ARIT-LPZ-RA-1084-2019 Auto revocado totalmente. La contribuyente solicita prescripción, amparándose en la ley tributaria en vigencia cuando inició la obligación tributaria, ley 1340, prescripción que fue rechazada por la Administración Tributaria.

ARIT-LPZ-RA-1084-2019

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III NIT

III 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1084/2019 

Recurrente: 

.*- María Mirna Eugenia Murillo Tapia de Morales 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia

Acto Impugnado: 

Auto 251940001865 (SIN/GDOR/DJCCI AUTO/00010/2018) 

Expediente: 

ARIT-ORU-0158/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 4 de octubre de 2019

.

i

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y ….. produ as por las partes cursar en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1084/2019 de 3 de octubre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Auto N° 251940001865 (SIN/GDOR/DJCCIAUTO/00010/2018) de 11 de junio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió rechazar la solicitud de prescripción presentada por María Mirna Eugenia Murillo Tapia de Morales, respecto a la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 0066/2007 de 9 de febrero de 2007, correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales junio y septiembre 2003 y el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 521/2007.

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamạchiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos de la Recurrente María Mirna Eugenia Murillo Tapia de Morales, mediante memorial presentado el 12 de julio de 2019, cursante a fojas 8-14 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria considera que no operó la prescripción de su facultad de ejecución, toda vez que después de proceder con la notificación del PIET N° 521/2007, el 9 de abril de 2007, emitió notas dirigidas a varias instituciones con las que interrumpió el cómputo de la prescripción.

Cita la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 y señala que corresponde analizar la fase de ejecución dentro del marco normativo previsto por la Ley 1340 y el Código Civil; en ese contexto, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 0066/2007; notificada el 2 de marzo de 2007 y posteriormente el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 521/2007 notificado el 9 de abril de 2007; asimismo, envió notas a distintas instituciones en las gestiones 2007, 2011, 2013 y 2015; sin embargo, dichas notas no interrumpen el cómputo de la prescripción conforme el razonamiento plasmado por el Tribunal Supremo de Justicia mediante las Sentencias N° 131/2018 de 22 de octubre de 2018, 010/2014 de 27 de marzo de 2014 y 97/2014 de 6 de junio de 2014, toda vez que las únicas causales de interrupción son las previstas en el artículo 54 de la Ley 1340.

Las notas enviadas por la Administración Tributaria en las gestiones 2011 y 2013, no tienen cargo de recepción, tampoco cursa la respuesta de las instituciones a las cuales fueron dirigidas, con excepción de las gestiones 2007 y 2015; por consiguiente, no produjeron ningún efecto legal. Aclara que conforme el artículo 340 y. 1503 del Código Civil, para que la constitución en mora se perfeccione se debe demostrar que el deudor recibió la intimación para efectuar el pago de la deuda, caso contrario, si dichos requerimientos son dirigidos a terceras personas, no interrumpen el cómputo de la prescripción conforme el razonamiento plasmado en el Auto Supremo N° 31/2002 de 29 de enero de 2002, siendo que de la revisión a los antecedentes administrativos, no existe prueba de la notificación a su persona con los requerimientos emitidos por la

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Administración Tributaria, no siendo válida la notificación a terceros; consecuentemente, dichos requerimientos no pueden interrumpir el cómputo de la prescripción

Conforme el razonamiento plasmado en la Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002 y 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, el cómputo de la prescripción en fase de ejecución tributaria dentro del marco de la Ley 1340, comienza a partir del día siguiente de producida la causal de interrupción, en ese contexto, dicho cómputo inició el 10 de abril de 2007, es decir, al día siguiente de notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 521/2007 y concluyó el 10 de abril de 2012, dentro del plazo de 5 años previsto en la Ley 1340.

La Administración Tributaria señala que su facultad de ejecución tributaria es imprescriptible conforme lo previsto en la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012; sin embargo, no corresponde aplicar dicho precepto normativo para la gestión 2007, toda vez que la misma se encuentra regulada por la Ley 1340; lo contrario sería aplicar.en forma retroactiva la Ley 291.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente el Auto N° 251940001865 (SIN/GDOR/DJCC/AUTO/00010/2018) de 11 de junio de 2019.

11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por María Mirna Eugenia Murillo Tapia de Morales, fue admitido mediante Auto de 17 de julio de 2019, notificado de forma personal a la Administración Tributaria y por cédula a la recurrente el 22 y 24 de julio de 2019 respectivamente, fojas 15-20 de obrados.

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Calidad AFNOR CERTIFICATION 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000353 de 3 de mayo de 2019, por memorial presentado el 2 de agosto de 2019, cursante a fojas 23-27 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua’mbaeti onomitai mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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La recurrente no explica las razones por las que habría operado la prescripción, tampoco considera las causales de interrupción y suspensión, ni efectúa el cómputo para hacer efectivo el cobro de la duda tributaria.

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 0066/2017, que resolvió determinar una deuda de 15.918 UFV’s, acto que al no haber sido sujeto de impugnación adquirió firmeza; en consecuencia, se emitió el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 521/2007 notificado el 9 de abril de 2007, momento a partir del cual inició la fase de ejecución tributaria conforme lo previsto en el artículo 60 parágrafo ll de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874; al efecto cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1821/2013 de 30 de septiembre de 2013.

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria con la finalidad de recuperar la deuda tributaria, emitió notas dirigidas a diversas instituciones públicas y privadas como ser: la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, Migraciones, Cooperativa de Teléfonos Oruro, Derechos Reales, Organismo Operativo de Tránsito, INFOCRED-BIC, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero; consecuentemente, dichos actuados son causales de interrupción del término de la prescripción, toda vez que constituyen en mora al deudor, de acuerdo con el artículo 1503 del Código Civil.

Al producirse la interrupción del cómputo de la prescripción, dicho término se reinicia a partir del primer día hábil del mes siguiente en que se produjo dicha interrupción, conforme lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 2492; consecuentemente, las

ecución tributaria con las que cuenta la Administración Tributaria respecto al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 521/2007 no se encuentran prescritas; asimismo, se debe considerar que dicho cómputo se encuentra suspendido. por la interposición del presente Recurso de Alzada.

Se debe considerar que ante la existencia del vacío legal en la Ley 2492, respecto a las causales de interrupción de la prescripción en fase de ejecución tributaria, corresponde aplicar por analogía los artículos 340 y 1503 del Código Civil, los cuales

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

establecen que la prescripción se interrumpe por cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor; asimismo, los artículos 1492 y 1493 del citado cuerpo normativo disponen que la prescripción comienza a correr desde que el derecho que ha podido hacerse valer o desde que el titular dejó de ejercerlo; consecuentemente, no existió inactividad por parte de la Administración Tributaria respecto al cobro coactivo de la deuda tributaria.

Cita doctrina sobre prescripción expuesta por los autores Falcón y Tella la cual señala que la prescripción es una institución necesaria para el orden social y para la seguridad jurídica, vinculada a la consolidación de situaciones como consecuencia d ela inactividad de un derecho o la extinción de una facultad; en ese entendido, la Administración Tributaria se encuentra plenamente facultada para ejecutar la deuda tributaria correspondiente al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 521/2007, acto emitido dentro del plazo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 2492; asimismo se debe considerar que la facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible, de acuerdo con lo establecido en la Ley 291. Aclara que los actos emitidos por la Admiņistración Tributaria se enmarcan en los principios de legalidad, presunción de legitimidad, verdad material, publicidad y buena fe, previstos en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto N° 251940001865 (SIN/GDOR/DJCC/AUTO/00010/2018) de 11 de junio de 2019.

II.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 5 de agosto de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría a la recurrente ya la Administración Tributaria el 7 de agosto de 2019; periodo dentro del cual la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia, quien al apersonarse mediante memorial presentado el 21 de agosto de 2019, ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos remitidos a momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto, el Proveído de 22 de agosto de 2019, dio por apersonada

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kutaq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita

  • mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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a Verónica Jeannine Sandy Tapia en representación de la Administración Tributaria y por ratificada la prueba documental señalada en tanto cumpla con lo establecido en los

artículos 81 y 217 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría a las partes el 28 de agosto de 2019, fojas 28-34 de obrados.

Concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-0590/2019 recepcionada el 2 de septiembre de 2019, remitió el expediente administrativo a esta Instancia. Recursiva; al efecto, por Auto de 4 de septiembre de 2019, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, actuación notificada a la recurrente como a la Administración Tributaria por Secretaría en la misma fecha; fojas 39-41 de obrados.

11.5. Alegatos Por memorial presentado el 30 de agosto de 2019, la Administración Tributaria

presentó alegatos enfatizando que durante la etapa de ejecución tributaria realizó

medidas tendientes a recuperar el adeudo tributario, a través de la emisión de notas dirigidas a diversas instituciones, las cuales constituyen causales de interrupción del cómputo de la prescripción conforme lo previsto en los artículos 340, 1492, 1493 y 1503 del Código Civil; consecuentemente dichas facultades no se encuentran prescritas, al efecto por Proveído de 3 de septiembre de 2019, se dio por formulados los alegatos, actuación notificada en Secretaría a las partes el 4 de septiembre de 2019, fojas 36-38 y 42 de obrados.

Por memorial de 12 de septiembre de 2019, la recurrente presentó alegatos enfatizando en el hecho de que las notas enviadas por la Administración Tributaria, en las gestiones 2011 y 2013 no tienen cargo de recepción, tampoco cursa la respuesta de las instituciones a las cuales fueron dirigidas; consecuentemente, no interrumpieron el cómputo de la prescripción, razonamiento plasmado en las Sentencias Nos. 131/2018 de 22 de octubre de 2018, 010/2014 de 27 de marzo de 2014 y 97/2014 de 6 de junio de 2014. Aclara que de la revisión a los antecedentes administrativos, no existe prueba de la notificación a su persona con los requerimientos emitidos por la Administración Tributaria, no siendo válida la notificación a terceros; asimismo cita la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 y señala que corresponde analizar la

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fase de ejecución dentro del marco normativo previsto por la Ley 1340 y no así conforme la Ley 2492 y mucho menos por la Ley 291, aspecto que implicaría aplicar en forma retroactiva dicha disposición normativa, vulnerando lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y 150 del Código Tributario; al efecto, por Proveído de 17 de septiembre de 2019, se dieron por formulados los alegatos, actuación notificada en Secretaría a las partes el 18 de septiembre de 2019, fojas 44 49 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Mediante Orden de Verificación Externa No 4005OVE0355 de 11 de noviembre de 2005, se comunicó a María Mirna Eugenia Murillo Tapia de Morales la verificación del IVA e IT de los periodos fiscales junio y septiembre de 2003, actuación notificada de forma personal a la referida contribuyente el 6 de diciembre de 2005, fojas – 5 de antecedentes administrativos.

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.

La Vista de Cargo N° 4005OVE0355/085/2006 de 5 de diciembre de 2006, señala que como resultado del proceso de verificación externa, se detectaron diferencias entre las ventas declaradas y las ventas facturadas, motivo por el que se procedió a determinar sus obligaciones tributarias relativas al IVA e IT de los periodos-fiscales junio y septiembre de 2003 sobre base cierta, estableciendo un adeudo tributario de 14.395 UFV’s por tributo omitido e intereses; calificando su conducta como defraudación tributaria de acuerdo a lo previsto en los artículos 98, 99, 100 y 101 del Código Tributario; asimismo, se concedió el plazo de 30 días para la presentación de descargos, acto notificado en forma personal el 13 de diciembre de 2006, fojas 139 140 de antecedentes administrativos.

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AFNOR CERTIFICATION 

La Resolución Determinativa N° 0066/2007 de 9 de febrero de 2007, resolvió determinar de oficio por conocimiento verdadero, amplio y correcto de los hechos las

obligaciones impositivas de la contribuyente María Mirna Eugenia Murillo Tapia de

Com Morales en la suma de 15.915 UFV’s, por tributo omitido e intereses, correspondiente Meme Dorado al impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones por los periodos fiscales R junio y septiembre de 2003; asimismo, sancionó a la referida contribuyente con la multa

igual al 50% del tributo omitido actualizado, por evasión fiscal, establecida en el artículo

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de la Caldad Certificado N0771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymará) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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116 de la Ley 1340; acto notificado por cédula el 2 de marzo de 2007, fojas 150-155 de antecedentes administrativos.

El Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 521/2007 de 26 de marzo de 2007, señala que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 0066/2007 de 9 de febrero de 2007 y conforme a lo establecido por el artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, anuncia a la contribuyente María Mirna Eugenia Murillo Tapia de Morales con NIT (RUC) 7398840, el inicio de la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de s notificación con el presente proveído, a partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes conforme establece el artículo 110 de la Ley 2492, hasta el pago total de la deuda tributaria; actuación administrativa notificada por cédula el 9 de abril de 2007, fojas 158-161 de antecedentes administrativos.

Por nota GDO/DJ/UCC/Med. N° 331/2007 de 13 de abril de 2007, la Administración Tributaria solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos de la contribuyente María Mirna Eugenia Murillo Tapia de Morales,

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fojas 163 de antecedentes administrativos.

Mediante nota GDO/DJ/UCC/Med. N° 333/2007 de 13 de abril de 2007 dirigida al Director Departamental de Migraciones, la Administración Tributaria solicito información sobre el movimiento migratorio de María Mirna Eugenia Murillo Tapia de Morales, fojas 164 de antecedentes administrativos.

  • Por nota GDO/DJ/UCC/Med. N° 340/2007 de 13 de abril de 2007, la Administración

Tributaria solicitó la Organismo Operativo de Tránsito hipoteca judicial de los vehículos

registrados a nombre de María Mirna Eugenia Murillo Tapia de Morales, fojas 167 de antecedentes administrativos.

Mediante nota CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/NOT/3151/2015 de 17 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria solicitó a la Cooperativa de Teléfonos Oruro S.A.la hipoteca legal de las acciones telefónicas de la contribuyente María Mirna Eugenia Murillo Tapia de Morales, fojas 209 de antecedentes administrativos..

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Por nota CITE: SIN/GDOR/DJCC/CC/NOT/03995/2018 de 23 de julio de 2018, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la emisión de cheque de gerencia por los montos retenidos de las cuentas de María Mirna Eugenia Murillo Tapia de Morales, fojas 177 de antecedentes administrativos.

Por memorial presentado ante la Administración Tributaria, el 26 de febrero de 2019, María Mirna Eugenia Murillo Tapia de Morales, solicitó prescripción de la facultad de ejecución del adeudo tributario consignado en la Resolución Determinativa No 0066/2007 de 9 de febrero de 2007; fojas 222-223 de antecedentes administrativos.

El Auto N° 251940001865 (SIN/GDOR/DJCCIAUTO/00010/2018) de 11 de junio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió rechazar la solicitud de prescripción presentada por María Mirna Eugenia Murillo Tapia de Morales, respecto a la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa No 0066/2007 de 9 de febrero de 2007, correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales junio y septiembre 2003 y. el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° : 521/2007, actuación notificada de forma personal a la referida contribuyente el 28 de junio de 2019, fojas 225-230 de antecedentes administrativos. –.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y. 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de .conformidad al artículo 211-11 de la Ley 3092, se tiene:

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La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al

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Calidad AFNOR CERTIFICATION 

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análisis de los agravios manifestados por María Mirna Eugenia Murillo Tapia de Morales en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a

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  • Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit’ayir jachļa kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

IV.1. Prescripción La recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada y alegatos señala que conforme la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492, corresponde analizar la fase de ejecución dentro del marco normativo previsto por la Ley 1340 y el Código Civil; en ese contexto, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 0066/2007, notificada el 2 de marzo de 2007 y posteriormente el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 521/2007 notificado el 9 de abril de 2007; asimismo, envió notas a distintas instituciones en las gestiones 2007, 2011, 2013 y 2015; sin embargo, dichas notas no interrumpen el cómputo de la prescripción, toda vez que no existe constancia de la recepción de dichos requerimientos, conforme el razonamiento plasmado por el Tribunal Supremo de Justicia mediante las Sentencias N° 131/2018 de 22 de octubre de 2018, 010/2014 de 27 de marzo de 2014, 97/2014 de 6 de junio de 2014 y el Auto Supremo N° 31/2002 de 29 de enero de 2002, toda vez que las únicas causales de interrupción son las previstas en el artículo 54 de la Ley 1340.

Agrega que el cómputo de la prescripción en fase de ejecución tributaria se debe efectuar dentro del marco de la Ley 1340, el cual comienza a partir del día siguiente de producida la causal de interrupción, en ese contexto, dicho cómputo inició el 10 de abril de 2007, es decir, al día siguiente de notificación con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 521/2007 y concluyó el 10 de abril de 2012, dentro del plazo de 5 años previsto en la precitada disposición normativa.

La Administración Tributaria en el memorial de respuesta y alegatos señala que emitió notas dirigidas a diversas instituciones públicas y privadas como ser: la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, Migraciones, Cooperativa de Teléfonos Oruro, Derechos Reales, Organismo Operativo de Tránsito, INFOCRED-BIC, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, esto con la finalidad de recuperar la deuda tributaria; consecuentemente, dichos actuados son causales de interrupción del

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

término de la prescripción, toda vez que constituyen en mora al deudor de acuerdo con el artículo 1503 del Código Civil.

Agrega que se debe considerar que ante la existencia del vacío legal en la Ley 2492, respecto a las causales de interrupción de la prescripción en fase de ejecución tributaria, corresponde aplicar por analogía los artículos 340 y 1503 del Código Civil, los cuales establecen que la prescripción se interrumpè por cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor; asimismo, los artículos 1492 y 1493 del citado cuerpo normativo disponen que la prescripción comienza a correr desde que el derecho que ha podido hacerse valer o desde que el titular dejó de ejercerlo; consecuentemente, no existió inactividad por parte de la Administración Tributaria respecto al cobro coactivo de la deuda tributaria. Asimismo señala que la facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible de acuerdo con lo establecido en la Ley 291; al respecto, corresponde el siguiente análisis: .’ ***

El artículo 6 de la Ley 1340, establece: La analogía será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

El artículo 41 inciso-5) de la Ley 1340, establece que: La obligación tributaria se extingue. por las siguientes causas: 5). Prescripción 

El artículo 52 de la citada Ley establece que: La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá: A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 98, 101 y 115. 

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IIIIII

El artículo 53 de la referida Ley, dispone que: El término de la prescripción se contará desde 

el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. 

El artículo 54 de la Ley 1340, establece que: El curso de la prescripción se interrumpe: 1) Por la determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte del deudor. 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

El artículo 306 de la Ley 1340 establece que: Será título suficiente para iniciar la acción coactiva el Pliego de Cargo, el que acompañara del respectivo Auto Intimatorio que librará el ente administrativo a través de su máxima autoridad en cada jurisdicción. Conforme al mismo, se emplazará al deudor para que dentro del plazo de tres (3) días de la notificación 

cancele la suma correspondiente al tributo adeudado, su actualización, intereses, multas, bajo conminatoria de aplicarse las medidas precautorias pertinentes. Tales medidas podrán ser dispuestas por la Administración antes del libramiento del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio cuando exista fundado riesgo para la percepción de créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles. 

El artículo 307 del referido cuerpo legal, señala: La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las siguientes excepciones: a) Pago total documentado. b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales que contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrirán en responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones 

correspondientes a cargo del órgano ejecutor. Las excepciones deberán ser planteadas en 

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el plazo a que se refiere el Artículo anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro de los diez (10) das, no siendo recurribles. 

El artículo 1492 del Código Civil establece:7. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece. II. Se exceptúan los derechos indisponibles y los que la ley señala en casos particulares. El artículo 1493. del Código Civil establece. La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

De inicio corresponde señalar que al tratarse del adeudo tributario correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales junio y septiembre de 2003, se tiene que la Ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios es la Ley 1340, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera último párrafo del DS 27310, que de manera taxativa señala que: Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999; razón por la que el análisis de la prescripción se circunscribirá dentro del marco de la norma señalada.

– 

En ese contexto, corresponde señalar que la doctrina impositiva establece que la prescripción es un modo de liberar al administrado de una carga u obligación por el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria nacional, la prescripción constituye

un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere un derecho; es la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar adeudos e incluso imponer sanciones. Así también es pertinente aclarar que a pesar de la disposición del artículo 307 de la Ley 1340, en sentido a que la ejecución coactiva no puede suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, dispuso que la figura jurídica de prescripción puede ser opuesta en cualquier estado

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de la causa, hasta en ejecución de sentencia, por lo que corresponde realizar el análisis de la procedencia o no de esta figura jurídica.

En este punto de análisis se debe considerar que la Ley 1340, tiene un vacío jurídico con relación al cómputo del plazo, interrupción y suspensión para la etapa de cobranza coactiva, norma legal que únicamente refiere al cómputo del término de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, estableciendo al efecto, causales de suspensión e interrupción; sin embargo, no estipula parámetro alguno sobre el cómputo de la prescripción del derecho al cobro de la obligación tributaria después de que ésta queda determinada y firme.

Ante este vacío legal y en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, es conveniente la aplicación de las previsiones contenidas por los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, así como la Sentencia Constitucional 1606/2002 R, que expresamente establece lo siguiente: “...el art. 41 CTB, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo 

  • dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: “La analogia será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes“. Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTB) determina que: ” Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular”. 

De la misma forma, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa: …que el art. 307 del CTB, establecía que la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

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documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC.1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código Civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; ...Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTB, cuando el contribuyente que essiendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestn en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias”. 

En ese sentido el artículo 1492 del Código Civil, aplicable acorde a lo establecido en los artículos 6-y: 7 de la Ley 1340, señala que los derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que là, ley establece; asimismo, el artículo 1493 de la misma Ley establece: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, bajo el contexto anterior, corresponde dejar establecido que la prescripción de la cobranza coactiva tributaria, opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años consecutivos; es decir, que el sujeto activo deje de ejercer su derecho por negligencia o desinterés conforme los artículos citados precedentemente.

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Corresponde señalar también que la línea jurisprudencial constitucional que vela por los derechos y garantías de los ciudadanos estableció, mediante la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, que pese a lo dispuesto por el artículo 307 del Código Tributario, cuando el contribuyente que está siendo conminado al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro prescribió, puede interponer esta acción, en razón a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 1648/2010-R de 25 de octubre de 2010, que hace referencia a las únicas causales de oposición a la ejecución fiscal, las que son establecidas en el artículo 109-11 del Código Tributario, citando a las formas de extinción de la deuda tributaria, entre las que se encuentra la prescripción.

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Del mismo modo se debe considerar que el artículo 8 de la Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la obligatoriedad y vinculatoriedad señala que las decisiones y sentencias emitidas por dicho Tribunal son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno, así también lo establecía el artículo 44 de la Ley 1836, Ley del Tribunal Constitucional, vigente aún, hasta el primer día hábil del año 2011; consiguientemente, la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, tiene carácter obligatorio, otorgando la posibilidad a cualquier persona a solicitar la prescripción de los componentes de la deuda tributaria, siendo evidente que esta pretensión no se encuentra limitada sólo al tributo omitido, sanciones y/o la deuda tributaria en general,

solicitud que puede ser interpuesta aún en ejecución de sentencia, según lo refiere la jurisprudencia constitucional señalada anteriormente.

En el caso bajo análisis, se tiene que la Administración Tributaria notificó a María Mirna Eugenia Murillo Tapia de Morales por cédula el 2 de marzo de 2007, con la Resolución Determinativa N° 0066/2007 de 9 de febrero de 2007, acto administrativo que determinó la deuda tributaria por el IVA e IT por los periodos fiscales junio y septiembre de 2003; sin embargo, en el plazo de veinte (20) días la citada contribuyente no activo el mecanismo de impugnación establecido en el artículo 143 de la Ley 2492, esto es hasta el 26 de marzo de 2007, lo que originó que el 27 de marzo de 2007, la referida Resolución Determinativa adquiera firmeza; consecuentemente, se tiene que a partir del 28 de marzo de 2007, se dio inicio a la fase del cobro.coactivo, la cual conforme lo

previsto en el artículo 307 de la Ley 1340 no podrá ser suspendida por ninguna solicitud

que dilate o impida el cobro compulsivo bajo responsabilidad funcionaria; no obstante, existe la única salvedad para promover y accionar un Recurso de Alzada y está referida a las formas de extinción de la deuda tributaria entre la que se encuentra la prescripción

Cabe aclarar que ante la firmeza de la citada Resolución Determinativa el Ente Fiscal emitió el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 521/2007 de 26 de marzo de 2007, acto por el cual se dio inició la cobranza coactiva, actuación administrativa emitida en vigencia de la Ley 2492, en ese entendido, la ejecución tributaria en cuanto a su procedimiento se enmarcó correctamente a la Ley 2492; sin embargo, en cuanto a la aplicación sustantiva

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de la norma inherente al instituto de la prescripción, se debe considerar que la obligación tributaria acaeció durante la vigencia de la Ley 1340; en el contexto legal antes citado, corresponde aplicar la mencionada Ley en lo concerniente a las regulaciones establecidas respecto al instituto de la prescripción, cuyo plazo para su materialización efectiva es de cinco años conforme lo dispuesto en su artículo 52 de la citada Ley 1340. –

Conforme lo relacionado, se tiene que el cómputo de prescripción de la facultad para ejecutar la deuda tributaria se inició a partir del día siguiente hábil, en que la Resolución Determinativa N° 0066/2007 de 9 de febrero de 2007 adquirió firmeza, es decir, desde el 28 de marzo de 2007, en el entendido, que a partir de ese momento la Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos y proceder con las acciones de cobro.

Dentro de ese contexto se evidencia que la Administración Tributaria para efectivizar el cobro del importe de la deuda tributaria contaba con el término de cinco (5) años consecutivos, es decir, el cómputo de la prescripción de la facultad de cobro se inició desde que el titular podía hacer valer sus derechos, esto es, desde el 28 de marzo de 2007 (primer día hábil siguiente a la firmeza de la Resolución Determinativa No 0066/2007), concluyendo el 28 de marzo de 2012, en ese entendido, se evidencia que .. la Administración Tributaria realizó las siguientes medidas coactivas:

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SOLICITUD DE RETENCIÓN DE FONDOS/SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

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SOLICITUD DE INFORME/DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE MIGRACIÓN

GDO/DJ/UCC/Med. No

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SOLICITUD DE HIPOTECA JUDICIAL/ORGANISMO OPERATIVO DE TRÁNSITO

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Del cuadro precedente, se advierte que la Administración Tributaria ejerció medidas coactivas durante la gestión 2007, que interrumpieron el curso de la prescripción, en ese entendido, se inició un nuevo cómputo comprendido desde 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012, periodo en el cual no se evidencia que el Ente Fiscal hubiese accionado su facultad de cobro mediante la adopción y ejecución de medidas coactivas idóneas que acrediten la efectiva recepción por parte de las entidades a las que fueron dirigidas dichas medidas; esto implica, que no existe en

antecedentes administrativos el elemento esencial que establezca o corrobore la procedencia de una nueva interrupción del cómputo de la prescripción y que además sea parte del accionar del Servicio de Impuestos Nacionales; por esta razón, procedió inevitablemente el instituto jurídico de la prescripción invocada por la ahora recurrente, es decir, que la facultad de cobranza coactiva (ejecución tributaria), se encuentra prescrita conforme al siguiente cuadro que de manera gráfica expresa lo mencionado:

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Lo anterior demuestra que la Administración Tributaria, si bien en la gestión 2007 ejerció su facultad de ejecución a través del envió de notas tendientes al cobro de la

deuda tributaria, lo que produjo la interrupción del curso de la prescripción, cuyo nuevo cómputo se inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2012; periodo en el cual no se advierte ninguna medida por parte del sujeto activo, siendo que recién durante la gestión 2015, retomó sus acciones de cobro, mediante la emisión de las notas CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/NOT/3150/2015, 3151/2015, 3153/2015 todas de 17 de septiembre de 2015 y CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/NOT/3933/2015 de 20 de octubre de 2015; asimismo, en la gestión 2018, emitió la nota CITE: SIN/GDOR/DJCC/CC/NOT/03995/2018 de 23 de julio de 2018, conforme se evidencia a fojas 208, 209, 211, 213 y 177 de antecedentes administrativos; en ese entendido, se verifica que el Ente Fiscal reinició sus acciones tendientes a efectuar la cobranza coactiva del adeudo tributario, cuando dicha facultad se encontraba prescrita, debido

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a que el término de prescripción de la facultad de cobro coactivo finalizó, como se tiene dicho, el 31 de diciembre de 2012.

Respecto a la cita de las Sentencias Nos. 13.1/2018 de 22 de octubre de 2018, 010/2014 de 27 de marzo de 2014 y 97/2014 de 6 de junio de 2014 y el Auto Supremo N° 31/2002 de 29 de enero de 2002, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia que invoca la recurrente; corresponde indicar que las decisiones adoptadas por el máximo Tribunal en materia judicial, obedecen a un ámbito jurisdiccional ordinario, lo que implica que las determinaciones asumidas rigen para las partes en conflicto que decidieron someter su asunto al ámbito judicial, debiendo estas sujetarse a las determinaciones tomadas en los respectivos fallos judiciales; lo propio ocurre en el ámbito administrativo, toda vez que obedeciendo a la libre determinación de las personas de acudir al ámbito del derecho administrativo, las decisiones asumidas en este ámbito, constriñen al cumplimiento de las partes en conflicto respecto a las decisiones asumidas en la esfera administrativa, lo que implica que la libre decisión de la persona de acudir a la vía administrativa separa la posibilidad de acudir a otra jurisdicción; en ese sentido, al resolverse algún asunto en el ámbito administrativo, dicha resolución no solamente que obliga al cumplimiento de las partes en conflicto, sinó que no puede abarcar a otra jurisdicción y competencia, lo resuelto en al ámbito enteramente administrativo; bajo la lógica señalada, no es permisible la aplicación de ciertos precedentes del ámbito judicial al ámbito administrativo, como erróneamente pretende la recurrente a través de la cita de las mencionadas Sentencias y Auto Supremo; en consecuencia, por las razones anotadas precedentemente, no corresponde lo aseverado por la recurrente.

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Referente al argumento expuesto por la recurrente que la Administración Tributaria no le notificó con los requerimientos tendientes al cobro de la deuda tributaria, incumpliendo lo previsto en los artículos 340 y 1503 del Código Civil; al efecto, corresponde señalar que el artículo 340 del Código Civil dispone que el deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro equivalente del acreedor; por su parte el artículo 1503 parágrafo I del referido cuerpo normativo señala que la prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba; sin embargo, de la

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revisión de antecedentes administrativos no cursa ninguno de los actos referidos en las citadas disposiciones normativas, es decir, no se evidencia la existencia de ningún requerimiento judicial, decreto o acto de embargo que debió ser notificado a la ahora recurrente a efectos de provocar la interrupción de la prescripción; consecuentemente,

no corresponde considerar el argumento expuesto por María Mirna Eugenia Murillo Tapia de Morales al carecer de asidero fáctico y legal aplicable al presente caso.

Con relación al argumento de la Administración Tributaria en sentido de que corresponde aplicar los artículos 60 y 61 de la Ley 2492, a efectos del cómputo de la prescripción; al respecto, es pertinente señalar que de conformidad co la Disposición Transitoria Primera último párrafo del DS 27310, que de manera taxativa señala que: Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999, en ese contexto, tratándose del adeudo tributario del IVA e IT de los periodos fiscales junio y septiembre de la gestión 2003, la Ley aplicable respecto a las formas de extinción de la obligación tributaria (prescripción) es la Ley 1340, motivo por el que no cabe la posibilidad de aplicar al presente caso lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley 2492, como erradamente señala la Administración Tributaria, por el hecho de que los citados impuestos sujetos a cobranza coactiva corresponden a la gestión 2003, es decir, con anterioridad a la puesta en vigencia del precitado cuerpo normativo; consecuentemente, corresponde desestimar dicho argumento.

Respecto a la imprescriptibilidad argüida por la Administración Tributaria, corresponde señalar que si bien la Ley 291 que modifica el artículo 59 de la Ley 2492, establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible; sin embargo, dicho argumento difiere diametralmente respecto a los fundamentos de orden fáctico y legal analizados en el presente caso, toda vez que conforme lo expuesto precedentemente, las deudas tributarias el por el IVA e IT de los periodos fiscales junio y septiembre 2003, fueron determinadas en vigencia de la Ley 1340; consecuentemente, no corresponde aplicar la imprescriptibilidad señalada por el Ente

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Con relación a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1821/2013 de 30 de septiembre de 2013, que efectúa la Administración Tributaria, corresponde señalar que el razonamiento plasmado en dicho precedente administrativo, señala que el inicio del cómputo de la prescripción para que el Ente Fiscal ejerza su facultad de ejecución tributaria se inicia con la notificación con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria, conforme lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 2492; aspecto que es contrario al análisis de prescripción realizado precedentemente, el cual se encuadra al marco normativo previsto por la Ley 1340, al tratarse de adeudos tributarios correspondientes al IVA e IT de

eriodos fiscales junio y septiembre 2003; consecuentemente, no corresponde la aplicación de dicho precedente administrativo al presente caso.si

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De acuerdo a los argumentos de hecho y derecho antes expuestos, se establece que la facultad de cobranza coactiva (ejecución tributaria) de la Administración Tributaria respecto al IVA e IT de los periodos fiscales junio y septiembre 2003, se encuentra prescrita, toda vez que no se consolidó el cobro coactivo dentro del plazo de 5 años previsto por el artículo 52 de la Ley 1340; consecuentemente, corresponde revocar totalmente el Auto N° 251940001865 (SIN/GDOR/DICCIAUTO/00010/2018) de 11 de junio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales.

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POR TANTO: .. La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

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RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE el Auto N° 251940001865 (SIN/GDOR/DJCCI AUTO/00010/2018) de 11 de junio de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra María Mirna Eugenia Murillo Tapia de Morales; consecuentemente, se deja sin efecto por prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales

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junio y septiembre 2003, contenido en la Resolución Determinativa N° 0066/2007 de

9 de febrero de 2007.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

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vogo QUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la

interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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JUSTO

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