ARIT-SCZ-RA-0509-2020 Resoluciones Administrativas de respuestas a solicitudes deben contener toda la fundamentación de su resolución

ARIT-SCZ-RA-0509-2020

Alíi 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0509/2020 

Osman Pereira Céspedes. 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) 

representada por Sergio Pastor 

Navarro Venegas. 

Resolución Administrativa 

N°232080000031 de 13 de marzo de 

ARIT-BEN-0003/2020 

Santa Cruz, 10 de septiembre de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 

Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas 

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0509/2020 de 09 de septiembre de 2020, 

emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo 

presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, emitió la Resolución Administrativa N°232080000031 de 13 de marzo de 2020, la cual resolvió rechazar la solicitud de nulidad del procedimiento de determinación planteada por el contribuyente Osman “JO 

de 20 NB/ISO 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) M|na tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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Certificado N ^1’14 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

Pereira Céspedes, en consecuencia, dispuso continuar con el proceso de cobro coactivo conforme al art. 110 de la Ley 2492 (CTB). 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del Recurrente 

Osman Pereira Céspedes, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados el 18 de marzo y 18 de junio de 2020 (fs. 7-11 y 117-24 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a través de la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Beni, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa N°232080000031 de 13 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Vulneración del debido proceso, del derecho a la defensa y a la seguridad jurídica. 

El recurrente manifestó que la Resolución impugnada no se pronunció sobre los agravios invocados en la solicitud de Nulidad del Procedimiento Determinativo que presentó ante la Administración Tributaria mediante nota de 27 de febrero de 2020, lo que ocasionó una falta de exhaustividad, motivación y congruencia en el acto impugnado, puesto que al haberse emitido la Resolución impugnada careciendo de fuerza legal, esa no puede ser convalidada, toda vez que quebranta los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica, ya que no reflejó ni estableció de manera clara y precisa, mucho menos fundamentó, el rechazo a los agravios invocados en su solicitud, incurriendo con ello en lo que la doctrina procesal administrativa menciona como un fallo carente de exhaustividad, motivación y congruencia, toda vez que resulta dificultoso refutar con rigurosidad técnica jurídica dicha Resolución impugnada. 

Señaló que la Resolución impugnada no especificó los montos de la supuesta deuda tributaria por impuesto y por periodo, es decir que no ha dado respuesta a su solicitud ni mucho menos ha expuesto de manera fundamentada la existencia de los hechos imponibles que se hubieran configurado y que hubieran determinado una obligación 

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AITí\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

tributaria, siendo que la Resolución impugnada es una decisión administrativa que contiene un adeudo tributario, razón por la cual la exigencia de la especificación de la deuda deber ser rigurosa, a efectos de que se puedan interponer los recursos de impugnación pertinentes, cuestionando o respondiendo las imputaciones que deberían aparecer con claridad y precisión en el acto impugnado. 

Luego de citar los antecedentes del procedimiento de determinación, explicó que su solicitud de nulidad del proceso de determinación se debe a que se encuentra viciado de nulidad hasta la Vista de Cargo 291780000100 de 5 de julio de 2017, debido a que ni la Vista de Cargo, ni la Resolución Determinativa y más aún la Resolución impugnada, no ha fundamentado y mucho menos expuesto con claridad la existencia de los hechos imponibles, que hubieran configurado el nacimiento de las obligaciones respecto a los impuestos IVA, IT e IUE, no han aplicado de forma correcta la normativa tributaria, por lo cual se pretende realizar el cobro de una supuesta deuda por tributos omitidos, sin haberse manifestado en ninguna parte del procedimiento, ni demostrado, que se hubiesen realizado las actividades económicas, que hubiesen podido generar las obligaciones tributarias en dichos periodos, ni se ha podido demostrar su calidad de sujeto pasivo del tributo y el haberse configurado el hecho generador de los impuestos IVA, IT e IUE. Asimismo, señaló que la Vista de Cargo muestra incoherencias en la determinación efectuada, con el método de base presunta estableció diferentes importes como base imponible para periodos similares, inconsistencias que hacen que la Vista de Cargo carezca de los fundamentos de hecho como requisito que debe contender de acuerdo establece el parágrafo I del art. 96 de la Ley 2492 (CTB). 

En ese entendido, señaló que la Resolución impugnada no ha expuesto ni respaldado su decisión mediante la exposición de fundamentos y razonamientos jurídicos, sino simplemente ha enunciado una relación de los antecedentes del procedimiento que le realizó y que derivó en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°331980002011 

de 13 de diciembre de 2019, al respecto citó la Sentencia Constitucional 752/2002-R con relación a la fundamentación y motivación del acto administrativo, y concluyó señalando que es evidente que se han vulnerado los derechos y principios constitucionales relativos al debido proceso, derecho a la defensa y a la seguridad jurídica previstos en el art. 115 parágrafo II de la CPE y los arts. 16, 23, 68 nums. 6 y 10, y 96 de la Ley 2492 (CTB). 

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i.. I.)L^liddd Justicia tributaria paravivir bien Jan fiit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 – 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia

Por lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Administrativa N°232080000031 de 13 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN. 

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 24 de junio de 2020, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución Administrativa N°232080000031 de 13 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN (fs. 25 del expediente). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial de 10 de julio de 2020 (fs. 32-35 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente: 

11.3.1 Sobre el recurso de alzada. 

La Administración Tributaria, luego de referirse a los antecedentes del procedimiento de determinación, manifestó que de los antecedentes del proceso se puede evidenciar que durante todos los actos administrativos emitidos se hizo una exposición clara y amplia de los adeudos determinados, tanto a la observación inicial como ya en los documentos determinativos de la deuda. Señaló que, durante el proceso de verificación realizado al contribuyente, pese a la legal notificación de todas las actuaciones, jamás presentó ninguna documentación requerida por la Administración Tributaria de acuerdo a los art. 43 parágrafo II, 44 nums. 2, 3, 4 y45 parágrafo Ide la Ley 2492 (CTB), por lo que se determinó el tributo a pagar sobre la información obtenida de la base de datos del SIRAT II de laAdministración Tributaria. 

Explicó que verificó la omisión de la presentación de declaraciones juradas por el monto presunto calculado y que para la determinación de tributo omitido se realizó sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente (detalle que se anexó a la Resolución Determinativa notificada, la qpe fue obtenida de la 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

información registrada en la Base de Datos Corporativa de la Administración Tributaria), inmediatamente anteriores a los periodos cuyas declaraciones juradas fueron omitidas, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del parágrafo II del art. 34 del DS 27310 (mayor tributo mensual declarado o determinado dentro de los 12 períodos, 6 periodos trimestrales anteriores en el caso de impuestos trimestrales y 4 periodos anteriores en caso de impuestos anuales) concordante con el num. 1 del art. 5 de la RND 10-0024-08 y parágrafo III del art. 1 de la RND 10-0017-09, declaraciones juradas que son utilizadas como base para la determinación del impuesto omitido. 

Manifestó que del análisis de los documentos emitidos se aprecia que los mismos cumplen a cabalidad con todos los requisitos esenciales, detallándose en la fundamentación de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, los hechos generadores de la obligación tributaria, además de la base imponible detallada en cada una de las liquidaciones descritas en los documentos emitidos sin evidenciar contradicciones que expresa el recurrente, identificándose claramente el impuesto omitido con sus accesorios de Ley tal cual mandan los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0037-07 en su art. 18 nums. 2 y 3, identificándose el hecho generador en la actividad inscrita del contribuyente y sus propias declaraciones anteriores a las determinadas, donde se consignan los datos declarados como base imponible para la determinación del tributo a pagar, por lo tanto, consideró imaginario que se alegue que no se ha determinado el hecho generador y la base imponible en los actos de la Administración al verificar al contribuyente. 

Por otra parte, señaló que la fundamentación de la impugnación se centra en la nulidad de la Vista de Cargo, olvidando el recurrente que la Vista de Cargo no es un documento impugnable, según lo señalado en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), y que el argumento de la falta de motivación de la Resolución Administrativa que responde a su solicitud se centra en el citado criterio, en la nulidad de un documento inimpugnable y además ya ejecutoriado, por lo que no corresponde a esta instancia la admisión del recurso de alzada. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa N°23208000003, de 13 de marzo de 2020. 

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Justioia tributaria para vivir bien Jan nnit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

Sistema de bestión > ¡a Calidad 

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11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 13 de julio de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal notificación, las mismas que se practicaron, tanto al recurrente, como a la Administración Tributaria el 15 de julio de 2020 (fs. 36-37 del expediente). 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 4 de agosto de 2020, el recurrente y la Administración Tributaria no presentaron pruebas. 

11.5. Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 24 de agosto de 2020, el recurrente y Administración Tributaria no presentaron alegatos en conclusiones escritos u orales. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes antecedentes de hecho: 

III..1 El 7 de mayo de 2018, la Administración Tributaria, notificó de mediante cédula al recurrente con la Vista de Cargo ORDEN 29178000100 SIN/GDBN/DRE/VC/00064/2917, de 5 de julio de 2017, mediante la cual le comunicó que habiendo evidenciado que no cumplió con la presentación de las Declaraciones Juradas del IUE de las gestiones 2010, 2011, 2013 y 2014; del IVA de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2011, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto de 2014, y del IT de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto de 2014, por lo que lo intimó a presentar las declaraciones juradas extrañadas y en caso de no presentarlas aplicando lo dispuesto en num. 2 del art. 44 y parágrafo II del art. 97 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el parágrafo II del art. 34 del DS 27310, num. 1 del art. 5 de la RND N°10-0024-08 y parágrafo III del art. 1 de la RND 10-0017-09 6 de 20

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

estableció un monto presunto y la liquidación de la obligación tributaria, señalando que deberá apersonarse en el plazo de 30 días a efecto de exhibir la constancia que demuestre la presentación de las declaraciones juradas. Estableció preliminarmente una Deuda Tributaria de 28.082.- UFV’s importe que incluye tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago, asimismo señaló que el importe presunto para los impuestos y periodos detallados fue obtenido considerando la información registrada en la Base de Datos Corporativa de la Administración Tributaria al momento de la emisión de la Vista de Cargo (fs. 3-8 y 11 de antecedentes). 

El 8 de junio de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe SIN/GDBN/DRE/INF/00630/2018, el cual señaló que transcurrido el plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), se evidenció que el contribuyente no presentó ningún descargo, por lo que recomendó la emisión y notificación de la Resolución Determinativa y dar inicio a la ejecución tributaria según normativa vigente (fs. 12-14 de antecedentes). 

El 5 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al recurrente con la Resolución Determinativa 171980000311, de 19 de agosto de 2019, la cual resolvió determinar de oficio la obligación impositiva de contribuyente Osman Pereira Céspedes con NIT 7646025013 por la no presentación de Declaraciones Juradas extrañadas, con un importe de que asciende a 28.453.- UFV’s, monto que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor e interés y sanción por omisión de pago por los periodos de diciembre/2010, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre/2011, diciembre/2013, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre/2014 de los impuestos IVA, IT e IUE, calculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) y las modificaciones de la Ley 812 (fs. 15-23 de antecedentes). 

El 24 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria, notificó de forma electrónica al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331980002011, de 13 de diciembre 2019, mediante el cual le comunicó que 

estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 171980000311, 

de 19 de agosto de 2019, por la suma líquida y exigible de 28.543.- UFV’s, 

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Justicia tributaria para vivir bien Jajn mit’ayir jach’akamani (Aymara) MÍanatasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

Sistema Oe Gestión JelaCaliHdd 

Certr’icado N “‘”‘1/14 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 – 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia

dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492, hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 32-33 de antecedentes). 

1.5 El 27 de febrero de 2020, el recurrente mediante nota dirigida a la Administración Tributaria solicitó la nulidad del procedimiento determinativo hasta la Vista de Cargo N°291780000100, señalando que habiendo sido notificado con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°331980002011 

por una supuesta deuda tributaria que derivó de un procedimiento determinativo, cuya Vista de Cargo y su correspondiente Resolución Determinativa no han expuesto la existencia de los hechos imponibles que hubieran configurado el nacimiento de las obligaciones tributarias respecto a los impuestos IVA, IT e IUE, no aplicando de forma correcta la normativa tributaria, sin haber demostrado que se hubieran realizado las actividades económicas que hubieran generado las obligaciones tributarias, sin demostrar su calidad de sujeto pasivo del tributo y el haberse configurado el hecho generador de losimpuestos señalados, conforme lo establece los arts. 23 y 76 de la Ley 2492 (CTB), 1, 4, 72, 73, 74 de la Ley 843, 36 y 37 de la Ley 1606. Citó la Sentencia Constitucional 0752/2002-R y doctrina tributaria respecto a la fundamentación y motivación señalando que de esos antecedentes es evidente que se han vulnerado los derechos y principios constitucionales relativos al debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica previstos en los arts. 115 parágrafo II de la CPE y 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 44-46 de antecedentes). 

.6 El 13 de marzo de 2020, la Administración Tributaria notificó de forma electrónica al recurrente con la Resolución Administrativa N°232080000031 de 13 de marzo de 2020, la cual resolvió rechazar la solicitud de nulidad del procedimiento de determinación planteada por el contribuyente Osman Pereira Céspedes, en consecuencia, dispuso continuar con el proceso de cobro coactivo conforme al art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 48-51 de antecedentes). 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

El recurrente expuso como único agravio la vulneración del debido proceso, del derecho a la defensa y a la seguridad jurídica. 

IV.1 Cuestión Previa. 

La Administración Tributaria, respecto a la admisión del presente Recurso Alzada, señaló que por la fundamentación de la impugnación se puede apreciar que toda la observación se centra en la nulidad de la Vista de Cargo, olvidando el recurrente que la Vista de Cargo no es un documento impugnable, según lo señalado en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), y que el argumento de la falta de motivación de la Resolución Administrativa que responde a su solicitud se centra en el citado criterio, en la nulidad de un documento inimpugnable y además ya ejecutoriado, por lo que no corresponde en esta instancia la admisión del recurso de alzada. 

Al respecto, corresponde advertir que el acto impugnado en el presente proceso es la Resolución Administrativa N°232080000031 de 13 de marzo de 2020, la cual resolvió rechazar la solicitud de nulidad del procedimiento de determinación planteada por el recurrente, aclarando que dicho procedimiento de determinación se encuentra en fase de ejecución tributaria, habiéndose notificado al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 331980002011 al encontrarse firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 171980000311, de 19 de agosto de 2019. En ese entendido, a continuación, se procederá a la revisión de los agravios expuestos por el recurrente y al análisis del contenido y lo resuelto por el acto impugnado precautelando el Principio de Congruencia. 

IV.2 Vulneración del debido proceso, del derecho a la defensa y seguridad jurídica. 

El recurrente manifestó que la Resolución impugnada no se pronunció sobre los agravios invocados en la solicitud de Nulidad del Procedimiento Determinativo que presentó ante la Administración Tributaria mediante nota de 27 de febrero de 2020, lo que ocasionó una falta de exhaustividad, motivación y congruencia en el acto impugnado, puesto que al haberse emitido la Resolución impugnada careciendo de 9 de 20 

Justiaia tributaria para vivir bien 

Jan fiit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Marja tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mbpuvisatendodegua mbaeti oñomita 

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mbeerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 – 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia

fuerza legal, esa no puede ser convalidada, toda vez que quebranta los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica, ya que no reflejó ni estableció de manera clara y precisa, mucho menos fundamentó, el rechazo a los agravios invocados en su solicitud, incurriendo con ello en lo que la doctrina procesal administrativa menciona como un fallo carente de exhaustividad, motivación y congruencia, toda vez que resulta dificultoso refutar con rigurosidad técnica jurídica dicha Resolución impugnada. 

Señaló que la Resolución impugnada no especificó los montos de la supuesta deuda tributaria por impuesto y por periodo, es decir que no ha dado respuesta a su solicitud ni mucho menos ha expuesto de manera fundamentada la existencia de los hechos imponibles que se hubieran configurado y que hubieran determinado una obligación tributaria, siendo que la Resolución impugnada es una decisión administrativa que contiene un adeudo tributario, razón por la cual la exigencia de la especificación de la deuda deber ser rigurosa, a efectos de que se puedan interponer los recursos de impugnación pertinentes, cuestionando o respondiendo las imputaciones que deberían aparecer con claridad y precisión en el acto impugnado. 

Luego de citar los antecedentes del procedimiento de determinación, explicó que su solicitud de nulidad del proceso de determinación se debe a que se encuentra viciado de nulidad hasta la Vista de Cargo 291780000100 de 5 de julio de 2017, debido a que ni la Vista de Cargo, ni la Resolución Determinativa y más aún la Resolución impugnada, no ha fundamentado y mucho menos expuesto con claridad la existencia de los hechos imponibles, que hubieran configurado el nacimiento de las obligaciones respecto a los impuestos IVA, IT e IUE, no han aplicado de forma correcta la normativa tributaria, por lo cual se pretende realizar el cobro de una supuesta deuda por tributos omitidos, sin haberse manifestado en ninguna parte del procedimiento, ni demostrado, que se hubiesen realizado las actividades económicas, que hubiesen podido generar las obligaciones tributarias en dichos periodos, ni se ha podido demostrar su calidad de sujeto pasivo del tributo y el haberse configurado el hecho generador de los impuestos IVA, IT e IUE. Asimismo, señaló que la Vista de Cargo muestra incoherencias en la determinación efectuada, con el método de base presunta estableció diferentes importes como base imponible para periodos similares, inconsistencias que hacen que la Vista de Cargo carezca de los fundamentos de 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

hecho como requisito que debe contender de acuerdo establece el parágrafo I del art. 96 de la Ley 2492 (CTB). 

En ese entendido, señaló que la Resolución impugnada no ha expuesto ni respaldado su decisión mediante la exposición de fundamentos y razonamientos jurídicos, sino simplemente ha enunciado una relación de los antecedentes del procedimiento que le realizó y que derivó en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°331980002011 

de 13 de diciembre de 2019, al respecto citó la Sentencia Constitucional 752/2002-R con relación a la fundamentación y motivación del acto administrativo, y concluyó señalando que es evidente que se han vulnerado los derechos y principios constitucionales relativos al debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica previstos en el art. 115 parágrafo II de la CPE y los arts. 16, 23, 68 nums. 6 y 10, y 96 de la Ley 2492 (CTB). 

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que de los antecedentes del proceso se puede evidenciar que durante todos los actos administrativos emitidos se hizo una exposición clara y amplia de los adeudos determinados, tanto a la observación inicial como ya en los documentos determinativos de la deuda. Señaló que, durante el proceso de verificación realizado al contribuyente, pese a la legal notificación de todas las actuaciones, jamás presentó ninguna documentación requerida por la Administración Tributaria de acuerdo a los art. 43 parágrafo II, 44 nums. 2, 3, 4 y 45 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), por lo que se determinó el tributo a pagar sobre la información obtenida de la base de datos del SIRAT II de la Administración Tributaria. 

Explicó que verificó la omisión de la presentación de declaraciones juradas por el monto presunto calculado y que para la determinación de tributo omitido se realizó sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente (detalle que se anexó a la Resolución Determinativa notificada, la que fue obtenida de la información registrada en la Base de Datos Corporativa de la Administración Tributaria), inmediatamente anteriores a los periodos cuyas declaraciones juradas fueron omitidas, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del parágrafo II del art. 34 del DS 27310 (mayor tributo mensual declarado o determinado dentro de los 12 periodos, 6 periodos trimestrales anteriores en el caso de impuestos trimestrales y 4 periodos anteriores en caso de impuestos anuales) concordante con el num. 1 del de 20 

Just/cia tributaria para vivir bien 

Jan/mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mahatasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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NB/ISO 

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mbaerepi Vae (Guaraní)Teléfonos: (591-3) 3391027Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

art. 5 de la RND 10-0024-08 y parágrafo III del art. 1 de la RND 10-0017-09, declaraciones juradas que son utilizadas como base para la determinación del impuesto omitido, afirmando que del análisis de los documentos emitidos se aprecia que los mismos cumplen a cabalidad con todos los requisitos esenciales, detallándose en la fundamentación de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, los hechos generadores de la obligación tributaria, además de la base imponible detallada en cada una de las liquidaciones descritas en los documentos emitidos sin evidenciar contradicciones que expresa el recurrente, identificándose claramente el impuesto omitido con sus accesorios de Ley tal cual mandan los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0037-07 en su art. 18 nums. 2 y 3, identificándose el hecho generador en la actividad inscrita del contribuyente y sus propias declaraciones anteriores a las determinadas, donde se consignan los datos declarados como base imponible para la determinación del tributo a pagar, por lo tanto, consideró imaginario que se alegue que no se ha determinado el hecho generador y la base imponible en los actos de la Administración al verificar al contribuyente. 

Al respecto, corresponde precisar que el derecho al debido proceso según la Doctrina Administrativa tiene por objeto: “el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador” (OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta SRL. Buenos Aires Argentina. 2006. pág. 804). 

De igual manera, es preciso considerar que, entre los componentes de la mencionada garantía, se encuentra el derecho del contribuyente a obtener una resolución fundada y motivada en derecho, es decir, “el derecho a que la Administración se pronuncie sobre todas y cada una de las cuestiones formuladas en el expediente”, lo que implica a su vez “el derecho a que en la resolución que ponga fin al procedimiento recaiga un pronunciamiento sobre los argumentos formulados, tanto si son amparados como si no lo fueran” (GAMBA VALEGA, César. Régimen jurídico de los procedimientos tributarios. En: YACOLCA ESTARES, Daniel. Tratado 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

de Derecho Procesal Tributario Volumen I. 1ra.Edición. Pacífico Editores. Lima Perú. 2012. pág. 127). 

De la misma manera, el Tribunal Constitucional, ha trazado línea jurisprudencial a través de varios de sus fallos, entre los que se encuentra la Sentencia Constitucional 0584/2006-R, de 20 de junio de 2006, referida a las garantías constitucionales del debido proceso, expresando textualmente que: “La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual se deben respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., (…) por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes”. 

En este contexto doctrinario y jurisprudencial, corresponde remarcar que la Constitución Política del Estado en su art. 115 dispone que: “/. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. De igual manera, el art. 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: “I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”. 

En el ámbito tributario, estos principios y garantías constitucionales están reconocidos en el art. 68, nums. 2, 6 y 7 del CTB, en los cuales se establece el derecho a que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos, que dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los 

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términos del presente Código; y a formular y aportar, en la forma y plazos previstos, 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tomados en cuenta al redactar la correspondiente Resolución. 

En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios porlos cuales se rige la Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados. 

Por su parte, el art. 27 de la Ley 2341 (LPA), considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo, y el art. 28 de la citada norma dispone que son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: “a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, 

expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.”. 

En tal sentido, el art. 31 parágrafos Iy II del DS 27113 (RLPA) establece que serán motivados los actos que: Resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados, además de exponer y sustentarse los hechos y antecedentes del expediente, es decir consignar las razones de hecho y derecho que justifican el dictado del acto. 

Ahora bien, cabe señalar que los parágrafos I y II del art. 36 de la Ley 2341 (LPA) aplicable supletoriamente en sujeción al art. 201 de la Ley 2492 (CTB), establecen que serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción al ordenamiento jurídico o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin ode lugar a la indefensión de los interesados yel 

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art. 55 del DS 27310 (RLPA), que señala que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que el 7 de mayo de 2018, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al recurrente con la Vista de Cargo ORDEN 29178000100 SIN/GDBN/DRE/VC/00064/2917, de 5 de julio de 2017, mediante la cual le comunicó que habiendo evidenciado que no cumplió con la presentación de las Declaraciones Juradas del IUE de las gestiones 2010, 2011, 2013 y 2014; del IVA de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2011, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto de 2014, y del IT de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto de 2014, por lo que lo intimó a presentar las declaraciones juradas extrañadas y en caso de no presentarlas aplicando lo dispuesto en núm. 2 del art. 44 y parágrafo II del art. 97 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el parágrafo II del art. 34 del DS 27310, núm. 1 del art. 5 de la RND 10-0024-08 y parágrafo III del art. 1 de la RND N° 10-0017-09 estableció un monto presunto y la liquidación de la obligación tributaria, señalando que deberá apersonarse en el plazo de 30 días a efecto de exhibir la constancia que demuestre la presentación de las declaraciones juradas. Estableció preliminarmente una Deuda Tributaria de 28.082.- UFV’s importe que incluye tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago, asimismo señaló que el importe presunto para los impuestos y periodos detallados fue obtenido considerando la información registrada en la Base de Datos Corporativa de la Administración Tributaria al momento de la emisión de la Vista de Cargo (fs. 3-8 y 11 de antecedentes). 

Posteriormente, la Administración Tributaria emitió el Informe SIN/GDBN/DRE/INF/00630/2018 de 8 de junio de 2018, el cual señaló que transcurrido el plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) se evidenció que el contribuyente no presentó ningún descargo, por lo que recomendó la emisión y notificación de la Resolución Determinativa (fs. 12-14 de antecedentes); en consecuencia el 5 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al recurrente con la Resolución Determinativa 171980000311, de 

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19 de agosto de 2019, la cual resolvió determinar de oficio la obligación impositiva de 15 de 20 

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contribuyente Osman Pereira Céspedes con NIT 7646025013 por la no presentación de Declaraciones Juradas extrañadas, con un importe de que asciende a 28.453.- UFV’s, monto que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor e interés ysanción por omisión de pago por los periodos de diciembre/2010, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre/2011, diciembre/2013, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre/2014 de los impuestos IVA, IT e IUE, calculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) y las modificaciones de la Ley 812 (fs. 15-23 de antecedentes). 

Continuando con la compulsa, el 24 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria, notificó de forma electrónica al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 331980002011, de 13 de diciembre 2019, mediante el cual le comunicó que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa 171980000311, de 19 de agosto de 2019, por la suma líquida y exigible de 28.543.- UFV’s, dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 32-33 de antecedentes). 

Por su parte, el 27 de febrero de 2020, el recurrente mediante nota dirigida a la Administración Tributaria solicitó la nulidad del procedimiento determinativo hasta la Vista de Cargo N°291780000100, señalando que habiendo sido notificado con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°331980002011 por una supuesta deuda tributaria que derivó de un procedimiento determinativo, cuya Vista de Cargo y su correspondiente Resolución Determinativa no han expuesto la existencia de los hechos imponibles que hubieran configurado el nacimiento de las obligaciones tributarias respecto a los impuestos IVA, IT e IUE, no aplicando de forma correcta la normativa tributaria, sin haber demostrado que se hubieran realizado las actividades económicas que hubieran generado las obligaciones tributarias, sin demostrar su calidad de sujeto pasivo del tributo y el haberse configurado el hecho generador de los impuestos señalados, conforme lo establecen los arts. 23 y 76 de la Ley 2492 (CTB), 1, 4, 72, 73, 74 de la Ley 843, 36 y 37 de la Ley 1606. Citó la Sentencia Constitucional 0752/2002-R y doctrina tributaria respecto a la fundamentación y motivación señalando que de esos antecedentes es evidente que se han vulnerado los derechos y principios constitucionales relativos al debido proceso, derecho a la 

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defensa y seguridad jurídica previstos en los arts. 115 parágrafo II de la CPE y 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 44-46 de antecedentes); en respuesta, la Administración Tributaria, el 13 de marzo de 2020, notificó de forma electrónica al recurrente con la Resolución Administrativa N°232080000031 de 13 de marzo de 2020, la cual resolvió rechazar la solicitud de nulidad del procedimiento de determinación planteada por el contribuyente Osman Pereira Céspedes, en consecuencia, dispuso continuar con el proceso de cobro coactivo conforme al art. 110 de la Ley 2492 (CTB), resolución que hoy es impugnada (fs. 48-51 de antecedentes). 

Con relación al argumento del recurrente, respecto a que, la Resolución impugnada no especificó los montos de la supuesta deuda tributaria por impuesto y por periodo alegado, siendo que la misma es una decisión administrativa que contiene un adeudo tributario y la exigencia de la especificación de la deuda deber ser rigurosa, cabe señalar que la Resolución impugnada tiene por objeto responder a la solicitud de nulidad del procedimiento de determinación planteada y no así la determinación de una obligación tributaria, misma que en el presente caso, ya fue establecida en la Resolución Determinativa 171980000311, de 19 de agosto de 2019, en consecuencia no siendo un requisito que el acto administrativo impugnado debe contener, no corresponde lo alegado por el recurrente en este punto. 

Ahora bien, de lo expuesto y considerando lo alegado por el recurrente, con relación a la falta pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria sobre los agravios invocados en su solicitud de Nulidad del Procedimiento Determinativo, respecto a que la Vista de Cargo y su correspondiente Resolución Determinativa no han expuesto la existencia de los hechos imponibles que hubieran configurado el nacimiento de las obligaciones tributarias respecto a los impuestos IVA, IT e IUE y que no se aplicó de forma correcta la normativa sin haber demostrado que se hubieran realizado las actividades económicas que hubieran generado las obligaciones tributarias, de la revisión de la Resolución impugnada, se tiene que, en VISTOS Y CONSIDERANDO, se refirió a los antecedentes del proceso de determinación, el mismo que se inició con la emisión y notificación de la Vista de Cargo ORDEN 29178000100 de 5 de julio de 2017 y que concluyó con la emisión la Resolución Determinativa 171980000311 de 19 de agosto de 2019, que estableció una deuda tributaria de 28.453.- UFV’s por la no presentación de Declaraciones Juradas, asimismo, se refirió 17 de 20 

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a la emisión y notificación al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331980002011 de 13 de diciembre 2019. 

A continuación, con relación a la solicitud de nulidad presentada por el recurrente, señaló que el 27 de febrero de 2020, se solicitó nulidad del procedimiento determinación hasta la Vista de Cargo ORDEN 29178000100, en el cual establece vulneración de los derechos y principios constitucionales relativos al debido proceso, derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, previstos en los arts. 115 parágrafo II de la CPE y 68 núms. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB). 

Al respecto, en la Resolución impugnada se señala: “Que, el proceso se tramitó conforme al art. 68 de la Ley 2492 ya el contribuyente fue notificado conforme al art. 83 con cada una de las actuaciones de la administración tributaria, a efectos de no dejarlo en indefensión; así también se tiene la emisión de los actos administrativos señalados se efectuaron conforme a lo establecido en el numeral 2 del art. 44 y Parágrafo II del art. 97 del Código Tributario Boliviano Ley 2492, concordante con el Parágrafo II del Art. 34 del Decreto Supremo 27310, numeral 1 del Art. 5 de la RND N°10-0024-08 y parágrafo III del Art. 1 de la RND N°10-0017-09, por lo que no se ha vulnerado los derechos ni principios constitucionales del debido proceso”, por lo que, a continuación resolvió rechazar la solicitud planteada. 

De lo descrito, se observa que la Administración Tributaria, respecto a la solicitud de nulidad del procedimiento de determinación, si bien señaló que sus actuaciones fueron puestas en conocimiento a fin de no causarle indefensión y citó la normativa conforme a la cual emitió sus actos administrativos, por lo que consideró que no vulneró el debido proceso, sin embargo, omitió un pronunciamiento expreso sobre los argumentos planteados por el recurrente respecto al hecho generador, la realización de la actividad económica y la incorrecta aplicación de la normativa que son causas por las que el recurrente consideró vulnerados sus derechos y por los que solicitó la nulidad del procedimiento de determinación, aspectos que no están claros para el recurrente y los cuales no consideró la Administración Tributaria en su análisis. 

En ese contexto, tratándose de un acto definitivo, la Resolución impugnada, debió contener los razones de hecho y derecho que inducen a emitirlo respecto a los argumentos esgrimidos por el recurrente en su solicitud de nulidad, referidos a que la 

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Impugnación Tributaria 

Vista de Cargo y su correspondiente Resolución Determinativa no han expuesto la existencia de los hechos imponibles que hubieran configurado el nacimiento de las obligaciones tributarias respecto a los impuestos IVA, IT e IUE, no aplicando de forma correcta la normativa tributaria, sin haber demostrado que se hubieran realizado las actividades económicas que hubieran generado las obligaciones tributarias, sin demostrar su calidad de sujeto pasivo del tributo y el haberse configurado el hecho generador de los impuestos señalados, o en su defecto, señalar las razones fundamentadas por las cuales no correspondería emitir pronunciamiento, empero, al contrario, simplemente rechazó la solicitud de nulidad planteada indicando que no se ha vulnerado los derechos ni principios constitucionales del debido proceso, tampoco ha emitido pronunciamiento alguno positivo ni negativo respecto a la Sentencia Constitucional 0752/2002-R citada por el impetrante, lo que afecta directamente a la fundamentación y motivación del acto impugnado, sin emitir criterio específico sobre todos y cada uno de los argumentos planteados por el recurrente en su solicitud de 27 de febrero de 2020, incumpliendo con los requisitos previstos en los arts. 28 inc. b) y e), 31 parágrafos I y II del DS 27113 (RLPA), referidos a la fundamentación y motivación del acto administrativo, aplicables supletoriamente en razón del núm. 1 del art. 74 de la Ley 2492 (CTB). 

Consiguientemente, en sujeción de los arts. 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso, en virtud del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), corresponde anular obrados hasta la Resolución Administrativa N°232080000031 de 13 de marzo de 2020 inclusive, a fin de que la Administración Tributaria, emita un nuevo acto administrativo, en el que fundamente y motive su decisión considerando los argumentos esgrimidos en la solicitud nulidad planteada, en cumplimiento al art. 28 de la Ley 2341 (LPA), esto con el objeto de evitar nulidades posteriores y no vulnerar los derechos que le asisten al Sujeto Pasivo, consagrados en los arts. 115 parágrafo II de la CPE y 68, num. 6 de la Ley 2492 (CTB). 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación 

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Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por 19 de 20 

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mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR la Resolución Administrativa N° 232080000031 de 13 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN, a fin de que la Administración Tributaria emita nuevo acto administrativo que otorgue respuesta fundamentada sobre todos y cada uno de los argumentos esgrimidos en la solicitud de nulidad planteada mediante memorial de 27 de febrero de 2020, observando el cumplimiento de los requisitos esenciales que debe contener todo acto administrativo, establecidos en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), de acuerdo a los fundamentos técnicos -jurídicos que anteceden, de conformidad con el inc. c) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/cmmf/acq/mirb/adcv A(^IT-SCZ/RA 0509/2020 

Vectora Ejecunva Regional a.t 

.,¿¡tuii(-?.: tiegh.’nai ‘*• Impugnación Tributaria Santa Cruz 

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