ARIT-LPZ-RA-1957-2018 La AIT anula la Resolución Determinativa por vulneración al debido proceso y a la defensa del acusado. Luego de una Orden de fiscalización sobre el IUE y Alícuota Adicional AA-IUE, la AT estableció obligaciones tributarias sobre base presunta y sobre base cierta, por ingresos no declarados y gastos deducibles observados. La AIT determinó que existía una falta de fundamentación en la valoración de la documentación presentada por el acusado, que había argumentado que los ingresos eran Flujos de Tesorería administradas para un tercero (bajo contrato, cuya comisión fue declarada y aceptada por la AT), y que la AT tampoco dio las razones de por qué los montos de los gastos observados presentados a través de un cuadro resumen no coinciden con lo que se refleja en los anexos.

ARIT-LPZ-RA-1957-2018

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1957/2018 

Recurrente: 

Sinchi Wayra SA, legalmente representada por María De Las Mercedes Carranza Aguayo 

Administración Recurrida: 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celideth Ochoa Castro 

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 171829000834 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/00224/2018) 

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Expediente: 

ARIT-LPZ1239/2018 

Lugar, y Fecha: 

La Paz, 10 de diciembre de 2018 

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VISTOS El Recurso de Alzada, el Aụto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria: Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo; el Informe Técnico jurídico ARIT-LPZ No 1957/2018 de 7 de diciembre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente: 

Cilidad 

  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 
  • Resolución Determinativa N° 1 71829000834 (SIN/GGLPZ/DJCCITJ/RD/00224/2018) de 26 de junio de 2018, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes, La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

afao determinó de oficio sobre base presunta las obligaciones impositivas de Sinchi Wayra 150 9001 SA de 55.542.111 UFV’s por tributo omitido más intereses , por concepto del Impuesto awek commeauer sobre las Utilidades de las Empresas – Sector Minero F598 y la Alícuota Adicional al 

Adicional al RTIAT

IUE – F-585 por los periodos octubre 2011 a septiembre 2012; asimismo, determinó sobre base cierta las obligaciones impositivas de Sinchi Wayra SA, que ascienden af 21.509.340 UFVs por tributo omitido más intereses correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Sector minero F-598 y por concepto de Alicuota

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II 

Adicional al IVE F585 por los periodos octubre 2011 a septiembre 2012; más la sanción por omisión de pago con una multa del 100% del tributo omitido en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492 y la multa por 3.100 UFV’s por incumplimiento a deberes formales. 

  1. II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 1 Argumentos del Recurrente Sinchi Wayra SA representada legalmente por María De Las Mercedes Carranza Aguayo conforme acredita el Testimonio de Poder 355/2014 de 11 de abril de 2014, mediante memorial presentado el 23 de julio de 2018, cursante a fojas 590-617 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente

Al presentar descargos a la vista de Cargo hizo notar que la Administración Tributaria cometió error al realizar al mismo tiempo la fiscalización sobre base cierta y presunta, 

orma establece que el método sobre base presunta solo se podrá utilizar cuando las circunstancias no permitan utilizar el método sobre base cierta. De la misma manera el parágrafo I del artículo 96 del Código Tributario, expresa que la base imponible debe fijarse sobre base cierta o base presunta según corresponda, por tanto no se puede establecer un adeudo tributario por un mismo impuesto utilizando las dos bases de determinación, ya que ambas son excluyentes entre sí. Dicho de otro modo, al contar con la documentación necesaria para la determinación de la base imponible, no existe fundamento legal para la aplicación de la determinación sobre base presunta y mucho menos utilizar los dos métodos; añade que este procedimiento no se encuentra previsto en la Ley, por tanto vulnera el debido proceso, incurriendo en nulidad conforme lo dispone el artículo 35 inciso c) de las Ley 2341. 

Al establecer reparos por ingresos no declarados por transferencias realizadas por la Compañía Minera Colquiri SA, a Sinchi Wayra SA, presumió que corresponden a ingresos no declarados, sin considerar que la base presunta debe realizarse en merito – a los hechos por su vinculación con el hecho generador de la obligación conforme lo 

dispone el parágrafo II del artículo 43 de la Ley 2492. La Resolución Determinativa, no señala cuales y en base a qué actividades presumió los ingresos no declarados, pese que en la nota de descargos a la Vista de Cargo, hizo notar tal extremo. 

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AITE 

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La Administración cuenta con amplias facultades de control, fiscalización y realizar verificaciones para respaldar las presunciones y dar validez en busca de la verdad material y realidad económica, sin embargo, en abuso de sus facultades considero como ingresos imponibles simples transferencias bancarias sin atribuir las mismas a hechos imponibles concretos de acuerdo con su presunción, es decir no efectuó una debida valoración de la pruebas, así como una fundamentación de la deuda tributaria, ya que no es suficiente solo mencionar, sino demostrar de manera objetiva y clara su pretensión. No solo debía limitarse a la documentación obtenida en el proceso de la fiscalización, sino efectuar procedimientos complementarios o solicitar información directamente a la empresa Colquiri a fin de probar que los depósitos efectuados corresponden a ingresos no declarados y respaldar el origen de la deuda tributaria, por tanto el acto administrativo se encuentra viciado de nulidad por no considerar los requisitos establecidos en los artículos 96. y.99 de la Ley-2492;-al respecto cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGITRJ 0802/2018 y AGIT-RJ-1133/2014 

Se observo cargos por concepto de pagos a beneficiarios del exterior IVE-BE por los ; periodos enero, febrero marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2012 los cuales se encuentran prescritos toda vez que los artículos 59, 60 y 62 del Código tribútario estuvieron vigentes al momento del acaecimiento del hecho generador,-portanto, las facultades del ente fiscal se encontraban prescritos y ahora resulta incongruente que pretenda extrañar tales retenciones para declarar gastos.no. — deducibles; aclara que solicita la prescripción de las facultades de la administración conforme el parágrafo I numeral 1 del artículo 59 de la Ley 2492 y no así a la prescripción de la deuda tributaria determinada, por tanto no es aplicable al presente caso el artículo 324 de la Constitución Política del Estado, ni el artículo 3 parágrafo || de la Ley 154

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En caso que se pretenda aplicar de manera retroactiva las Leyes 291 y 317, precisa afaq que el artículo 123 de la Constitución Política del Estado establece que la Ley dispone para lo venidero y no tendrá carácter retroactivo, aspecto que es concordante con el artículo 150 de la Ley 2492, es decir, que la aplicación de las citas leyes atentan los IQNet derechos y garantías constitucionales, ya que el ente fiscal pretendió la aplicación de manera retroactiva, situación que derivó en otros casos en impugnaciones y apelaciones hasta la instancia de casación, e inclusive en acciones de 

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inconstitucionalidad; al respecto cita la Sentencias 153 de 20 de noviembre de 2017, la cual declaró probada la demanda contenciosa administrativa en contra la Resolución AGIT 416/2015. 

Por otra parte, debido a excesos cometidos por parte del fisco, la Resolución Determinativa carece de fundamentos técnicos, toda vez que el 5 de julio de 2018, solicitó copia del expediente, sin embargo el 19 de julio de 2018 recién se tuvo acceso a la información completa del expediente, documentación entre la cual no cursa los descargos presentados mediante nota SW-0215/2018 de 24 de mayo de 2018, en cuyo sello de recepción consta la entrega de 522 fojas, lo cual significa que la Administración Tributaria no valoró todos los descargos que fueron presentados de manera oportuna, 

el derecho a la defensa y debido proceso. Al no considerar los descargos presentados y al amparo de lo dispuesto en el parágrafo Ill del artículo 96 y parágrafo Il del artículo 99 de la Ley 2492 y de los incisos c) y e) del artículo 35 de la Ley 2341, solicita de forma subsidiaria la nulidad del acto ahora impugnado por adolecer de vicios de nulidad, ya que vulneran el derecho al debido proceso y a la defensa, consagrados en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. 

Los importes detallados en el “Cuadro resumen de reparos por concepto de gastos no deducibles determinados y depurados Form 598. JUE Minero” son diferentes a los montos de los anexos detallados, las cuales representan un motivo de confusión a momento de cuantificar los importes correctos y por ende dejan en estado de indefensión y denotan falta de tecnicidad en la determinación, no obstante las diferencias podría deberse a un error en la determinación del supuesto tributo omitido o una determinación sobre base presunta contrariamente a lo expuesto en las paginas 1 al 11 de la Resolución Determinativa impugnada, en la cual se señala que se hizo la fiscalización sobre base cierta puesto que al parecer el fisco hizo un análisis superficial de los registros contables e infirió resultados. Este accionar no es correcto, siendo que al realizar la fiscalización sobre base cierta, está reconociendo implicitamente que tiene a su disposición toda la documentación de respaldo para validar sus observaciones, por lo cual no puede aplicar una presunción, vulnerando el derecho a la defensa y al debido proceso; agrega que se incumplió el numeral II del artículo 68 y numeral V del artículo 104 de la Ley 2492, toda vez que la Orden de Fiscalización fue notificada el 31 de agosto de 2016 y la Vista de Cargo emitida el 16 de abril de 2018, habiendo 

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transcurrido 19 meses y 16 días desde el inicio de la fiscalización hasta su finalización, 

por tanto se evidencia una demora de 7 meses y 16 días, hecho que conlleva que la determinación es completamente extemporánea. 

En caso de que no se considere los aspectos de formà expuestos anteriormente, se pasa a fundamentar las observaciones realizadas, las cuales, no consideró los elementos esenciales presentados durante el proceso de fiscalización y emitió la Resolución Administrativa (debió decir-Determinativa) sin arializar lo planteado por Sinchi Wayra SA. 

Las transferencias bancarias realizadas por la Compañía Minera Colquiri SA, en favor de Sinchi Wayra SA, fueron observadas presumiendo que corresponden a ingresos rio declarados, sin embrago estas-transferencias corresponden a flujos de tesorería que en su momento fueron entregados por Colquiri en el marco de los dispuesto en el numera!’ 4.1.3 del contrato de administración general (Overhead); el objeto de este contrato es prestar servicios relacionados a la administración de los fondos de Colquiri y el cumplimiento de los requerimientos financieros y la emisión de chegues para el pago de proveedores en la oficina de La Paz.1: 

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Extraspaso de fondos mediante transferencias bancarias pueden ser corroborados con los comprobantes de traspasos y asientos contables entre Colquiri y Sinchi Wayra SA, ... a este efecto solicito a Colquiri mediante nota SW-520/2017 confirmación y proporcione los registros contables respecto de las transferencias realizadas, ål efecto la citada empresa respondió adjuntado sus registros contables, los cuales fueron proporcionados a la Administración Tributaria; a este respecto, el ente fiscal sostiene que los descargos de los registros contables 700015387 y 700015388. son insuficientes, sin embargo cabe aclarar que estos comprobantes fueron anulados ylo revertidos contablemente con los documentos 700015397 y 700015398, según sé afao demuestra en el mayor de la cuenta subsidiaria, y en su lugar se emitió los documentos calidad contables 700015408 y.700015409; aspectos que fueron explicados durante la revisión TIF efectuada, así como en la nota de descargos presentada a la Vista de Cargo; sin LQNet embargo, el ente fiscal mantuvo el reparo, pese a contar con toda la información para evidenciar lo aseverado por Sinchi Wayra SA. 

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No se desconoce que las transferencias de fondos de los comprobantes 700015408 y 7000015409 fueron efectivamente realizadas en su momento, no obstante se aclaró que estos registros fueron anulados y se emitieron nuevos documentos contables, aspecto que no puede ser desconocido, ya que los mismos fueron presentados durante la revisión y avalan lo aseverado

Aclara que la observación signada bajo el literal A, referida a los fondos provenientes de la actividad realizada por Colquiri, en su momento fueron declarados como ingresos por concepto de venta de concentrados de minerales y se pagaron los impuestos correspondientes, tal como se corrobora de los ingresos de flujo bancario y análisis de Estados Financieros de Colquiri, documentación que fue presentada mediante nota SW 523/2017 que cursa a fojas 2102 del expediente administrativo. Estos flujos no provienen una actividad comercial (venta o prestación de servicios) que hubiera realizado Sinchi Wayra SA, es decir que no pueden ser declarados como ingresos a efectos de su base imponible porque no emergen de una actividad económica gravable de Sinchi Wayra SA, además que tales importes estuvieron sujetos a imposición tributaria según la normativa vigente respecto del sujeto pasivo que los generó, vale decir la Empresa Minera Colquiri SA; añade que tal aclaración pudo ser verificada por la Administración Tributaria con la documentación presentada, sin embargo no lo hizo, o si consideraba insuficiente pudo ejercer sus facultades de investigación y solicitar 

más detalles a dicha empresa

Los montos de dichos flujos de tesorería se consignan en la cuentas inter-sociedades por pagar de Sinchi Wayra SA, y no así en las partidas de ingresos, por tanto no forman parte de la base imponible declarada por Sinchi Wayra SA; la resolución impugnada no especifica y presume de manera simplista ingresos no declarados por concepto de venta de bienes o la prestación de servicios sin el menor respaldo y sin ninguna prueba, toda vez que es la entidad que tiene las facultades de control que otorga el artículo 66, 100, 101 y 104 de la Ley 2492, precisamente para respaldar su presunción y darle validez, no solo técnica y jurídica, sino principalmente fáctica, es decir en busca de la verdad material y la realidad económica de la presunción que realiza. El presumir ingresos no declarados implica considerar que alguno de los presupuestos que la ley determina como fuente de hecho generador se ha perfeccionado, no obstante no señaló cuáles serían las actividades que presumiblemente se hubieran realizado y 

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sobre qué base presume que los flujos corresponden a ingresos no declarados y no simplemente presumir. 

Prosigue y señala que la-Resolución Determinativa, al referir que Sinchi Wayra ejerce control sobre el arrendatario de acuerdo con el númeral 1.4 del Contrato de arrendamiento del Centro Minero Colquiri; además afirma que el objeto del contrato es que se otorgó en arrendamiento el Centro Minero al arrendatario que es Colquiri y no así Sinchi Wayra SA, por tanto los descargos no son válidos, es decir el ejercicio de control sobre Colquiri, no significa que los ingresos no declarados por Sinchi Wayra se encuentren exentos y se incumpla el Código de Comercio o el mismo contrato; a este respecto, se advierte que el ente fiscal no entendió la explicación realizada y confunde el alcance de los descargos presentados. 

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Debe entenderse, que el Contrato de Administración General (Overhead) se suscribió: a partir de lo dispuesto en el Contrato de Arrendamiento del Centro Minero Colquiri (Testimonio N° 67/2000) suscrito entre el Ministerio de Comercio Exterior, Comibol,, Compañía Minera Colquiri SA y la Compañía Minera del Sur SA (ahora Sinchi Wayra SA), este contrato en sų numeral 1.4 establece de manera taxativa que Sinchi Wayra SA es la que ejerce control sobre el árrendatario de la operación minera que en-su momento fue Colquiri, y es de ahí que surgió la necesidad de suscribir el Contrato de Administración General (Overhead) e implementada esta forma de administración. …. entre las sociedades, por tanto no se trata de un contrato que permite gozar de alguna exención o incumplir el Código de Comercio, como se manifiesta en la Resolución Determinativa ahora impugnada. 

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Por otra parte, respalda sus observaciones con documentos emitidos por una entidad de intermediación financiera, sin embrago no consideró que las 21 transacciones no constituyen pagos por prestación de servicios o venta de bienes, por tanto no están afaq alcanzados por el artículo 20 de la Ley 062 y el artículo 4 del DS 772, ade que según calidad el ente fiscal, el informe de Ernst & Young es parcial ya que refiere a solo 8 de las 21 a n operaciones observadas, por tanto no desvirtuó la determinación por concepto de IQNet ingresos no declarados, al respecto aclara que tal informe fue presentado con el ánimo de demostrar que en un casos completamente similar que incluye 8 de las 21 A operaciones se demostró fehacientemente el origen y destino de los flujos de tesorería, 

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por lo que no correspondía ser considerados como ingresos no declarados. 

Agrega que el “Informe del auditor independiente sobre la revisión con aseguramiento razonable de las aseveraciones de Sinchi Wayra SA, sobre el origen y destino de los Fondos/Activos recibidos de la compañía Minera Colquiri durante la gestión fiscal concluida en septiembre 2012“, fue elaborado como informe pericial dentro del recurso seguido por Sinchi Wayra impugnando la RD 1717290000537 (Expediente ARIT-LPZ 818/2017) el cual es tenido a menos por la Administración Tributaria, no obstante la Autoridad de Impugnación Tributaria en ambas instancias emitió resoluciones favorables para la sociedad, reconociendo que las 8 transacciones que forman parte de las 21 observadas en la presente Resolución Determinativa, no constituyen Ingresos no declarados, como lo sostiene el ente fiscal. La resolución emitida por la AGIT tiene calidad de firme en la vía administrativa, misma que fue adjuntada en la presentación de descargos. 

La Resolución Determinativa señala que Sinchi Wayra SA, recepcionó de Colquiri SA, la suma de Bs211.439.875,41 por los cuales no emitió factura y tampoco se había demostrado pago en favor del algún proveedor por cuenta de Colquiri; al respecto el ente fiscal no tiene asidero técnico ni jurídico para sostener tal afirmación, toda vez que 

tales transferencias no corresponden al pago por prestación de servicios o venta de 

bienes por tanto’mal podría existir una factura que respalde operaciones inexistentes; ade que al tratarse de flujos de tesorería, no necesariamente son utilizados en su totalidad, motivo por el cual se encuentran registradas en la cuenta subsidiaria y no en una cuenta de ingresos. Si bien el ente fiscal reconoce la legalidad del Contrato de Administración General (Overhead), de manera errada señala que las 21 transferencias no corresponden a pagos por concepto de Overhead y que los pagos por este concepto están sustentados, como si Sinchi Wayra SA, habría referido que tales transferencias corresponden al pago por el Servicio de Administración General (Overhead). 

En tanto que la Administración Tributaria señala que no se especificó, respaldo ni demostró el origen y destino, se tiene que mediante la documentación presentada oportunamente se evidencia precisamente el origen y destino de los recursos transferidos por Colquiri, dejando claro que los montos observados no constituyen 

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ingresos imponibles no declarados; al respecto hace mención al precedente administrativo ARIT-LPZ-818/2017 referido a un caso similar resuelto en esta Autoridad de Impugnación Regional. En vista que el ente fiscal desconoció el informe pericial, en el presente caso, en la etapa de-término de prueba, se presentará un análisis técnico contable, el cual demostrará que las transferencias observadas no responden a operaciones comerciales gravadas entre Sinchi Wayra y Colquiri y quedará demostrado que el origen de las transacciones observadas és el contrato de prestación de servicios, por el cual Colquiri transfirió a Sinchi Wayra fondos y activos para su respectiva administración (flujo de tesorería). 

Se solicitó a la empresa Colquiri certificación sobre la existencia de otros servicios o ventas además de las concernientes al Contrato de Administración General (Overhead)-al-efecto mediante – nota CMQ-03-1/2017 dio respuesta y adjuntó. documentación soporte, lo củal demuestra que Colquiri no recibió de Sinchi Wayra servicios que no hubieran sido facturados, siendo los únicos servicios existentes los servicios prestados en el marco del contrato de Overhead. En resumen el reparo determinado no corresponde, toda vez que el origen y naturaleza de las trasferencias observadas están debidamente explicadas y respaldadas; es decir, no constituye parte de la base imponible de las operaciones de Sinchi Wayra SA. 

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En cuanto a la apropiación del gasto deducible de las retenciones del’IUĖ-Retenciones (12.5%), IVE-Retenciones (5%) e IT-Retenciones (3%), RC-IVA (13%) e (UE-BE (12.5%), la Administración Tributaria observó la deducibilidad por tratarse de impuestos indirectos, no obstante en ninguna parte del acto impugnado se señala cual es la normativa que establece que la retención de un impuesto indirecto no debe ser considerado como deducible. Para Sinchi Wayra como comprador, el monto de la retención forma parte del precio total que paga, independientemente de que un porcentaje se vaya al fisco y el saldo se pague al vendedor, es decir que para el afao comprador constituye un costo y se considera el 100% como gasto deducible; al efecto calidad cita los artículos 14 y 18 del DS 24051. 

IQNet Resalta que los impuestos indirectos no pueden ser reconocidos como gasto, toda vez que lo retenido proviene del vendedor y es inmediatamente transferido al fisco, sin embargo, las retenciones no tienen el mismo sentido, ya que el agente de retención 

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no es el vendedor, sino el comprador y de hecho las retenciones forman parte del precio pagado al proveedor (persona natural o profesional independiente que no emite factura). Si se desconoce la deducibilidad de estas retenciones, implica desconocer el acuerdo al que llegaron ambas partes, con el efecto de declarar como ilegítimos los acuerdos civiles entre las partes, facultad que no posee el SIN. 

El no permitir la deducibilidad significaría introducir en el ordenamiento jurídico una restricción de deducción, atentando el principio de legalidad previsto en el artículo 6 de la Ley 2492, añade que ente fiscal no demostró que Sinchi Wayra esté asumiendo impuestos no relativos a su operación, o que tenga gastos no vinculados con su fuente generadora de ingresos y como prueba de lo manifestado se tiene que tanto el monto pagado a los proveedores así como las retenciones forman parte del precio de los servicios contratados, los cuales están registrados en una cuenta de gasto

Si bien el monto observado es Bs 10.009.751.- (IUE-12.5%), Bs2.129.514 (IUE-5%), Bs13.046.737 (IT), B$907.462.– (RC-IVA 13%), Bs22.186.645.– (IUEBE 12.5%) en el expediente solo se encuentra soportes por Bs2.690.248.- (IUE-5%), Bs719.356.- (IT Retenciones 3%), Bs505.017.– (RC-IVA 13%) y Bs2.766.225.- (IUEBE 12.5%) lo cual demuestra un error en la determinación o en el escenario más benigno, la aplicación de la base presunta diferente a la base cierta alegada por el ente fiscal. Aparentemente la determinación fue realizada a través de cuentas donde se registraron las retenciones o un simple análisis de los formularios de retención, infiriendo que las retenciones tuvieron incidencia directas en los resultado, lo cual significa una presunción excesiva, toda vez que existe algunas compras sin factura y con retenciones, las cuales se registran como activos, como es el caso de las “Obras en curso, Materiales; al respecto, en la etapa de pruebas, se presentará otros casos que demuestran que no todas las retenciones impactan en los resultados

En relación a la apropiación del gasto deducible del IVA menos el 13% se observó que el crédito fiscal de las compras fueron consideradas como parte del gasto deducible, al respecto advierte que el anexo 5.1 de la Resolución Determinativa existe una gran cantidad de operaciones que no corresponden a facturas por prestación de servicios o compra, es decir no consideró que estas cuentas son transitorias y forman parte del sistema SAP -Obras en Curso; al efecto mediante ejemplos expone la forma de 

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contabilización de este tipo de transacciones. 

Se observó apropiación en exceso en el gasto deducible de la cuenta Arrendamiento Mina Porco, al respecto-de-debe tomar en cuenta lo dispuesto en el Contrato de arrendamiento, el cual establecía que el monto debía ser calculado en base a la cantidad explotada de mineral y otros factores de forma anual; al efecto, el arrendatario debía preparar una liquidación para el pago de dicho arrendamiento; sin embargo, la observación del ente fiscal se centra en la diferencia que existe entre las facturas emitidas por Comibol y el gasto registrado por Sinchi Wayra SA, cuyos datos son estimativos en el marco de la norma contable N° 1 del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad – CTNAC, la cual es aceptada para fines tributarios: 

En lo que se refiere a la apropiación del gasto deducible de los Gastos por concepto de Subsidios Prenatal y Posnatal, señala que este tipo de Gastos no son considerados como gastos sujetos a devolución en los procesos de verificación de devolución impositiva, bajo el razonamiento de que no son gastos vinculados con la actividad exportadora; si esta es la lógica para depurar e crédito fiscal, no es lógico que los gastos no sean deducibles en la determinación del IVE conforme lo establece el parágrafo 1 del artículo 14 del DS 24051. Por otra parte, menciona que el precio total.. de compra no puede ser tomado en cuenta como gasto deducible del TUE, sin embargo de manera errónea el SIN depuró el 100% de los_importes considerados como. deducibles y no solo el 13% que corresponde al IVA; dicho de otra manera, solo debía depurar el 13%, toda vez que el 87% fueron efectivamente pagados. 

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De la misma manera observó el gasto deducible bajo el concepto de facturas de gestiones anteriores, aseveración que resulta falsa ya que consta en antecedentes administrativos que las facturas exponen las fechas de emisión, mismas que no fueron valoradas en el proceso de la verificación. En cuanto a los gastos sin respaldo de afao medios probatorios, el fisco exige medios de prueba emitidos por entidad financiera, coridade desconociendo los comprobantes contables, medios plenamente válidos que demuestran la legitimidad de la transacción; al respecto cita la RND 10-0011-11 QNet referido al respaldo de pago para importes mayores a Bs50.000. 

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En cuanto a los gastos sin documento original de respaldo, refiere que tal aseveración 

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es falsa, ya que puso a disposición del SIN todos los comprobantes contables, incluidas las facturas originales y sus respaldos, mismos que no fueron incluidos por el fiscalizador en el cuerpo de antecedentes, por tanto dichos descargos no fueron valorados, como prueba adjunta al presente recurso las facturas originales; asimismo aclara que los documentos originales existen en empastados, cuyas fotocopias legalizadas fueron proporcionadas al fiscalizador; asimismo destaca que si las facturas 

no se encuentran dosificadas o los NIT se encuentran en estado inactivo, corresponde a la Administración Tributaria efectuar las tareas de investigación y no atribuir esa 

responsabilidad a la empresa Sinchi Wayra SA. 

En relación al gasto no vinculado a la actividad gravada, señala que las facturas cumplen con todos los requisitos necesarios para su validez, además los conceptos descritos se encuentran dentro el rango de lo que establece la norma, ya que el artículo 47 de la Ley 843 considera como gastos necesarios los que tienen que ver con labores de responsabilidad social de la empresa y que están vinculadas directamente a la formación y esparcimiento de los trabajadores y sus familias y sin cuya ejecución sería muy difícil trabajar en los centros mineros, por tanto se constituyen en actividades 

destinadas al mantenimiento de la fuente. 

En lo que concierne a los gastos por Remesas al Exterior, sin retenciones IUEBE el ente fiscal señaló que Sinchi Wayra SA, no efectuó las retenciones por compras de servicios en el exterior y que se validó dichos gastos como deducibles, aspecto que resulta un exceso, ya que la misma Administración Tributaria de forma paralela en otra determinación específica para el IUE-BE, determinó un reparo en contra de Sinchi Wayra por no haber procedido con la retención en las mismas operaciones que están siendo observadas en el presente caso. Por otra parte aclara que el IUE-BE, conforme normativa vigente se sujeta al principio de fuente y que la exportación convergen varios aspectos como son la manipulación, el transporte, trámites aduaneros, gastos de estiba portuaria, asimismo son necesarios el transporte del mineral en ferrocarril de empresas que se encuentran en territorio Chileno, también son necesarios los análisis de mineral a cargo de SGS Perú, supervisión de pesajes muestreo análisis físico químicos a cargo de Alex Stewart Intercorp – Chile y Cia Ltda, entre otros; por tanto, el servicio es prestado en el exterior del país, consecuentemente no deben estar sujetos a la retención del (UEBE; al respecto efectúa una conceptualización teórica de la renta 

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de fuente Boliviana y el origen de fondos, cita el artículo 42 de la Ley 843 y concluye que efectuar las retenciones en esas condiciones se estaria realizando una doble imposición, por un lado la jurisdicción extranjera que grava sus propios impuestos y por otro, la jurisdicción-boliviana, que pretende gravar el mismo hecho generador, basados en el principio de fuente.. 

En cuanto a los intereses moratorios, observación que surge del incumplimiento en el pago de tributos en el plazo establecido, cuyo importe a criterio del ŠIŅ no sería deducible a efectos de la determinación del TUE, al respecto aclara que el ente fiscal utiliza mal el término “intereses en mora” con el fin de vincular con el concepto de morosidad, sin embargo, el interés en esencia emerge por el retraso en el pago y es totalmente válido como gasto deducible, puesto que es un gasto necesario para el contribuyente;–sin embargo-contrariamente .al-argumento de la Administración Tributaria, el artículo 14 del DS 24051, no establece que no sean deducibles los montos : pagados como intereses al SIN, solo refiere a las sanciones y multas originadas por morosidad, pero no a los intereses por mora. En el presente caso se pagó las ; sanciones y multas emergentes de la mora, las cuales no fueron consideradas como gasto deducible, pero los montos pagados por intereses, no son alcanzados por la exclusión a la que se refiere el citado artículo, por tanto el ente fiscal -realiza una… indebida aplicación de la normativa tributaria en la determinación de los tributos. 

– 

L . L . En lo que concierne a los Gastos por “Armonización Derechos de Llave”, la Administración Tributaria observa que el gasto deducible no se encuentra respaldado con comprobante contable, a este respecto cuando se realiza una compraventa de una sociedad, se fija un monto global, forma de pago, número de cuotas y fechas de pago. Mediante escritura de transferencia de cuotas de capital se acordó la forma de pago y las fechas para este cometido; al efecto se presentó al SIN en calidad de pruebas voucher bancarios, sin embargo no valoró tal información; asimismo aclara que fue una afao trasferencia de cuotas de capital y no se trata de una “Concesión Minera”, como localidad interpreta el ente fiscal, en suma ‘no puede objetar cuestiones que no son de su r competencia y menos utilizar ese argumento para desvirtuar los descargos IQNet presentados. 

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AFNOR CCRLIFICATION 

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En cuanto a la observación referida a los “Pagos por concepto de seguro delegado”, 

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ILI 

II 

hace notar que la sociedad tiene autorización para realizar tal actividad, la financia integramente con el aporte del 10% de la planilla de sueldos y salarios. Dado que el seguro delegado no tiene personalidad jurídica, Sinchi Wayra SA, incluye al personal involucrado en el seguro médico en sus planillas los aportes y el RC-IVA, hecho que es de conocimiento del seguro delegado y el Fisco, cuyos datos solo de manera expositiva se detalla en el Anexo No 6 relacionada al RC-IVA dependiente. Por su parte en el Anexo 7 se incorpora al personal de Sinchi Wayra SA, sin incluir al personal del seguro delegado. En calidad de descargos se presentó toda esta información, más lo registros contable, no obstante en el proceso de la fiscalización, esta documentación no fue valorada. 

La observación de la cuenta “Otras regularizaciones para imputar gastos deduciblesrefiere que las vacaciones, primas e intereses pagados en la gestión 2011 no corresponden a la liquidación del UE de la gestión fiscalizada, al respecto aclara que estos conceptos son pagados una vez que se consolida el derecho a percibirla, por tanto estos conceptos fueron declarados en la gestión fiscalizada. El artículo 47 de la Ley y el F-598 contemplan la posibilidad de registras tales regularizaciones; prueba de ello adjuntó documentación que demuestra que este gasto no fue objeto de deducibilidad en la gestión 2011, aspecto que no fue comprendido por el Fisco. En cuanto a la determinación de la Alícuota Adicional del AAIUE F-585 sobre base cierta y presunta, la Administración Tributaria de manera indebida determinó la existencia de 

una deudo por este concepto, el cual fue desvirtuado a partir de los descargos 

presentados en el proceso de la fiscalización y por lo expuesto en el presente Recurso. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa N° 171829000834 (SIN/GGLPZ/DJCC/TU/RD/00224/2018) de 26 de junio de 2018. 

11.2 

Auto de Admisión 

El Recurso de Alzada interpuesto por María De Las Mercedes Carranza Aguayo, en representación legal de la empresa Sinchi Wayra SA fue admitido por Auto de 27 de julio de 2018, notificado mediante cédula el 7 de agosto de 2018, tanto a la administración tributaria como a la empresa recurrente, fojas 618-626 de obrados. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Celideth Ochoa Castro conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031800000458 de 25 de junio de 2018, por memorial presentado el 22 de agosto de 2018, cursante a fojas 629-647 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

Aclara que la fuente de información obtenida para la determinación de la base imponible puede provenir de la documentación presentada por el sujeto pasivo, de los archivos del ente fiscal o de terceros; se debe considerar si se cuenta con elementos que permiten conocer con certeza indubitable la existencia y cuantía de la obligación, entonces la determinación es sobre base cierta; caso contrario, cuando la Administración no obtiene del sujeto-pasivoo de otras fuentes los elementos certeros para efectuar la déterminación y emplea’ hechos; y sucesos que por su vinculación o conexión con las circunstanciás fácticas que las leyes tributarias prevén.como hechos imponibles, i permiten deducir la existencia de la obligación, en ese caso, la determinación es sobre base presunta. En ese sentido, conforme lo establecido en los parágrafos lyil del articulo 43 de la Ley 2492, la Administración Tributaria se encuentra facúltada para determinar obligaciones del sujeto pasivo, utilizando los métodos-de-base cierta y base presunta; aspecto concordante con el parágrafo del artículo 96 del mismo cuerpo legal, que dispone que en la vista de Cargo se fijará la base imponible sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, conteniendo la liquidación previa del tributo adeudado, por lo afirmado en el citado artículo no se limita : a la utilización de un solo método de determinación dentro de un procedimiento, lo señalado se verifica en la Resolución Determinativa impugnada que expone de manera separada la liquidación del adeudo tributario determinado en sobre base cierta y la determinada sobre base presunta, al efecto cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0417/2015 de 17 de marzo de 2015. 

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Calidad AFROR CCATIFICATION 

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IQNet 

Al contar con información proporcionada por el propio contribuyente y la obtenida de terceros referente a las operaciones, permitió efectuar la determinación sobre base cierta; observó 21 transferencias bancarias efectuadas por la Compañía Minera Colquiri SA, en favor del contribuyente, que no se encuentra debidamente sustentados y que no reflejan la verdad material de las transacciones y sobre las cuales no presentó 

Jan Cortos Guzrilen Ry23 

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ninguna documentación valida que desvirtué la observación, el importe identificado se constituye en ingresos presuntos; por lo señalado se puede establecer que aplicó de forma apropiada el método sobre base presunta por ingresos no declarados.

De la prescripción invocada por el recurrente, señala que los periodos sujetos a fiscalización se encuentran por demás comprendidos dentro el plazo para el proceso de determinación de la deuda tributaria, aclara que la interpretación del recurrente se aplicaría siempre y cuando se hubiera consolidado con anterioridad de la entrada en vigencia de las Leyes 291, 317 y 812; en el presente caso el derecho no perfeccionado es susceptible de modificación legal, al estar vigentes las modificaciones de la Ley 2492 por las Leyes 291, 317 y 812 corresponde su aplicación; por lo que el término para determinar la deuda tributaria prescribe a los ocho (8) años, es decir que las facultades aún no han prescrito. 

Sobre las nulidades del trabajo de fiscalización, aclara que los descargos presentados por el sujeto pasivo dentro el plazo otorgado en la vista de Cargo, fueron debidamente analizados y respondidos en el acto administrativo definitivo, que de forma clara y fundamentada responde de forma individual a cada uno de los argumentos expresados por el recurrente; de la misma manera en la Resolución Determinativa aclaró que los Anexos 1 al 4 adjuntos tanto a la Vista de Cargo como al acto definitivo ahora impugnado, corresponden solo a una muestra de las operaciones observadas referidas a retenciones por diferentes conceptos. Estos anexos reflejan una muestra, es decir, solo una parte de las transacciones observadas, sin embargo el Cuadro Resumen de Reparos consigna la totalidad de las retenciones por diferentes conceptos y que están respaldadas en las Declaraciones Juradas de Retenciones presentadas por el sujeto pasivo. En ese entendido, al exponer en los anexos citados solo una muestra aspecto que se aclaró en los actos administrativos citados, y que no reflejan el mismo importe, toda vez que se incluye la muestra de los anexos más el resto de las transacciones observadas por concepto de retenciones, por lo señalado el contribuyente tuvo conocimiento preciso de la muestra consignada por lo que no puede argumentar indefensión. 

Respecto al incumplimiento del plazo previsto en el artículo 104 V de la Ley 2492, la norma no hace referencia a un plazo fatal o perentorio, por lo que en aplicación de lo 

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dispuesto en el parágrafo Ill del artículo 36 de la Ley 2341, no se puede establecer la caducidad de las facultades del ente fiscal si la norma particular no ha otorgado perentoriedad al plazo para la conclusión de la fiscalización; en nuestro ordenamiento jurídico señala para que exista nulidad de-un-acto, deben ocurrir los presupuestos previstos en los artículos 35-1 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo y 55 del Decreto Supremo 27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, es décir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. 

Evidenció la existencia de 21 transferencias bancarias recibidas de la Compañía Minera Colquiri SA, entre octubre 2011 a septiembre de 2012, observo quèlos mismos no corresponden a pagos por concepto del contrato Overhead suscrito el 30 de septiembre-de-2008, pagos– que-fueron-..conciliados..entre ambas empresas y reconocidos por el sujeto activo, es decir que las transferencias observadas corresponden a otro tipo de transacciones no documentadas ni respaldadas que generan la presunción de ingresos no declarados. 

Sobre los gastos deducibles referidos a las retenciones que fueron empozadas por el contribuyente a favor del fisco mediante declaraciones juradas formularios 570, 410,--.. 604 y 530, pero que también fueron registrados como parte del gasto deducible, incurriendo en la apropiación indebida de las retenciones (impuestos indirectos), motivo por el cual realizó el ajuste; se debe entender que el contribuyente al actuar como agente de retención de los pagos efectuados por compras y servicios, no se puede beneficiar de las retenciones pagadas como un gasto propio, debido a que estas obligaciones corresponden a sus proveedores en quienes se verificó el hecho generador. 

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En relación a la apropiación del gasto deducible del IVA, los registros contables del sujeto pasivo no reflejan de manera independiente el importe correspondiente al 13% Guide del crédito fiscal; identificó un total de 5.361 comprobantes contables en los cuales se procedió a cargar contra el gasto deducible el importe por un total de Bs 1.344.362.-; IQNet aspecto que en el Anexo 5.1 se encuentra en detalle cada uno de los comprobantes DEALER observados; de la misma manera provisiono al gasto el canon del alquiler de la Mina Porco identificando una diferencia que fue cargada a los gastos deducibles de forma 

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T

indebida y que no fue revertida oportunamente, en el anexo 5.2 se detalla los comprobantes observados. 

Los gastos destinados a subsidio prenatal y postnatal, no fueron desagregados, debiendo apropiarse solo del 87% al gasto y no por el total de la compra, conforme se identificó en los registros contables; aspecto que fue reconocido por el contribuyente dando su conformidad, como se puede observar en los descargos presentados, la observación se encuentra en detalle en el anexo 6. Asimismo, se observó la cuenta No 1711101 observada en su totalidad, en la cual se procedió a cargar de manera errónea contra el gasto deducible el importe correspondiente al crédito fiscal IVA, el detalle se encuentra en el anexo 7 adjunto tanto a la vista de Cargo como a la Resolución Determinativa. 

Del análisis y revisión de la documentación contable, se identificó 208 comprobantes en los cuales se ha procedido a cargar contra el gasto deducible importes que incumplen la normativa tributaria; dichas facturas fueron observadas por los conceptos que se señalan en las aclaraciones de las observaciones contenida en la Resolución Determinativa, en el anexo 8 se encuentra en detalle cada uno de los comprobantes observados

Respecto al concepto de remesas al exterior, sin retenciones IŲE-BE, la Administración Tributaria no pretendió gravar operaciones que se encuentran fuera de la norma como erróneamente refiere el recurrente, dando solo cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 843; de la revisión de la documentación presentada por el sujeto pasivo se constaté que el contribuyente no efectuó la retención y pago del IVE-BE, en razón de que el impuesto debe ser pagado en el lugar donde los ingresos han sido generados o donde el bien se encuentra ubicado, sin considerar la nacionalidad ni el domicilio de los perceptores de la renta o de los propietarios de los bienes y al establecerse que se realizó el pago de servicios al exterior, a través de depósitos, estableciendo que dichos recursos salieron definitivamente del territorio nacional, debiendo entenderse como el criterio de fuente boliviana, conforme la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ 0354/2014 de 21 de abril de 2014 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0766/2012 de 3 de septiembre de 2012; que concluye 

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que el contribuyente no retuvo el 12.5% que la ley establece a sus beneficiarios al 

exterior. 

Los intereses moratorios-cargados al gasto deducible, cuya observación establecida en el acto administrativo definitivo, por pagos por vencimiento de plazos de los impuestos establecidos en la Ley 843 y en los que aplicó el artículo 47 de la Ley 2492; por lo que los intereses moratorios al no ser emergentes de la solicitud de un crédito o un financiamiento para el proceso productivo vinculado a la actividad, no están alcanzados por el artículo citado. 

Evidenció el gasto deducible de amortización de derechos de llave, que no tiene sustento del gasto, sin que se haya demostrado el efectivo gasto deducible a través del extracto bancario que permita-verificar-el-desembolso-del dinero pagado por dicho concepto incumpliendo los numerales 4 y 6 del artículo 70 de la Ley 2492. En relación : al Seguro delegado; la columņa D del Anexo N°6 corresponde al importe a resultados por coricepto de otros pagos, por lo que al haberse aceptado y reconocido el gasto del 10% del total de las planillas para seguro delegado, pretendió cargar nuevamente por el mismo concepto duplicando el gasto deducible. Efectuada la revisión del Anexo N°7 de la Información Tributaria Complementaria y la casilla 480 del, F-598, observó-el — orony concepto de otràs regulaciones que se refieren a gastos correspondientes a la gestión fiscal anterior, motivo por el cual no corresponde aceptar; dicho importe, como gasto , ” deducible del TUE de la gestión 2012. 

Producto de la verificación de la AA-IUE, se ha determinó la existencia de tributo omitido como resultados de la determinación de ingresos no declarados sobre base presunta y por concepto de gastos no deducibles sobre base cierta afectó el pago de la Alicuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas declaradas en el formulario 585

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Cilidad AFNOR CERTIFICATION 

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Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa No 171829000834 (SIN/GGLPZ/DJCC/TS/RD/00224/2018) de 26 de junio de 2018. 

IQNet 

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CLIENT 

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11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 23 de agosto de 2018, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaría a la empresa recurrente y a la Administración Tributaria el 29 de agosto de 2018; fojas 648-649 de obrados. 

Mediante memorial presentado el 5 de septiembre de 2018, la empresa recurrente presento perito, solicitó juramento y anunció presentación de pruebas de peritaje técnico; asimismo adjunto fotocopias simples de la cédula de identidad, matrícula y carnet del Colegio de Auditores de Bolivia del referido profesional; al efecto mediante proveido de 7 de septiembre de 2018, se señaló Audiencia de Juramento de Perito en la persona de Juan Pablo Vargas Ramos para el día jueves 27 de septiembre de 2018 a horas 15:30 en oficinas de Secretaria de Cámara de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, audiencia que fue realizada en la fecha y hora señalados conforme Acta de Juramento de Perito; fojas 650-657 y 685 de obrados. 

La Administración Tributaria mediante memorial de 18 de septiembre de 2018, ofreció, 

reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre-constituida adjunta al memorial de respuesta al Recurso de Alzada; al efecto por Proveído de 19 de septiembre de 2018, 

se dio por ofrecida y ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada a las partes en la misma fecha; fojas 658-659 y 676 de obrados. 

La empresa recurrente, por memorial presentado el 18 de septiembre de 2018 ratificó y presentó pruebas de reciente obtención, documentación referida a certificaciones emitidas por sus proveedores e informes periciales elaboradas por el perito y solicito se fije día y hora para juramento de reciente obtención; por Proveído de 19 de septiembre de 2018, se dio por ofrecida y ratificada la prueba documental y se fijó Audiencia de Juramento de Reciente Obtención para el día 4 de octubre de 2018 a horas 16:10 en oficinas de Secretaria de Cámara de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, audiencia llevada a cabo en la fecha y hora señalados conforme Acta de Juramento de Prueba de Reciente Obtención; fojas 661-675 y 686 687 de obrados. 

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Por memorial de 25 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria objeto la presentación de pruebas de peritaje técnico vulnerando el principio de igualdad de partes; por Proveído de 26 de septiembre de 2018, se manifestó que lo señalado se considerará a momento de emitir la correspondiente Resolución de Recurso de Alzada, fojas 678-680 de obrados. –. 

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11:5 Alegatos La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, présentó alegatos ratificando los extremos señalados a momento de responder el Recurso de Alzada, objetando la presentación de prueba; por Provėído de 10 de octubre de 2018, dio por formulados los alegatos, respecto a la objeción de prueba se considerará a momento de emitir la correspondiente resolución, fojas 690-692 de obrados. 

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Sinchi Wayra SA, mediante memorial de 8 de octubre de 2018, reiteró los argumentos planteados en el Recurso de Alzada, como también la prueba documental presentada, refiriéndose a los informes emitidos por el perito, aspectos que desvirtúan las observaciones de la Administración Tributaria; por Proveído de 10 de octubre de 2018, dio por formulados los alegatos, 693-722 de obrados. 

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tí. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 31 de agosto de 2016, notifico mediante cédula a Luis Felipe Hartmann Luzio representante legal de Sinchi Wayra SA, con la Orden de Fiscalización No 16990100120, con alcance a la verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – IUE y la Alícuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas AA-IUE de los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2011 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, afaq junio, julio, agosto, septiembre 2012; requiriendo al efecto la presentación de la calidad documentación detallada en el F-4003 Requerimiento No 00098194 y Anexo al II Requerimiento de Información de 26 de agosto de 2016, fojas 2 y 6-26 de antecedentes IQNet administrativos. 

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Mediante nota cite: SW473/2016 de 16 de septiembre de 2016, María De Las Mercedes Carranza Aguayo en representación legal de Sinchi Wayra SA solicitó ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida mediante F 4003 N° 00098194 y Anexo a Requerimiento de Información. Al efecto la Administración Tributaria emitió el Auto N° 25-0664-2016 de 20 de septiembre de 2016, otorgando el plazo adicional de 10 días para presentar los documentos solicitados;. documentación que fue presentada mediante Acta de Recepción de Documentación 

de octubre de 2016, fojas 28-29, 34-35 de antecedentes administrativos. 

El ente fiscal emitió Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00128244, 00128243 y 00128086 por entrega parcial de la documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de verificación, aspecto que contraviene los numerales 4 y 6 del artículo 70 de la Ley 2492; aplicando una multa de 1.000 UFV’s establecida en el sub numeral 4.2 del Anexo I de la RND 10-0033-16, haciendo un total de 3.000 UFV’s; asimismo, emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00128242 por la presentación fuera de plazo del formulario 585 de la Alicuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, contraviniendo el artículo 1 del Decreto Supremo 25619 y la RND 10.0031.08, aplicando una multa de 100 UFV’s, establecida en el sub numeral 2.1 del Anexo I de la RND 10-0033-16; fojas 358-360 de antecedentes administrativos. 

Resultado del proceso de verificación el 16 de abril de 2018; la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291829000098, contra Sinchi Wayra SA, estableciendo preliminarmente obligaciones tributarias sobre base presunta de 43.883.218 UFV’s por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y la Alícuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE) de los periodos fiscales octubre, noviembre y.diciembre 2011 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2012, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago; y sobre base cierta el importe de 16.994.296 UFV’s por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y la Alicuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE) de los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2011 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2012, más intereses, sanción preliminar de omisión de pago y multa por incumplimiento 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

a deberes formales; actuación notificada mediante cédula a María De Las Mercedes Carranza Aguayo representante legal de Sinchi Wayra SA, el 24 de abril de 2018, fojas 6930-7116 de antecedentes administrativos. 

Mediante nota cite: SW-215/2018 de 24 de mayo de 2018, la representante legal de Sinchi Wayra SA, -presentó argumentos y documentación de descargo a la vista de Cargo N° 291829000098, consistente en 522 fojas referidas a cada una de las observaciones emitidas en el acto administrativo preliminar, solicitando dejar sin efecto las mismas, fojas 7119-7152 de antecedentes administrativos. 

  • La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 26 de junio de 2018, emitió la Resolución Determinativa N° 171829000834 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/00224/2018) .contra—la-empresa- Sinchi Wayra SA, estableciendo obligaciones tributarias sobre base presunta de 43.883.217 UFV’s por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y la Alícuota Adicionál al Impuesto sobre las ‘Utilidades de las Empresas (AA-IUĖ) de los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2011 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto ý septiembre 2012, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago y sobre base cierta el importe de 16.994 295 UFV’s por el Impuesto sobre las Utilidades–.my de las Empresas (IUE) y la Alícuota Aậicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE) de los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2011. y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2012, más intereses, sanción preliminar de omisión de pago, así como la multa de 3.100 UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecida en las Actas de Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00128244, 00128243, 00128242 y 00128086; actuación notificada mediante cédula a María de las Mercedes Carranza Aguayo en calidad de representante legal de Sinchi Wayra SA, el 29 de junio de 2018, fojas 7689-8062 de antecedentes administrativos. 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas 

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Juan Carlos 

Buzan Rut? 

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Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por María De Las Mercedes Carranza Aguayo en representación legal de Sinchi Wayra SA, la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

De inicio es necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó la revocatoria de la Resolución Determinativa N° 171829000834 (SIN/GGLPZDJCC/TJ/RD/00224/2018) de 26 de junio de 2018; sin embargo, de la lectura de su Recurso, se advierte que alude aspecto de nulidad, en ese contexto, siendo. obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará inicialmente la revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están 

legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser éstos evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo que también pudieran haber sido expuestas en los argumentos del Recurso de Alzada presentado. 

IV.1 VICIOS DE NULIDAD IV.1.1. Incumplimiento de Plazos El recurrente en su Recurso de Alzada y alegatos señala que la Administración Tributaria incumplió el numeral 11 del artículo 68 y numeral V del artículo 104 de la Ley 2492, toda vez que la Orden de Fiscalización fue notificada el 31 de agosto de 2016 y la Vista de Cargo emitida el 16 de abril de 2018, habiendo transcurrido 19 meses y 16 

días desde el inicio de la fiscalización hasta su finalización, por tanto, se evidencia una 

demora de 7 meses y 16 días, hecho que conlleva que la determinación es completamente extemporánea. 

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La Administración Tributaria señala respecto al incumplimiento del plazo previsto en el artículo 104 V de la Ley 2492, la norma no hace referencia a un plazo fatal o perentorio, por lo que en aplicación de lo dispuesto en el parágrafo III del artículo 36 de la Ley 

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2341, no se puede establecer la caducidad de las facultades del ente fiscal si la norma particular no ha otorgado perentoriedad al plazo para la conclusión de la fiscalización; en nuestro ordenamiento jurídico señala para que exista nulidad de un acto, deben ocurrir los presupuestos previstos en los artículos 35-1 de la Ley 2341 y 55 del Decreto Supremo Ņ-27113, es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados; al respecto corresponde el siguiente análisis: 

El numeral 2 del artículo 68 de la Ley 2492, manifiesta que constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

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El artículo 99-1 de la Ley 2492 (CTB) señala:”Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro, el plazo de sesenta (60 días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, i previa autorización de la máxima autoridad normativa-de-la— Açministración Tributaria. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo al determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el dia de la notificación con dicha resolución 

El parágrafo V del artículo 104, de la Ley 2492, establece que: Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una afao prórroga hasta por seis meses más..

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EI DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo aplicable supletoriamente en la materia por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, en su artículo 55 establece que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

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de la Calidad Cartificado N° 77/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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lesione al interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

En igual sentido las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004R y SC 1786/2004-R de 10. de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen que “...el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión...” 

En el contexto anterior, corresponde señalar que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos establecidos en la norma; la mera infracción del procedimiento establecido en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad por Ley no puede retrotraer obrados; en ese contexto, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa; esto implica, que sólo la falta de notificación en una de las formas establecidas por el artículo 83 del Código Tributario, así como los vicios respecto a los requisitos que debe contener el citado acto administrativo, están sancionados con la nulidad. 

La Sentencia Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre, señala que “… La pérdida de competencia por pronunciamiento de resoluciones fuera de los plazos procesales y la activación del recurso directo de nulidad se produce siempre que aquella esté expresamente señalada en la ley, al efecto recuerda que la Sentencia Constitucional 0014/2003CA, de 10 de enero de 2003, estableció: “Con relación a la supuesta pérdida de 

competencia de los recurridos, debe precisarse que no basta que una norma procesal establezca el término dentro del cual debe dictarse una resolución para que, en caso de 

incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto ocurra la norma procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad pierde competencia si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley para establecer la nulidad de los actos o resoluciones 

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de toda autoridad (…)“; de no producirse esta situación (pérdida de competencia expresamente señala por la ley) el recurso directo de nulidad no se activa ante pronunciamientos fuera de los plazos procesales. Linea jurisprudencial reiterada en el AACC 0037/2003-CA, 0124/2005-CA y en las SSCC 0025/2003, 0047/2003 y 0042/2005, 0061/2005, 0063/2005, entre otras.

Es pertinente señalar que el artículo 104 parágrafo V de la Ley 2492 señala que “Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses..”; asimismo, el artículo 99 de la citada norma legal establece que: “… Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se dictará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días...”, en ese sentido, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Orden de Fiscalización No 16990100,120,-el Formulario 4003.-Requerimiento de Información y su Anexo, fueron: notificados el 31 de agosto de 2016, conforme se advierte a fojas 2-26 de antecedentes administrativos; al respecto, cabe señalar que toda modalidad de fiscalización se inicia con la notificación; por consiguiente, la Administración Tributaria contaba con el plazo de 12 meses para emitir la actuación preliminar, que fenecía el 1’de septiembre de 2017; de manera posterior fue emitida la Vista de Cargo Vista de Cargo N° 291829000098 de 16 de abril de 2018 y notificada por cédula al representante legal del contribụyente el 24 de abril.—. de 2018, por consiguiente contó con el plazo de 60 dias vencido el plazo de descargos para emitir y notificar la Resolución Determinativa, acto administrativo que fue emitido el 26 de junio de 2018 y notificado a la empresa Sinchi Wayra SA el 29 de junio de 2018. 

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Del contexto anterior, es evidente la demora en la emisión y notificación del acto administrativo preliminar por parte de la Administración Tributaria quien debió dictar y notificar la vista de Cargo hasta el 1 de septiembre de 2017, conforme establece el numeral V del artículo 104 de la Ley 2492, plazo que pudo ser prorrogado de manera excepcional y previa la autorización de la máxima autoridad normativa de la afaq Administración Tributaria; sin embargo, la Vista de Cargo N° 291829000098, se emitió calidad con una demora de más de 8 meses; no obstante, lo señalado se entiende que STFR legalmente no está contemplada la nulidad de obrados por incumplimiento de plazos, es LQNet decir, que los plazos establecidos son términos que la Ley prevé para que los actos de las Administraciones tengan limites, pero si estos plazos son incumplidos, la Ley prevé otro tipo de previsiones, como el establecimiento de responsabilidad de los funcionarios actuantes, 

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en el entendido de que tanto la Ley 2341 como la Ley 2492, no señalan de manera expresa que la infracción de los plazos procedimentales menoscabe o extinga la competencia que tiene el Ente Fiscal, toda vez que el plazo asignado para esta actuación no es un término fatal sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio contra el o los funcionarios; a esto se suma las Sentencias Constitucionales Nos. 0014/2003-CA y 0100/2005, que establecen que la pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer la nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad, aspecto este que como se demostró no está contemplada en nuestro ordenamiento legal tributario

En el presente caso, se observó que en el procedimiento dispuesto por la Ley 2492, el plazo para la emisión de la Vista de Cargo, no es un requisito indispensable cuya inobservancia vicie de nulidad del acto, esto porque las disposiciones tributarias aplicables al presente caso no contemplan entre los requisitos de validez el plazo para su emisión, así como tampoco establecen que el incumplimiento de este plazo sea la caducidad, figura jurídica que no está contemplada en la Ley 2492; consecuentemente, no corresponde retrotraer obrados por esta causa. 

IV.1.2. Valoración de los Descargos La empresa Sinchi Wayra SA, representada legalmente por María De Las Mercedes Carranza Aguayo en su Recurso de Alzada y alegatos señala la Resolución Determinativa carece de fundamento, toda vez que el 5 de julio de 2018, el contribuyente solicitó copia del expediente, sin embargo el 19 de julio de 2018, recién se tuvo acceso a la información completa del expediente, documentación entre los que no cursa los descargos presentados mediante Nota SW-0215/2018 de 24 de mayo de 2018, en cuyo sello de recepción consta la entrega de 522 fojas, lo que muestra que la Administración Tributaria no valoró todos los descargos que fueron presentados de manera oportuna, vulnerando el derecho a la defensa y debido proceso. Al no considerar los descargos presentados y al amparo de lo dispuesto en el parágrafo ||| del artículo 96 y parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492 y de los incisos c) y e) del artículo 35 de la Ley 2341, solicita de forma subsidiaria la nulidad del acto ahora impugnado por adolecer de vicios de nulidad, ya que vulneran el derecho al debido proceso y a la defensa, consagrados en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado

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Continua señalando que los importes detallados en el “Cuadro resumen de reparos por concepto de gastos no deducibles determinados y depurados Form 598 IVE Minero” son diferentes a los montos de los anexos detallados, las cuales representan un motivo de confusión al momento de cuantificar los importes correctos aspecto que imposibilita asumir defensa plena además de poner en evidencia una falta de tecnicismo en la determinación, no obstante, las diferencias podrían deberse a un error en la determinación del supuesto tributo omitido o una determinación sobre base presunta contrariamente a lo expuesto en las paginas 1 al 11 de la Resolución Determinativa impugnada, en la cual se señala que se hizo la fiscalización sobre base cierta puesto que al parecer el fisco hizo un análisis superficial de los registros contables e infirió resultados. 

Señala que la Administración cuenta con amplias facultades de control, fiscalización y verificación para respaldar las presunciones y dar validez en busca de la verdad material y realidad económica; sin embargo, en abuso de sus facultades consideró como ingresos imponibles simples transferencias bancarias sin atribuir las mismas a i hechos imponibles concretos de acuerdo con su presunción, es decir, no efectuó una debida valoración de la prueba, así como una fundamentación respecto de la deuda tributaria, ya que no es suficiente solo mencionar sino demostrar de manera objetiva y clara su pretensión. No sólo debía limitarse a la documentación obtenida en el proceso de la fiscalización, sinó efectuar_procedimientos complementarios o solicitar información directamente a la empresa Colquiri a fin de probar que los depósitos efectuados corresponden a ingresos no declarados y respaldar el origen de la deuda tributaria, por tanto el acto administrativo se encuentra viciado de nulidad por no considerar los requisitos establecidos en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492; cita como precedentes administrativos las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0802/2018 y AGIT-RJ-1133/2014 y afirma que conforme al parágrafo del artículo 96 del Código Tributario, la base imponible debe fijarse sobre base cierta o base presunta afao . según corresponda, razón por la que considera que no se puede establecer un adeudo calidad 

tributario por un mismo impuesto utilizando las dos modalidades de determinación por ser excluyentes entre sí. 

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La Administración Tributaria, en su respuesta al Recurso de Alzada respecto de las nulidades del trabajo de fiscalización, aclara que los descargos presentados por el 

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sujeto pasivo dentro el plazo otorgado en la vista de Cargo, fueron debidamente analizados y respondidos en el acto administrativo definitivo, que de forma clara y fundamentada responde de forma individual a cada uno de los argumentos expresados por el recurrente; de la misma manera en la Resolución Determinativa aclaró que los Anexos 1 al 4 adjuntos tanto a la Vista de Cargo como al acto definitivo ahora impugnado, corresponden solo a una muestra de las operaciones observadas referidas a retenciones por diferentes conceptos. Estos anexos reflejan una muestra, es decir, solo una parte de las transacciones observadas; sin embargo, el Cuadro Resumen de Reparos consigna la totalidad de las retenciones por diferentes conceptos y que están respaldadas en las Declaraciones Juradas de Retenciones presentadas por el sujeto pasivo. En ese entendido, al exponer en los anexos citados solo una muestra aspecto que se aclaró en los actos administrativos citados, y que no reflejan el mismo importe, toda vez que se incluye la muestra de los anexos más el resto de las transacciones observadas por concepto de retenciones, por lo señalado el contribuyente tuvo 

conocimiento preciso de la muestra consignada por lo que no puede argumentar 

indefensión 

Observó 21 transferencias bancarias efectuadas por la Compañía Minera Colquiri SA, en favor del contribuyente, que no se encuentra debidamente sustentados y que no reflejan la verdad material de las transacciones y sobre las cuales no presentó ninguna documentación valida que desvirtué la observación, el importe identificado se constituye en ingresos presuntos; por lo señalado se puede establecer que aplicó de forma apropiada el método sobre base presunta por ingresos no declarados; al respecto corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: 1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos. 

  • El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 
  • pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 96 parágrafos I y III de la Ley 2492, señalan: 1. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa; procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, 

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de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda. 

El artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, dispone: La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido, será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará i de nulidad la Resolución Determinativa. 

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El artículo 36 de la Ley 2341 señala: 1. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico ‘distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el-defecto de—– forma sólo determinará la ảnulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin ó de lugar a la indefensión de los . interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del’acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. /V. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

El artículo 29 del DS 27113, establece: (FORMA). I El acto administrativo se expresará por escrito y consignará: 

afao c) Expresión clara y precisa del contenido de la voluntad administrativa. d) Motivación en los hechos y el derecho, cuando se exija este requisito. 

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El artículo 18 del DS 27310 establece: La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: 

  1. a. Número de la Vista de Cargo 

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  1. Fecha. C. Nombre o razón social del sujeto pasivo. d. Número de registro tributario, cuando corresponda. e. Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). f. Liquidación previa de la deuda tributaria. 9. Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

Compendio Normativo sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el 

Parágrafo I del Artículo 98 de la Ley N° 2492. n. Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

, El artículo 19 del DS 27310, dispone: La Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones aplicables al caso. 

Inicialmente, es necesario señalar que la indefensión producida por el accionar del ente público, supone la vulneración de los derechos fundamentales procesales como el, debido proceso a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones recogidos en la Constitución Política del Estado vigente en su artículo 115. Cabe indicar que el debido proceso implica que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa. El debido proceso debe ser entendido, como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la decisión pronta del. juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar

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De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Administración Tributaria en ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 66, 100, 101 y 104 de la Ley 2492, inició un procedimiento de fiscalización a Sinchi Wayra SA de acuerdo a la Orden de Fiscalización N° 16990100120, con alcance a la verificación de los hechos ylo-elementos correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – IUE y la Alícuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas AA-IUE de los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2011 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre 2012; al efecto solicitó documentación mediante Requerimiento N° 00098194 y Anexo al Requerimiento de Información, según consta a fojas 2-26 de antecedentes administrativos. 

Resultado del-proceso de verificación, emitió la-Vista de Cargo N° 291829000098, actuación que establece preliminarmente obligaciones tributarias sobre base presunta de 43.883.218 UFV’s por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y la? Alícuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-UE) de los, periodos’fiscales octubre, noviembre y diciembre 2011 y enero, febrero, marzo, abril, mayó, júnio, júlio, agosto y septiembre 2012, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago; y sobre base cierta el importe de 16.994.296 UFV’s por el Impuesto—.. sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y la Alícuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IVE) de los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2011 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2012, más intereses, sanción preliminar de omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, otorgando a la contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos, actuación notificada el 24 de abril de 2018. 

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En el término dispuesto por el articulo 98 de la Ley 2492, con Nota cite: SW-215/2018 de 24 de mayo de 2018, Sinchi Wayra SA presentó a la Administración Tributaria nota afao de descargo a la vista de Cargo realizando observaciones a la determinación y adjuntó calidad para este cometido documentación contenida a fojas 522, conforme cursa a fojas 7119. 7152 de antecedentes administrativos; posteriormente, la Administración Tributaria IQNet emitió la Resolución Determinativa N° 171829000834 LELAKSON (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/00224/2018) de 26 de junio de 2018, que en su parte considerativa señaló: “6…) que una vez concluido el plazo otorgado de treinta (30) días 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) . Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onorita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

establecido por el Art. 98 de la Ley N° 2492, computable a partir de la notificación de la Vista de Cargo (…) en fecha 24/04/2018, el contribuyente SINCHI WAYRA SA con NIT 1020161028 presentó argumentos y documentación de descaro a fojas 522. Para una mejor comprensión de lo argumentado por el contribuyente los puntos serán desarrollados y analizados (…)“; en ese sentido, concluyó estableciendo lo siguiente: “(…) Sobre la base de los descargos presentados por el Contribuyente mediante nota SW.215/2018 de fecha 24 de mayo de 2018 (NUIT-2796), con referencia a las Actas de Contravención Vinculadas al Procedimiento de Determinación se han valorado los argumentos y documentación de respaldo y se concluye con la confirmación y ratificación del reparo determinado. Que, por todo lo señalado se establece que los argumentos expuestos por el sujeto pasivo, no desvirtúan el cargo girado, manteniéndose firme y subsistente el reparo determinado en la vista de Cargo (…)” 

No obstante lo referido en el párrafo anterior y en consideración a los argumentos del Recurso de Alzada planteado por el recurrente en cuanto a la falta de valoración de la prueba presentada mediante Nota SW-0215/2018 de 24 de mayo de 2018, ante la Administración Tributaria; como también el argumento referido a que los importes detallados en el “Cuadro Resumen de Reparos por Concepto de Gastos no Deducibles determinados y depurados Form. 598 IUE Minero” difieren con los montos expuestos en los Anexos del 1 al 4, adjuntos a los actos administrativos, aspectos que vulneran el debido proceso y a la defensa dejando en estado de indefensión al sujeto pasivo; es ese sentido, es necesario puntualizar que los argumentos del recurrente refieren a dos 

aspectos de manera específica: . A) La existencia de diferencia entre los importes del cuadro resumen con los anexos citados y adjuntos en la Resolución Determinativa. 

  1. B) Falta de valoración de prueba (en la fase de determinación) así como de los .`descargos presentados ante la notificación de la Vista de Cargo; por lo que se tiene el 

siguiente análisis: 

  1. A) La existencia de diferencia entre los importes del cuadro resumen con los 

anexos citados y adjuntos en la Resolución Determinativa 

12 

27:

En cuanto a la observación del primer punto en relación a la existencia de diferencia entre los importes del cuadro resumen con los anexos citados y adjuntos en la 

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Resolución Determinativa, Sinchi Wayra en su Recurso de Alzada de manera puntual señaló que existen diferencias entre los numerales del 1 al 4 del Cuadro Resumen con los Anexos del 1 al 4, falencia que forma parte de la Resolución Determinativa impugnada, realizando el presente gráfico: 

: 3

‘ 

NO DEL CUADRO RESUMEN FJS 110E 

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. – 

IMPORTE SEGÚN ANEX 

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  1. DE REPARO

ESUNEN 

DIFERENCIA NO i CUADROS 

CUADRO RESUMEN I

** SEGU

IT

J USTIFICADA – ANEXOSS 

. JUE Retenciones compra de servicios’12.5

10.009.751,00 

10.009.751,00 JUE Retenciones compra de blenes 5% 

2.129.514,00 2.690.248,35 (560.734,34). 77 | IT Retenciones a las Transacciones 3

13.046.737,00 . 719.355,53 12.327.381,4799 RC-IVA Retenciones 13% 

907.461,54 505.017.25 402.444,29 105 JUE-BE Retenciones Beneficiarios Exterior 22.186.645,00 2.766.224,88 19.420.420,12 108 12.5% 

TOTAL 

48.280.108,54 6.680.846,01 41.599.262,53 Fuente: Observación detallada en el memorial de Recurso de Alzada página-595 de obrados **.. 

– 

Conforme a la observación expresada en el cuadro que precede, el ahora recurrente: mediarite, Nota cite: SW-0215/2018 de 24 de mayo de 2018, cursante a fojas 7119 7152 de antecedentes, administrativos, presentó ante la Administración Tributaria en el periodo de prueba a la Vista de Cargo y argumentó lo siguiente: “(…) debemos referir que los montos consignados en los anexos a la vista de Cargo no coinciden con los. montos detallados en las observaciones realizadas en la propia Vista de Cargo, asi como con los consignados en el “CUADRO RESUMEN DE REPAROS” que cursa en la página 9 de la Vista de Cargo. Dicha inconsistencia constituye una vulneración al derecho a la defensa del contribuyente, pues este no puede conocer a ciencia cierta la totalidad de las operaciones o transacciones que la Administración está observando, y 

  • por ende no puede asumir defensa cabal y adecuada (…)“; conforme lo señalado el sujeto pasivo .puso en conocimiento de la Administración Tributaria que la Vista de Cargo N° 291829000098, de 16 de abril de 2018, contiene incongruencias o diferencias en los importes establecidos en la presente determinación. 

afao 

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Calidad AFNOR CERTIFICATION 

ONe

С ува KOER 

En respuesta a dicha observación, la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa ahora impugnada únicamente puntualizó lo siguiente: “Cabe aclarar que los Anexos 1 al 4 adjuntos a la vista de Cargo, corresponden sólo a la muestra de las operaciones observadas referidas a retenciones por diferentes conceptos. Los anexos reflejan una muestra, es decir sólo una parte de las transacciones observadas, sin 

MANI

V B9 

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embargo el Cuadro Resumen de Reparos consigna la totalidad de las retenciones por diferentes conceptos y que están respaldadas en las Declaraciones Juradas de Retenciones presentadas por Sinchi Wayra SA. Por tanto, al exponerse en los Anexos 1 al 4 sólo una muestra, tal como se aclara en la vista de Cargo; el Cuadro Resumen de Reparos no refleja el mismo importe, toda vez que en este se incluye la muestra de 

los Anexos más el resto de las transacciones observadas por concepto de retenciones. 

  • Al haberse aclarado este aspecto en la vista de Cargo, el contribuyente tuvo 

conocimiento preciso de la muestra consignada en los Anexos 1 al 4 por lo que no 

puede argumentar indefensión” 

De la transcripción inextensa de la respuesta a la observación realizada por Sinchi Wayra S.A, si bien el ente fiscal dio una respuesta en la Resolución Determinativa impugnada, al argumento observado por el contribuyente, empero, no consideró que las observaciones a las que hace referencia el recurrente con relación a las diferencias entre los importes del Cuadro Resumen de Reparos con los importes de los Anexos del 1 al 4, subsisten aún; falencia que no solamente se encuentra plasmada en el acto administrativo definitivo ahora impugnado, toda vez que si nos remontamos al acto administrativo preliminar, de la revisión integral de la misma, esta tampoco expresa de manera clara y objetiva las diferencias entre los importes del Cuadro Resumen de Reparos con los importes de los Anexos del 1 al 4, tal cual se evidencia en la Vista de Cargo N° 291829000098, que detalla lo siguiente

TI 

  1. 1. APROPIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL GASTO DEDUCIBLE DE LA RETENCIÓN DEL IUE- RETENCIONES (12.5%) POR Bs1.251.219.- Y DEL IUE RETENCIONES (5%) POR Bs106.476.– (...) Determinándose por tanto que existe observaciones por apropiación al Gasto Deducible de las Retenciones IUE sobre la compra de servicios de Bs1.251.219 (5%) y las Retenciones IUE sobre compra de bienes de Bs106.476 (5%). En el Anexo 1 y Anexo No 2 que forman parte del presente documento, se encuentra en detalle la muestra de cada uno de los 1.441 comprobantes contables observados del (UERetenciones sobre servicios y los 408 registros contables referidos a UE-Retenciones sobre bienes especificamente.2. APROPIACIÓN AL GASTO DEDUCIBLE DE LA RETENCIÓN DEL IT RETENCIONES (3%) POR Bs391.402.- (...), se establece que existen 

*** 

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AIT 

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observaciones por apropiación al gasto deducible de las retenciones del IT sobre la compra de bienes y servicios por un total de Bs391.402 (3%). En el Anexo N°1, Anexo N°2 y Anexo N° 3 que forman parte del presente documento se encuentra en detalle cada uno de los 1.441 comprobantes contables observados del IT Retenciones sobre servicios, los 408 registros contables referidos a IT-Retenciones 

sobre bienes y los 110 registros contables referidos al alquiler de bienes y muebles. 

  • 3. APROPIACIÓN AL GASTO DEDUCIBLE DE LA RETENCIÓN RC-IVA (13%) 

POR Bs117.970.- (…) Como resultado de la verificación de los registros contables se identificaron una muestra de 110 registros contables en los cuales se evidenció que se apropiaron al gasto las retenciones (impuestos indirectos) por concepto del RC-IVA; el total retenciones de RC-IVA apropiada al Gasto asciende a Bs117.970. En el Anexo No3 que forma parte del presente documento, se encuentra la muestra en detalle de cada uno de los-110 comprobantes contables observados. 4. APROPIACIÓN AL GASTO DEDUCIBLE DE LA, RETENCIÓN DEL IUE-BE (12,5%) POR, Bs2.773.331.- 4…) En el Anexo N° 4 que forma parte del presente 

documento, se encuentra en detalle cada uno de los 77 comprobantes contables, i verificados en calidad de muestra. 

– 

.- 

– 

– 

– 

– 

De lo transcrito en la parte más relevante de la Vista de Cargo No 291829000098,-si —- —; bien estableció de manera especifica la cantidad de comprobantes. observados, para cada uno de los argumentos numerados del 1 al 4, refiriendo que elírespaldo en detalle i de los comprobantes se encuentran adjuntos en los anexos citados precedentemente, los cuales forman parte de la Vista de Cargo y sirvieron de base a la Resolución Determinativa; sin embargo, de la comparación de las bases imponibles establecidas en el citado cuadro contrastado con los importes determinados en los Anexos del 1 al 4, resulta evidente que dichos importes no son iguales, conforme se expone en el siguiente cuadro: … 

afao 

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AFNOR CATIFICATION 

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Base Imponi 

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Base imponibles 

observada 

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l os Anexos:1

” 

SU 

109 

alicuota 

QQNet 

D=A* alicuota del impuesto 

14H 

LEGAL Rval. EV B 

  1. APROPIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL GASTO DEDUCIBLE DE LA RETENCIÓN DEL IVE 

4014114 IUE Retenciones compra de Servicios 12.5% 

1.251,219 

Anexo N° 1 

2.690,248,35 

2.690.249301 

10.009.751,00 ;- 

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719.355, 

53 

19.355,53 

2690248,35 719355,53 505017,25 

.914.621,13 

RETENCIONES (12.5%) POR 4014113 IUE Bs1.251.219.Y DEL JUE Retenciones 

-2.129,514,00 

106.47

Anexo N° 2 RETENCIONES (5%) POR compra de bienes B$106.476

5% 2. APROPIACIÓN AL GASTO DEDUCIBLE DE L

4014112 RETENCIÓN DEL IT. 

Anexos Nos. 1, 2.y Retenciones a las 13.046.737,00 

391.402 RETENCIONES (3%) POR Transacciones 3% B$391.402 3. APROPIACIÓN AL GASTO DEDUCIBLE DE L

4014116 RC-IVA RETENCIÓN RC-IVA (13%) 

117.970 Anexo No 3 POR B$117.970. 4. APROPIACIÓN AL GASTO 

4014115 JUEBE DEDUCIBLE DE L

Retenciones 

22.186.645,00 2.773.331 Anexo No 4 RETENCIÓN DEL JUEB

Beneficiarios (12.5%) POR Bs2.773.331. 

Exterior 12.5

TOTAL 

48.280.108,54 4.640.397,31 Fuente: Elaboración propia – basada en datos de la Vista de Cargo N° 291829000098. 

907.461;541 

505.017,25 

*505.017,25 

Retenciones 13% 1. 

2.766.224,88 

.766.224,88 

10.595.467,14 

Del cuadro precedente, se advierte que los numerales del 1 al 4 del “Cuadro Resumen de Reparos por Concepto de Gastos no Deducibles determinados y depurados Form. 598 IUE Minero”, el ente fiscal observó específicamente las cuentas contables de gastos Nos. 4014114, 4014113, 4014112, 4014116 y 4014115 expuestos en la página 9 de la Vista de Cargo 291829000098, cursante a fojas 6938 de antecedentes; por los cuales señalo, que de la revisión y análisis de la documentación contable fas Retenciones por compra de bienes, pago de servicios, RC-IVA retenciones y retenciones beneficiarios al exterior, fueron empozadas al fisco pero no debieron apropiarse el 100% del gasto como gasto deducible; efectuada esa aclaración es pertinente señalar que la Administración Tributaria debió respaldar en los Anexos el 

importe total observado de Bs48.280.108,54 conforme el cuadro precedente, empero 

los citados Anexos solamente describen las transacciones observadas que alcanzan a Bs 10.595.467,14 existiendo evidentemente diferencias en las bases imponibles determinadas 

Del análisis expuesto y la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que las observaciones numeradas del 1 al 4 no se encuentran debidamente 

respaldadas en los Anexos 1 al 4; en consecuencia, al existir diferencias entre las 

bases imponibles señaladas, que si bien fueron explicadas por el ente fiscal señalando que se debe a una muestra considerada en los Anexos, sin embargo, esta situación genera incertidumbre en el contribuyente debido a que solo sustenta una parte del ajuste de los gastos observados, suñado a ello no explica las razones para sustentar solamente una parte de las observaciones, no obstante que el contribuyente presentó documentación al efecto adjunta a fojas 3435 y 520-1410 de antecedentes 

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administrativos, lo que revela ausencia de una valoración integral de la prueba aportada por el sujeto pasivo, generando una vulneración al debido proceso en su esfera de una falta de fundamentación del acto impugnado, y repercute en una afectación al derecho a la defensa.*** *… 

En relación a la fundamentación de toda resolución administrativa, el Tribunal Constitucional. Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1469/2013 de 22 de agosto señaló lo siguiente: …la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantia jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica ủna argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador à asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación”. 

De acuerdo a la Sentencia Constitucional antes mencionada; se tiene que la.–.om fundamentación de actos administrativos no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo; en... cuanto a esta segunda la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados pero que en definitiva exprese las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión para que de esta manera se pueda decir que se ha cumplido las normas del debido proceso; aspectos que precisamente no se advierten en el acto administrativo analizado conforme a los extremos señalados, toda vez que se limita a señalar que los citados anexos difieren al tratarse de una muestra de lo observado; en ese sentido, no consideró que la deuda tributaria debe sustentarse afao en un análisis integro que contemple todos los hechos y transacciones observadas, calidad complementadas con una explicación técnica y legal específica de las transacciones ANTET de gastos ajustadas, aspectos que no se evidencian en el presente caso y que afectan IQNet a la fundamentación de la Resolución Determinativa impugnada, además de afectar el SENTINES derecho a la defensa material y técnica del ahora recurrente, por lo señalado es evidente la existencia del argumento observado por el recurrente en este punto. 

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VVOB 

/Juan Carlos 

BUAT Ruiz

1980 

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  1. B) Falta de valoración de prueba (en la fase de determinación) así como de los 

descargos presentados ante la notificación de la Vista de Cargo. 

En cuanto al segundo punto observado referido a la falta de valoración de la prueba, el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada señala que la Administración Tributaria cuenta con amplias facultades de control, fiscalización y verificación para respaldar las presunciones y dar validez en busca de la verdad material y realidad económica; sin embargo, en abuso de sus facultades consideró como ingresos imponibles simples transferencias bancarias sin atribuir las mismas a hechos imponibles concretos de acuerdo con su presunción, es decir no efectuó una debida valoración de la prueba, así como una fundamentación respecto de la deuda tributaria, ya no es suficiente solo mencionar, sino demostrar de manera objetiva y clara su pretensión. No solo debía limitarse a la documentación obtenida del sujeto pasivo 

en el proceso de fiscalización, sino efectuar procedimientos complementarios de 

control y solicitar información directamente a la empresa Colquiri que realizó las transferencias bancarias a favor de la empresa Şinchi Wayra SA. 

La Administración Tributaria en su respuesta señalo que observó 21 transferencias bancarias efectuadas por la Compañía Minera Colquiri SA, en favor del contribuyente, que no se encuentra debidamente sustentados y que no reflejan la verdad material de las transacciones y sobre las cuales no presento ninguna documentación válida que desvirtué la observación, el importe identificado se constituye en ingresos presuntos; por lo señalado se puede establecer que aplicó de forma apropiada el método sobre base presunta por ingresos rio declarados; al efecto se tiene el siguiente análisis: 

De la lectura de los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria, la observación en el presente caso radica en que estableció los reparos determinados sobre Base Presunta, que se originan en los ingresos en las cuentas bancarias, sin que el contribuyente haya dado cumplimiento con lo establecido en el numeral 4 del artículo 70 de la Ley 2492, en relación a cada una de las 21 transferencias bancarias, que permiten establecer la determinación de Ingresos no Declarados. Asimismo determinó sobre Base Cierta por concepto de gastos deducibles que fueron observados. Adicionalmente producto de la verificación de la AA-IUE, que es emergente de los conceptos observados referidos a los ingresos y gastos; se 

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AITY 

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determinó la existencia de tributo omitido por la Alícuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE), como resultado de la determinación de ingresos no declarados en base presunta y por concepto de Gastos no Deducibles sobre base cierta, aspectos que fueron expuestos de manera separada, en las liquidaciones sobre base presunta y sobre base cierta conforme se observa en la Vista de Cargo N° 291829000098 cursante a fojas 6930-7116 de antecedentes administrativos. 

A esta observación realizada por la Administración Tributaria, el recurrente Sinchi 

  • Wayra SA, argumentó en su Recurso de Alzada que no existe fundamento legal para 

la aplicación de la determinación sobre base presunta, toda vez que consideró como ingresos imponibles simples transferencias bancarias sin atribuir las mismas a hechos imponibles concretos; al efecto, la Vista de Cargo en las partes más relevantes señalo lo siguiente: “...), se solicitó al contribuyente Sinchi Wayra SA aclarar, respaldar, documentar y sustentar mediante contratos, adendas, compromisos, entrega de mineral 0,’pagos a cuenta u otro sustento material el motivo por el cual la Compañía, Minera Colquiri SA con NIT 1006845026, ha procedido a efectuar 21 transferencias bancarias en favor de Şinchi Wayra SA (…) en sus cuentas bancarias del Banco de Crédito de Bolivia S.A., Banco Unión S.A., Banco Mercantil Santa Cruz S.A., Banco -.. Nacional de Bolivia S.A., Banco BISA S.A. y finalmente al CITY BANK (…) el detalle de las citadas transferencias son detalladas en el siguiente cuadro: .. 

REPAROS DETERMINADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS NO DECLARADOS 

1 ZT 

2 ZT 

Fecha de 

Importe de la Correlativo contabiUb.maya 

Transferencia N’ Contable lización CeBe Cuenta Ncuenta y Banco 

Mes Clase Bs. 

Glosa de la operadón 700015387 04.10.2011 1’8111 1041111 BCP MN SW 2011190841328 Real 

1 ZT 9,300,000.00 TRASPASO DE FONDOS DE BNB COLQUIRI A BCP SW MN 2700015388 04.10.2011 8111! 1045111 BM5CMN SW 4010702129 Real 

700,000.00 TRASPASO DE FONDOS DE BNB COLQUIRI A BCP BMSC MN 3 700018227/21.11.2011 81111 1044311 CITI MESW 36981056 EEVU Real 

20,880,000.00 TRASPASO DE FONDOS DE CITI COLQA CITI SW ME 4700019057 05.12.2011 8111 1046111 BANCO UNION MN SW 10000005423524 Real 3ZT 100,000.00 TRASPASO DE FONDOS DE BUNION COIQUIRI A BUS.W. .5 700019406 12.12.2011 

1042201 Bisa ME SW 13242011 Real 

3 ZT 69,600.00 TRASPASO DE FONDOS DE BISA COLQUIRIA BISA SW ME 6 700020486 23.12.2011 81111 1041111 BCP MN SW 2011190841328 Real 

3 ZT 7,150,000.00 TRASPASO DE FONDOS DE BNB COLQUIRI A BCP SW MN 7700000395 11.01.2012 81111 1044311 CIN MESW 36981056 EEVŲ Real

27,840,000.00 TRASPASO DE FONDOS DE CITICOLQUIRI A CITI SW ME 8 700001895 07.02.2012 81111 1044311 CITI MĘ SW 36984056 EEUU Real 

SZT 27,840,000.00 TRASPASO DE FONDOS DE CITI COLQUIRI A CITI SW ME 9 700003921 19.03.2012 8111] 1044311 CITI ME SW 36984056 EEUU Real 

6 ZT 34,800,000.00 TRASPASO DE FONDOS DE CITI COLQUIRI A CITI SW 10 700004397 27.03.2012 81111 1044131 BNB MN SW 1000242574 Real 

12,000,000.00 TRASPASO DE FONDOS DEL BCP COLQUIRI A BNB SWMN ISO 9001 | 11 700004689 30.03.2012 3111_ 1042111 Bisa MN SW 13240019 Real 

6 ZT 

6,000.00 TRASPASO DE FONDOS DE BISA COLQUIRI A BISA SWMN, cotidan 12 700005410 13.04.2012 8111 1044311 CITI MĘ SW 36984096 EEUU Real 

10,440,000.00 TRASPASO DE FONDOS DE CITICOLQUIRI A CITI SW ME IFNOR CERTIFICATION 131 700007830 28.05.2012 81111 1044311|CITI ME SW 36984056 EEUU Real 

17,400,000.00 TRASPASO DE FONDOS DE CITI COLQUIRI A CITI SW ME 14 700098381 05.06.2012 8111 1044311 CITI MĘ SW 36984096 EEUU Real 

24,568,800.00 TRASPASO DE FONDOS DE CITI COLQUIRI A ANI SW ME | 700008422 05.06.2012 | 81111044311|CITI ME SW 36984056 EEUU Real 

1,547,776,21 TRASPASO DE FONDOS DEL BCP COLQUIRI A CIT SW ME 16 700008576 08.06.2012 8111 1041111 BCP MN SW 2011190841328 Real 

75,000.00 TRASPASO DE FONDOS DEL BCP COLQUIRI A BCP SW MN HIQNet! 17 700009313|20.05.2012 | 81111 1042111 Bisa MN SW 13240019 Real 

9 ZT 

13,032.00 TRASPASO DE FONDOS DE BISA COLQUIRI A BISA SW MN 181 700009318) 20.06.2012 8111 1046111 BANCO UNION MN SW 10000005423524 Real 9 ZTL 

,667.20 TRASPASO DE FONDOS DE BU COLQUIRI A BU SW MN 19 700010884 30.07.2012 8111 1044311 CITI MESW 36984056 EEUU Real 

10ZT 6,960,000.00 TRASPASO DE CITI COLQUINIA CITE SW ME 20 700012263 24.08.2012 8111 1044311|CIT ME SW 36984056 EEUU Real 

UZT 6,960,000.00 TRASPASO DE FONDOS DE CIN COLQUIRI A CITI SW MĘ 21700013:07 11.09.2012 8111 1044311 CIT ME SW 36984056 EEUU Real 

1217 2,784,000.00 TRASPASO DE FONDOS DE CITI COLQUIRI A CITI SW ME | TOTALES 

211,439,875.4

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Fuente: Vista de Cargo N° 291829000098 fojas 6932 de antecedentes administrativos. 

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Continuo señalando: “(…) la Administración Tributaria ha demostrado objetivamente que el contribuyente ha percibido ingresos en sus cuentas bancarias y se ha documentado dicho hecho con los registros contables sin que el contribuyente haya dado cumplimiento con lo establecido en el numeral 4 del art. 70 de la Ley 249, en cada una de las 21 operaciones observadas, en ese sentido, fundamentó su observación al establecer que: “El contribuyente Sinchi Wayra SA hace referencia al contrato de OVERHEAD”, sin embargo éste no es suficiente debido a los siguientes elementos de respaldo: (…) Por lo expuesto, los registros contables referidos a ingresos según extractos bancarios de cuentas bancarias de Sinchi Wayra SA, no están debidamente sustentados ni respaldados con documentación que permita desvirtuar la observación, toda vez que la cuenta “CUENTAS SUBSIDIARIASno especifica ni respalda, no sustenta ni documenta de manera material y objetiva el ingreso de efectivo de dinero en favor de SINCHI WA YRA SA (…) Las operaciones registradas en registros contables y extractos bancarios de Sinchi Wayra SA y que se encuentran sustentadas en los papeles de trabajo con respaldos y que cursan en el cuerpo de antecedentes, permiten efectuar la determinación por concepto de Ingresos NO Declarados.“, conforme se observa en las paginas 3 al 9 de la Vista de Cargo, cursantes a fojas 69326938 de antecedentes administrativos

En respuesta a las observaciones transcritas precedentemente por la Administración Tributaria, referida a los ingresos no declarados que se originan en las transferencias bancarias realizadas por la empresa Colquiri a favor del recurrente, Sinchi Wayra SA, mediante nota SW 523 de 11/12/2017 expuso ante el ente fiscal argumentos en su defensa aclarando que: “Son flujos de Tesorería que en su momento fueron entregados por Colquiri a Sinchi Wayra S.A. en el marco de lo dispuesto en el numeral 4.1.3 del contrato de Administración General (Overhead), de fecha 30/09/2008, el numeral 4.1.3 establece: Tesorería: SINCHI WA YRA. proporcionará los servicios relacionados con la administración de los fondos de COLQUIRI y el cumplimiento de todos los requerimientos financieros y la emisión de cheques para el pago a los proveedores en la oficina de La Paz”, de la misma manera hizo referencia al Informe del Auditor Independiente Ernest & Young Ltda, sobre la revisión con aseguramiento razonable de las aseveraciones de Sinchi Wayra SA durante la gestión fiscal concluida en septiembre de 2012, asimismo mencionó que mediante nota SW 99/2017 de 20 de febrero de 2017, presentó a la Administración Tributaria las copias de los contratos de 

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administración general suscrito con otras sociedades para el desarrollo de sus 

actividades. 

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Sumado a lo señalado, Sinchi Wayra SA presentó ante el ente fiscal documentación de descargo a la vista de Cargo, con nota SW 215/2018 de 24 de mayo de 2018; ratificando en relación a la observación de ingresos no declarados, que las tránsferencias observadas son producto del contrato de Overhead, fondos que corresponder a flujos de “tesorería” y que toda la documentación qué sụstenta su argumento fue presentada en su momento a la Administración Triðuțaria, prueba que a decir del recurrente desvirtuaría los reparos establecidos por la Administración Tributaria

Al respecto, -resulta evidente–la-falta de-fundamentación-en-la valoración de la documentación presentada por la empresa Sinchi Wayra SA, toda vez que el sujeto activo en la Resolución Determinativa impugnada no describe de manera motivada las razones por las que la prueba presentada no sustenta el origen de las transferencias, bancarias observadas, es decir, no se tefirió, ni sustento de manera fundada el motivo por el cual rechazó o no consideró los documentos presentados por el contribuyente tanto en instancia de determinación como en instancia de descargos, cursante-a-fojas —— 34-35, 369-470, 1380-1382, 2331-2410, 2522-2537 y 7119-7600 de antecedentes administrativos; omisión que, demuestra que la determinación de los ingresos no declarados originados en los importes transferidos por la Compañía Minera Colquiri SA a la empresa Sinchi Wayra SA no tienen fundamentación técnica ni legal; ya que por una parte la Administración Tributaria reconoció el importe cancelado por Colquiri SA a Sinchi Wayra por la prestación de servicios de administración, ‘establecido en el contrato de prestación de servicios (Overhead), suscrito el 30 de septiembre de 2008; sin embargo, contrariamente, afirma que los importes transferidos para llevar a cabo esa administración constituyen ingresos no declarados, ya que no fueron debidamente afaq facturados, cuando dichos importes corresponden al cumplimiento del contrato de calidad overhead; por lo señalado, es evidente que la Administración Tributaria, se limitó a STIFTE establecer la existencia de transferencias bancarias a favor de Sinchi Wayra SA, como IQNet hechos generadores de impuestos, en la determinación sobre base presunta, lo cual Worlds evidencia que el sujeto activo no demostró que las transferencias de fondos realizadas 

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Goldar AFHOA CERTIFICATION 

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II 

a favor del recurrente correspondan a ingresos o ventas no declarados emergentes de alguna prestación, limitando las facultades con las que cuenta. 

Bajo ese contexto, corresponde aclarar que la fundamentación de una resolución no 

se circunscribe simplemente a mencionar y/o efectuar la transcripción de disposiciones normativas, sino que las mismas deben tener una relación estrecha con el razonamiento plasmado en la respectiva resolución, la cual deviene de los hechos suscitados, los antecedentes administrativos, las pruebas presentadas, las argumentaciones y peticiones expuestas por los sujetos pasivos y la normativa aplicable al caso concreto, aspectos que necesariamente deben estar cohesionados con la finalidad de obtener una resolución debidamente fundamentada, extremo que no se vio plasmado en el presente caso, en el entendido de que la Administración Tributaria no explicó de manera fundamentada las razones técnicas por las cuales los importes registrados en el cuadro Resumen de Reparos por Concepto de Gastos no Deducibles Determinados y Depurados – Form. 598 IUE Minerono coinciden ni se encuentran plenamente detallados en los Anexos 1 al 4, que forman parte del acto administrativo preliminar y de manera posterior la Resolución Determinativa. A ello se suma que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, no fundamentan técnicamente la determinación sobre base presunta de ingresos no declarados que se originan en las transferencias bancarias a favor del Sinchi Wayra SA, aspecto que se observa de la falta de valoración de la prueba como de los descargos presentados por 

el recurrente; por lo expuesto, es evidente la vulneración al debido proceso en su esfera 

a una falta de fundamentación con repercusión al derecho a la defensa del ahora 

recurrente

En relación al argumento del recurrente en sentido que no se puede calcular un mismo impuesto tanto sobre base cierta como sobre base presunta, aspecto que considera como una causal de nulidad; al respecto, es pertinente mencionar que de acuerdo al Código Tributario la Administración Tributaria está facultada para determinar las obligaciones del sujeto pasivo de un tributo, utilizando uno de los métodos establecidos en el artículo 43 de la Ley 2492, en el presente caso la Administración Tributaria para 

la determinación del UE aplicó el método de determinación sobre base presunta 

establecido en el parágrafo II de la citada normativa, utilizando información presunta en los ingresos y en los gastos información cierta, se determinó una utilidad neta 

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AI

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imponible presunta sobre la cual se aplicó la alicuota del TUE, en ese entendido la apreciación del recurrente es incorrecta. 

De lo expuesto es menester enfatizar que el derecho de todo contribuyente sometido a la competencia de la Administración Tributaria, no solo está abocado a lo expresamente establecido por el artículo 68 del Código Tributario, entre ellos, al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y documentos que respalden los cargos que se le formulen, sea en forma personal o a través de terceros, dentro los plazos y condiciones determinados por Ley, sino que básicamente consiste en el derecho que tiene como administrado a que el sujeto activo emitasu posición definitiva respaldado en la Ley y norma reglamentaria, respecto a los argumentos formulados ya la documentación presentada, que deben necesariamente formar parte del expediente administrativo para que esté sirva de base para una fuțura motivación y fundamentación del acto administrativo definitivo; aspectos que no se evidencian en.. la Vista de Cargo ‘No 291829000098 ni en la Resolución Determinativa ahora ‘ .impugnada, incumpliendo requisitos esenciales establecidos en los artículos 96 y 99 parágrafo II del Código Tributario, al ņo haber identificado los elementos, motivos y datos que fundamenten en hecho y derecho las pretensiones de la Administración Tributaria, respecto a los descargos presentados por Sinchi Wayra SA ante el acto preliminar, omisiones que lesionan la garantia constitucional del debido proceso del .. recurrente en su elemento de fundamentación que repercutió en el derecho al debido. proceso y la defensa; consecuentemente, corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la vista de Cargo inclusive, a efectos de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto preliminar administrativo que contenga los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 2492 y artículo 18 del DS 27310, contemplando en :.: la determinación tributaria todos los hechos, actos, datos y valoraciones como resultado de sus facultades de fiscalización, control, investigación, y verificación establecidos en el afao artículo 100 del Código Tributario 

ISO 9001 

Calidad 

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AFNOR CERTIFICATION 

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MANAGER 

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492

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Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo N° 291829000098 de 16 de abril de 2018 inclusive; consecuentemente, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, debe emitir un nuevo acto administrativo preliminar cumpliendo los requisitos estipulados en el artículo 96 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310, debiendo contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten posteriormente la Resolución Determinativa. 

  1. C

Awas!exos 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

nawo

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

E Rodsana 

Mendoza Sot 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

wa Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

/ Henna 

uc.Ceekta Velez-Dorado 

Director Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impurnadón 

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