabilidad que como se tiene dicho no implicaron daño  alguno al imperio recaudador del Estado, que así también lo afirma la propia Administración  Tributaria, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, alegando que  no existió tributo omitido.  

Señala que, el acto catalogado como ilícito por la Administración Tributaria en las  resoluciones ahora impugnadas, indiscutiblemente se constituyen en errores de tipo y que  la responsabilidad tributaria se encuentra excluida, tomando en cuenta que Caja Petrolera  de Salud Sub zonal Potosí, cumplió a cabalidad con los presupuestos establecidos en la  norma precitada, es decir, una presentación oportuna y veraz. Hace referencia a varios  Principios Constitucionales entre ellos a la Garantía al Debido Proceso para observar la  prueba ilícita en la información proporcionada por las Administradoras de Fondos de  Pensiones a la Administración Tributaria considerada por la parte recurrente como aquella  prueba que viola los derechos y garantías constitucionales siendo nula de pleno derecho.  

Asevera que existe vulneración al Principio de Legalidad y al Principio de Favorabilidad  haciendo referencia a la Sentencia Constitucional Nº 0044/2004-RDI, y afirma que la  Administración Tributaria ha vulnerado flagrantemente el principio de legalidad, dado que,  de manera totalmente arbitraria impone una sanción por un supuesto incumplimiento de  deber formal, pese a que la norma no establece expresamente que el error deba ser  sancionado, y que además el mismo ha sido establecido por nuestra propia norma como un  eximente de responsabilidad, que al margen de desconocer el error señala que la  Administración Tributaria incurre en un claro abuso de poder al imputar una sanción  impropia y anómala, la cual no tiene ningún sustento legal, dado que las normas  supuestamente violadas artículo 47 parágrafo II num. 2 lit. d) y artículo 50 de la RND Nº 10- 0016-07, no establecen con certeza y de manera inequívoca que el error deba ser  sancionado, por lo tanto, la Administración Tributaria, vulnera flagrantemente el Principio de  Legalidad consagrado en el artículo 158 parágrafo I num. 23, de la CPE y el artículo 6 de la  Ley Nº 2492.  

Hace referencia al Principio de Favorabilidad señalando que la Administración Tributaria,  también ha vulnerado el referido principio al haber realizado una interpretación sesgada e  ilegal en contra del administrado, en ese orden afirma que se ha demostrado que la  Administración Tributaria ha incurrido en violación de dos principios de la materia que son:  legalidad y favorabilidad desconociendo jurisprudencia constitucional, que tiene carácter  vinculante y obligatorio conforme el artículo 203 de la CPE, señalando que las Sentencias  Constitucionales descritas deben brindar tutela correspondiente y dejar sin efecto el  arbitrario acto de la Administración Tributaria. 

Pág.3 de 14  

En el memorial de subsanación, la parte recurrente cumple lo observado en el artículo 198  de la Ley Nº 2492, y reitera sus fundamentos de hecho y de derecho en el memorial de  recurso de alzada.  

Por lo expuesto al amparo de la base legal citada precedentemente, y la prueba aportada  indica que demuestra que la Administración Tributaria ha desconocido y transgredido éstas  pretendiendo imponer una obligación tributaria por lo que pide admitirse el recurso de alzada  otorgarle el trámite de ley y considerando en el fondo se Revoque totalmente las  Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-000-0084-11; 18-000-0083-11 y 18-00000144-11,  dejándolas sin efecto legal alguno por el evidente error del tipo y la vulneración al Principio  de Legalidad o reserva legal y consiguientemente se declare que la Caja Petrolera de Salud  Sub Zonal Potosí ha cumplido taxativamente con su obligación tributaria, por otra parte  habiendo demostrado la inobservancia por parte de la Administración Tributaria del artículo  168 parágrafo I, de la Ley Nº 2492 y que también correspondía anular las Resoluciones  Sancionatorias citadas.  

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

Dentro del plazo legal, la parte recurrente, mediante memorial que cursa a fojas 34 de  obrados, subsanó las observaciones realizadas, por cuya razón mediante auto de 22 de  diciembre de 2011 y en observancia de lo previsto en el artículo 198.II del Código Tributario,  conforme consta a fojas 36 de obrados, se admitió el recurso y se dispuso correr a  conocimiento de la Administración Tributaria para que en plazo legal de 15 días,  computables a partir de su notificación conteste y remita todos los antecedentes  administrativos, como los elementos probatorios relacionados con la resolución impugnada,  todo en aplicación de lo señalado por el art. 218 inciso c) del Código Tributario, habiéndose  notificado legalmente a la entidad recurrida en fecha 23 de diciembre de 2011, conforme a la  diligencia de notificación cursante a fojas 37 del expediente.  

  1. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA.  

Que dentro de término legal, la Administración Tributaria Gerencia Distrital Potosí del  Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), mediante memorial que cursa de fojas 42 a 47,  responde negativamente al Recurso de Alzada, apersonándose para el efecto, el Lic.  Zenobio Vilamani Atanacio, quien acredita su personería en su condición de Gerente  Distrital interino de Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante copia legalizada  de la Resolución Administrativa Nº 03-353-11, de 2 de septiembre de 2011.  

  

Dentro de los argumentos expuestos, señala que, dió cumplimiento a la normativa tributaria  adecuando sus actuados a lo establecido en la Ley Nº 2492 y a las Resoluciones  Normativas de Directorio Nº 10-0029-05 y Nº 10-0037-07.  

  

Con relación a la información de las Administradoras de Fondos de Pensiones señala que  es un hecho que no vulnera derecho alguno porque no existe prueba que de manera cierta  se establezca que se ha cumplido lo dispuesto por el artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05,  afirma que los descargos presentados por el recurrente en fecha 16 de agosto de 2011,  reflejan haber sido presentados fuera de plazo, además de no haber cumplido lo dispuesto  en el Artículo 217 de la Ley Nº 3092. Que, en virtud al artículo 15 de la Ley Nº 2492 no  puede ser considerada como una vulneración de derecho menos para aceptar la solicitud  de que se proceda a revocar las resoluciones sancionatorias impugnadas. 

Pág.4 de 14  

Con relación al error de tipo tipificado el en artículo 153 de la Ley Nº 2492, reitera el  antecedente de la presentación de descargos por la parte recurrente indicando que el  mismo solo corresponde al período fiscal abril de 2008, pero que fue presentado en el mes  de agosto fuera de plazo siendo el motivo principal para el rechazo por parte de la  Administración Tributaria porque dicha información debió presentarse en el mes de mayo  2008 fundamenta este hecho en el inc. 6 y 8 del artículo 70 de la Ley Nº 2492 y lo dispuesto  por el artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, afirmando que el deber formal observado, no  puede ser sujeto de interpretación de error de tipo o error de prohibición en virtud al numeral  2 del parágrafo I. del Artículo 153 de la Ley Nº 2492.  

  

Con relación a la solicitud de que se revoquen las resoluciones que se impugnan,  manifiesta que, las mismas no vulneran el debido proceso, el principio de congruencia o en  su caso el principio de favorabilidad, porque, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la  RND Nº 10-0029-05, que comprende a los Agentes de Retención, que es el caso la Caja  Petrolera de Salud – Potosí, incumplió el artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05 y es  sancionada de acuerdo al parágrafo I del artículo 162, de la Ley Nº 2492 concordante con el  artículo 11 del DS Nº 27874.  

  

Por sus fundamentos expuestos, contestando en forma negativa al presente recurso  interpuesto por Elena Villca Coro, representante legal de la Caja Petrolera de Salud –  Potosí, solicita se confirmen las mismas.  

  

  1. FASE PROBATORIA.  

En aplicación de lo previsto en el artículo 218 inciso d) del Código Tributario (Título V – Ley  Nº 3092), mediante auto de 10 de enero de 2012, cursante a fojas 48 de obrados, se  dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes,  procediéndose a su respectiva notificación, conforme consta por las diligencias cursantes  de fojas 49 y 50 de obrados.  

En esta fase, la Administración Tributaria mediante memorial de fecha 27 de enero de 2012,  se ratifica en toda la prueba documental presentada en el memorial de responde, asimismo  presenta fotostáticas de los Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0223/2010 y AGIT-RJ 0225,  ambos de 9 de julio de 2010, con el objeto de demostrar que existen resoluciones con  hechos y circunstancias similares a los que ahora se dirimen y que han sido resueltos a  favor de la Administración Tributaria.  

Dentro la referida fase probatoria, la parte recurrente, mediante memorial de fecha 31 de  enero de 2012, se ratifica en la prueba ofrecida en el memorial de recurso de alzada.  

  1. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACION  TRIBUTARIA DE CHUQUISACA.  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, a mérito de lo dispuesto en  el artículo 141 del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, tiene la facultad  y competencia para conocer y resolver el presente recurso de alzada, el cual se encuentra  dentro del marco legal establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492,  Código Tributario Boliviano, debido a que el procedimiento administrativo de impugnación  contra las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-000-0084-11; 18-000-0083-11 y 18- 

00000144-11, vía recurso de alzada, se iniciaron el 6 de diciembre de 2011, conforme  consta por el cargo de recepción cursante a fojas 17 del expediente. 

Pág.5 de 14  

En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o  material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento  administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en base al  principio tempus regis actum y las normas reglamentarias conexas a la vigencia del hecho.  

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de  esta instancia administrativa, cursante de fojas 82 a 83 de obrados, se conoce que el plazo  de los 40 días, para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone  el artículo 210 párrafo III de la Ley Nº 3092, vence el 12 de marzo de 2012.  

  

Dentro del plazo previsto por el art. 210.II del CTB, la parte recurrida, mediante memorial  presentado el 22 de febrero de 2012, formuló alegatos en conclusiones, en el que reitera las  bases legales en las que se sustenta su respuesta ante el recurso interpuesto, además  hace notar que la parte recurrente no ha demostrado estar exenta de la remisión de  información del RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención, y que tampoco logró demostrar  que la Administración Tributaria, haya vulnerado o viciado de nulidad al no establecer que  cual de las administradoras de Fondos de Pensiones (Futuro o Previsión) ha remitido  información, inherente al cumplimiento del deber formal, hace referencia a la Resolución  Jerárquica Nº 0225/2010, como fundamento a aplicarse en el presente proceso  administrativo.  

  

VII. RELACIÓN DE HECHOS.  

  

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de  hechos, tomando en cuenta el Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN), del mismo se  evidencia como sigue:  

A fojas 4, 25 y 48 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN), cursan los Autos Iniciales de  Sumario Contravencional Nros. 1179202025; 1179202026; y 1179202027, emitidos en  fecha 10 de agosto de 2.011, que señalan que, se informó y notificó a Elena Coro Villca,  representante legal del contribuyente Caja Petrolera de Salud, el incumplimiento en la  presentación al Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Potosí, la Información del  software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente a los periodos fiscales  enero, febrero y abril de la gestión 2008, información que debió ser presentada al SIN, en el  mes de febrero por el período enero, marzo por el período febrero y en mayo por el período  abril de 2008, en la misma fecha de presentación de la Declaración Jurada del RC-IVA  Agentes de Retención, debido a que éste cuenta con dependientes con sueldos o salarios  mayores a Bs. 7,000 contraviniendo de esta manera lo dispuesto en el artículo 162 de la  Ley Nº 2492, concordante con el artículo 40 del DS Nº 27310, sujeta a sanción prevista en  el punto 4.3 del numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND Nº 10-0037-07, los referidos  actos administrativos fueron notificados en fecha 16 de agosto de 2011.  

  

A fojas 46 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN) se encuentra descargos al Auto de  Sumario Contravencional 000-0613-11, correspondiente al período fiscal abril 2008, adjunto  a la fotocopia de la Constancia de Presentación del archivo consolidado RC-IVA, de la  misma forma a fojas 64 se encuentra nota de fecha 17 de octubre de 2011 en la que se  hace referencia a Actuaciones irregulares de la Gerencia Distrital Potosí.  

  

A fojas 6, 27 y 53 Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN), se encuentran los Informes CITE:  SIN/GDPT/DF/OP/INF/472/2011; CITE: SIN/GDPT/DF/OP/INF/473/2011; y CITE:  SIN/GDPT/DF/OP/INF/474/2011, todos de 7 de septiembre de 2011, en sus partes  conclusivas señalan que el contribuyente Caja Petrolera de Salud- Potosí incumplió con la  presentación de la información del RC-IVA (Da Vinci) según lo dispuesto por el artículo 4 de 

Pág.6 de 14  

la RND Nº 10-0029-05, y sanciona por le numeral 4.3 del Anexo Consolidado A) de la RND  Nº 10-0037-07. Recomienda en aplicación del Caso 2, inexistencia o insuficiencia de  descargos del inciso 3) del artículo 17 de la RND Nº 10-0037-07.  

  

A fojas 11, 32 y 59 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN), cursan las Resoluciones  Sancionatorias Nros. 18-000-0083-11; 18-000-0084-11; y 18-000-0085-11, todas emitidas  en fecha 26 de septiembre de 2011, y que resuelven sancionar al contribuyente Caja  Petrolera de Salud-Potosí representado legalmente por Elena Coro Villca, con UFV´s 5.000  (Cinco mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), por cada resolución sancionatoria  por la Contravención Tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales, en previsión del  Artículo 162 del Código Tributario y subnumeral 4.3 del numeral 4 del Anexo A) de la RND  Nº 10-0037-07.  

Con las citadas Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-000-0083-11; 18-000-0084-11; y 18- 000-0085-11 de fecha 26 de septiembre de 2011, el contribuyente Caja Petrolera de Salud Potosí, fue notificado personalmente en fechas 18 de noviembre de 2011 y 14 de octubre  de 2011, habiendo optado por interponer dentro del plazo legal de los 20 días el presente  Recurso de Alzada que es objeto de análisis.  

 VIII. MARCO LEGAL.  

LEY Nº 2492, DEL CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

Artículo 15.- (Validez de los Actos). La obligación tributaria no será afectada por ninguna  circunstancia relativa a la validez o nulidad de los actos, la naturaleza del contrato celebrado,  la causa, el objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los hechos o actos  gravados tengan en otras ramas jurídicas.  

Artículo 65.- (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por  estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa  declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece.  

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes  facultades específicas:  

  1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones  tributarias del sujeto pasivo:  

  1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos  y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la  Ley como generadores de una obligación tributaria.  
  2. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización,  investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las  obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones.  8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el tributo,  considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar en forma  ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales,  declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información  computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y  poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que  éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la 

Pág.7 de 14  

información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de  computación y los programas de sistema (software básico) y los programas de aplicación  (software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas  informáticos de registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia  imponible.  

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y  jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos  constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto  pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en  poder de la Administración Tributaria.  

Artículo 92.- (Definición). La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la  Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su  inexistencia.  

Artículo 100.- (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá  indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a  través de las cuales, en especial, podrá:  

  1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier  libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

Artículo 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

  1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;  
  2. Omisión de pago;  

Artículo 162.- (Incumplimiento de Deberes Formales). 

  1. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente  Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias,  será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la  Vivienda (50.- UFV’‘‘‘s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV’‘‘‘s). La  sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites  mediante norma reglamentaria.  

Artículo 198. (Forma e Interposición de los Recursos).  

  1. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito mediante memorial  o carta simple, debiendo contener:  
  2. e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la  impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente  los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide.  

Artículo 212. (Clases de resolución).  

  1. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido; 
  2. b) Confirmatorias; o, 
  3. c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo.

Pág.8 de 14  

LEY Nº 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

Artículo 36°.- (Anulabilidad del Acto). 

  1. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del  ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo  determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé los requisitos formales  indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para  ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del  término o plazo.  
  2. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los  recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

DS Nº 27113, REGLAMENTO A LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

Artículo 55° (Nulidad de procedimientos).  

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente  cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La  autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos  equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento,  dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más  convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.  

RND Nº 10-0037-07, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2007. 

  1. A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL  

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN  4.2 Presentación de la Información de Libros de Compra y Venta IVA a través del  módulo Da Vinci- LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas  específicas (por período fiscal)  

Personas Jurídicas 500 UFV.  

RND Nº 10-0029-05, DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005, SOFTWARE RC-IVA (DA-VINCI)  PARA DEPENDIENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN. 

Artículo 4. (Agentes de Retención). Los empleadores o Agentes de Retención deberán  consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el  “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, y remitirla mensualmente al Servicio  Nacional de Impuestos Nacionales mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) de  Impuestos Nacionales o presentando el medio magnético respectivo en la Gerencia  Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma fecha de la presentación del Formulario 98  (las negrillas son nuestras).  

Artículo 5. (Incumplimiento). Los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación  de presentar la información del “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, serán  sancionados conforme lo establecido en el artículo 162 de la Ley 2492 de 2 de agosto de  2003, Código Tributario, y en el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de  Directorio Nº 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004.  

El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la información  requerida. 

Pág.9 de 14  

  1. FUNDAMENTOS TECNICOS JURIDICOS.  

Con la pertinencia legal exigida por ley, corresponde pronunciarse sobre los puntos  reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de rechazo expuestos por la  Administración Tributaria recurrida y con la Resolución Administrativa impugnada, para  establecer y determinar conforme a ley, cual de las partes tiene fundada razón en base a  sus argumentos de hecho y de derecho que fueron expuestos durante la tramitación del  presente Recurso de Alzada.  

El recurrente, Caja Petrolera de Salud-Potosí, representada legalmente por Elena Coro  Villca impugna las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-000-0084-11; 18-000-0083-11 y  18-00000144-11, en base a los argumentos de hecho y de derecho expuestos en su  memorial de Recurso de Alzada. Por su parte la Administración Tributaria, respondió en  forma negativa a las pretensiones del recurrente expresando sus argumentos jurídicos,  solicitando se emita resolución que disponga confirmar las resoluciones sancionatorias  impugnadas.  

9.1. Con relación a la observación de la información proporcionada por las  Administradoras de Fondos de Pensiones.  

En principio la parte recurrente manifiesta que la Administración Tributaria no detalla de  manera precisa cuál de las Administradoras de Fondos de Pensiones (Futuro de Bolivia o  Previsión BBVA), que operan en la ciudad de Potosí, remitió información a esa instancia, lo  que implica que el fundamento de información en el que se sustenta todos los procesos no  es válido porque ésta información se encuentra viciada de nulidad. De la misma forma  refiere que, el debido proceso como consagración de derechos, no se cumple en razón de  que la Administración Tributaria, sustenta sus actuados en prueba remitida y obtenida de la  Administradora del Fondo de Pensiones, aspecto que viola los derechos fundamentales o  garantías constitucionales, careciendo de legalidad que hace imposible la valoración de la  misma.  

Sobre el particular y de la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN), propiamente  en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, se evidencia que los mismos hacen  referencia a la información proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones,  sin especificar cuál de ellas habría brindado dicha información. Al respecto, conviene  remitirnos a la RND Nº 10-0029-05, que en su artículo 7º dispone: (Designación de Agentes  de Información) Designar Agentes de información a la Administración de Fondos de  pensiones BBVA Previsión S.A., con NIT 1028339025, y a la Administradora de Fondos de  Pensiones Futuro de Bolivia S.A. ADM Fondos de Pensiones, con NIT 1006803028, quienes  deberán presentar la información requerida conforme lo detallado en el articulo siguiente.  

De la lectura de este artículo se establece que las referidas Administradoras de Pensiones  BBVA Previsión S.A., y Futuro de Bolivia S.A., fueron designadas como Agentes de  Información, estando obligadas a presentar trimestralmente al Servicio de Impuestos  Nacionales – Gerencia Nacional de Fiscalización-, medio magnético con el detalle de las  personas que cotizan al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo. De este marco normativo  se establece que, las Administradoras de Pensiones BBVA Previsión S.A y Futuro de Bolivia  S.A., están obligadas a presentar la información a la Administración Tributaria y es en base a  esta información que el Fisco ejerce el control en la presentación de los descargos  periódicos, a través de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, realizados por  los sujetos pasivos del RC-IVA en relación de dependencia, considerándose válida toda 

Pág.10 de 14  

información emitida a la Administración Tributaria, por parte de los Agentes de Información  BBVA Previsión S.A y Futuro de Bolivia S.A., esto, en virtud a que dicho procedimiento esta  regulado no solo por una Resolución Normativa de Directorio, sino, por la misma Ley Nº  2492, en su artículo 71 parágrafo II, por lo que no se evidencia ninguna arbitrariedad en la  interpretación de normas por parte de la Administración Tributaria, tampoco, violación al  principio de jerarquía normativa.  

Con relación a que dicha información proporcionada a la Administración Tributaria, se  encuentra viciada de nulidad, cabe señalar que la doctrina administrativa considera que “el  instituto jurídico de los actos anulables, indica que los actos administrativos son y  deberán ser considerados válidos hasta el momento en que sean declarados por  autoridad competente anulados o revocados, para lo cual es necesario que los  mencionados vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la  autoridad Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables,  por lo general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una  investigación de hecho” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3,  pág. XI-33, Ed. 2003).  

Asimismo, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II aplicable supletoriamente al caso en  atención del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que, serán anulables los  actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico;  o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar  su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, y el art. 55 del DS 27113  (RLPA), prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de  procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o  lesione el interés público (las negrillas son nuestras). Debe quedar claro que la  Administración Tributaria, no determinó deuda tributaria, o pago de impuestos al sujeto  pasivo, sino incumplimiento en la presentación de la información del Software RC-IVA  (Da Vinci) Agentes de Retensión, de los periodos enero, febrero y abril de 2008.  

En el presente proceso administrativo no se advierte incumplimiento de requisitos  formales en los actos administrativos emitidos por el Fisco, mucho menos haberse  causado indefensión o violación a las garantías Constitucionales del sujeto pasivo, ya  que de antecedentes del proceso contravencional se evidencia que, la parte recurrente  tuvo acceso a conocer todos los actos administrativos emitidos por la Administración  Tributaria, habiendo tenido todos los plazos otorgados por ley, no solo para la  presentación de descargos, sino también, para impugnarlos. En consecuencia, se  determina la validez plena de la información proporcionada por los Agentes de  Información a la Administración Tributaria, en virtud a los artículos 15 y 65 de la Ley Nº  2492.  

  

9.2.Con relación a la aplicación del error de tipo y el cumplimiento del deber de  información dentro del plazo establecido.  

El sujeto pasivo hace referencia al artículo 153 parágrafo I y num. 2, de la Ley Nº 2492,  dicha normativa refiere que dentro de las causales de exclusión de responsabilidad se  encuentra el error de tipo y el error de prohibición. En virtud a ello, sostiene que, la Caja  Petrolera de Salud, presentó dentro del plazo establecido, el Formulario Nº 608, aspecto  que según el recurrente lo exonera de responsabilidad porque el acto catalogado como  ilícito por la Administración Tributaria, indiscutiblemente se constituye en errores de tipo,  aspecto que le excluye de responsabilidad tributaria, sin embargo, indica que, la  Administración Tributaria, realizó una mala interpretación del error, que no causa o lesiona 

Pág.11 de 14  

la facultad recaudadora del Estado, acción que contraviene el artículo 410 de la CPE.  Argumenta que, el error de tipo invencible como eximente de responsabilidad, debe ser un  hecho valorado por la Administración Tributaria, en razón de que presentó el Formulario  608, de manera oportuna con declaraciones veraces; asimismo sugiere que se analice si  los errores cometidos fueron dolosos, con el fin de aplicar lo dispuesto por el artículo 153  parágrafo I num. 2, de la Ley Nº 2492.  

Afirma que, la Administración Tributaria, vulneró flagrantemente el principio de legalidad,  que de manera arbitraria impone una sanción por un supuesto incumplimiento de un deber  formal, asimismo refiere que, se vulneró el principio de favorabilidad, al no haberse  realizado una interpretación a favor del procesado.  

Con relación a este argumento, se debe tener presente que la Administración Tributaria, por  intermedio de la Gerencia Distrital Potosí del SIN, inició el proceso sancionador por  incumplimientos a deberes formales establecidos reglamentariamente en virtud a la  información proporcionada por Agentes de Información (Administradoras de Fondos de  Pensiones), información en virtud a la cual la Administración Tributaria, establece el  incumplimiento al deber formal de remitir información sobre empleados en relación de  dependencia con salarios superiores a Bs. 7.000.  

  

De la valoración y compulsa de Ios antecedentes administrativos, se observa que la  Administración Tributaria, al haber constatado que la Caja Petrolera de Salud – Potosí,  incumplió con la remisión de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de  Retención, de los períodos fiscales enero, febrero y abril de 2008, inició Sumarios  Contravencionales, con la notificación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional  Nros. 1179202025; 1179202026; y 1179202027, por adecuar su conducta al incumplimiento  de deberes formales, que es sancionado con la multa de 5.000 UFVs, conforme dispone el  subnumeral 4.3 del numeral 4 del Anexo A de la RND Nº 10-0037-07. Asimismo, le concede  el plazo de veinte (20) días, para la cancelación de la multa o la presentación de descargos.  Por su parte, el sujeto pasivo, mediante nota de fecha 16 de agosto de 2011, presentó  descargos correspondientes al período abril de 2008, en la que adjunta fotocopia de  Constancia de Presentación del Archivo Consolidado RC-IVA, de 8 de abril de 2011,  según el recurrente. De la compulsa y análisis de dicho documento, se videncia que, la  presentación del mismo fue realizado en fecha 4 de agosto de 2011, fuera del plazo  establecido dispuesto en el artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, debiendo haberse  presentado dicha información, en el mes de mayo de 2008 y no así, en el mes de  agosto de 2008. Se debe tener presente que, el num. 4.3 del anexo A) de la RND Nº  10-0037-07, establece como deber formal la: “Entrega de toda información veraz en los  plazos, formas, medios y lugares establecidos en normas específicas..”. Por otra parte,  no se advierte la presentación de descargos a los períodos enero y febrero de 2008.  

  

Respecto al incumplimiento de deberes formales, la doctrina tributaria refiere que, no  todos los integrantes de una sociedad, cumplen de manera constante y espontánea las  obligaciones sustanciales y formales impuestas por las normas tributarias, lo cual  obliga al Estado a prever ese incumplimiento, debiendo para ello configurar en forma  específica cuáles son las distintas transgresiones que pueden cometerse y así  determinar las sanciones que correspondan en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso  de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 525, novena edición actualizada y  ampliada – 2005). 

Pág.12 de 14  

En nuestra legislación, la Ley 2492 (CTB) en su artículo 148 señala que, constituyen  ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o  formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código Tributario y demás  disposiciones normativas tributarias; asimismo, establece que los ilícitos tributarios se  clasifican en contravenciones y delitos. El art. 160, num. 5, de la citada Ley, clasifica  como una contravención el incumplimiento de otros deberes formales, a su vez el art.  162 de la Ley 2492 (CTB) dispone que la sanción por cada una de las conductas  contraventoras se establecerá en los límites de 50 UFV hasta 5.000 UFV, mediante  norma reglamentaria.  

En ese marco doctrinal y normativo, se tiene que, la contravención tributaria debe ser  entendida como la vulneración de la norma jurídica que establece las obligaciones  tributarias sustanciales y formales, donde el bien jurídico protegido no está  representado por los individuos ni por sus derechos naturales o sociales en sí, sino  por la acción estatal en todo el campo de la administración pública. Es decir que  existe contravención tributaria cuando se perturba mediante la omisión de la ayuda  requerida, la actividad que desarrolla el Estado para materializar esos derechos.  

  

Con relación a la existencia del error de tipo invencible que es utilizado como fundamento  por la parte recurrente, cabe remitirnos al artículo 153 de la Ley Nº 2492 referida a las  causales de exclusión de responsabilidad, que en su parágrafo I señala que: “son causales  de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las siguientes: numeral 2, indica: El  error de tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto pasivo o tercero responsable  hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier actuación de la  Administración Tributaria”.  

De la lectura de este Artículo se advierte con claridad que existe una condicionante que  obliga al sujeto pasivo haber presentado una declaración veraz y completa antes de  cualquier actuación de la Administración Tributaria, condición que no fue cumplida, así se  evidencia en los antecedentes del Cuadernillo Nº 1(SIN), específicamente en los descargos  que presentó el sujeto pasivo a la Administración Tributaria, y que fueron compulsados y  valorados en esta Instancia Administrativa líneas precedentes, en ese sentido no es  aplicable la disposición contenida en el artículo 153 de la Ley Nº 2492, referida a las  causales de exclusión de responsabilidad como pretende la parte recurrente, en  consecuencia se evidencia que la Administración Tributaria no ha vulnerado el Principio de  Legalidad ni Reserva Legal, por su parte el sujeto pasivo en su fundamentación no ha  desvirtuado la contravención tributaria impuesta por el Fisco, dispuesta en el artículo 76 de  la Ley Nº 2492.  

Que, en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados, corresponde a esta  instancia administrativa pronunciarse dentro de su competencia eminentemente tributaria y  revisando en sede administrativa, se establece que la parte Administrativa Tributaria aplicó  correctamente la normativa en el presente caso.  

POR TANTO  

El suscrito Director Ejecutivo Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  Chuquisaca, designado mediante Resolución Suprema 00413 de 11 de mayo de 2009 y en  virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140  inciso a) del Código Tributario Boliviano; artículo 193, numerales I y II de la Ley Nº 3092 y  artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894.

Pág.13 de 14  

RESUELVE: 

Primero.- CONFIRMAR, las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-000-0084-11; Nº 18-000- 0083-11 ambas de fecha 26 de septiembre de 2011 y la Resolución Sancionatoria Nº 18- 00000144-11, de fecha 4 de noviembre de 2011, emitidas por el Servicio de Impuestos  Nacionales Distrital Potosí, en base a la explicación jurídica realizada en la parte considerativa  de la presente resolución y en conformidad con lo previsto por el artículo 212.I.b) del Código  Tributario.  

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución a  conocimiento del Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,  en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140.c) del Código Tributario Boliviano.  

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Pág.14 de 14