ARIT-LPZ-RA-1060-2019 Se anula Resolución Determinativa. El contribuyente alega falta de fundamentación del acto administrativo definitivo, lo que provoca la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso. La Administración Tributaria tampoco toma en cuenta los descargos de los pagos realizados por el contribuyente correspondientes a la vista de cargo. El SIN deberá emitir un nuevo acto administrativo fundamentado, tomando en cuenta los pagos realizados por el contribuyente.

ARIT-LPZ-RA-1060-2019

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1060/2019 

Recurrente: .

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Sociedad Industrial Molinera S.A., legalmente representada por Henry José Ruiz Weisser

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celideth Ochoa Castro

Acto Impugnado: . 

Resolución Determinativa 171929000751 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/00056/2019)

Expediente: 

ARIT-LPZ-0646/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 23 de septiembre de 2019 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1060/2019 de 20 de septiembre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 171929000751 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/ RD/00056/2019) de 14 de mayo de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente Sociedad Industrial Molinera S.A., por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) por los periodos fiscales julio 2014 a junio 2015 y por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) por la gestión fiscal con cierre a junio 2015 por la suma de 1.077.737 UFV’s que corresponde a tributo omitido, más intereses y la sanción por omisión de pago por adecuarse la conducta a lo establecido en el artículo 165 de la Ley 2492.

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente Sociedad Industrial Molinera S.A., representada legalmente por Henry José Ruiz Weisser conforme Testimonio de Poder N° 356/2018 de 17 de mayo de 2018, mediante nota presentada el 14 de junio de 2019, cursante a fojas 94-126 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente

De la lectura y análisis de la Resolución Determinativa N° 171929000751, se observa que constituye una réplica idéntica de la Vista de Cargo N° 201929000021, es decir los descargos y pruebas insertas en los memoriales presentados el 21 de marzo y 17, 20 y 23 de mayo de 2019, no fueron considerados, ni valorados, limitándose a señalar que los argumentos del contribuyente no son válidos; obviando totalmente los memoriales con documentación presentada como prueba de reciente obtención y otros descargos; asimismo, emite un acto administrativo carente de una debida fundamentación de hecho y de derecho.

El artículo 68 de la Ley 2492, faculta expresamente al administrado a presentar, formular y aportar todo tipo de pruebas y alegatos que deberán obligatoriamente ser tomados en cuenta por parte de la Administración Tributaria y por ningún motivo pueden ser causales de exclusión o limitación, aspecto que puede corroborarse en el memorial de 17 de mayo de 2019, por el cual presentó abundante documentación probatoria referidos a los respaldos del proceso productivo y la documentación contable; la que demuestra que el sujeto pasivo llevó su contabilidad de acuerdo a normas y principios contables y que todas las transacciones han sido registradas completando el circuito contable por consiguiente no existen ingresos no declarados, de la misma manera los costos de venta se encuentran correctamente; en tal sentido, la Administración Tributaria al omitir pronunciarse sobre la documentación presentada en los memoriales citados, vulneró el derecho a la defensa y el debido proceso.

.

La empresa recurrente realizó el 28 de febrero de 2019, pagos que no fueron considerados ni valorados a momento de sustanciar la Resolución Determinativa, los cuales ni siquiera son mencionados en el acto administrativo definitivo, demostrando de esta manera el mal actuar de los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales; los citados pagos debieron haberse subsumido en la fundamentación de la Resolución

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Determinativa, con la finalidad de dar certeza respecto a la deuda tributaria conforme establece el artículo 156 de la Ley 2492, concordante con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0450/2015 de 30 de marzo de 2015.

De lo señalado, se tiene que la Administración Tributaria no habría valorado toda la documentación presentada por el contribuyente como descargo a la Vista de Cargo, consistente en: Libro diario, Libro mayor, Estados Financieros, kardex de ingreso por proveedor, órdenes de compra adjuntas a las actas de recepción de mercadería y los comprobantes de contabilidad (fs. 22-224, 35-37, 48-50, 61-63, 74-76, 87-89, 100-102, 113-115, 126-128, 203-226, 227-229, 273-240 y 341-741 de antecedentes administrativos c I, II, III y IV); aclara que en las partes en que la Resolución Determinativa valora los descargos, al emitir pronunciamiento con relación a los Libros Mayores en sentido de que sus saldos difieren de los saldos expuestos en los Estados Financieros, empero, si bien detalla toda la documentación, no efectuó el análisis ni valoración respecto de las causas por las cuales descartó o consideró como prueba válida los siguientes documentos: Libro Diario, Estados Financieros, kardex de ingreso por proveedor, órdenes de compra adjuntas a las actas de recepción de mercadería y los comprobantes de contabilidad, por lo que no se tiene la certeza de las razones ni la fundamentación técnico-legal empleada por el SIN para considerar que dichas pruebas no son válidas y dejar sin efecto las observaciones formuladas en la vista de Cargo, conforme establece el numeral 7 del artículo 68 de la Ley 2492; al efecto, cita los artículos 115 de la Constitución Política del Estado, 68 numeral 6 de la Ley 2492 y 4 inciso c) de la Ley 2341.

.

La falta de valoración de los descargos presentados a la Vista de Cargo, provocó la emisión de la Resolución Determinativa mediante la cual no se explica de manera clara los motivos por los cuales resultan improcedentes, situación que hace a la fundamentación del acto administrativo, elemento imprescindible conforme los requisitos previstos en los artículos 99, parágrafo II de la Ley 2492 y 19 de su Reglamento.

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Toda vez que no se comprenden los fundamentos técnicos, legales y mucho menos la

valoración técnica de las pruebas presentadas para la determinación de impuestos spese e/omitidos sobre base cierta, no solo se aplicó un erróneo análisis del ciclo productivo y

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contable de la empresa que llevo a producir una deuda inexistente, sino también que el procedimiento técnico utilizado es totalmente discrecional y falto de fundamentación ylo motivación, debido a que en la fiscalización señala que el porcentaje total de producción de avena laminada e instantánea asciende a 62.2%; sin embargo, conforme a las partes diarias de producción se advierte que el porcentaje de producción es de 67.56%, en tal sentido, el análisis efectuado genera un aumento en el precio de producción en perjuicio directo del sujeto pasivo, es decir, el fundamento de las razones para emitir un acto administrativo deben ser concretas conforme lo mencionado en el artículo 28 inciso e) de la 2341. Para el cálculo del precio unitario se empleó una simple fórmula matemática, que se ve descrita en las tablas emitidas por

la Administración Tributaria, las cuales contienen varios errores, aspecto que vulnera – el debido proceso al determinar un importe fuera de la verdad material y del debido

proceso. 

La Resolución Determinativa es totalmente ambigua, confusa y contradictoria, debido a que la documentación contable demuestra claramente que produce y comercializa productos alimenticios y servicios; así también, en las cuentas contables se observa de manera numérica el débito por cada concepto de la prestación de servicios, lo cual se encuentra refrendado por la emisión de la factura fiscal; sin embargo, la Administración Tributaria desconoce este hecho e interpreta de manera ilógica, cuando la factura fiscal demuestra totalmente lo contrario; asimismo, no fundamenta su decisión en normativa tributaria y menos explica por qué interpreta la salida de productos menores al costo, siendo absolutamente discrecional y dentro su propio criterio pretende imponer una deuda inexistente; bajo este entendido, considerando que todo acto administrativo tiene como propósito hacer conocer al administrado el origen de la deuda que se impone, se verifica la plena inobservancia en el presente caso del parágrafo I y III del artículo 96 y parágrafo Il del artículo 99 de la Ley 2492.

Menciona que es obligación de la Administración Tributaria otorgar al contribuyente de forma clara e inequívoca el origen de los reparos emitidos, así como una debida fundamentación de hecho y derecho, con el objeto de garantizar al sujeto pasivo su legítimo derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, en el entendido de que esta garantía se halla íntimamente ligada a un debido proceso y el cumplimiento del principio de legalidad, contemplados en los artículos 115 y 117 de la Constitución

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Política del Estado; lo señalado, demuestra que el sujeto activo no efectuó una fundamentación técnica legal ya que al no haber valorado los descargos presentados, mantuvo los reparos determinados preliminarmente en la vista de Cargo para los periodos de julio a diciembre de 2014 y los periodos de enero a junio de 2015; al efecto, cita la Sentencia Constitucional 1369/2001-R.

Los papeles de trabajo incorporados en cuadros y anexos en la vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, están basados en porcentajes muéstrales propios de estadística inferencial y por lo tanto la obtención de estos resultados reflejan la aplicación de una base presunta, contraviniendo el inciso g) del artículo 6 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16, que señala que el acto administrativo preliminar debe contener como mínimo ciertos requisitos entre los cuales está exponer una justificación del tipo de determinación es sobre Base cierta o base presunta; señala que mediante informe de inteligencia fiscal efectuado en base a los informes mensuales de producción de planta y de la verificación de datos de cantidades de dos ítems sobre el 37,98% para el primero y 24,64% para el segundo quedó claro que entre ambos representan el 62,62%, porcentaje con el que pretende validar el costo unitario de productos terminados, demostrando que se utilizó el método sobre base presunta.

En la fiscalización se utilizó los Balances Generales practicados al 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2015, en cuanto a las cuentas de inventarios iniciales y finales de mercaderías, en el presente proceso, se identificó que si bien cuenta con documentación sobre base cierta, esta no es suficiente para la determinación total de la base imponible; consecuentemente, la determinación fue realizada sobre base mixta, es decir se empleó simultáneamente ambos métodos.

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Después de transcurrido más de un año computable a partir de la notificación de la Orden de Fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, no existe ningún argumento legal que justifique la prórroga de tiempo o en su defecto la ampliación de plazo, aspecto que contraviene lo dispuesto en el parágrafo V del artículo 104 del Código Tributario; de la misma manera, la emisión y notificación de la Resolución Determinativa es totalmente extemporánea, conforme establece el parágrafo I del artículo 99 de la Ley 2492, es decir, el acto administrativo debió ser emitido y notificado

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dentro de los 60 días de manera improrrogable a excepción de que exista una autorización por parte de la máxima Autoridad del Servicio de Impuestos Nacionales, hecho que en el presente caso no ocurrió, razón por la cual el acto administrativo definitivo fue notificado fuera del plazo legal establecido, por consiguiente no corresponde la aplicación de intereses dentro del cálculo de la deuda tributaria, hecho que vicia totalmente el acto.

El Ente Fiscal tiene la obligación de actuar con pleno sometimiento a la ley y utilizar las medios más adecuados para determinar la existencia de una deuda tributaria; sin embargo, en el presente caso esto no ocurrió, debido a que no existe una verdadera fundamentación del por qué la Administración Tributaria actuó de manera discrecional provocando una supuesta deuda tributaria, sin considerar aspectos técnicos del proceso de producción, no realizó el análisis técnico correspondiente, no sustanció ni valoró la documentación y pruebas de descargo presentados en su oportunidad; los citados aspectos, demuestran la falta de valoración e incongruencia en la determinación de la deuda tributaria, existiendo los elementos suficientes para declarar la inexistencia de la misma; según la doctrina tributaria, todo acto administrativo debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en su parte considerativa los motivos y los razonamientos por los cuales concluye y adopta su decisión, explicación

en base a los hechos y el derecho, no pudiendo desconocerse las pruebas existentes, las pruebas de reciente obtención y tampoco los hechos objetivamente ciertos; al efecto, cita la Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre de 2010.

El principio de sometimiento pleno a la ley establecido en la normativa tributaria, principio fundamental a seguir por el ente fiscal, por el cual todo procedimiento determinativo aplicado tiene que estar enmarcado en una normativa específica, sea una Ley, Decreto Supremo o una Resolución Normativa de Directorio y no aplicar un procedimiento basado en el criterio discrecional del funcionario de la Administración Tributaria, como ocurre en el presente caso; aclara, que en virtud del principio de verdad material, la entidad debe privilegiar la verdad de los hechos probados y comprobados por el sujeto pasivo sobre la formalidad pura y simple, aspecto concordante con la Sentencia Constitucional 1724/2010-R de 25 de octubre de 2010.

En la página 14 de la Vista de

argo N° 291929000021, se observa que la

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determinación por ingresos no declarados, aplicó el método de diferencia de inventarios, para lo cual necesariamente debió considerar los ítems vendidos que permanecen en almacenes, producto de “ventas anticipadas”, toda vez que los diversos ítems que comercializa el contribuyente se encuentran en los almacenes, aunque una parte de estos estén efectivamente vendidos, aspecto que no se consideró en absoluto y que en la actualidad ocurre con frecuencia; esta figura de ventas anticipadas no se encuentra prohibida por la norma jurídica vigente, por lo tanto mal podría pretenderse observar estas, bajo el somero argumento de considerarlas como ingresos no declarados por diferencia de inventarios.

La determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas cursante en la página 22 de la Vista de Cargo y página 20 de la Resolución Determinativa, evidencia que se realizó un ajuste disminuyendo el costo de Venta por Bs6.599.391,15, mismo que no se encuentra fundamentado ni tiene sustento técnico, conforme establece los artículos 96 y 99 de la Ley 2492; de manera arbitraria y sin ningún criterio fundamentado de la supuesta revisión de salidas de los productos terminados registrados en los kardex, estableció el costo de venta a través de la multiplicación de las cantidades de salidas de productos a mercado interno y exportación por los costos unitarios; resultado de la operación el costo de ventas asciende a un total de Bs52.12.548,87, disminuyendo el costo de ventas obtenido según Estado de Resultados al 30 de junio de 2015.

Aclara que el sujeto activo con actas de recepción de documentos de 19 de marzo, 14 de mayo y 7 de junio de 2018, efectuó la recepción de la documentación solicitada, evidenciado que el contribuyente presentó los kardex por producto terminado por item, facturas de ventas, libros de ventas y otra documentación contable/financiera, motivo por el cual la determinación carece de fundamento y vulnera el principio de defensa; al respecto, presentó en detalle los ítems observados, fundamentando las diferencias que fueron depuradas arbitrariamente, es decir, la Administración Tributaria estableció una cantidad menor en las salidas en cantidades por productos terminados en comparación con las salidas de productos facturados que respaldan los costos de ventas determinados en el Estado de Resultados practicado al 30 de junio de 2015, las diferencias que no fueron tomadas en cuenta por el ente fiscal se encuentran en las respectivas facturas y notas de entrega del producto; salidas que se encuentran

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reflejadas en los kardex de inventarios y las facturas de ventas se encuentran registradas en los Libros de ventas.

De la misma manera en la determinación del costo de ventas no se tomó en cuenta las ventas efectuadas por Licitaciones a los Gobiernos Municipales de Santa Cruz y Villamontes, transacciones que cuentan con las respectivas facturas de compras, libros de compras, facturas de ventas, libros de ventas y documentación contable/financiera; es decir, los costos en los que incurrió la empresa no fueron valorados por la Administración Tributaria; sumado a lo expuesto, determinó ingresos no declarados por diferencia de inventarios para los impuestos IVA, IT e IUE, por los cuales expone en detalle los respaldos que desvirtúan dichas observaciones.

Respecto al costo unitario, la Administración Tributaria procedió a verificar la cantidad total de producción de avena laminada y avena instantánea, refiriendo equivocadamente que el porcentaje total de producción de estos dos productos asciende a un 62.2% según la página 5 de la Vista de Cargo- y página 2 de la Resolución Determinativa; sin embargo, conforme los partes diarios de producción se advierte que el porcentaje total de producción de los productos señalados es de 67.56%, que genera un aumento en el precio de producción; hace notar que las tablas por las cuales se calculó el precio unitario contienen errores, debido a que se utilizó a una simple fórmula matemática para deducir el costo unitario aspectos que se observan en las tablas 1, 2 y 3, en caso de que se hubiera pretendido hacer un buen trabajo, lo más cercano a la realidad, se debió utilizar el costo unitario del código 310102, en ese entendido el Servicio de Impuestos Nacionales de forma arbitraria e incorrecta procedió a realizar el cálculo de los costos unitarios por debajo del valor real.

Señala que las compras observadas son absolutamente necesarias para la realización de las actividades que permiten el sostenimiento de la fuente de ingresos; sin embargo, el Ente Fiscal se limitó a describir la depuración de no vinculada, empero no estableció el por qué la factura observada no estaría vinculada con la actividad gravada del contribuyente, dejando en indefensión al ahora recurrente, al no existir la aclaración del concepto de depuración en la Resolución Determinativa, señala como jurisprudencia las Resoluciones de Recurso Jerárquico Nos. STG-RJ-0223-2005 y STG-RJ-0082-2006, así como las Sentencias Supremas Nos 102/2011 y 169/2011; la

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depuración del crédito fiscal de las facturas observadas por la no vinculación, afectan en la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, en las cuentas de gasto correspondientes.

En relación a la calificación de la conducta del contribuyente, la misma no puede considerarse como omisión de pago debido a que la Administración Tributaria no justifica fáctica ni legalmente ese ilícito, en razón a que debe existir un pago menor o inexistencia de pago, lo que no ocurrió en el presente caso; en razón de que el sujeto pasivo dio cumplimiento a la normativa vigente, utilizando crédito fiscal legítimo y notas fiscales legalmente habilitadas; en ese sentido, no existe ninguna obligación tributaria incumplida o la inexistencia de pago

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución Determinativa N° 171929000751 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/00056/2019) de 14 de mayo de 2019.

11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por la Sociedad Industrial Molinera S.A., representada legalmente por Henry José Ruiz Weisser, fue admitido mediante Auto de 19 de junio de 2019, notificado al representante legal del recurrente de forma personal el 26 de junio de 2019 y mediante cédula a la Administración Tributaria el 1 de julio de 2019; fojas 127-132 de obrados.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, representada: legalmente por Celideth Ochoa Castro conforme la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000094 de 1 de febrero de 2019, por memorial presentado el 17 de julio de 2019, cursante a fojas 135-156 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:.

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Sobre las supuestos vicios insubsanables de nulidad de la Resolución impugnada, al respecto la parte demandante no es clara en precisar que actos administrativos y cual normativa jurídica se habría vulnerado; observa que la Resolución Determinativa es

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replica idéntica de la Vista de Cargo, en razón de que los descargos y pruebas no

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fueron considerados ni valorados, advirtiéndose que el contribuyente no señaló con precisión qué memoriales y documentación; al respecto, la Resolución Determinativa No 171929000751 se enmarca dentro de lo establecido en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492 y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 2341.

En relación a que no existe normativa legal que establezca que el incumplimiento de las obligaciones tributarias formales del proveedor puedan ser trasladadas al comprador de buena fe y que no puede presentar descargos sobre reparos no atribuibles al contribuyente; al respecto, de la carencia de fundamentación, señala que los actos emitidos por la Administración Tributaria cumplen los requisitos exigidos por la normativa legal, toda vez que la Vista de Cargo expone claramente los fundamentos de hecho y de derecho para la determinación de la deuda tributaria y que motivaron la emisión de la Resolución Determinativa.

Todos los aspectos técnico jurídicos están expuestos en la vista de Cargo como en la Resolución Determinativa; aclara, que la motivación y fundamentación no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que debe satisfacer todos los puntos o requisitos que la Ley exige en el contenido de un acto, tal cual sucede en el presente caso, al expresar en los actos administrativos los motivos que justifican la determinación, precedidos de papeles de trabajo e informes elaborados como resultado del trabajo de verificación; dejando claro que la depuración del crédito fiscal se centra en que el contribuyente no demostró la efectiva realización de las transacciones, no demostrando la procedencia y cuantía del crédito impositivo, por lo que de acuerdo a la verificación e investigación realizada por la Administración Tributaria, se evidenció que corresponde a un crédito fiscal sin que se haya producido ni materializado el hecho generador de la obligación tributaria, hecho que fue puesto en conocimiento del sujeto pasivo a través de la notificación de la Vista de Cargo; sin embargo, no presentó ninguna documentación pertinente en etapa de descargos a objeto de respaldar el crédito fiscal declarado, motivo por el cual confirmo el adeudo tributario en la Resolución Determinativa.

Sobre la supuesta vulneración al derecho a la defensa y el debido proceso por la falta de valoración de los descargos, aclara que el contribuyente desde el inicio de las actuaciones administrativas tuvo la posibilidad de ejercer amplia e irrestrictamente su

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derecho a la defensa al haber tenido conocimiento de todas las actuaciones de la Administración Tributaria, siendo de entera responsabilidad del sujeto pasivo la no presentación de descargos o pruebas que desvirtúen los reparos existentes, concluyendo que actuó en todo momento adecuando su conducta a lo dispuesto por ley.

Menciona que el contribuyente tuvo conocimiento de las actuaciones de la Administración Tributaria desde la notificación con la Orden de Fiscalización hasta la Resolución Determinativa que data de fecha 14 de mayo de 2019; es decir, que el sujeto pasivo presento mediante memoriales de 17, 20 y 23 de mayo de 2019, documentación que no fue presentada a esta Administración Tributaria dentro del plazo del procedimiento de fiscalización, sin justificar o explicar cómo es que dicha prueba que ahora pretende introducir, no pudo ser presentada de forma oportuna, ya sea por causa propia o ajena en etapa de determinación, incumpliendo de esta manera con las previsiones establecidas’ en el parágrafo || del artículo 81 de la Ley 2492, concordante con los artículos 76 del mismo cuerpo legal y 136 de la Ley 439.

El contribuyente al no haber presentado descargos pertinentes, devela la introducción de prueba irregular en instancia administrativa, que según la doctrina es aquella practicada o asumida con violación o en ausencia de los requisitos procesales exigidos y/o de los principios que rige la actividad probatoria, toda vez que la prueba que pretende introducir el sujeto pasivo, se la está realizando en infracción del artículo 81 de la Ley 2492; al efecto, solicita considerar la Sentencia Constitucional N° 1642/2010

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En relación al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104 parágrafo V, observado por el recurrente, señala que el contribuyente no consideró que si bien la norma tributaria establece un plazo para el inicio y conclusión del proceso de verificación con la emisión de la Vista de Cargo, no señala consecuencia alguna ante su incumplimiento; por lo tanto, dicho argumento no constituye una causal de nulidad del procedimiento de determinación realizado, así lo establece la Autoridad de Impugnación Tributaria en su Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1915/2013; continua señalando que en el presente caso no corresponde la emisión de una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de una deuda tributaria, toda vez

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que se determinó reparos en contra del contribuyente, por lo expuesto el argumento es . por demás erróneo y sin fundamento legal, correspondiendo desestimar el mismo.

Menciona que para la declaratoria de nulidad de los actos administrativos se debe considerar los requisitos establecidos en el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP No 1380/2013 de 16 de agosto de 2013; de lo que se tiene que toda nulidad debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad, más cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso, dicho en otros términos, un

acto es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado oportunamente o cuando el

litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causo indefensión, afectando su derecho a la defensa; al efecto cita’ la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0536/2014 de 10 de marzo de 2014 y la Sentencia Constitucional 0731/2010-R de 26 de julio y 0242/2011-R de 16 de marzo.

La parte demandante refiere que los actos de la Administración Tributaria no reúnen los requisitos previstos por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, aseveración por demás errada, de la lectura de la Orden de Verificación 17990100291 y la Vista de Cargo No 291929000021, se observa el cumplimiento de los requisitos, debido a que contienen los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa N° 171929000751, demostrando que se encuentra correctamente emitida en virtud a las facultades de la Administración Tributaria, concluyendo de esta manera que la observancia de las previsiones aplicables a los actos realizados, gozan estos de legitimidad en los alcances previstos por el artículo 65 de la Ley 2492 y los requisitos que debe cumplir las Resoluciones Determinativas conforme establece el artículo 7 parágrafo I de la RND 32/2016. En ese sentido, tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa fueron dictados por autoridad competente, no carecen de objeto, no son ilícitos o imposibles; asimismo cumplieron con el procedimiento legalmente establecido y no son contrarios a la CPE; por lo tanto, el demandante al no sustentar legalmente la solicitud de nulidad se evidencia que el Recurso de Alzada carece de fundamentación, correspondiendo desestimar los argumentos de la parte demandante.

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Respecto a los ingresos no declarados por la diferencia de inventarios, explica las diferencias obtenidas de los productos: harina de 50 kg, afrechillo 25 kg, avena laminada mix 5 kg, miski tutus 20g; señalando que en febrero de 2019, el contribuyente presentó documentación referida a los “Informes Mensuales de Producción de plantas” por el cual estableció los costos de materia prima para la avena laminada de 500g y avena instantánea de 400g, concluyendo en que para elaborar una unidad de avena laminada de 500g se tiene un costo de Bs3.07 y para avena instantánea de 400 un costo de Bs2.66; aclara, que del análisis y evaluación de la documentación presentada por el contribuyente en los cuadros relacionados con los resúmenes del “Costo de productos terminados”, validó los costos unitarios de los productos avena, molino, cereales, musli y alimentos expandidos, obteniendo un Listado de los costos de producción.

Para el análisis de las salidas de productos terminados, evaluó los inventarios iniciales, ingresos, inventarios finales y salida de productos terminados, cuya diferencia encontrada se constituye en salida de producto sin nota fiscal o documento equivalente, que multiplicada con el costo unitario del producto obtuvo los ingresos no declarados por diferencia de inventarios por Bs 1.022.556,39.

En relación a los productos que salieron con precios menores al costo, señala que se obtuvo de la verificación del kardex de productos terminados y las cantidades facturadas con precios unitarios por debajo de los costos unitarios, los que corresponden a bonificaciones y ventas a terceros; por tanto, se identificó dichos productos obteniendo ingresos no declarados por salidas de productos con precios menores al costo de Bs814.737,72

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En cuanto al análisis y determinación de impuestos, se verificó por el Impuesto al Valor Agregado, la existencia de ingresos no declarados y compras depuradas por Bs247.003; para el Impuesto a las Transacciones se determinó en función a los ingresos no declarados impuesto omitido por Bs55. 120; y para el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas se determinó en función a los ingresos no declarados, por el ajuste en el costo de ventas y los gastos no deducibles un impuesto omitido de Bs2.063.104.

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III

Sobre la depuración del crédito fiscal por facturas no vinculadas a la actividad gravada, manifiesta que en aplicación de los artículos 4 y 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492, el contribuyente para beneficiarse del crédito fiscal producto de las transacciones que declara, debe cumplir con tres requisitos: 1) Estar respaldado con la factura original o documento equivalente; 2) Que se encuentre vinculado con la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente; conforme entendió el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo N° 477 de 22 de noviembre de 2012 y en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0147/2011 de 9 de marzo de 2011.

Para el segundo requisito referido con la vinculación dispuesta en los artículos 8 de la Ley 843 y DS 21530, la Administración Tributaria observó con el código “a” las notas fiscales que no cuentan con ninguna’ documentación de respaldo suficiente que respalde y permita verificar la vinculación con la actividad gravada de la empresa; sumado a ello, no se encuentran respaldadas con medios de pago verificables, es decir, el sujeto pasivo no demostró que las compras realizadas sean destinadas a la actividad.

En relación a la calificación de la sanción por omisión de pago, menciona que en virtud de los argumentos expuestos en párrafos precedentes, estableció que efectivamente el contribuyente pagó de menos por concepto de IVA, IT e UE por los periodos fiscales y gestión observados, adecuándose la conducta del sujeto pasivo a lo establecido por el artículo 165 de la Ley 2492.

.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 171929000751 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/00056/2019) de 14 de mayo de 2019.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 18 de julio de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, en aplicación del inciso d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada al parte recurrente y a la Administración Tributaria en Secretaría el 24 de julio de 2019; período dentro el cual, mediante nota presentada el 13 de agosto de 2019 la Sociedad Industrial Molinera S.A., representada legalmente por Henry José Ruiz Weisser, ofreció, ratificó y reprodujo los argumentos

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esgrimidos en su Recurso de Alzada, aclarando que las pruebas están en poder de la Administración Tributaria y que los descargos presentados no fueron totalmente valorados; presentando prueba contenida relacionada a: 1) Ingresos no declarados por diferencia de inventarios de los ítems Harina de 50kg, Afrechillo de 25 kg, Avena laminada mix de 5 Kg, miski tutus 20 kg, Pito Kollita, Galleta de relleno 45 kg y Amaranto c/fruta deshidratada; 2) Pagos a cuenta por concepto de IVA, IT, ingresos no declarados y compras no depuradas por Bs621.487.-, así mismo conforme lo establecido en los artículos 68 numeral 7 y 210 parágrafo II de la Ley 2492 solicitó presentar y ofrecer alegatos en conclusiones; al efecto, por Proveido de 15 de agosto de 2019, dio por ratificada y ofrecida la prueba señalada en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 de la Ley 2492; y señaló audiencia de juramento de prueba de reciente obtención para el día jueves 5 de septiembre del año en curso a horas 15:30 en oficinas de Secretaria de Cámara de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, actuación notificada a las partes en Secretaría el 21 de agosto de 2019; fojas 157-171 y 175 de obrados.

La Administración Tributaria ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos adjuntados a momento de responder el Recurso de Alzada; al respecto, mediante Proveído de 15 de agosto de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada a las partes en Secretaría el 21 de agosto de 2019; fojas 172-174 de obrados.

11.5. Alegatos 

La Audiencia de Alegatos Orales se llevó a cabo en la fecha y hora programada, conforme se tiene del Acta de Audiencia Pública cursante a fojas 192 de obrados, ocasión en la que el recurrente Sociedad Industrial Molinera S.A., representada legalmente por Henry José Ruiz Weisser acompañado de Melina Paola Tapia Tito, Marcos Yucra Serrudo, Gonzalo Adolfo Requena Zarate y Lidia Olori Cortez, como solicitantes de la Audiencia de Alegatos reiteraron los argumentos de su Recurso de Alzada, relacionados a la falta de la valoración de los descargos, como la determinación relacionada a: 1) el costo de ventas por diferencias de salidas de cantidades de inventarios y items facturados y no considerados en el costo de ventas (licitaciones); y 2) los ingresos no declarados por diferencias de inventarios; señala también que realizó pagos que no fueron considerados en el acto administrativo

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definitivo; de la misma manera, por parte de la Administración Tributaria recurrida representada por Ariel Oscar Ramírez Segales, Juan M. Antonio Bermúdez Gutiérrez, Germana Chávez Viscarra y Javier Callisaya; ratificaron los argumentos presentados a momento de emitir la respuesta al Recurso de Alzada, relacionados con la realización del procedimiento de determinación, la valoración de los descargos presentados y el reconocimiento de los pagos realizados por el contribuyente como pagos a cuenta; conforme consta a fojas 192-197 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 6 de febrero de 2018, notificó personalmente a Henry José Ruiz Weisser representante legal de Sociedad Industrial Molinera S.A. con la Orden de Fiscalización N° 17990100291, Requerimiento No 00137297 y su Anexo, comunicando el inicio de la fiscalización de todos los hechos y/o elementos sin llegar a una fiscalización total, correspondientes al IVA, IT e IUE, de los periodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2014 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2015 y de la gestión 2015 en lo que respecta al IVE; fojas 3, 10-11 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada el 20 de febrero de 2018, el ahora recurrente solicitó ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida, así como se consideré la posibilidad de realizar la fiscalización en ambientes del contribuyente; al respecto, por Auto N° 251829000047 de 26 de febrero de 2018, se determinó ampliar el plazo por 15 días corridos computables a partir de su notificación; a cuyo efecto, se notificó al representante legal del contribuyente de manera personal el 2 de marzo de 2018; mediante Requerimiento N° 00137460 y su Anexo solicitó nueva documentación al contribuyente, actuaciones notificadas personalmente al represente legal de Sociedad Industrial Molinera S.A. el 7 de mayo de 2018; al efecto, con nota de 14 de mayo del mismo año, el sujeto pasivo solicitó ampliación de plazo de 10 días; por Auto N° 251829000312 de 30 de mayo de 2018, el ente fiscal determinó ampliar el plazo por 5 días hábiles a partir de la notificación del acto, hecho que se realizó de manera personal a’la Sociedad Industrial Molinera S.A. representada legalmente por Henry

José Ruiz Weisser, acto notificado en la misma fecha; por Auto N° 251829000052 de

  • 7 marzo de 2018, la Administración Tributaria aceptó la solicitud presentada en nota

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de 20 de febrero de 2018 para la realización del trabajo de campo de la fiscalización en los ambientes u oficinas del contribuyente Sociedad Industrial Molinera S.A., acto notificado de manera personal el 19 de marzo de 2018; fojas 14-18 y 20-24 de antecedentes administrativos..

Con actas de recepción de documentos de 19 de marzo, 14 de mayo, 7 de junio, 7 de diciembre de 2018, el recurrente presentó la documentación requerida; fojas 25-29 de antecedentes administrativos; posteriormente el 20, 28 de marzo y 6 de junio de 2018, se llevaron a cabo las inspecciones oculares en los domicilios fiscales del ahora recurrente, ubicado en la Avenida Chacaltaya No 774 y Av, Arce N° 2799 Edificio Fortaleza de la ciudad de La Paz, con la participación del supervisor y el fiscalizador asignado del Departamento de Fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales, inspecciones en las cuales Álvaro Pinto como Gerente de Operaciones y Logística, Pablo Cesar Callao como Gerente Administrativo Financiero y Henry Ruiz como Gerente General explicaron en detalle el funcionamiento de la planta molinera, los servicios e insumos que requiere; fojas 34-37 de antecedentes administrativos.

El Acta de Relevamiento de Información de 22 de marzo de 2018, fue realizado en el domicilio fiscal del contribuyente, ubicado en la Av, Arce N° 2799 Edificio Fortaleza de la ciudad de La Paz, con la participación del supervisor y el fiscalizador asignado del Departamento de Fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales, relevamiento que se contó con la participación de Pablo Cesar Callao como Gerente Administrativo Financiero, relevamiento elaborado con la finalidad de conocer las actividades desarrolladas por la empresa ahora recurrente; fojas 38-41 de antecedentes administrativos.

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AFNOR CERTIFICATIO

La Vista de Cargo N° 291929000021 (SIN/GGLPZ/DFNC/00007/2019) de 5 de febrero de 2019, estableció preliminarmente una deuda tributaria sobre base cierta de 2.441.545 UFV’s, importe que incluye tributo omitido, intereses, la sanción por la calificación preliminar de la conducta del contribuyente como omisión de pago por el IVA, IT e UE de los periodos fiscales julio/2014 a diciembre/2014 y enero/2015 a junio/2015, acto preliminar notificado personalmente al representante legal del contribuyente el 19 de febrero de 2019; fojas 1824-1850 y 1852 de antecedentes administrativos.

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El informe SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/INF/00259/2019, emitido el 14 de mayo de 2019, concluye indicando que de la revisión y análisis de los descargos presentados se concluye que los mismos desvirtúan parcialmente los reparos establecidos en la de Cargo N° 291929000021 (SIN/GGLPZ/DFNC/00007/2019) de 5 de febrero de 2019, estableciendo un impuesto omitido de Bs 2.240.223.-; recomendando la emisión de la correspondiente Resolución Determinativa en conformidad del artículo 7 de la RND N° 10.0032.16; fojas 3252-3273 de antecedentes administrativos.

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La Resolución Determinativa N° 171929000751 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/ RD/00056/2019) de 14 de mayo de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del.: contribuyente Sociedad Industrial Molinera S.A., por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) por los periodos fiscales julio 2014 a junio 2015 e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) por la gestión fiscal con cierre a junio/2015 por la suma de 1.077.737 UFV’s correspondiente a tributo omitido, más intereses y la sanción por omisión de pago por adecuarse la conducta a lo establecido en el artículo 165 de la Ley 2492; acto administrativo notificado por cédula al representante legal de la Sociedad Industrial Molinera S.A. el 24 de mayo de 2019; fojas 3274-3321 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por la Sociedad Industrial Molinera S.A., representada legalmente por Henry José Ruiz Weisser, en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación . Lo que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

Con carácter previo corresponde mencionar que el recurrente en su recurso de alzada expone argumentos de forma consistentes en: 1) Incumplimiento de plazos; 2)Valoración de descargos; y, 3) Fundamentación de la Resolución Determinativa, relacionada a pagos realizados que no fueron considerados, base de la determinación y fundamentación de los reparos; asimismo expone argumentos de fondo respecto a:

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1) Costo de Ventas; 2) Depuración del Crédito Fiscal; 3) Inventarios y precios unitarios de ventas; en base a cuyos argumentos en el petitorio de su Recurso de Alzada solicita revocar o anular la Resolución Determinativa impugnada; en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará la revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están legalmente sancionados con la nulidad, sólo en caso de ser inexistentes se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo planteadas.

IV.1 ASPECTOS DE FORMA IV.1.1. Incumplimiento de Plazos Sociedad Industrial Molinera S.A., representada legalmente por Henry José Ruiz Weisser, en su Recurso de Alzada y alegatos señala que transcurrido más de un año computable a partir de la notificación de la Orden de Fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, no existe ningún argumento legal que justifique la prórroga de tiempo o en su defecto la ampliación de plazo, aspecto que contraviene lo dispuesto en el parágrafo V del artículo 104 del Código Tributario; de la misma manera, la emisión y notificación de la Resolución Determinativa es totalmente extemporánea, conforme establece el parágrafo 1 del artículo 99 de la Ley 2492, razón por la cual el acto administrativo definitivo fue notificado fuera del plazo legal establecido, por consiguiente no corresponde la aplicación de intereses dentro del cálculo de la deuda tributaria, hecho que vicia totalmente el acto.

La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada y alegatos señaló en relación al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104 parágrafo V, que si bien la norma tributaria establece un plazo para el inicio y conclusión del proceso de verificación con la emisión de la Vista de Cargo, no señala consecuencia alguna ante su incumplimiento; por lo tanto dicho argumento no constituye una causal de nulidad del procedimiento de determinación realizado, así lo establece la Autoridad de Impugnación Tributaria en su Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1915/2013; al respecto corresponde el siguiente análisis:

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El numeral 2 del artículo 68 de la Ley 2492, manifiesta que constituyen derechos del 

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sujeto pasivo los siguientes: A que la Administración Tributaria resuelva expresamente

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las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

El artículo 99-1 de la Ley 2492 (CTB) señala: Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. . . .

El parágrafo V del artículo 104, de la Ley 2492, establece que: Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis meses más

Corresponde señalar que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos establecidos en la norma; la mera infracción del procedimiento establecido en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad por Ley no puede retrotraer obrados; en ese contexto, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa; esto implica, que sólo la falta de notificación en una de las formas establecidas por el artículo 83 del Código Tributario, así como los vicios respecto a los requisitos que debe contener el citado acto administrativo, están sancionados con la nulidad.

La Sentencia Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre, señala que “… La pérdida de competencia por pronunciamiento de resoluciones fuera de los plazos procesales y la activación del recurso directo de nulidad se produce siempre que aquella esté

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expresamente señalada en la ley, al efecto recuerda que la Sentencia Constitucional 0014/2003-CA, de 10 de enero de 2003, estableció: “Con relación a la supuesta pérdida de competencia de los recurridos, debe precisarse que no basta que una norma procesal establezca el término dentro del cual debe dictarse una resolución para que, en caso de incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto ocurra la norma procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad pierde 

competencia si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer la nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad (…)”; de no producirse esta situación (pérdida de competencia expresamente señala por la ley) el recurso directo de nulidad no se activa ante pronunciamientos fuera de los plazos procesales. Línea jurisprudencial reiterada en el AACC 0037/2003-CA, 0124/2005-CA y en las SSCC 0025/2003, 0047/2003 y 0042/2005, 0061/2005, 0063/2005, entre otras.

Es pertinente señalar que el artículo 104 parágrafo V de la Ley 2492 señala que “Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses..”; asimismo, el artículo 99 de la citada norma legal establece que: “… Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo 

se dictará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días...“; en ese sentido, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Orden de Fiscalización N° 17990100291, Requerimiento No 00137297 y su Anexo fueron notificados el 6 de febrero de 2018, conforme se advierte a fojas 3 y 10-11 de antecedentes administrativos; al respecto, cabe señalar que toda modalidad de fiscalización se inicia con la notificación de una orden de fiscalización o verificación; por consiguiente, la Administración Tributaria contaba con el plazo de 12 meses para emitir la actuación preliminar; que en el presente caso fue emitida la Vista de Cargo No 291929000021 (SIN/GGLPZ/DFNVC/00007/2019) el 5 de febrero de 2019 y notificada de manera personal al representante legal del contribuyente el 19 de febrero de 2019, por consiguiente, contó con el plazo de 60 días vencido el plazo de descargos para emitir y notificar la Resolución Determinativa, acto administrativo que fue emitido el 14 de mayo de 2019 y notificado por cédula al representante legal de la Sociedad Industrial Molinera S.A. el 24 de mayo de 2019

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Del contexto anterior, es evidente que la emisión del acto administrativo preliminar por parte de la Administración Tributaria fue realizado conforme lo dispuesto en el numeral V del artículo 104 de la Ley 2492, en el entendido que la emisión de la Vista de Cargo 291929000021 fue el 5 de febrero de 2019; dentro el plazo y en aplicación de la normativa legal citada; corresponde aclarar que el mencionado artículo se refiere a la emisión de la Vista de Cargo, sin señalar aspecto alguno relacionado con la notificación del acto administrativo preliminar. Ahora bien, considerando que vencido el plazo para la presentación de descargos otorgado en la vista de Cargo, que fue notificada el 19 de febrero de 2019, se inició el plazo de sesenta (60) días para la emisión y notificación de la Resolución Determinativa, que en el presente caso fue emitido el 14 de mayo de 2019, así mismo se observa que el cálculo de deuda tributaria fue realizado a la fecha de emisión del acto administrativo; es decir, dentro el plazo conforme dispone el artículo 99 parágrafo 1 de la Ley 2492; en consecuencia, tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa fueron emitidos dentro los plazos otorgados por la normativa legal citada.

Ahora bien, en relación a la notificación de la Resolución Determinativa No 171929000751 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/ RD/00056/2019) emitida el 14 de mayo de 2019, fue realizada por cédula al representante legal del contribuyente el 24 de mayo de 2019, es decir, después de cuatro días de vencido el plazo; no obstante, lo señalado se entiende que legalmente no está contemplada la nulidad de obrados por incumplimiento de plazos; es decir, que los plazos establecidos son términos que la Ley prevé para que los actos de las Administraciones tengan límites, pero si estos plazos son incumplidos, la Ley prevé otro tipo de previsiones, como el establecimiento de responsabilidad de los funcionarios actuantes, en el entendido de que tanto la Ley 2341 como la Ley 2492, no señalan de manera expresa que la infracción de los plazos procedimentales menoscabe o extinga la competencia que tiene el Ente Fiscal, toda vez que el plazo asignado para esta actuación no es un término fatal sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio contra el o los funcionarios; a esto se suma las Sentencias Constitucionales Nos. 0014/2003-CA Y 0100/2005, que establecen que la pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer la nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad, aspecto este que como se demostró no está contemplada en nuestro ordenamiento legal tributario; consecuentemente, no corresponde retrotraer obrados por esta causa. ·

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1.1.2. Valoración de Descargos La Sociedad Industrial Molinera S.A., representada legalmente por Henry José Ruiz Weisser, en su Recurso de Alzada y alegatos menciona que los descargos y pruebas insertas en los memoriales presentados el 21 de marzo y 17, 20 y 23 de mayo de 2019 no fueron considerados, ni valorados, limitándose a señalar que los argumentos del contribuyente no son válidos; obviando totalmente los memoriales con documentación presentada como prueba de reciente obtención y otros descargos.

Por lo descrito no se tiene la certeza de las razones ni la fundamentación técnico-legal empleada por el SIN para considerar que dichas pruebas no son válidas y dejar sin efecto las observaciones formuladas en la vista de Cargo, conforme establece el numeral 7 del artículo 68 de la Ley 2492, al efecto cita los artículos 115 de la Constitución Política del Estado, 68 numeral 6 de la Ley 2492 y 4 inciso c) de la Ley 2341.

La Administración Tributaria en su respuesta y alegatos señala que el recurrente refiere que la Resolución Determinativa es replica idéntica de la Vista de Cargo, en razón de que los descargos y pruebas no fueron considerados ni valorados, advirtiendo que no señaló con precisión que memoriales con documentación, al respecto la Resolución Determinativa N° 171929000751 se enmarca dentro de lo establecido en el parágrafo Il del artículo 99 de la Ley 2492 y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 2341; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

Los numerales 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492, señalan entre los derechos del sujeto pasivo: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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El artículo 99-11 del Código Tributario, señala: La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre

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razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Administración Tributaria con las facultades establecidas en los artículos 66, 100, 101 y 104 de la Ley 2492, inició un procedimiento de determinación a la empresa Sociedad Industrial Molinera S.A., representada legalmente por Henry José Ruiz Weisser de acuerdo a la Orden de Fiscalización N° 17990100291, a objeto de verificar la totalidad de los hechos y/o elementos correspondiente Impuesto al Valor agregado – IVA, Impuesto a las Transacciones – IT y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – JUE, de los períodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2014 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2015 y por el IVE por la gestión 2015; asimismo, solicitó documentación mediante Requerimiento N° 00137297 y su Anexo, acto notificado de manera personal al representante legal el 6 de febrero de 2018; según consta a fojas 3 y 10-11 de antecedentes administrativos.

Por Requerimiento No 00137460 y su Anexo solicitó nueva documentación al contribuyente, actuación notificada personalmente al represente legal de Sociedad Industrial Molinera S.A. el 7 de mayo de 2018; de manera posterior, con actas de recepción de documentos de 19 de marzo, 14 de mayo, 7 de junio, 7 de diciembre de : 2018, el recurrente presentó la documentación requerida.

Resultado del proceso de verificación, emitió la Vista de Cargo N° 291929000021 (SIN/GGLPZ/DF/VC/00007/2019) de 5 de febrero de 2019, estableció preliminarmente una deuda tributaria sobre base cierta de 2.441.545 UFV’s, importe que incluye tributo omitido, intereses, la sanción por la calificación preliminar de la conducta del contribuyente como omisión de pago por el IVA, IT e IUE de los periodos fiscales julio/2014 a diciembre/2014 y enero/2015 a junio/2015, acto preliminar notificado personalmente al representante legal del contribuyente el 19 de febrero de 2019, otorgando, conforme establece el artículo 98 de la Ley 2492, el plazo de 30 días

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calendario para el pago de la deuda tributaria o la presentación pruebas de descargos ante el acto administrativo preliminar notificado.

Mediante Nota SIMSA/095/2019 presentada ante la Administración Tributaria el 21 de marzo de 2019, el contribuyente presentó argumentos y pruebas de descargo a la Vista de Cargo N° 291929000021, conforme se observa a fojas 66-75 de obrados (nota que no cursa en antecedentes administrativos), en la cual realizó las siguientes observaciones:

  • En relación a los ingresos no declarados por diferencia de inventarios, presentó

el detalle de transacciones que tienen sustento, estableciendo un inadecuado cálculo aritmético. Sobre la determinación del costo de ventas, presentó detalle sobre las diferencias en cantidades e importes, que no fueron considerados en el costo

de ventas.

Por otra parte en el Anexo A de la Determinación del Costo de Ventas, no consideró los ítems facturados según detalle adjunto, que afectan en el costo de ventas. Adicionalmente realiza las siguientes consideraciones:

o Página 1: Observa la base imponible que fue realizada en función a “

datos en medio magnético y no así sobre la documentación del

contribuyente. o Página 2: No se encuentra obligado a la elaboración de las tarjetas de

kardex. o Página 4: Para el cálculo de los artículos de Avena laminada de 500 g,

Avena laminada SCZ, Avena instantánea de 400g y Avena instantánea SDZ de 400g, no se tomaron en cuenta las mermas en la etapa de producción. Página 5: En el cálculo realizado para el costo de materia prima de Avena pelada por kilogramo, ignora los principios de manipulación de

almacenes de alimentos. o Página 6: Los cuadros referidos al cálculo y validación del costo unitario,

se contempló conceptos de materia prima y mano de obra; sin embargo, no consideró otros elementos que contempla el costo de producción.

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O Pagina 12: Observa discrepancia en el manejo regular de los almacenes

e inventarios en contraposición del cálculo realizado.

  • Pagina 14: Las existencias no han sido validadas o Pagina 17: Observa la depuración de facturas por no estar

supuestamente vinculadas. o Páginas 18 y 19: Los cálculos realizados en la fiscalización, resultan ser

imprecisos aspecto que afecta los intereses del contribuyente

De manera posterior, el Ente Fiscal el 14 de mayo de 2019, emitió la Resolución Determinativa N° 171929000751 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/00056/2019), que respecto a los descargos presentados, en sus páginas 23 a 39 cursante a fojas 3296 3312 de antecedentes administrativos (primer considerando) refiere, de manera específica a cada una de las observaciones planteadas por el sujeto pasivo, conforme lo siguiente: “...) dentro del plazo otorgado de treinta (30) días establecidos en el Art. 98 de la Ley 2492, computables a partir de la notificación con la vista de Cargo No 291929000021 (SIN/GGLPZ/DFNC/00007/2019) de fecha 05/02/2019 notificada en fecha 19/02/2019, el contribuyente (...) en fecha 21/03/2019 presentó la Nota de descargos SIMSA/095/2019 y documentación consistente en: Kardex de item, Resumen de ventas, facturas N° 4710, 5278 y 5216, mayor de cuenta, resúmenes de entrega de productos al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y correlativo de documentos emitidos mismos que fueron analizados de la siguiente manera:”; en ese contexto, el ente fiscal realizó la evaluación de descargos por cada uno de los productos elaborados, por los cuales se determinó la existencia de a) Ingresos no declarados por diferencia de inventarios, conforme el siguiente análisis: (...) Respecto al producto “Harina de 50 kg“, el contribuyente presenta documentación de descargo consistente en: (...) no siendo el mismo producto, por lo que al no presentar el contribuyente documentación que refiera el producto específico Harina de 50 kg (código 310125), en los registros de inventarios, los argumentos y documentación presentada no son suficientes para desvirtuar las observaciones determinadas en la Vista de Cargo (...)” 

Continúa señalando: “…) Del producto “Afrechillo 25 Kg“, el contribuyente presenta documentación de descargo consistente en copias de: Kardex de ítem y facturas Nros. 5278 y 5216 (…) por lo que no se puede concluir bajo los argumentos presentados por 

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el contribuyente que se trata de un mismo producto, en conclusión, el contribuyente presentó documentación y argumentos no válidos e insuficientes para dejar sin efecto las observaciones determinadas en la vista de Cargo (…) Por todo lo señalado el contribuyente presento argumentos y documentos de descargo que no desvirtúan la observación determinada en la vista de Cargo.

Prosigue el análisis en relación a b) Determinación del costo de ventas, en el cual no se consideró los ítems facturados, señalando lo siguiente: “(…) El contribuyente presenta documentos de descargo consistente en: Resúmenes del Libro de Ventas – IVA de los periodos julio/2014 a junio/2015, Resúmenes Acumulados de Ventas de los periodos julio 2014 a junio 2014, Correlativo de documentos emitidos de los productos: 310108 Harina 11.34 Kg, Afrechillo 23 kg, Harina PMA 50 Kg, Avena Laminada 500 g, 

ena Instantánea 400g, Musli 2530g, Avena Instantánea de 5009 (…) de la revisión de estos documentos se verificaron registros por ventas que no tienen su respaldo de salida de inventarios, como se puede verificar en la revisión realizada por la fiscalización actuante (fs. 207 a 1451), no obstante de ser ventas como argumenta el 

te debieron estar detalladas en las facturas de ventas emitidas, por lo que sólo se puede generar un costo de venta si existió su respectiva venta, pero el contribuyente no presenta las facturas de ventas en donde se detalle los productos vendidos, que si bien estas diferencias podrían estar expuestas en los resúmenes de ventas presentados no cuenta con el documento que dio origen a su registro, es decir la factura de venta, por lo que no se puede evidenciar la existencia de diferencias de costos de ventas por productos que supuestamente fueron vendidos y que no fueron evaluados en la vista de Cargol…) tampoco presenta las facturas de venta de los productos no incluidos en el detalle de la Vista de Cargo y que supuestamente originaron un costo de ventas que representó un 94% del valor de venta, por lo que tampoco se puede verificar que estos productos generaron un costo de ventas, al no estar respaldados por las factura de ventas que detallen estos productos, por todo lo expuesto el contribuyente presentó argumentos y documentos de descargo insuficientes para dejar sin efecto las observaciones determinadas en el Vista de 

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El ente fiscal, continuó el análisis sobre las observaciones relacionadas a c) Adicionalmente en relación a las observaciones, contenidas en las Páginas 1, 2, 4, 5,

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6, 12, 17, 18 y 19 indicando lo siguiente: “(…) se verifica que se exponen observaciones con la denominación “Los documentos originales se encuentran en las oficinas del contribuyente, por lo que se recepcionaron documentos en físico y digital como respaldo de la información solicitada (…) por lo que las actuaciones realizadas por la Administración Tributaria sobre información digital son válidas y lícitas conforme la norma citada. (...) Reiterar nuevamente al contribuyente que la evaluación realizada por la fiscalización actuante fue realizada con la finalidad de validar los costos unitarios presentados, concluyendo que estas son aceptadas para la determinación del costo total de ventas expuesta en los Estados Financieros de la gestión con cierre. a junio/2015, (...) Por todo lo señalado, el contribuyente presentó argumentos y documentación de descargo que desvirtúan parcialmente las observaciones determinadas en la vista de Cargo, modificándose en consecuencia la base imponible (...)

De lo relacionado precedentemente y de acuerdo a la nota presentada por el contribuyente, el 21 de marzo de 2019, la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa N° 171929000751 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/00056/2019), evaluó los aspectos observados por el recurrente relacionados con: a) Ingresos no declarados por diferencia de inventarios; b) Determinación del costo de ventas, en el cual no se consideró los ítems facturados; y c) Adicionalmente en relación a las observaciones, contenidas en las Páginas 1, 2, 4, 5, 6, 12, 17, 18 y 19 del acto administrativo; valoración cursante a fojas 3296-3312 de antecedentes administrativos; es decir, consideró la documentación presentada por el sujeto pasivo y las aclaraciones proporcionadas en la nota presentada en calidad de descargo; en consecuencia, la citada Resolución Determinativa impugnada, contiene la relación de los documentos revisados durante el proceso de fiscalización, y los motivos para considerar los argumentos y documentos presentados por el contribuyente parcialmente válidos como descargo, respetando los derechos del ahora recurrente conforme establece el artículo 68 de la Ley 2492; correspondiendo desestimar la nulidad de obrados por la falta de valoración de los descargos.

Se hace oportuno enfatizar que, la valoración de los descargos no equivale a otorgar necesariamente la razón al contribuyente, lo contrario, no significa una ausencia de valoración; en el presente caso, el argumento de falta de valoración que hace

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referencia el recurrente, está más bien dirigido a que la decisión adoptada por el Ente Fiscal al emitir sus actuaciones u actos administrativos, si es que reflejara o expresara literalmente la conformidad con las manifestaciones del sujeto pasivo, ingresaría a determinaciones inimpugnables ante esta instancia recursiva, toda vez que no existirían agravios sobre los cuales basa el Recurso de Alzada.

En relación al argumento del recurrente referido a la falta de valoración de los memoriales presentados el 17, 20 y 23 de mayo de 2019; corresponde aclarar que el

el artículo 81 de la Ley 2492, en relación a la apreciación de la prueba y su

rechazo señala: “2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado constància de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa”; en ese contexto, lo señalado toma mayor relevancia

en el presente caso, toda vez que de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la Resolución Determinativa N° 171929000751 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/ RD/00056/2019) fue emitida el 14 de mayo de 2019, conforme cursa a fojas 3274-3318 de antecedentes administrativos; y los memoriales extrañados fueron presentados ante la Administración Tributaria el 17, 20 y 23 de mayo de 2019 conforme se observa a fojas 3183-3186 de antecedentes administrativos y 76-84 y 89-93 de obrados; evidenciado que la presentación de los citados memoriales ante el ente fiscal fue de manera posterior a la emisión de la Resolución Determinativa; de la misma manera, no se cumplió con los plazos y requisitos para la presentación de prueba de reciente obtención, dispuesto en el artículo 81 último párrafo que dispone: “En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria 

pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención”; es decir, el sujeto pasivo para la presentación de prueba de reciente obtención debió anunciar ante la Administración Tributaria de su existencia,

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que la omisión no fue por causa propia y presentarlas con juramento de reciente obtención, aspectos que no se cumplieron; por lo tanto en aplicación de la normativa legal citada, las pruebas presentadas por el sujeto pasivo contenida en los memoriales .mencionados y las pruebas de reciente obtención no cumplen con los requisitos de pertinencia y oportunidad, correspondiendo su rechazo.

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IV.1.3. Fundamentación de la Resolución Determinativa La Sociedad Industrial Molinera S.A., representada legalmente por Henry José Ruiz Weisser, en su Recurso de Alzada y alegatos, menciona que realizó el 28 de febrero de 2019, pagos que no fueron considerados ni valorados a momento de sustanciar la Resolución Determinativa, los cuales ni siquiera son mencionados en el acto administrativo definitivo, demostrando de esta manera el mal actuar de los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales; los citados pagos debieron haberse subsumido en la fundamentación de la Resolución Determinativa, con la finalidad de dar certeza respecto a la deuda tributaria conforme establece el artículo 156 de la Ley 2492, concordante con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0450/2015 de 30 de marzo de 2015.

Continua señalando que en los cuadros y anexos de la Vista de Cargo como de la Resolución Determinativa, están basados en porcentajes muéstrales propios de estadística inferencial que reflejan la aplicación de una base presunta, contraviniendo el inciso g) del artículo 6 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16, que señala que el acto administrativo preliminar debe contener como mínimo ciertos requisitos entre los cuales está exponer una justificación del tipo de determinación es sobre Base cierta o base presunta; así mismo, para el cálculo del precio unitario se empleó una simple fórmula matemática, que se ve descrita en las tablas emitid la Administración Tributaria, las cuales contienen varios errores, aspecto que vulnera el debido proceso al determinar un importe fuera de la verdad material y del debido

proceso. 

La determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas evidencia que se realizó un ajuste disminuyendo el costo de Venta por Bs6.599.391,15, mismo que no se encuentra fundamentado no tiene sustento técnico, es confuso y contradictorio, conforme establece los artículos 96 y 99 de la Ley 2492; de manera arbitraria y sin ningún criterio fundamentado de la supuesta revisión de salidas de los productos terminados registrados en los kardex, estableció el costo de venta a través de la multiplicación de las cantidades de salidas de productos a mercado interno y exportación por los costos unitarios

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La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada y alegatos en relación a los pagos realizados por el ahora recurrente, señaló que son mencionados en el acto administrativo definitivo, los cuales figuran y son reconocidos por el sistema

con el que cuenta la Administración Tributaria, mismos que serán considerados como

pagos a cuenta.

Adiciona que, se observa el cumplimiento de los requisitos, debido a que los actos administrativos contienen los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa N° 171929000751, demostrando que se encuentra correctamente emitida en virtud a las facultades de la Administración Tributaria, concluyendo de esta manera que la observancia de las previsiones aplicables a los actos realizados, gozan estos de legitimidad en los alcances previstos por el artículo 65 de la Ley 2492. y los requisitos que debe cumplir las Resoluciones Determinativas conforme establece el artículo 7 parágrafo I de la RND 10-0032-16. En ese sentido, tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa fueron dictados por autoridad competente, no carecen de objeto, no son ilícitos o imposibles; asimismo cumplieron con el procedimiento legalmente establecido y no son contrarios a la CPE; por lo tanto, el demandante al no sustentar legalmente la solicitud de nulidad se evidencia que el Recurso de Alzada carece de fundamentación, correspondiendo desestimar los argumentos de la parte demandante; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, dispone: I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso. a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. – 

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El artículo 165 de la Ley 2492, instituye: El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

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El artículo 7, numeral 1, literal I) de la RND 10-0032-16 indica: “La Resolución Determinativa deberá contener como requisitos mínimos, lo siguiente: (…) D Liquidación del adeudo 

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tributario a la fecha de emisión por impuesto, periodo y/o gestión fiscal, consignando lo siguiente: Monto del tributo omitido en bolivianos y su reexpresión en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV); Intereses expresados en UFV; Multa(s) consignada(s) en Acta(s) por Contravenciones Tributarias establecidas durante la fiscalización o verificación; Pagos a cuenta (si hubiera, además del saldo pendiente de pago); Importe de la sanción por la conducta (…)

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es preciso establecer que toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, así como a ejercer con plenitud su derecho de defensa.

En ese marco, el debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juzgador. Se define el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.

.

En ese contexto, se tiene que la Ley exige la concurrencia de dos clases de presupuestos legales para que un acto administrativo produzca plenos efectos jurídicos, por una parte el cumplimiento de los requisitos de legalidad y validez en su emisión así como la eficacia con la notificación del acto al interesado, actuación que tiene como única finalidad la de dar a conocer al contribuyente, tanto el acto a notificar, como los medios de impugnación, de forma que el sujeto pasivo conozca de manera fehaciente e indubitable el acto administrativo que le afecta y por tanto lo acepte, presente descargos o recurra contra el acto administrativo legalmente notificado.

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Ahora bien, el recurrente argumenta que realizó pagos el 28 de febrero de 2019 que no fueron considerados ni mencionados en el acto administrativo definitivo, que debieron ser subsumidos en la fundamentación de la Resolución Determinativa con la finalidad de dar certeza a la deuda tributaria; al respecto, corresponde señalar que efectivamente de la lectura de la Resolución Determinativa ahora impugnada, no se observá mención o análisis en relación a los pagos realizados por el ahora recurrente.

En ese contexto, de antecedentes administrativos cursantes a fojas 1860.a 1885, se observa las boletas de pago, formularios 1000 y reportes de Listado de formularios emitidos de la Base de Datos Corporativa del Servicio de Impuestos Nacionales, de acuerdo al siguiente detalle:

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4.700 1000 2985360210 28/02/2019 IVA 

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291929000021 1.892

293 2.185 1000 2985360284 28/02/2019 IVA sep-14 1 291929000021

5.769 1000 2985360356 28/02/2019 IVA 

Oct-14 291929000021 15.892 2.316

18.208 1000 2985360414 28/02/2019 IVA 

nov-14 291929000021 8.111

9.264 1000 2985360517 28/02/2019 IV

dic-14 291929000021 10.417 1.437 11.854 1000 2985360575 28/02/2019

IVA 

ene-15 · 291929000021 73.830 9.790 83.620 1000 2985360632 28/02/2019

feb-15 291929000021

1.251 11.047 1000 2985360711 28/02/2019

IV

mar-15 291929000021 17.401. 2.134 19.535 1000 2985360781 28/02/2019

abr-15 291929000021 9.210 1.094 10.304 1000 2985360829 28/02/2019 IVA 

may-15 291929000021 10.916 (1.254 12.170 1000 2985360923 28/02/2019 IVA

jun-15. 291929000021 80.473 8.969 89.442

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: 247.003 31.095 2 78.698 1000 2985361073 28/02/2019

jul-14 | 291929000021 441

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291929000021 41

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291929000021

1.118

1.285 1000 2985361262 28/02/2019

Oct-14 291929000021 3.200

3.666 1000 2985361307 28/02/2019

nov-14

291929000021 1.788

254

2.042 1000 2985361026 28/02/2019

dic-14 291929000021 2.296

317 2.613 1000 2985361390 28/02/2019

ene-15 291929000021 16.867 2.236 19.103 1000 2985361426 28/02/2019

feb-15 291929000021 1.792

229 2.021 1000 2985361467 28/02/2019

mar-15 291929000021 3.995

490

4.485 1000 2985361566 | 28/02/2019

abr-15 291929000021 2.125

252 2.377 1000 2985361617 28/02/2019

may-15 291929000021

2.519

289 2.808 1000 2985361696 28/02/2019

jun-15 291929000021 18.565 2.069 20.634 …iis..: TOTAL IT

. :55 120 121 6.9041562024 TOTALES **

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37.999 340.122 Fuente: Formularios 1000 – Boletas de pago; fojas 1862-1885 de antecedentes administrativos 

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de la Calidad. Certificado No 771/1

Justicia tributaria para vivir bien . Jan mitäyir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kurag kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Väe (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

III

De la lectura de las boletas de pago citadas en el cuadro precedente, se observa que las mismas fueron presentadas el 28 de febrero de 2019, por el importe total de Bs340.122.- correspondientes a los periodos fiscales de junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2014 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2015 por el Impuesto al Valor agregado e impuesto a las Transacciones, boletas de pago que fueron direccionadas al “N° de orden del documento que se paga”: 291929000021 (que corresponde a la vista de Cargo); es decir, los importes pagados corresponden a los montos determinados en el acto administrativo preliminar cursante a fojas 1848 de antecedentes administrativos, cuya liquidación fue establecida por el ente fiscal según cuadro de liquidación “Calculadora Tributaria según modificaciones – Ley 812 – Base cierta”, cursante a fojas 1793 de antecedentes administrativos; en el cual se estableció el tributo omitido más mantenimiento de valor, sin aplicar intereses ni la sanción por omisión de pago.

Conforme lo señalado, es evidente que la Sociedad Industrial Molinera S.A., realizó pagos al fisco el 28 de febrero de 2019, es decir, nueve días posteriores a la notificación de la Vista de Cargo N° 291929000021 (SIN/GGLPZ/DFNC/00007/2019) que fue notificada de manera personal a Henry José Ruiz Weisser en representación legal del contribuyente; en ese entendido, conforme la relación de hechos expuestos ut supra, se observa que la Resolución Determinativa N° 171929000751 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/ RD/00056/2019) de 14 de mayo de 2019, en relación a la determinación de la deuda tributaria, descrita en el punto tercero de la parte resolutiva, se limitó a señalar: “(...) Intimar al contribuyente SOCIEDAD INDUSTRIAL MOLINERA S.A. con NIT 291929000021 para que en los términos establecidos por Ley, deposite la suma de Bs5.353.464.– (...), equivalentes a UFV‘s 2.326.043.- (...) por concepto del Adeudo Tributario determinado sobre Base ciertà, mismo que incluye Tributo omitido Actualizado, e Intereses conforme establece el Art. 47 de la Ley N° 2492, modificado por el Parágrafo / del Art. 2 de la Ley N° 812 , más sanción del 100% por la conducta(…)“; exponiendo en el cuadro “Liquidación Conforme Ley N° 2492 (Cálculo efectuado al 14/05/2019)” una deuda tributaria sin exponer ni considerar los pagos realizados por el sujeto pasivo el 28 de febrero de 2019, más aun cuando el cálculo realizado según el acto administrativo impugnado corresponde al 14 de mayo de 2019, y que la propia Administración Tributaria a la fecha citada determinó, liquido y conoció

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

los pagos presentados en el sistema con el que cuenta el sujeto activo, lo que afecta a la determinación final de los importes observados.

En este punto es pertinente enfatizar que si bien no se puede negar el derecho que le asiste a la Administración Tributaria para desarrollar sus facultades de control, verificación, fiscalización, determinación de tributos, cálculo de la deuda tributaria, entre otros; sin embargo, no es posible desconocer la obligación que tiene como sujeto activo de aplicar correctamente los procedimientos que para el efecto existen; es decir, todos los actos emitidos por la Administración Tributaria se encuentran regulados por disposiciones legales que establecen los requisitos, condiciones y formalidades que deben cumplirse conforme prevé la Ley 2492 y su Reglamento, ya que incumplirlas significa lesionar efectivamente los derechos de los sujetos pasivos, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer las razones por las a

se lleva un proceso en su contra vulnerando de esa manera la garantía constitucional del debido proceso.

En ese sentido, lo señalado sucedió en el presente caso, toda vez que no se consideró los pagos realizados por el sujeto pasivo, conforme lo dispuesto en los artículos 156 y 157 de la Ley 2492, por lo que no se tiene certeza respecto del tributo omitido pendiente de pago y que afectan de manera directa a la sanción por omisión de pago, hechos que debieron ser reflejados de forma correcta y completa en la Resolución. Determinativa ahora impugnada; lo que muestra inobjetablemente la carencia de una fundamentación legal y fáctica, aspecto que vulnera el debido proceso al no existir una explicación técnica y legal respecto a la determinación de la deuda tributaria con afectación a la sanción por omisión de pago que se pretende imponer al ahora recurrente, desconociendo los pagos efectuados por el sujeto pasivo, toda vez que no existe el fundamento esencial para establecer la omisión de los pagos realizados por el contribuyente, hecho que incumple lo establecido en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492

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Respecto al pago por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas reclamado por el contribuyente por Bs281.365.- con número de orden 2986082735 por el periodo junio de 2015; al respecto, corresponde aclarar que no cursa la boleta de pago en antecedentes administrativos, si bien el pago fue reconocido de manera general por la Administración

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duan Carlos Guzrpán Ruiz

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Justicia tributaria para vivir bien Jan miťayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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III 

Tributaria, conforme señalo en alegatos orales; de la misma manera no fue considerado en la liquidación realizada en la Resolución Determinativa ahora impugnada, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 99 parágrafo II de la Ley 2492, concordante con lo dispuesto en el artículo 7, numeral 1, literal I) de la RND 10-0032-16.

Del análisis realizado se evidenció la existencia de irregularidades en el proceso determinativo, relacionados con la determinación y liquidación de la deuda tributaria; toda vez que el ente fiscal no demostró objetivamente los motivos por los cuales no consideró los pagos realizados, ocasionando que dicho procedimiento no cumple las formalidades de Ley para alcanzar su finalidad, causando vulneración al debido proceso

  • Ahora bien, en relación al argumento del recurrente referido a que la determinación realizada refleja la aplicación de una base presunta e incumple con lo dispuesto en el numerall inciso g) de la RND 10-0032-16; al respecto, se debe aclarar que el citado artículo refiere a los requisitos mínimos que debe contar la Vista de Cargo, indicando: “1. Este documento deberá contener como mínimo, la siguiente información: (…) g) Justificación del tipo de Determinación (Base cierta y/o base presunta)”, aspecto observado que no es evidente toda vez que de la lectura de la Vista de Cargo en la página 1 a fojas 1824 de antecedentes administrativos señala expresamente la base de determinación, : “(…) Por lo expuesto precedentemente, el Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de sus facultades otorgadas por los Artículos 92, 93, 95, 96, 100 y 104 de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano y disposiciones reglamentarias conexas, ha procedido a determinar las bases imponibles de sus obligaciones tributarias correspondientes a los periodos fiscales: julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2015, en lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado IVA (Form. 210), Impuesto a las Transacciones IT (Form. 400) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE (Form. 500) de la gestión 2015 (...) liquidándose el tributo omitido sobre BASE CIERTA en concordancia con lo estipulado en el Parágrafo I del Artículo 43 de la Ley N° 2492 (…)”. 

De la misma manera, la Resolución Determinativa ahora impugnada en relación a la. determinación de la base imponible estableció en su página 1, cursante a fojas 3274

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IIIIIIIII 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

de antecedentes administrativos lo siguiente: (…) la determinación se realizó sobre Base Cierta, como resultado de la información y documentación presentada y declarada en forma voluntaria por el contribuyente, agentes de información y la información del SIRAT II, conforme establece el parágrafo / del Art. 43 de la Ley N° 2492 (...)”; en ese sentido, tanto el acto administrativo preliminar como el acto definitivo establecieron que la determinación sobre Base cierta, se realizó conforme la información presentada por el sujeto pasivo; conforme se puede observar en el acto administrativo preliminar en el cual estableció: (…) Del análisis y evaluación de la documentación presentada por el contribuyente en los Cuadros Resúmenes de Costos de Productos Terminados”, se validó los costos unitarios de los productos Avena, Molino, Cereales, Musli y Alimentos Expandidos; asimismo, para la determinación de los costos unitarios de los productos con códigos (Cód. 310102, Cód. 310120, (...) se utilizó la documentación proporcionada por el contribuyente. Respecto a los productos miski tutus de 220g. (Cód. 310662), extrusado con chocolate 0,25g. (Cód. 310710), cereal desayuno escolar (Cód. 3100713) y extruido de soya en saco (Cód. 310656), se consideró los precios de venta registrados en kardex, cuyo detalle se muestra“, obteniendo el Listado de costos unitarios de producción por cada uno de los productos comercializados por el sujeto pasivo.

De la misma manera en el acto administrativo preliminar, determinó en base a los movimientos de inventario, la existencia de diferencias, señalando: “(...) se determinó ingresos no declarados por diferencia de inventarios de Bs 1.022.556,39 y por salidas de productos con precios menores al costo de Bs814.737,72, haciendo el importe total de B$ 1.837.294,11 (Un millón ochocientos treinta y siete mil doscientos noventa y cuatro 11/100 Bolivianos)(...); lo que permite establecer que el ente fiscal determinó los costos unitarios de los productos comercializados y las diferencias de inventarios que le permitieron establecer ingresos no declarados por diferencia de inventarios y salidas de productos de por debajo del costo, aspecto que no se constituye en base presunta como refiere el recurrente, sino una determinación por diferencia de inventarios a partir de la información del propios sujeto pasivo.

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Ahora bien, el recurrente menciona que las tablas para el cálculo del precio unitario, contienen varios errores; sin embargo no refiere o especifica los errores,

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Juan Carlos 17 Guzmán Ruiz

imposibilitando a esta Instancia Recursiva el análisis del agravio.

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I

Por el argumento del sujeto pasivo que refiere que se realizó un ajuste disminuyendo el Costo de Venta por Bs6.599.391,15, el cual no tiene fundamentado ni sustento técnico; al respeto, se observa que la Administración Tributaria preliminarmente en la Vista de Cargo y papeles de trabajo cursantes a fojas 203-1448 de antecedentes administrativos estableció lo siguiente: “De la revisión de las salidas de productos terminados registrados en kardex, se evidenció que el contribuyente no registró los costos unitarios y costos totales, por tanto para la determinación del costo de ventas, se multiplicó las cantidades de salidas de productos al mercado interno y exportación por los costos unitarios señalados en el cuadro de Listado de los costos Unitarios de Producción correspondiente a los periodos fiscales julio 2014 a junio 2015, cuyo importe total asciende a Bs52.112.548,87 y no como el contribuyente expone en el Estado de Resultado al 30 de junio de 2015 el importe de Bs58.711.940,02, diferencia de Bs6.599.391,15 que fue observada y disminuida del costo determinado por el contribuyente, en aplicación al Artículo 35 del Decreto Supremo N° 24051 (...); concepto por el cual el sujeto pasivo presentó nota SIMSA/095/19 de 21 de marzo de 2019 como descargo a la vista de Cargo, describiendo un detalle de los importes que no fueron considerados dentro el costo de ventas.

En consideración a los descargos presentados el ente fiscal evaluó los mismos indicando lo siguiente: “(...).los correlativos de documentos emitidos el contribuyente sólo presenta copias de los siguientes productos: 310108 Harina 11.34 Kg, Afrechillo 23 kg, Harina PMA 50 Kg, Avena Laminada 500 g, Avena Instantanea 400g, (…) del restante sólo presenta su exposición en el Resumen de Ventas de los periodos julio/2014 a junio/2015, de la revisión de estos documentos se verificaron registros por ventas que no tienen su respaldo de salida de inventarios, como se puede verificar en la revisión realizada por la fiscalización actuante (fs. 207 a 1451), no obstante de ser ventas como argumenta el contribuyente debieron estar detalladas en las facturas de: 

ventas emitidas, (...) pero el contribuyente no presenta las facturas de ventas en donde 

se detalle los productos vendidos, que si bien estas diferencias podrían estar expuestas en los resúmenes de ventas presentados no cuenta con el documento que dio origen a su registro, (...), por lo que no se puede evidenciar la existencia de diferencias de costos de ventas por productos que supuestamente fueron vendidos y 

que no fueron evaluados en la vista de Cargo, (…), al no estar respaldados por las factura de ventas que detallen estos productos, por todo lo expuesto el contribuyente 

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AUTORIDAD DE JMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

presentó argumentos y documentos de descargo insuficientes para dejar sin efecto las observaciones determinadas en el Vista de Cargol…).

Por todo lo expuesto, la Administración Tributaria detalló en la vista de Cargo los hechos, actos, elementos, pruebas que fundamenten la Resolución Determinativa en relación al ajuste del costo ventas que consideró no fueron respaldados por el sujeto pasivo, el cual pudo hacer valer sus derechos presentando los descargos correspondientes, que si bien expone observaciones a la determinación no presentó la documentación suficiente para desvirtuar el ajuste del costo de ventas realizado, hecho que denota precisamente el fundamento respecto a la determinación del costo de ventas; en consecuencia se desestima.el argumento observado por el contribuyente por falta de fundamentación y sustento técnico del ajuste realizado.

Finalmente respecto a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0450/2015 de 30 de marzo de 2015; efectuada por la parte recurrente, es pertinente aclarar que no son considerados los precedentes administrativos como parte de las fuentes del derecho tributario, a esto se suma que los hechos y circunstancias de cada impugnación son distintos y tienen su propia peculiaridad, lo que demanda una decisión para cada caso, en consecuencia, no es posible su consideración en el caso bajo análisis.

Bajo las circunstancias descritas, se tiene que los agravios expresados en el Recurso de Alzada, respecto a la falta de fundamentación del acto administrativo definitivo, requisito esencial en de los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria y establecido en el artículo 99 de la Ley 2492, la existencia de vicios de nulidad que provocan la vulneración de los derechos al debido proceso y defensa, omisiones que se encuentran sancionadas con la nulidad de obrados, aspecto que impide a esta Instancia ingresar a considerar los argumentos de fondo planteados dentro del Recurso de Alzada, como son determinación del costo de ventas, la depuración del crédito fiscal y los inventarios y precios unitarios de venta; toda vez que sólo en caso de que no se hubieran comprobado los vicios manifestados por el recurrente, correspondía analizar los aspectos de fondo planteados por la Sociedad Industrial Molinera S.A., situación que no ocurrió en el presente caso.

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Juan Carlos Guznián Ruiz

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De acuerdo a los extremos antes mencionados y del análisis realizado se llega a la conclusión que en el presente caso la Administración Tributaria no observó el debido proceso; consecuentemente, corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución Determinativa N° 171929000751 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/ RD/00056/2019) de 14 de mayo de 2019, inclusive, debiendo el Ente Fiscal emitir, un

itivo, de acuerdo a los parámetros observados en el presente análisis,

n pronunciamiento fundamentado respecto a la determinación de la deuda tributaria, considerando los pagos realizados por el sujeto pasivo, de tal manera que se garantice el debido proceso del administrado, en cumplimiento a los artículos 68 numerales 2 y 6; 99 parágrafo II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR, la Resolución Determinativa N° . 171929000751

  • (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/ RD/00056/2019) de 14 de mayo de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto definitivo, en el que de manera fundamentada, de acuerdo a los parámetros observados en el presente análisis, emita un pronunciamiento fundamentado respecto a la determinación de la deuda tributaria, considerando los pagos realizados por el sujeto pasivo, de tal manera que se garantice el debido proceso del administrado, en cumplimiento a los artículos 68 numerales 2 y 6; 99 parágrafo II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. .

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

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Sus Sothy

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplased

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Lic. Cecilia Velez Dorado Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

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