ARIT-CBA-RA-0297-2020 Determinación de obligaciones tributarias por Omisión de Pagos, en el proceso de fiscalización el SIN evidenció además que el contribuyente ejercía otra actividad no declarada, de la cual también determinó los tributos omitidos (con base presunta); empleando la normativa vigente a la fecha de vencimiento de las obligaciones tributarias quedaron prescritas las facultades del SIN, empero el Incumplimiento al deber formal queda vigente.

ARIT-CBA-RA-0297-2020

II

AIIV 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bollvia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0297/2020 

Recurrente 

Vidal Siles Escobar, representado por Marcelo Gonzales Yaksic

Administración recurrida 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representado por Karina Paula Balderrama Espinoza

Acto impugnado 

Resolución Determinativa N° 171930000133 

Expediente No — 

i i ARIT-CBA-0155/2019. 

– – 

– 

Lugar y fecha 

; ; Cochabamba, 30 de octubre de 2020. ! 

VISTOS

El Recurso de ‘Alzada; el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0297/2020 de 30 de octubre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 171930000133 de 19 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, que declaró determinar de oficio las obligaciones impositivas del sujeto pasivo Siles Escobar Vidal, en la suma de UFV 47.506.– y UFV 311.642, correspondientes al tributo omitido actualizado (IVA, IT e UE), intereses y sanción por omisión de pago, por los periodos enero a diciembre 

de la gestión 2012, en aplicación de los articulos 47 (modificado por la Ley 812) y 165 de 

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la Ley 2492, así como del artículo 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución Normativa de Directorio N° 10002510. Por otra parte, calificó la conducta del sujeto 

pasivo como Omisión de Pago del IVA, IT e UE, procediendo con la imposición de Santo, una sanción equivalente al 100% del tributo omitido, de conformidad a los artículos 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

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HII IIIIIIIII

165 de la Ley 2492, 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución de Directorio No 10-0032-16. Acto notificado al sujeto pasivo mediante cédula, el 1 de abril de 2019 (fojas 3248-3330 y 3335 C17 de antecedentes administrativos). 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA, 11.1. Argumentos del Recurrente. Vidal Sites Escobar, representado por Marcelo Gonzales Yaksic, conforme acredito mediante Testimonio de Poder N° 343/2019 de 16 de abril de 2019 (fojas 85-87 del expediente administrativo), mediante memoriales presentados el 22 de abril y 15 de mayo de 2019 (fojas 88-92 y 95 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 171930000133 de 19 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

Que la Vista de Cargo preliquidó las bases imponibles del IVA, IT e UE de forma irregular, ndo leyes tributarias y desconociendo la realidad material de los hechos; agregó que 

e emitido extemporáneamente, sin considerar que el plazo de un año para concluir la fiscalización venció superabundantemente y sin identificar los documentos que sustentan la determinación del tributo sobre Base Cierta y Base Presunta, no existiendo los sustentos legales que respaldan la elaboración de los papeles de trabajo. 

Indicó que durante la sustanciación del proceso determinativo llegó se materializó la nulidad absoluta de los papeles de trabajo, ya que inicialmente fueron elaborados sobre la base de la documentación proporcionada por el recurrente y la información de la base de datos del SIRAT2; empero, que durante el proceso y sin su conocimiento, la Administración Tributaria realizó cruces de información con la Aduana Nacional de Bolivia, Pil Andina SA, Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios Cochabamba Ltda., Sobodaycom, Fundempresa, Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y ASFI, para la determinación de la base imponible, hecho irregular que vulneró el debido proceso, constituyéndose en causal de nulidad prevista por los artículos 3 y 36 de la Ley 2341. Citó los numerales 1), 6) y 8) del artículo 68, de la Ley 2492 y el artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado. 

Argumentó que la Resolución Determinativa impugnada, con un argumento ilegal e inconstitucional señaló que el artículo 104 de la Ley N° 2492 no recoge en su texto un 

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término perentorio que justifique la aplicación de la extinción de pleno derecho de la facultad para emitir la Vista de Cargo; además refirió que éste último acto no cumplió con los requisitos formales establecidos legalmente, encontrándose viciada de nulidad. 

Indicó que desde el 29 de diciembre de 2016, cuando fue notificada la Orden de 

Verificación, transcurrieron 2 años y 4 meses hasta la emisión de la Vista de Cargo, de esta manera adujo que la Administración Tributaria no concluyó su trabajo de fiscalización en el plazo de 12 meses que establece la citada Ley; además que debió notificar la Vista de Cargo dentro el plazo máximo de 5 dias a partir de su emisión; por otra parte refirió que debe considerarse que la vista de Cargo se extingue de pleno derecho sin necesidad de la emisión de otro acto posterior por expiración del plazo, el cual es perentorio y de cumplimiento obligatorio, correspondiendo por ello disponer la extinción de pleno derecho de la facultad para emitir la vista de Cargo, debiendo el ente recaudador dictar una Resolución Determinativa que declare la inexistencia y la extinción de la deuda tributaria. En resguardo de sus argumentos, citó el artículo 4 de la Ley 2492, inciso c) del artículo 57 , inciso I) del artículo 62 y parágrafo III del artículo 33, todos de la Ley 2341. 

Afirmó que la Administración Tributaria determinó dos deudas tributarias sobre los mismos periodos y tributos, una sobre base cierta y otra sobre base presunta, aspecto que resulta ilegal, toda vez que la Ley 2492 no autoriza la posibilidad de establecer dos deudas sobre el mismo impuesto y sobre el mismo periodo, ya que la fiscalización se realiza sobre una basē, ya sea cierta o presunta, pero nunca bajo las dos alternativas a la vez.” 

Expuso que la Administración Tributaria Municipal, vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa al determinar la deuda tributaria del IVA, IT e IUE en base a información proporcionada por el proveedor IASA, fundando sus cruces de información con la documentación física, informática, y los reportes del sistema SIRAT2. 

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Argumento que la entidad recaudadora, no identifico de forma fehaciente, clara y adecuada 

la vinculación o las conexiones normales que deberían existir entre quienes compraron los productos facturados por el proveedor IASA y sus ventas a terceros; por lo que al 

minar la deuda tributaria cometió un error vinculado con el proceso. Agregó que las facturas emitidas por la empresa IASA fueron entregadas con conocimiento de causa a los beneficiarios, aspecto que fue reconocido y señalado en el acto impugnado. 

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Justicla tributaria para vivir bien Jan mitayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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Refirió que la Administración Tributaria recurrida no identificó en el proceso de investigación todas las deducciones que establece la norma tributaria, sino que realizó una serie de instrucciones que no permitieron conocer la verdad material de cada una de las transacciones supuestamente realizadas al proveedor IASA; por ello, la entidad tributaria erróneamente utilizó el código de cliente que utilizaba para realizar sus operaciones con la empresa proveedora, para deducir que con dicho código muchas personas se beneficiaron indebidamente de la provisión de mercaderías para tiendas de barrio y en centros de abasto sin emitir la correspondiente factura, ya sea por pertenecer a los regímenes especiales o negocios informales, aspecto que debería ser explicado por la empresa IASA. 

Puntualizó que la Administración Tributaria simplemente basó su entendimiento en información obtenida de terceros -en el caso presente IASA- con el fin de deducir la realización de ventas no facturadas, sin investigar a cada uno de los beneficiarios de las facturas emitidas por la empresa proveedora o en su defecto, el aprovechamiento del crédito fiscal contenido en cada una de las facturas o la venta de los productos sin la correspondiente factura, 

Afirmó que la Administración Tributaria no consagró indicio o evidencia de que todas las facturas emitidas por la empresa proveedora IASA, fueron pagadas directamente por sus beneficiarios con dinero en efectivo o a través de cuentas bancarias y que tampoco existe evidencia de que los bienes comprados fueron colocados en su domicilio fiscal, extremos que se fundan en la información unilateral presentada por la empresa proveedora IASA, la cual no pudo rebatir o en su caso cuestionar su contenido, constituyéndose en una vulneración del derecho a la defensa como elemento del debido proceso. 

Indicó que de la lectura de la Resolución Determinativa y Vista de Cargo, pudo identificarse el cumplimiento de las previsiones para la nulidad establecidas en el parágrafo III del artículos 96, de la Ley 2492, articulo 18 del Decreto Supremo 27310 y artículo 36 de la Ley 2341; asimismo indicó que corresponde aplicar el parágrafo I del artículo 10 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, concordante con el parágrafo III del 

articulo 80 del Código Tributario Boliviano. 

Sostuvo que corresponde anular el proceso determinativo hasta la Vista de Cargo, a efectos de que la Administración Tributaria emita nuevamente el acto, exponiendo la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

fundamentación respecto a las razones por las cuales fue determinada una deuda tributaria consolidando varias actividades económicas que no son parte del registro tributario, constituyéndose en un aspecto fundamental para que pueda asumir defensa. 

Señaló que la Administración Tributaria en el acto impugnado expuso la plena vigencia de la facultad de determinación la deuda tributaria de la gestión 2012; empero, aplicó retroactivamente normas tributarias que fueron aprobadas con posterioridad al nacimiento del hecho generador de la referida gestión, debiendo considera stablecido en el artículo 59 de la Ley 2492, sin modificaciones, que determina que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años. 

Precisó que el hecho generador del Impuesto al Valor Agregado (IVA) contenida en las compras informadas por IASA de la gestión 2012 se produjo en vigencia de la Ley 2492, sin ninguna modificación; en ese sentido, expuso a través de un cuadro que para el IVA e IT de los periodos enero a noviembre de 2012, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero 2013 y finalizó el 31 de diciembre de 2016; para el IVA e IT del periodo diciembre de 2012 así como el IVE de la gestión con cierre a diciembre de 2012, el cómputo inició el i de enero de 2014 y finalizó el 31 de diciembre de 2017. 

Reiteró que no corresponde la aplicación de las modificaciones realizadas al artículo 59 de la Ley 2492, por las Leyes 291, 317 y 812, debiendo prevalecer el principio de irretroactividad. Agregó que la Orden de Fiscalización N° 14990100377 fue notificada cuando la facultad de fiscalizar de la Administración Tributaria se encontraba prescrita, no pudiendo ser considerada como causal de suspensión al plazo de la prescripción según lo previsto por el numeral 1 artículo 62 de la Ley 2492. 

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En petitorio, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa N° 171930000133, declarando la inexistencia de la deuda tributaria correspondiente al tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago (100%) del IVA, IT e UE, además de la multa por incumplimiento a deberes formales, así como también la declaratoria de extinción de la facultad de verificar y determinar la deuda tributaria por prescripción de los periodos de enero a diciembre de la gestión 2012 respecto al IVA, IT e IVE; por último, peticionó la extinción de pleno derecho de la facultad para emitir la Vista de Cargo. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a karani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachia (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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II.2. Auto de Admisión. El 16 de mayo de 2019, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0155/2019, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Marcelo Gonzales Yaksic en representación de Vidal Siles Escobar, contra la Resolución Determinativa N° 171930000133 de 19 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 96 del expediente administrativo). 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales representada 

por Karina Paula Balderrama Espinoza, conforme acredito la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001415 de 29 de septiembre de 2017 (fojas 103-104 del expediente administrativo), por memorial presentado el 6 de junio de 2019 (foja 105-120 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes argumentos: 

Con relación a la nulidad de los papeles de trabajo, que dieron origen al acto impugnado, sostuvo que la determinación sobre base cierta, puede ser aplicada por la Administración Tributaria -aún sin la colaboración del contribuyente- en merito a la documentación e información proporcionada por terceros y obtenida de los sistemas que tiene la entidad tributaria; por ello, afirmó que cuenta con información que permitió conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

Asimismo, en cuanto a la base presunta, señaló que ésta tiene su sustento en los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitieron deducir la exigencia y cuantia de la obligación; por lo que asintió que lo reclamado por el recurrente, no tiene sustento legal ni de hecho, maxime al advertir que el sujeto pasivo formó parte activa y asumió la oportunidad de desvirtuar el cargo y expresar una incorrecta utilización del método de determinación; empero, produjo su indefensión al no aportar las pruebas necesarias 

que hagan valer y sean atenientes para sus descargos. 

Agregó que la Administración Tributaria en función de los artículos 100 y 104 de la Ley 2492 y el alcance de la Orden de Fiscalización, tenía la facultad de revisar las 

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obligaciones impositivas del contribuyente, correspondiente al IVA, IT e UE y todas sus actividades económicas ejercidas, incluso las que no hubieran sido registradas en el padrón de contribuyentes y que en razón a los hechos, elementos obtenidos y la actitud evasora del sujeto pasivo, procedió a determinar los reparos en favor del fisco sobre base cierta y presunta; en ese sentido, indicó que cumplió con lo establecido en el numeral 1 del artículo 74, numeral 1 del artículo 99 de la Ley 2492 y el artículo 28 de la Ley 2341, por lo que no vulneró el debido proceso en relación a la fundamentación, motivación e incongruencia como alegó el recurrente. 

Manifestó respecto a las consideraciones de hecho y derecho que fundamentaron la base cierta aplicada, que de la revisión de los antecedentes administrativos, evidenció que de acuerdo a la información proporcionada por el contribuyente consistente en DDJJ Form. 200 IVA, DDJJ Form. 400 IT, Libros de Compras IVA, Libro de Ventas IVA de la gestión 2012, facturas de compra, recibos de talonarios de alquiler, estados financieros de la gestión 2012, información de terceros y la documentación en poder de la entidad tributaria, determinó las obligaciones tributarias del contribuyente sobre base cierta conforme lo prevé el artículo 43 de la Ley 2492. 

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Alegó que a objeto de contar con elementos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles, solicitó documentación e información a la Aduana Nacional de Bolivia, Pil Andina SA., ELFEC SA., Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios Cochabamba Ltda., Sobodaycom, Fundempresa, Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y ASFI, advirtiendo ingresos omitidos por concepto de alquileres de bienes raices propios facturados y no declarados por el contribuyente, durante los 

periodos de enero a diciembre de la gestión 2012. 

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Añadió que verificado el Crédito Fiscal del IVA, advirtió que el sujeto pasivo no presentó el total de las facturas originales de compras, determinando una diferencia entre la DDJJ (Form. 200 IVA) y las facturas de compras originales presentadas; además precisó que, el contribuyente declaró facturas por compras no respaldadas con documento original y que no se encuentran vinculadas con la actividad gravada, facturas de servicios de luz, agua y telecomunicaciones que no corresponden a los domicilios fiscales que generaron ingresos facturados por alquileres durante la gestión 2012, facturas de compra con nombre y NIT de otro contribuyente, facturas declaradas 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

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en un periodo que no corresponde; por lo que afirmó que los ingresos omitidos por alquileres facturados y no declarados correspondientes a los periodos de enero a diciembre de la gestión 2012, sustentan la determinación de reparos a favor del Fisco por el IVA, IT e UE, 

Sustentó con relación al IUE, que procedió a la revisión de los ingresos y a la deducibilidad de los gastos a efecto de determinar su naturaleza, validez y consideración dentro de los rubros de gastos e ingresos emergentes de las transacciones realizadas por el contribuyente en la gestión 2012, debido a una incorrecta declaración de ingresos del sujeto pasivo, así como la determinación de gastos que no se encuentran vinculados a su actividad gravada; en ese entendido, afirmó que reconstruyó el Estado de Resultados ajustado impositivamente sobre base cierta de la gestión 2012

En cuanto a las consideraciones de hecho y derecho que fundamentan la base presunta aplicada, argumento que el sujeto pasivo adicionalmente a su actividad de alquileres percibió otros ingresos por la distribución masiva de productos de Industria 

ite SA, determinando las obligaciones tributarias relativas al IVA, IT e UE sobre base presunta en aplicación de los artículos 43, 44, 45 de la Ley 2492 y artículo 9 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13

Sostuvo que el recurrente omitió registrar sus ingresos por distribución de productos de Industrias de Aceite SA, resultando evidente que el ente recaudador agotó los medios de información sin obtener los elementos que permitan conocer de forma directa e indubitable los componentes de la obligación tributaria; de esta manera al desconocer el momento del perfeccionamiento del hecho generador aplicó el método de determinación sobre base presunta, estableciendo que todo lo que compró para terceros fue distribuido en el mismo periodo. 

Manifestó que solicitó al sujeto pasivo documentación e información mediante nota de requerimiento CITE: SIN/GDCBBA/DFNE/NOT/01425/2015; empero que no fue presentado lo requerido; por lo que, mediante Nota de 20 de marzo de 2015, solicito a IASA información documentada de todas las facturas de ventas realizadas al código de cliente Nos. 44998 y 1879723, correspondiente a los periodos de enero a diciembre 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaconal de Bolivia 

de 2008 a 2013, además de documentación de respaldo de contratos o registros de cliente, ordenes de entrega de los productos, copia de las facturas emitidas, documentos de pago recibidos de su cliente, lugar donde fueron entregados los productos y lista de precios sugeridos para la venta de todos los productos de la empresa de la gestión 2012. Añadió que su solicitud fue atendida por IASA mediante Nota de 28 de abril de 2015. 

Señaló que las facturas de ventas emitidas en la gestión 2012, consignan el código de cliente Nos. 4498 y 1879723, que corresponden al recurrente y por ello, el volumen de compras efectuadas por cuenta de terceros que fueron distribuidos por Vidal Siles Escobar, llegaron a constituirse en retribuciones que resultan ingresos omitidos no facturados ni declarados por el sujeto pasivo. 

Indicó en cuanto a la extinción de la facultad de la Administración Tributaria para emitir la Vista de Cargo, que la Ley 2492 no contempla la caducidad o pérdida de las facultades de la Administración Tributaria para determinar, obligaciones tributarias; empero, sostuvo, que la Ley 2341 establece lo invocado respecto al instituto de la caducidad; pero no podría ser aplicable dicha Ley y su Decreto Reglamentario al no existir indefension ni vulneración al debido proceso. Al efecto citó los artículos 74, 104, 201 de la Ley 2492, 33 de la Ley 2341 y las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0339/2006 y AGIT-RJ 1059/2015

Alegó que si bien el artículo 33 de la Ley 2341, prevé que la notificación del acto deberá ser realizada en el plazo máximo de 5 dias a partir de la fecha de su emisión, empero la normativa tributaria, no estableció de forma expresa que las notificacione dicho plazo deban ser sancionadas con la anulabilidad; además que a partir de la notificación de la Vista de Cargo, el sujeto pasivo contó con un plazo para presentar descargos e incluso interponer el recurso que la ley establece, por lo que no se materializó la indefensión del sujeto pasivo como sustento de alguna nulidad

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Expuso -respecto a la prescripción que este rige al momento de emitir la Resolución Determinativa- que el artículo 59 de la Ley 2492 modificado establece un término de prescripción de 8 años, iniciando el primer día hábil del año siguiente a la fecha de 

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vencimiento de pago, por lo que la Administración Tributaria hizo uso de sus facultades y prerrogativas, determinando sobre base presunta y cierta reparos a favor del fisco, por ingresos omitidos y no declarados, por la venta de productos adquiridos en los periodos comprendidos en la gestión 2012

Señaló que aplicando la Ley 291 modificada por la Ley 317, para los periodos objeto de revisión, la facultad del SIN no prescribió así como la Ley 812, tomando en cuenta lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 62 de la Ley 2492; por ello, afirmó que hizo uso de sus facultades y prerrogativas establecidas por Ley, llegando a determinar la deuda tributaria antes que se configure el instituto de la prescripción. 

En petitorio, solicito confirmar la Resolución Determinativa N° 171930000133 de 19 de marzo de 2019

11.4. Apertura de término probatorio. El 7 de junio de 2019, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba Expediente ARIT-CBA-0155/2019 disponiendo la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 122 de expediente administrativo). 

El 28 de junio de 2019, la Administración Tributaria representada por Karina Paula 

Balderrama Espinoza, mediante memorial ratificó todas sus pruebas consistentes en los antecedentes administrativos presentados, asimismo, señaló que la parte recurrente carece de prueba para demostrar sus afirmaciones (fojas 124125 del expediente administrativo). 

El 2 de julio de 2019, Marcelo Gonzales Yaksic en representación de Vidal Siles Escobar ratificó y adquirió las pruebas documentales acompañadas al Recurso de Alzada y los antecedentes administrativos presentados por la Administración Tributaria (fojas 128 del expediente administrativo)

11.5. Alegatos, El 22 de julio de 2019, la Administración Tributaria solicitó a ésta instancia recursiva, señalar dia y hora para la presentación de alegatos orales, motivo por el cual mediante 

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Proveído de 24 de julio de 2019, fue señalada la audiencia de alegatos orales para el 29 de julio de 2019 a horas 11:00 (fojas 131-133 del expediente administrativo). 

De esta manera, el 29 de julio de 2019 se instaló la audiencia de alegatos orales, oportunidad en la que la Administración Tributaria señaló que tiene las facultades de solicitar la información cuando de alguna manera no tuvo conocimiento de un hecho 

tributario, que el hecho de no ser notificado con la documentación obtenida de terceros, no invalida ni es causal de nulidad, más aun considerando que el sujeto pasivo no solicito fotocopias de todas las actuaciones y la Vista de Cargo refleja los cruces de información realizados, que el incumplimiento del plazo establecido en el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492, no seria causal de nulidad y menos es causal de caducidad de las facultades; que la Resolución Determinativa fue notificada en vigencia de la Ley N° 812, por lo tanto la facultad para determinar y administrar no prescribió. 

Señaló, que el contribuyente no presentó documentación que desvirtúe los cargos; que la solicitud de información a terceros sirvió como respaldo para la depuración y validación de las facturas de compra; que fue agotada las instancias para la obtención de información, al realizar la consulta al proveedor y al contribuyente; que el proveedor afirmó que el sujeto pasivo fue cliente intermediario; que Siles Escobar Vidal entregaba los productos al consumidor final y por esa distribución, IASA le otorgaba un descuento del 4:5 % en productos nacionales y 1.5% en productos importados; que fue aplicada la técnica establecida en el inciso b) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0017-13, gravando el ingreso sobre el porcentaje de descuento. 

En respuesta, la parte recurrente sostuvo que el ente recaudador centró la determinación exclusivamente en un documento emitido por Industrias de Aceite SA; que si existió el rédito por el descuento la tributación, debería ser sobre el margen y no sobre el total de la operación, por lo que no corresponde considerarlo como un intermediario, señaló que no fue investigado como fue que llegaba con su camión a Industrias de Aceite SA para recoger lo que tenía que entregar a sus clientes. 

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Señaló que la Administración Tributaria pretende soslayar la perentoriedad de los plazos, establecida en el artículo 4 de la Ley 2492; que existe desigualdad al señalar que los plazos son perentorios para el sujeto pasivo pero no para el ente fiscal; que corresponde remitirse 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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a la Ley de Procedimiento Administrativo respecto a la obligación de cumplir los plazos; que para el análisis de la prescripción el SIN aplicó una Ley que fue aprobada de forma posterior al hecho generador, no pudiendo ser aplicada de forma retroactiva. 

De igual manera la Administración Tributaria manifestó que la indefensión debe ser tomada 

en un concepto absoluto, es decir debe existir un total impedimento para poder asumir los derechos, que al existir la posibilidad de descargo, no existe indefensión, que respecto al 

plazo dispuesto en el artículo 104, la Autoridad de Impugnación Tributaria a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1059/2015 y la Autoridad Judicial a través de la Sentencia 2016 ratificó la postura de la Administración Tributaria; que la actividad de vinculación comercial con IASA no fue registrada en el padrón de contribuyentes, por lo tanto la ampliación del plazo de prescripción puede darse. 

Finalmente, la parte recurrente puntualizó que se estarian negando derechos que están consolidados en Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia respecto a la prescripción; que no fue investigado el reporte de ingreso y salida de camiones, los carguíos, los destinos de las mercaderías; que registró las actividades que el desarrollaba y estaba siendo objeto de fiscalización (fojas 135-139 del expediente administrativo). 

Dentro el plazo establecido en el parágrafo ll del artículo 210 del Código Tributario Boliviano, la parte recurrente no presentó alegatos ante ésta instancia recursiva. 

III. 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 23 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió la Orden de Fiscalización No 14990100377, comunicando al contribuyente Vidal Siles Escobar que será sujeto de un proceso de determinación con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias correspondiente a los impuestos IVA, IT e UE respecto a los periodos de enero a diciembre de la gestión 2012. Acto notificado personalmente al sujeto pasivo el 29 de diciembre de 2016 (fojas 9 C1 de antecedentes administrativos). 

El 23 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria franqueó el Requerimiento No 00131132 (Form. 4003), por el que solicitó al sujeto pasivo -entre otra documentación- la siguiente: 1. DDJJ del IVA; 2. DDJJ del IT; 3. DDJJ del IUE; 4. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaclonal de Bolivia 

DDJJ del Formulario 605 presentación de EEFF; 5. Libro de Compras y Ventas IVA; 6. Extractos Bancarios; 7. Kardex; 8. Inventarios; al cual adjuntó el Anexo de Requerimiento de Documentación No 00131132 F-4003 correspondiente a los periodos enero a diciembre de la gestión 2012. Acto notificado personalmente al administrado 29 de diciembre de 2016 (fojas 10 C1 de antecedentes administrativos). 

El 22 de mayo de 2017, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la nota CITE: SIN/GDCBBA/DF/G3/NOT/796/2017, a través de la cual solicitó a Vidal Sites Escobar, información y/o documentación detallada referente al precio unitario de venta al cliente final de todas las líneas o productos comercializados por su persona de la empresa Industrias de Aceite SA durante la gestión 2012, otorgando el plazo de 5 días hábiles para su presentación. Acto notificado personalmente al contribuyente el 22 de mayo de 2017 (fojas 16-18 y 22 C1 de antecedentes administrativos). 

El 20 de mayo de 2017, Vidal Siles Escobar mediante nota se apersonó ante la Administración Tributaria precisando lo siguiente: 1. Que la propiedad de los productos corresponden a la empresa Industrias de Aceite SA y que siempre actuó de buena fe; pues solo presto servicios de transporte de la mercancía; 2. Que la entidad tributaria a través de sus facultades prevista por la Ley 2492, debe descubrir la verdad material de las operaciones de transporte de mercaderías, ya que nunca vendió’ningún producto de IASA, por lo que desconoce los precios unitarios de los productos suministrados a los clientes de la referida empresa (fojas 25 C1 de antecedentes administrativos)

El 28 de diciembre de 2018, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Vista de Cargo N° 291830000791, calificando preliminarmente la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, liquidando la deuda tributaria establecida sobre base cierta y presunta del IVA, IT e IUE correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2012 en UFVs 357.251. Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo el 31 de diciembre de 2018 (fojas 2910-2967 y 2981 C15 de antecedentes administrativos). 

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El 19 de marzo de 2019, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 171930000133 de 19 de marzo de 2019, que declaró determinar de oficio las obligaciones impositivas del sujeto pasivo Siles Escobar Vidal, en la suma de UFV 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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47.506.- y UFV 311.642, correspondientes al tributo omitido actualizado (IVA, IT e PUE), intereses y sanción por omisión de pago, por los periodos enero a diciembre de la gestión 2012, en aplicación de los artículos 47 (modificado por la Ley 812) y 165 de la Ley 2492, así como el artículo 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución Normativa de Directorio No 10-0025-10. Por otra parte, calificó la conducta del sujeto pasivo como Omisión de Pago del IVA, IT e UE, procediendo con la imposición de una sanción equivalente al 100% del tributo omitido, de conformidad a los artículos 165 de la Ley 2492, 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución de Directorio N° 10-0032-16. Acto notificado al sujeto pasivo mediante cédula, el 1 de abril de 2019 (fojas 3248-3330 y 3335 C17 de antecedentes administrativos). 

El 5 de agosto de 2019, ante la interposición del Recurso de Alzada por parte de Vidal Siles Escobar, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0266/2019, resolviendo anular la Resolución Determinativa No 171930000133 de 19 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, hasta el vicio más antiguo, siendo esto, hasta la vista de Cargo N° 291830000791 de 28 de diciembre de 2018 a efecto de la Administración Tributaria, fundamente la determinación efectuada y valore la totalidad de los descargos presentados por el sujeto pasivo (fojas 166-192 C1 del expediente administrativo). 

El 18 de noviembre de 2019, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1260/2019, ante el recurso administrativo interpuesto por la Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales contra el Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0266/2019 mediante la cual resolvió anular esta última, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, siendo esto, hasta la citada Resolución de Alzada, inclusive, a efecto de que la ARIT Cochabamba emitir una 

nueva Resolución en la que se pronuncie todos los agravios expuestos por Vidal Siles Escobar en su Recurso de Alzada (fojas 278-298 C2 de expediente administrativo). 

El 27 de enero de 2020, ante la impugnación de Recurso de Alzada por parte de Vidal Siles Escobar, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0017/2020, que resolvió revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 171930000133 de 19 de marzo de 2019 emitida por la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando prescritas las facultades de determinación relativas al IVA e IT de enero a diciembre e UE de la gestión 2012 (fojas 346382 C2 del expediente administrativo). 

El 17 de agosto de 2020, ante el Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT:RJ 1054/2020, que determinó anular la Resolución de Recurso de Alzada ARITCBARA 0017/2020 de 27 de enero de 2020, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, siendo esto, hasta la citada Resolución de Alzada, a objeto de que emita una nueva resolución, debidamente fundamentada y pronunciándose sobretodos los aspectos planteados en el Recurso de Alzada y considerando la Resolución de Recurso Jerárquica AGIT-RJ 1260/2019’de 18 de noviembre de 2019 (fojas 424-434 C3 de expediente administrativo)

– 

– 

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– 

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FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. Conforme a lo expuesto en el artículo 211 parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, ésta instancia recursiva para el análisis técnico jurídico ingresará a resolver los reclamos efectuados por la parte recurrente relacionados con: 1) El control cruzado realizado y nulidad de los papeles de trabajo; 2) La extinción de la facultad para emitir la Vista de Cargo, por incumplir los plazos establecidos en artículo 104 de la Ley 2492; 3) Falta de atención a los descargos presentados; 4) La aplicación de los métodos de determinación de Base Cierta y Base Presunta, en el mismo proceso de determinación; 5) Inexistente fundamentación para la atribución de ingresos no declarados; y 6) La prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

  1. Con relación al cruce de información y nulidad de los papeles de trabajo. 

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En el Recurso de Alzada, el sujeto pasivo sostuvo que durante la sustanciación del proceso determinativo se materializó la nulidad absoluta de los papeles de trabajo, ya que inicialmente fueron elaborados sobre la base de la documentación proporcionada por el recurrente y la información de la base de datos del SIRAT2, empero que durante el proceso y sin su conocimiento, la Administración Tributaria realizó cruces de información con la Aduana Nacional de Bolivia, Pil Andina SA., Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios Cochabamba Ltda., Sobodaycom, Fundempresa, Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y ASFI, para la determinación de la base imponible, hecho irregular que 

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vulneró el debido proceso, constituyendo en causal de nulidad prevista por los artículos 3 y 36 de la Ley 2341. Citó los numerales 1), 6) y 8) del artículo 68 de la Ley 2492 y el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. 

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida respondió señalando que la determinación sobre base cierta, puede ser aplicada por la Administración Tributaria -aún sin la colaboración del contribuyente- en merito a la documentación e información proporcionada por terceros y obtenida en los sistemas que tiene la entidad tributaria; por ello afirmó, que cuenta con información que le permitió conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

Asimismo, refirió que en cuanto a la base presunta, esta tiene su sustento en merito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitieron deducir la exigencia y cuantía de la obligación; por lo que asintió que lo reclamado por el recurrente no tiene sustento legal ni de hecho, máxime cuando el sujeto pasivo formó parte activa y asumió la oportunidad de desvirtuar el cargo y expresar una incorrecta utilización del método de determinación, empero produjo su indefensión al no aportar las pruebas necesarias que hagan valer y sean atenientes para sus descargos. 

Al respecto, de forma inicial corresponde indicar que el numeral 1 del articulo 66, de la Ley 2492, refiere que: “La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación 8 (...)”. 

Además, dentro las facultades de la Administración Tributaria, se tiene que el numeral 1) del artículo 100 de la mencionada Ley 2492, señala que: “Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios”. 

Por otro lado, el parágrafo I del artículo 96 de la Ley 2492, establece: “9. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado”. 

De igual forma, el artículo 98 de la Ley 2492, sostiene que: Una vez notificada la vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes

Además, dentro las facultades de la Administración Tributaria, se tiene que el numeral 1) del artículo 100 de la mencionada Ley 2492, señala que: Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios

Ahora bien, corresponde aclarar al recurrente que si bien los Papeles de Trabajo forman parte del trabajo de fiscalización efectuado por el Servicio de Impuestos Nacionales, los mismos no se constituyen en actos administrativos que produzcan algún efecto jurídico en los sujetos pasivos; toda vez que estos ise constituyen en documentos auxiliares del proceso, que ayudan al fiscalizador a consolidar información sobre la labor investigativa desarrollada y el análisis de los datos obtenidos de distintas fuentes, para posteriormente obtener los resultados de la determinación, que son plasmados en la vista de Cargo

En consecuencia, la forma en que fueron realizados los Papeles de Trabajo, no causan afectación alguna al sujeto pasivo, por cuanto esta documentación resulta auxiliar al contenido del acto administrativo (Vista de Cargo y Resolución Determinativa), constituyéndose en actuaciones internas e inherentes a las actividades operativas efectuadas por los fiscalizadores dentro del proceso determinativo, revistiendo un carácter informativo y no declarativo de la obligación tributaria, consecuentemente no corresponde verificar la nulidad de los papeles de trabajo, denunciada por la parte recurrente

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Sin perjuicio a lo señalado precedentemente, corresponde indicar que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, la Administración Tributaria posee amplias facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y determinación de tributos entre otras, las cuales pueden ser ejercidas para la sustanciación de procesos determinativos y sancionadores a objeto de poder obtener 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir facha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N2 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012.www.ait.gob.bo-Cochabamba, Bolivia 

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todos los datos, hechos y elementos que respalden los cargos atribuidos, mismos que de conformidad al artículo 96 de la citada Ley, deben ser puestos a conocimiento de los sujetos pasivos por intermedio de la Vista de Cargo, para que en ejercicio del derecho a la defensa puedan ser objetados o descargados

Bajo ese entendido, corresponde aclarar a la parte recurrente que la validez de la documentación e información obtenida de terceros y utilizada por la Administración Tributaria en la determinación, no se encuentra condicionada a que de forma previa o simultánea, deba ser notificada el sujeto pasivo con la realización y el resultado de dichos cruces de información, esto bajo el entendido de que conforme a lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley 2492, la Vista de Cargo se constituye en el acto que no solo comunica los cargos atribuidos preliminarmente por el ente recaudador, sino que también pone en conocimiento del sujeto pasivo, los actos, datos, hechos y elementos que los respaldan (entre ellos, los cruces de información realizados); sin perjuicio de que el sujeto pasivo tenga acceso a los actuados y la documentación, conforme establece el artículo 68 numeral 6) de la Ley 2492

Consecuentemente, a objeto de corroborar si la Administración Tributaria puso en conocimiento del sujeto pasivo, los cruces de información realizados sobre los cuales fundo la determinación, y de esta manera no causar indefensión al sujeto pasivo, otorgándole la posibilidad de objetar o rebatir los mismos durante el término establecido en el articulo 98 de la Ley 2492, corresponde contrastar los antecedentes administrativos con el contenido de la Vista de Cargo, advirtiendo de forma inicial que la Administración Tributaria efectuó los siguientes cruces de información: 

El 9 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento No 00125016, solicitando a Escalera Herbas María Luz, documentación relacionada al contrato de alquiler, recibos de alquiler y otros del inmueble ubicado en la Av. Barrientos No 2150, de los periodos de enero a diciembre de las gestiones 2009 a 2013, Acto que obtuvo respuesta conforme lo señalado en el Acta de entrega y devolución de documentos No 125016 (fojas 432 y 439-452 C3 de antecedentes administrativos)

– 

El 9 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento No 00125017, solicitando a Lizarazu Vargas Maribel Katia documentación relacionada al 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

contrato de alquiler, recibos de alquiler y otros del inmueble ubicado en la Av. Rene Barrientos Ortuño N° 2150, de los periodos de enero a diciembre de las gestiones 2009 a 2013. Acto que obtuvo respuesta conforme lo señalado en el Acta de entrega y devolución de documentos No 125017 (fojas 453 y 460-473 C3 de antecedentes administrativos)

El 9 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento No 00125018, solicitando a Ortega Sarmiento Elsa Gabriela, documentación relacionada al contrato de alquiler, recibos de alquiler y otros del inmueble ubicado en la calle Lanza No 324 Edificio Orión, del periodo de julio de 2011 a diciembre de la gestión 2013. Acto que obtuvo respuesta conforme lo señalado en el Acta de entrega y devolución de documentos N° 125018 (fojas 474 y 478-487 C3 de antecedentes administrativos). 

El 9 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento No 00125019, solicitando a HIGH QUALITY CONSULTING SRL, documentación relacionada al contrato de alquiler, recibos de alquiler y otros del inmueble ubicado en la calle Lanza No 324 Edificio Orión, del periodo de febrero de la gestión 2011 a diciembre de la gestión 2013. Acto que obtuvo respuesta conforme lo señalado en el Acta de entrega y devolución de documentos No 125019 (fojas 486 y 492-560 C3 de antecedentes administrativos). 

. .. De igual forma, el 9 de septiembre de 2015, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Requerimiento No 00125020, solicitando a Ledezma Montes Alejandro Romualdo; documentación relacionada al contrato de alquiler, recibos de alquiler y otros del inmueble ubicado en la calle Lanza N° 324 Edificio Orión, del periodo de abril de la gestión 2012 a diciembre de la gestión 2013. Acto que obtuvo respuesta conforme lo señalado en el Acta de entrega y devolución de documentos No 125020 (fojas 561 y 565 C3 de antecedentes administrativos). 

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El 9 de septiembre de 2015, la entidad recaudadora emitió el Requerimiento N° 00125021, solicitando a Terán Ojeda July Alexandra, documentación relacionada al contrato de alquiler, recibos de alquiler y otros del inmueble ubicado en la calle Lanza N° 324 Edificio Orión, del periodo de septiembre de la gestión 2010 a diciembre de la gestión 2013. Acto que no obtuvo respuesta (fojas 566 C3 de antecedentes administrativos). 

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El 9 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento No 00125022, solicitando a Soriana José Antonio, documentación relacionada al contrato de 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan miť’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachia (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní

Av. Oquendo N 381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914),41400114140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia. 

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alquiler, recibos de alquiler y otros del inmueble ubicado en la calle Lanza N° 324 Edificio Orión, del periodo de enero de diciembre de la gestión 2009 a 2013. Acto que obtuvo respuesta conforme lo señalado en el Acta de entrega y devolución de documentos No 125022 (fojas 570, 574-599 C3 y 601609 C4 de antecedentes administrativos)

También el 9 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento N° 00125024, solicitando a Claros Orellana Eliseo documentación relacionada al contrato de alquiler, recibos de alquiler y otros del inmueble ubicado en la calle Lanza N° 324 Edificio Orión, del periodo de enero de la gestión 2012 a diciembre de la gestión 2013. Acto que obtuvo respuesta conforme lo señalado en el Acta de entrega y devolución de documentos No 125024 (fojas 610 y 614-626 C4 de antecedentes administrativos). 

Mediante Requerimiento el 9 de septiembre de 2015, la entidad tributaria recurrida emitió el Requerimiento No 00125025, solicitando a Camacho Rocha Santiago, documentación relacionada al contrato de alquiler, recibos de alquiler y otros del inmueble ubicado en la calle Lanza N° 324 Edificio Orión, del periodo de septiembre de la gestión 2011 a diciembre de gestión de 2013. Acto que obtuvo respuesta conforme lo señalado en el Acta de entrega y devolución de documentos No 125025 (fojas 627 y 631658 C4 de antecedentes administrativos), 

Conforme Nota CITE N° 03807/2015 de 29 de julio de 2015, solicitó a Sobodaycom información relacionado al Listado de todos los eventos autorizados al salón de fiestas CALIFORNIA ubicado en la Av. Barrientos No 2150; Copia de las facturas emitidas a eventos realizados y de las autorizaciones de ejecución pública de obras públicas a eventos realizados por el referido salón de fiestas; solicitud que recibió respuesta mediante Nota de 10 de noviembre de 2015, al que se adjunto fotocopias simples de facturas (fojas 660, 663-706 C4 de antecedentes administrativos). 

Mediante Nota Cite: N°3564/2018 de 7 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria peticionó a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC), documentación debidamente autenticada y legalizada de varios medidores de energía eléctrica; requerimiento que fue atendido mediante Nota Cite: GG-AL 4987 de 13 de noviembre de 2018, al que se adjuntó un CD y documentación (fojas 707, 709-711 C4 de antecedentes 

administrativos). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

De igual forma, el SIN mediante Nota CITE No 3565/2018 de 7 de noviembre de 2018, dirigida a la Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios Cochabamba Ltda., peticionó documentación autenticada y legalizada de varias líneas telefónicas y del registro propietario de las mismas, obteniendo respuesta a través de la Nota B.O.C. 555/18 acompañada de documentación (fojas 712 C4 y 3203-3208 C17 de antecedentes administrativos)

También mediante Nota CITE N° 1496/2018 de 25 de junio de 2018, la entidad recaudadora requirió a Fundempresa Cochabamba, información general, legal y financiera correspondiente a la gestión 2013 debidamente documentada respecto a la matrícula de comercio del contribuyente Vidal Siles Escobar; mismo que fue respondido mediante Certificado CERT-EST-JOCB-248/28 de 3 de julio de 2018, señalando que Siles Escobar Vidal, no registra ninguna vinculación comercial en el Registro de Comercio (fojas 7 C4 de antecedentes administrativos). 

Igualmente, mediante Nota CITE N° 02301/2016 de 4 de octubre de 2016, la parte recurrida, instó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) instruir a las entidades financieras presentar información relacionada a los Estados Financieros de Vidal Siles Escobar, solicitud que fue reiterada mediante Nota CITE N° 2379/2018 de 23 de agosto de 2018; además a través del CITE N° 2380/2018 de 23 de agosto de 2018, solicitó que requiera al Banco Ganadero documentación de los Estados Financieros del referido; peticiones que obtuvieron respuesta documentada (fojas 716-717, 718, 720-800 -más anexos- C4, 801-1000 C5, 10011200 C6, 12011332 07 de antecedentes administrativos). 

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Mediante Nota CITE No 1425/2015 de 18 de marzo de 2015, la Administración Tributaria solicitó a Industrias de Aceite SA, información y documentación relacionada a las transacciones efectuadas utilizando el código de cliente asignado a Vidal Siles Escobar de los periodos de enero a diciembre de las gestiones de 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013, además de informar sobre el contrato y/o registro de cliente; ordenes de entrega de los productores detallados en las facturas; copia empresa de las facturas emitidas y copia magnética de las mismas, documentos de pago recibidos de su cliente (Recibo de Pago, 

Comprobantes de Ingreso, cheques, depósitos bancarios, etc.); lugar donde fueron 9. entregados los productos detallados en las facturas; lista de precios sugeridos para la venta 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

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II

de todos los productos de la empresa de las gestiones requeridas, otra documentación. Solicitud que mereció como respuesta la Nota de 27 de abril de 2015, al que se adjuntó la información requerida (fojas 1333-1400 C7 y 1601-1664 C8 de antecedentes administrativos). 

En virtud a la Nota CITE N° 3733/2015 de 27 de julio de 2015, la Administración Tributaria recurrida intimó nuevamente a Industrias de Aceite SA, verifique su relación con Vidal Siles Escobar, y si el indicado prestaba servicios de transporte, comisionista o el mismo seria cliente de la empresa (distribuidor mayorista) con documentación de respaldo (contratos, facturas, retenciones, etc.), todo en las gestiones 2008 a 2013. Solicitud que mereció respuesta mediante Nota de 18 de septiembre de 2015, que señala: “9. En las gestiones detalladas la relación del Sr. Vidal Siles Escobar con Industrias de Aceite SA era cliente de la empresa. 2. El mismo no prestaba servicios de transporte ni de comisionista en las gestiones anteriormente mencionadas, solo sería cliente de la Empresa, al cual por los volúmenes de compra que realizaba se le hacían descuentos del 4,5 en Productos propios y del 1,5 en Productos importados” (fojas 1665-1669 C9 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, la entidad tributaria recurrida a través del CITE N° 749/2017 de 17 de mayo de 2017, peticionó a Industrias de Aceite SA (IASA), información relacionada con los precios sugeridos de venta al consumidor final durante la gestión 2012, de todos los productos y líneas comercializadas por IASA; estado de cuenta cliente con código N° 1879723 y mayor contable cliente N° 1879723 durante la gestión 2012; detalle de productos vendidos bajo el código N° 1879723 de la gestión 2012. Solicitud que mereció respuesta mediante Nota de 7 de junio de 2017, al que adjuntó a través de medio magnético CD el estado de cuenta y mayor contable, además el detalle del producto vendido de cliente con Código No 1879723 (fojas 1670 1731 C9 de antecedentes administrativos). 

Mediante CITE N° 3567/2018 de 7 de noviembre de 2018, el Servicio de Impuestos Nacionales requirió certificación a IASA si el código cliente No 1879723, corresponde a Siles Escobar Vidal; además pidió explicación del procedimiento que realiza IASA para consignar el nombre ylo razón social de sus clientes en sus facturas de venta. Requerimiento que obtuvo respuesta mediante Nota GT 0003/2018 de 19 de noviembre 

de 2018, que indicó -entre otros- que: “Industrias de Aceite SA tiene a bien certificar que el 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Estado Plurinacional de Bolivi

Código de Cliente N° 1879723 pertenece al Sr. Siles Escobar Vidal” (fojas 1732 y 5105 C9 de antecedentes administrativos). 

Nuevamente, con CITE No 3568/2018 de 7 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria instó a IASA información respecto a los productos detallados en las facturas de venta de todas las líneas comercializadas durante la gestión 2012; empresa que a través de la Nota GT 0005/018 de 21 de noviembre de 2018, indicó que adjunta anexo detallado de los códigos y procedencia de los productos propios e importados de neas comercializadas durante la mencionada gestión (fojas 1736-1738 y 1745-1746 C9 de antecedentes administrativos). 

A través del CITE N° 3776/2018 de 20 de noviembre de 2018, el ente tributario pidió a IASA certifique si las facturas emitidas con los códigos de cliente No 44998 y 1879723 fueron canceladas en su totalidad por el Sr. Sites Escobar Vidal (fojas 1747 C9 de antecedentes administrativos)

Asimismo, conforme CITE N° 2529/2018 de 3 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria solicitó información y documentación a la empresa Industrial y Comercial Norte SA respecto a las facturas emitidas por Industrias de Aceite SA, en respuesta la citada empresa presentó nota el 21 de septiembre de 2018 argumentando que no mantuvo vínculo o relación comercial con el indicado, menos como transportista, comisionista ylo intermediario (fojas 1757-1759 y 1765 C9 de antecedentes administrativos)

Según CITE N° 2532/2018 de 3 de septiembre de 2018, la entidad recaudadora solicitó a Sergio Dodson Andrew Cardozo, información y documentación referente a su proveedor IASA de facturas detalladas a través de un cuadro; Libros de Compras IVA; comprobantes de diario y/o traspaso por la entrega parcial y/o total de los productos comprados y/o servicios; comprobante de egreso según pagos efectuados y medios de pago, contratos de compra de bienes y/o prestación de servicios; indicar la vinculación y destino de los bienes; explicación de vinculo o relación comercial de trabajo o contractual con Siles Escobar Vidal (fojas 1765-1770 C29 de antecedentes administrativos). Petición que obtuvo respuesta mediante Nota de 22 de octubre de 2018, la cual señaló: 1.-Las siguientes 

facturas no fueron consideradas para la liquidación...8676, 8677, 8684, 8685.1. 2- No se 

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encuentra con solicitudes de compra, cotizaciones, proformas, notas de remisión, o nota

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní

  1. Oquendo NR 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914)41400114140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

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de trasferencia o depósitos. 3.- Los pagos fueron en efectivo…3. No se cuenta con contratos con Industrias de Aceite SA. 4.– No se cuenta con contratos con Industrias de Aceite SA...6.– La persona mencionada solo fue designada para adquirir la materia prima y no se hizo ningún contrato de por medio. (fojas 17691770 y 1780-1792 C9 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, el Servicio de Impuestos Nacionales mediante CITE N° 2533/2018 de 3 de septiembre de 2018, solicitó a Sandra Mercado Ovando información y documentación referida a compras facturadas por el proveedor Industrias de Aceite SA y la explicación de vinculo o relación comercial de trabajo o contractual con Siles Escobar Vidal. Acto que recibió respuesta conforme se advierte las actas de recepción de documentos y la documentación cursante en obrados (fojas 17941795 C9 y 1805-1832 C10 de antecedentes administrativos). 

De igual forma, a través del CITE No 2537/2018 de 3 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria recurrida, impetró a Medardo Sejas Sandoval información y documentación referida a compras facturadas por el proveedor Industrias de Aceite SA y la explicación del vínculo o relación comercial de trabajo o contractual con Siles Escobar Vidal, Solicitud que obtuvo como respuesta mediante Nota de 17 de octubre de 2018 (fojas 18401874 C10 de antecedentes administrativos). 

Según CITE N° 2539/2018 de 3 de septiembre de 2018, la entidad tributaria peticiono información documentada a Benedicto Ramiro Chávez Siles, referida a compras facturadas por el proveedor Industrias de Aceite SA y la explicación de vinculo o relación comercial de trabajo o contractual con Siles Escobar Vidal. Solicitud que mereció respuesta conforme se advierte del acta de recepción de documentos (fojas 18481849 y 18521861 C10 de antecedentes administrativos). 

Mediante CITE N° 2540/2008 de 3 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria solicitó a la empresa La Estancia SRL, información y documentación referida a compras facturadas por el proveedor Industrias de Aceite SA y la explicación de vínculo o relación comercial de trabajo o contractual con Siles Escobar Vidal. En respuesta, Marcia Cecilia Ballivian de Benítez presentó nota el 14 de noviembre de 2018, requiriendo ampliación de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Estado Plurinacional de Bolivia 

plazo para la presentación de la documentación (fojas 1862-1862 y 1874 C10 de antecedentes administrativos). 

También, mediante CITE N° 2541/2018 de 3 de septiembre de 2018 el Servicio de Impuestos Nacionales, pidió a Encarnación Siles Arias información y documentación referida a compras facturadas por el proveedor Industrias de Aceite SA y la explicación de vínculo o relación comercial de trabajo o contractual con Siles Escobar Vidal. Tal requerimiento no obtuvo respuesta (fojas 1881-1889 de antecedentes administrativos). 

El 3 de septiembre de 2018, la entidad tributaria recurrida instó a Hugo Eduardo Rocabado Barrientos información y documentación referida a compras facturadas por el proveedor Industrias de Aceite SA y la explicación de vínculo o relación comercial de trabajo o contractual con Siles Escobar Vidal. Solicitud que fue atendida conforme se desprende del acta de recepción de documentos (fojas 18851887 y 1895-1934 de antecedentes administrativos). 

Mediante CITE N°2549/2018 de 3 septiembre de 2018, la Administración Tributaria solicito 

a Marina Teresa Patiño Duran información y documentación referida a compras facturadas; por el proveedor Industrias de Aceite SA y la explicación de vínculo o relación comercial de trabajo o contractual con Siles Escobar Vidal. En respuesta al mencionado requerimiento, presentó nota de 16 de octubre de 2018 (fojas 19351936 y 1940 C10 de antecedentes administrativos)

– 

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Conforme CITE N° 2550/2018 de 3 septiembre de 2018, la Administración Tributaria solicitó a Juan Carlos Escalera López, información y documentación referida a compras facturadas por el proveedor Industrias de Aceite SA y la explicación de vínculo o relación comercial de trabajo o contractual con Siles Escobar Vidal. En respuesta la referida presentó nota de 16 de octubre de 2018 (fojas 1941-1942 y 1946 C10 de antecedentes administrativos). 

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En virtud al CITE N° 2643/2018 de 3 septiembre de 2018, la Administración Tributaria solicitó a Freddy Navarro Antezana, información y documentación referida a compras facturadas por el proveedor Industrias de Aceite SA y la explicación de vínculo o relación comercial de trabajo o contractual con Siles Escobar Vidal. En respuesta dicha persona 

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9001 IBNORCA Story de Gestió

de la Caidas Certificador 17

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaran!) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela.y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012* www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

III 

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III 

presentó nota de 16 de octubre de 2018 (fojas 1950-1951 y 1954 C10 de antecedentes administrativos). 

Además, mediante CITE N° 2548/2018 de 3 septiembre de 2018, la Administración Tributaria solicitó a Jesús Fernando Quiroga Torrez, información y documentación referida 

a compras facturadas por el proveedor Industrias de Aceite SA y la explicación del vínculo o relación comercial de trabajo o contractual con Siles Escobar Vidal. Petición que no obtuvo respuesta (fojas 1954-1955 C10 de antecedentes administrativos). 

Mediante CITE N° 2548/2018 de 3 septiembre de 2018, el Servicio de Impuestos Nacionales solicitó a Zenón Ledezma Cabrera, información y documentación referida a compras facturadas por el proveedor Industrias de Aceite SA y la explicación de vínculo o 

relación comercial de trabajo o contractual con Siles Escobar Vidal, Petición que no obtuvo 

respuesta (fojas 1960-1961 C10 de antecedentes administrativos). 

Ahora bien, de la compulsa de la Vista de Cargo N° 291830000791 de 28 de diciembre de 2018 (cursante a fojas 2910-2967 C15 de antecedentes administrativos), se advierte que la Administración Tributaria a efecto de establecer la base imponible uti de determinación sobre base cierta, en el acápite “HECHOS, ACTOS, DATOS, ELEMENTOS Y VALORACIONES DE FUNDAMENTO A LAS OBSERVACIONES (BASE CIERTA)”señaló que a objeto de contar con elementos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles, solicitó documentación e información a terceros, identificando de forma precisa las solicitudes efectuadas a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba SA, Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios Cochabamba Ltda., Sobodaycom, Fundempresa, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, describiendo además el resultado de las solicitudes (fojas 3-5 de la Vista de Cargo). 

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De la misma manera, la Administración Tributaria en el citado acto a efecto de establecer la base imponible aplicando el método de determinación sobre base presunta, en el acápite “HECHOS, ACTOS, DATOS, ELEMENTOS Y VALORACIONES DE FUNDAMENTO A LAS OBSERVACIONES (BASE PRESUNTA)” señaló que a objeto de contar con elementos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles solicitó documentación e información al sujeto pasivo y al proveedor Industrias de Aceite SA, identificando de forma precisa las notas y los requerimientos efectuados, así como el 

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IIIIII 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

resultado de dichas actuaciones, describiendo la información obtenida y relacionada con las transacciones efectuadas con el código de cliente asignado al recurrente; asimismo, mencionó que el citado proveedor presentó copia de las facturas, comprobantes contables, planillas de cobranza, recibos por los depósitos bancarios (fojas 23-24 de la Vista de Cargo). 

Seguidamente, la Administración Tributaria expuso a través de un cuadro con el apartado “PORCENTAJE DE FACTURAS DE COMPRAS SUJETAS A CRUCE DE INFORMACIÓN PERIODOS: ENERO A DICIEMBRE/2012el detalle de requerimientos de información y documentación realizados a Industrial y Comercial Norte SA, Andrew Cardozo Sergio Dodoson, Mercado Ovando Sandra, Chávez Siles Benedicto Ramiro, La Estancia SRL, Siles Arias Encarnación, Rocabado Barrientos Hugo Eduardo, Patiño Duran Marina Teresa, Escalera López Juan Carlos, Navarro Antezana Freddy, Quiroga Torres Jesús Fernando y Ledezma Cabrera Zenón, consignando la cantidad de facturas cruzadas y el resultado obtenido (fojas 26-27 de la Vista de Cargo)

De igual forma, se advirtió que el ente recaudador en la vista de Cargo N° 291830000791 expuso el cuadro “DETALLE DE INGRESOS POR RETRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DISTRIBUIDOS – DEL PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.”, obteniendo el importe correspondiente a ingresos por distribución sobre el cual aplicó las alicuotas del IVA, IT e UE a objeto de obtener la base imponible determinada sobre base presunta (fojas 30-49 de la Vista de Cargo)

De esta manera, del análisis del contenido de la Vista de Cargo N° 291830000791 de 28 de diciembre de 2018, se pudo advertir que la Administración Tributaria, comunico y expuso, todos los cruces de información que fueron realizados e identifico los elementos de prueba que obtuvo de dichos cruces y que fueron utilizados en la determinación, a fin de que el sujeto pasivo tenga la oportunidad de objetar los mismos en aplicación de su derecho a la defensa; toda vez que la Vista de Cargo, se configuró en un acto de determinación preliminar que es susceptible a modificaciones, dependiendo los descargos presentados por el sujeto pasivo. 

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En consecuencia, no se advierte vulneración al derecho al debido proceso del recurrente, por cuanto el mismo tuvo conocimiento formal de la documentación presentada po

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9001 IBNORCA Sistema de Gestn Cervicado N7144 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti ofomita mbaerepi Vee (Guaranf) 

Av: Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos:'(5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

terceros como resultado de los cruces efectuados, esto a través del contenido y los cargos que expone la Vista Cargo referida previamente, la cual fue notificada y posteriormente 

objetada por el sujeto pasivo, mediante su nota de descargo de 28 de enero de 2019 (fojas 3211-3213 C17de antecedentes administrativos); denotando con ello, su pleno conocimiento respecto a todos los reparos tributarios formulados en su contra, emergente de la información y documentación obtenida de terceros. 

Alo señalado, corresponde agregar que en resguardo de lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 68 de la Ley 2492, el sujeto pasivo tenía derecho al libre acceso a las actuaciones y la documentación que respaldaron los cargos atribuídos; sin embargo, no demostró que la Administración Tributaria le hubiese restringido tal acceso a las actuaciones, conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492; por consiguiente, corresponde desestimar el agravio planteado por no tener un fundamento legal y de hecho válido. 

IV.2. Sobre la extinción de la facultad para emitir la Vista de Cargo. La parte recurrente reclamó que el SIN violentando las leyes tributarias emitió y notificó la Vista de Cargo, de manera extemporánea, no llegando a percatarse que el plazo para concluir la fiscalización resulta de un (1) año, por lo que dicho termino venció superabundantemente; explicó que el 29 de diciembre de 2016, momento en que fue notificada la Orden de Verificación, habían transcurrido 2 años y 4 meses para la emisión de la Vista de Cargo, de esta manera la Administración Tributaria no concluyó su trabajo de fiscalización dentro del plazo de 12 meses que establece la citada Ley; además que debió notificar la vista de Cargo dentro el plazo máximo de 5 dias a partir de su emisión. 

Por otra parte, refirió que debe considerarse que la Vista de Cargo se extingue de pleno derecho sin necesidad de otro acto posterior por expiración del plazo, el cual es perentorio y de cumplimiento obligatorio, correspondiendo por lo tanto disponer la extinción de pleno derecho de la facultad para emitir la vista de Cargo, debiendo el ente recaudador dictar una Resolución Determinativa que declare la inexistencia y la extinción de la deuda tributaria, 

En contraposición, la Administración Tributaria manifestó que la Ley 2492 no contempla la caducidad o pérdida de las facultades de la Administración Tributaria para determinar obligaciones tributarias; y que si bien la Ley 2341, llega a establecer lo 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Estado Plurinacional de Boliyla 

invocado respecto al instituto de la caducidad; sin embrago, adujo que no podría ser aplicable dicha Ley y su Decreto Reglamentario al no existir indefensión ni vulneración 

al debido proceso. 

Asimismo, añadió que el artículo 33 de la Ley 2341, prevé que la notificación del acto deberá ser realizada en el plazo máximo de 5 días a partir de la fecha de su emisión; empero, la normativa tributaria no estableció de forma expresa que las notificaciones practicadas fuera de dicho plazo, deban ser sancionadas con la anulabilidad; además en consideración de que a partir de la notificación de la Vista de Cargo, el sujeto pasivo contó con un plazo para presentar descargos e incluso interponer el recurso que la ley establece, por lo que no se materializó la indefensión alegada por el sujeto pasivo como sustento de alguna nulidad o anulabilidad. 

Expuestas las pretensiones de ambas partes procesales, correspondé precisar que en temas de nulidad de actos debe considerarse el principio de especificidad, el cual según la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 022/2015-S2 de 16 de enero, sostiene que: “6..) los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado, en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta’ que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, especifica, porque ningún trámite o acto judicial sedeclarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos ‘No hay nulidad, sin ley específica que la establezca‘ (Eduardo Cuoture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil’ p. 386) (…)”. 

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Asimismo, la doctrina administrativa considera que en general: “Los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y politica juridica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 3, p. XI-40). Asimismo, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 90, considera anulable: “La condición de los actos o negocios juridicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en 

ISO 9001 

Calidad 

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de Calidad Certificador 77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a karnani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos:(5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

Su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad”. 

Por otra parte, la normativa tributaria boliviana, precisamente el artículo 96 de la Ley 2492, señala que: La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración 

del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado (…) II. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda”. 

Asimismo, el artículo 98 del citado cuerpo legal previamente, respecto a los descargos, dispone: “Una vez notificada la vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) dias para formular y presentar los descargos que estime convenientes (…)”. 

También el artículo 104 de la Ley 2492, en su parágrafo V, prevé que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

Por su lado, el parágrafo III del artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable en materia tributaria conforme los artículos 74 y 201 del Código Tributario Boliviano, establece claramente que: “La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo“. 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos se observó que la 

Administración Tributaria realizó las siguientes actuaciones en el procedimiento 

fiscalizador: 

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TIL

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II

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

FECHA DE NOTIFICACIÓN 

FOJAS DE ANTECEDENTES 

ACTUACIONES ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Emisión de la Orden de Fiscalización N° 14990100377 Con alcance correspondiente al IV, IT e UE periodo enero a 

diciembre 2012 

23-122014 

9C1 

Notificación al sujeto pasivo con la Orden de Fiscalización No 

1499010037

29-122016 

9C1 

Emisión de la Vista de Cargo N° 291830000791 

28-122018 

29102067 C15 

Notificación con la vista de Cargo N° 291830000791 

31-122018 

2981 C15 

Del cuadro expuesto precedentemente en cuanto a lo manifestado por el recurrente, se colige que la emisión de la Vista de Cargo N° 291830000791 fue el 28 de diciembre de 2018, es decir, que dicho acto administrativo efectivamente fue emitido a más de cuatro (4) años posteriores al inicio de la notificación del Procedimiento de Fiscalización contra el administrado, incumpliendo en consecuencia lo previsto por el artículo 104, parágrafo V de la Ley 2492, el cual dispone un periodo de doce (12) meses, desde el inicio hasta la emisión de la Vista de Cargo. 

Asimismo, destacar que verificado los antecedentes administrativos tampoco pudo advertirse la existencia de requerimiento de ampliación de plazo para la emisión del citado acto administrativo; no obstante corresponde señalar que el citado artículo no sanciona el incumplimiento del plazo de los doce meses con la nulidad del proceso y mucho menos dispone la caducidad de las facultades de determinación de la Administración Tributaria. 

Por otro lado, resulta menester aclarar a la parte recurrente que en el presente caso no corresponde aplicar lo dispuesto en el inciso c) del artículo 57 del Decreto Supremo 27113, al ser una disposición referida a la expiración del plazo para el cumplimiento del objeto del acto administrativo, situación totalmente distinta al incumplimiento del plazo establecido para la emisión de la Vista de Cargo, la cual surte efectos jurídicos sobre el sujeto pasivo, una vez notificada, aperturando un plazo de descargo de 30 dias conforme lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 2492, no advirtiendo afectación alguna al derecho a la defensa por 

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ISO 900

Caridad AFNOL CERTIHLIN

dicho aspecto. 

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Adicionalmente, cabe señalar que la Ley 2341 invocada por el propio sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, dispone de forma expresa en el parágrafo III de su artículo 36, que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas, sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o 

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9001 IBNORCA Sisterna de Gestión 

de la calidad Certificado N 771/

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir ach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

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plazo, por lo que de conformidad al artículo citado y al razonamiento expuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 022/2015S2 de 16 de enero, respecto al principio de especificidad o legalidad, no corresponde el agravio invocado por el sujeto pasivo. 

Por otro lado, en relación a lo argumentado por el recurrente, respecto a que la notificación de la Vista de Cargo N° 291830000791 debió ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) dias a partir de su fecha de emisión; corresponde señalar que de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que la Administración Tributaria emitió la citada Vista de Cargo el 28 de diciembre de 2018; asimismo, se advierte que dicho acto administrativo fue notificado de forma personal el 31 de diciembre de 2018, no llegando a sobrepasar el término de 5 dias alegados por el sujeto pasivo

No obstante, resulta necesario señalar que el plazo alegado por la parte recurrente, se encuentra dispuesto en el parágrafo III del artículo 33 de la Ley 2341; empero es importante aclarar que en materia tributaria, el proceso de notificación se encuentra regulado en los artículos 83 al 91 de la Ley 2492, los cuales no establecen específicamente un término perentorio para dicha acción y que justifique la nulidad por notificación extemporánea de actos administrativos, así como tampoco está contemplada la pérdida de la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, calificar la conducta del contribuyente y sancionarla por las contravenciones cometidas por este hecho; por ello, si bien la Ley 2341, es de aplicación supletoria, tal normativa tampoco prevé la nulidad por la situación reclamada. 

En cuanto a las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0339/2006 y AGIT-RJ 1059/2015, que fueron señaladas por la Administración Tributaria en sustento de sus argumentos -en relación al punto en particular- señalar de forma puntual que dicho contenido fue estudiado, analizado y considerado por ésta instancia recursiva al momento de emitir criterio técnicojurídico; pues ambos precedentes doctrinarios tributarios presentan el mismo entendimiento relacionados a la no correspondencia de la nulidad de actos administrativos emitidos extemporáneamente por no estar contemplado en las disposiciones tributarias. 

En ese contexto, por los argumentos expuestos y sin necesidad de ingresar a un mayor análisis, al no encontrarse sustentado en derecho lo agraviado por la parte recurrente y de 

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III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

conformidad al principio de especificidad, no tiene mérito el agravio invocado por Vidal Siles Escobar en cuanto a este aspecto. 

IV.3, Sobre la falta de atención a los descargos presentados. 

La parte recurrente señaló que ofreció descargos a la Vista de Cargo, los cuales no fueron atendidos por la Administración Tributaria recurrida, procediendo a la emisión de la Resolución Determinativa N° 171930000133 de 19 de marzo de 2019 ahora impugnada. 

Por su parte, la Administración Tributaria afirmó que el sujeto pa sentó el 28 de enero de 2019, descargos a la vista de Cargo solicitando su anulación y la declaratoria de prescripción de la deuda tributaria, siendo analizados y valorados, considerándolos como no válidos según el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDCBBA/DJCC/TJ/INF/129/2019, 

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Al respecto, con referencia a la valoración de la prueba, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala que es: “(…) imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos à las partes procesales, b) Debe conteneriuna exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada (...)“. 

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Calidad VITAJIKAN 

Aranibar Melia 

También resulta importante señalar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que: “9. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los 

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos. Il. El estado Hos ou 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el artículo 117 de la referida 

Constitución Política del Estado establece que: “1. Ninguna persona puede ser condenada EWIGLO 

wa sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido proceso”, asimismo, el parágrafo Ropa y auto ili del artículo 119 del mismo cuerpo legal, señala que las partes en conflicto gozarán de 

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900) IBNORCA Standarta 

de 4 Cold Cetica N77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbụrụvisa tendodeguambaeti onomita mbaerepi Vae (Guaran) 

Av. Oquendo NP 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011.-4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

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igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan. 

En ese marco normativo constitucional, precautelando el derecho al debido proceso con el que cuenta el recurrente, en el ámbito tributario, los derechos del sujeto pasivo están reconocidos en los numerales 2, 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492, que establecen que 

el sujeto pasivo tiene derecho que la Administración Tributaria resuelva expresamente las 

cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos; al debido proceso, formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

Con relación a la nulidad de los actos administrativos, los parágrafos I y Il del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente al caso, en atención al numeral 1 del artículos 74 y al artículo 201 del Código Tributario Boliviano, señalan que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

La normativa expuesta precedentemente, permite colegir que es deber de la Administración Tributaria efectuar una valoración y análisis de todos los argumentos y documentos que fueron presentados por el sujeto pasivo durante la sustanciación del procedimiento determinativo, efectuando un pronunciamiento debidamente fundamentado, ya sea positivo o negativo respecto a las pretensiones, alegaciones y solicitudes del administrado, aspecto que será verificado en el presente acápite en relación a lo argumentado por la parte recurrente. 

Bajo ese entendido, de la compulsa de los antecedentes administrativos se advierte que la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Vista de Cargo N° 291830000791 de 28 de diciembre de 2018, que calificó preliminarmente la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, liquidando la deuda tributaria establecida sobre base cierta y presunta del IVA, IT e UE correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2012 en UFVs 357,251. Acto notificado mediante cédula al sujeto 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

pasivo, el 31 de diciembre de 2018 (fojas 2910-2697 y 2981 C15 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, a fojas 3211-3213 C17 de antecedentes administrativos, ante la notificación de la Vista de Cargo N° 291830000791, el sujeto pasivo presentó nota de descargo el 28 de enero de 2019, ofreciendo como descargo los siguientes argumentos: 

Que la Administración Tributaria no identificó de manera fehaciente, clara y adecuada la vinculación o las conexiones que deberian existir entre quienes compraron los productos debidamente facturados por el proveedor IASA y sus correspondientes ventas a terceros, por lo que al determinar la deuda tributaria cometió un error.vinculado con el proceso, siendo que las facturas fueron emitidas con conocimiento de causa de los beneficiarios, de igual manera el SIN no identifico todas las deducciones que establece la normativa tributaria, realizando una serie de instrucciones que no permitieron conocer de manera clara y contundente la verdad material de las transacciones con IASA; por lo que mal’ pudo utilizar únicamente el código de cliente. 

Concluyó señalando que la entidad recaudadora no cumplió con sus atribuciones de investigación; pues, no pregunto a cada uno de los beneficiarios de las facturas emitidas por IASA, así como tampoco investigó el aprovechamiento del crédito fiscal de cada una de las facturas. Añadió que el SIN de manera unilateral emitió requerimiento a IASA sin notificarle también a su persona, aspecto que vulneró el debido proceso y derecho a la defensa; además precisó la existencia de vicios de nulidad en la vista de Cargo previstos por el artículo 36 de la Ley 2341. 

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  • Que de acuerdo a la Ley 2492 se produjo la prescripción de las acciones de la 

Administración Tributaria respecto a los hechos generadores acontecidos en la gestión 2012, además que las modificaciones al artículo 59 del Código Tributario Boliviano, efectuadas por las Leyes 291 y 317 no pueden aplicarse en cumplimiento a los artículos 123 de la Constitución Política del Estado, 150 de la Ley 2492 y 11 del Decreto Supremo 27874. Agregó que la Orden de Fiscalización fue notificada después de que la facultad para fiscalizar prescribió, por lo que no podria considerársela como causal de suspensión al plazo de la prescripción. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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  • Que, corresponde la nulidad de la Vista de Cargo a efectos de que la Administración 

Tributaria emita una nueva Vista de Cargo en la que exponga la fundamentación del acto, toda vez que al no conocer las características sobre los pagos y las personas que se beneficiaron de las facturas, fue afectado el derecho a la defensa, 

Que, la Gerencia de Servicios de Impuestos Nacionales no concluyó su trabajo de fiscalización dentro del plazo de 12 meses establecido en el parágrafo V del artículo 104 

  1. y que si fue emitida la Vista de Cargo debió ser notificada dentro del plazo máximo de 5 días posteriores a su emisión, debiendo considerar que el acto administrativo se extingue de pleno derecho por expiración del plazo para el cumplimiento de su objeto, que los plazos relativos a normas tributarias son perentorios y que la autoridad administrativa tiene el deber de cumplir los plazos. 

Finalmente, como acto conclusivo del procedimiento determinativo, la Administración Tributaria recurrida emitió la Resolución Determinativa N° 171930000133 de 19 de marzo de 2019, cuyo Considerando II, señaló que el contribuyente presentó alegatos a manera de descargos a la vista de Cargo N° 291830000791, por lo que a efecto de realizar la valoración de la nota la Administración Tributaria expuso: “Entonces la falta de mecanismos para conocer de forma indubitable los elementos de la obligación tributaria, y siendo que la norma prevé y justifica el conocimiento razonable de sus obligaciones tributarias, esta Administración Tributaria en estricta observancia del principio de legalidad que encausa el principio de legitimidad ha procedido a determinar la base imponible sobre BASE PRESUNTA. Que por lo expuesto siendo que al NO aportar información documental fidedigna respecto a la determinación, cuando en reiteradas ocasiones se requiró información como consta en el expediente administrativo. limitándose solo a presentar 

alegatos como respuestas con respecto a estas solicitudes concernientes a la 

determinación sobre base presunta, mediante las cuales solo refiere no poseer la documentación solicitada…tampoco presenta documentación (…)” (fojas 67-96 del acto impugnado). 

Continuó señalando que: “(…) asimismo el trabajo realizado respecto a los cruces de información a través de requerimiento (F. 4003) a las personas a las que se consignó las facturas, cancelaron el efectivo al proveedor Sr. Siles Escobar Vidal los importes de las transacciones realizadas evidenciándose el pago efectuado por los mismos lo que concluye que efectivamente el Sr. Siles Vidal distribuyo estos productos, asimismo como 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

mal refiere el contribuyente solo se tomó el código cliente (N° 44998) y la otra llevan el código cliente No (1879723) para la determinación, cabe resaltar que fueron varios elementos que interrelacionados nos permiten llegar a esta conclusión; como que 

verificadas que todas las facturas registran su código cliente y al respecto I.A.S.A. mediante respuesta a solicitud nos comunica que el Sr. Siles Escobar Vidal era cliente de la empresa 

y que “no prestaba servicios ni de transporte ni de comisionista en las gestiones anteriormente mencionadas, solo sería cliente de la empresa, al cual por los volúmenes de 

compra que realizaba se le hacían descuentos del 4,5% en productos propios y 1.5% en 

productos importados (...)” (fojas 69-70 del acto impugnado). 

La Resolución Determinativa prosiguió señalando: “De todo lo expuesto se evidencia que el contribuyente no cumple con la aportación de pruebas sino solo se limita a observar e increpar las acciones de las Administración Tributaria por lo que obstaculiza y dilata el trabajo de la Administración Tributaria (…) Que la información y documentación presentada por I.A.S.A (…) representan prueba fehaciente, y con respecto a que no se le habría notificado la obtención de esta información, no existe en el expediente ni el presente descargo evidencia de haber solicitado documento alguno, en pos de interesarse o verificar el proceso…y por ende ejercer su derecho al debido proceso (...)”, asimismo, refirió -en relación al aprovechamiento del crédito fiscal por parte de las personas que emitieron las facturas- que solo corresponde a la Administración Tributaria establecer los proceso que considere oportunos, además que los vicios de nulidad invocados por el recurrente no resultan procedentes por no indicar la lesión de su interés jurídico (fojas 70-71 del acto impugnado). 

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Por otra parte, la Resolución Determinativa motivo de impugnación, en relación a la extinción de la facultad de administrativa para determinar la obligación tributaria por prescripción, citó doctrina y normativa respecto al instituto juridico de la prescripción, concluyendo: “(…) se evidencia que en la gestión fiscal por el que se solicitó la prescripción correspondiente al 2012, cuyo ciclo de prescripción aún no se encontraba cerrado, a momento de las modificaciones realizadas al artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo que las Acciones de esta Administración Tributaria para determinar deuda tributaria no se encontraban prescritas, asimismo la Ley 812 de 01/07/2016, modificó (en beneficio del sujeto pasivo), el artículo 59° de la Ley 2492, siendo que por imperio del artículo 150° del mismo cuerpo legal, de aplicación en el presente caso. Por cuanto esta Administración 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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Tributaria NO puede apartarse del principio de legalidad y ante la promulgacn y puesta en vigencia de la modificación respecto al régimen de prescripción, es su deber dar estricta 

observancia (…) De lo expresado precedentemente se establece que para el caso en 

cuestión no procede la solicitud de prescripción puesto que la misma no ha operado, teniendo plena competencia y legalidad (...)” (fojas 7677 del acto impugnado). 

Asimismo, respecto a la extinción de la facultad administrativa para emitir la Vista de Cargo, expuso que: “(…) que el artículo 104° establece la posibilidad de una prórroga de seis meses adicionales, esto implica que el espíritu de la norma es conceder más tiempo para que se efectué un trabajo minucioso a fin de que cumpla con su objetivo, sin que ello implique perentoriedad de la facultad de la Administración Tributaria en su labor determinativa, por lo que no podríamos emplear supletoriamente lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y su Decreto Reglamentario, ya que como indicamos el hecho no causaría indefensión ni violaria el debido proceso y que su incumplimiento solo acarrearia consecuencias adversas hacia la Administración Tributaria” (fojas 78 del acto impugnado). 

De forma seguida, el merituado acto indicó que: “(…) el Código Tributario Boliviano (CTB), no recoge en su texto, un término perentorio que justifique la aplicación de la nulidad por emisión extemporánea de actos administrativos por lo que la emisión de la Vista de Cargo N° 291830000791, de 28 de diciembre de 2018, fuera de plazo previsto en el Artículo 104, Parágrafo V del citado Código, no se constituye en un vicio de nulidad (...)“, además señaló los precedentes tributarios de las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ/0339/2006 de 13 de noviembre de 2006, AGIT-RJ 1059/2015 de 23 de junio de 2015, precisando que: “(…) sólo da lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo (…); finalizando con respecto “Al punto 4.-” de las siguiente manera: “Los descargos presentados como alegatos en fecha 28 de enero de 2019, se consideran insuficientes para desvirtuar o dejar sin efecto la duda establecida en la vista de Cargo No 291830000791 de fecha 28 de diciembre de 2018, por lo que su petitorio de archivo de obrados y la declaración de extensión de la obligación Tributaria por prescripción o que se dicte una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria, no procede (…)” (fojas 78-79 del acto impugnado). 

Ahora bien, del contraste de los argumentos ofrecidos como descargo por el sujeto pasivo a la Vista de Cargo N° 291830000791 de 28 de diciembre de 2018 a través de su nota de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Estado Plurinaconal de Boliyla 

28 de enero de 2019 y el contenido de la Resolución Determinativa, resulta evidente que el Servicio de Impuestos Nacionales atendió los descargos presentados por el sujeto pasivo, efectuando una explicación y fundamentación respecto a las razones por las que 

no resultarían suficientes cada uno de dichos argumentos planteados para desvirtuar los cargos establecidos en la citada Vista de Cargo por parte de la entidad recaudadora. 

Por otra parte, en lo que respecta a lo señalado a fojas 3212 de antecedentes administrativos por Vidal Sites Escobar en su nota de descargo a la vista de Cargo, referido a la identificación de las razones por las cuales, el SIN determinó una deuda tributaria consolidando varias actividades económicas que no resultarían parte del registro tributario;. cabe señalar que dicho aspecto fue objeto de análisis por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1260/2019 de 18 de noviembre de 2019, misma que dentro su apartado “IV.4.1.1. Sobre la valoración de los descargos” expresamente sostuvo: “ix. Por lo señalado es evidente que el Sujeto Pasivo, en el descargo a la vista de Cargo, no solicitó a la Administración Tributaria la emisión de pronunciamiento expreso sobre las razones por las cuales fue determinada una deuda tributaria consolidando varias actividades económicas que no son parte del registro tributaria; en todo caso, pidió la nulidad de la Vista de Cargo aduciendo vulneración de sus derechos al Debido Proceso y a la Defensa debido a que no identificó de manera fehaciente, clara y adecuada la vinculación o las conexiones normales que deberían existir entre quienes compraron los productos debidamente facturados por IASA y las ventas a terceros; y que el nuevo acto exponga la fundamentación extrañada (…) no obstante, al haber señalado la Administración Tributaria que era inviable la nulidad solicitada, no existió un nuevo acto en el que se aborde la temática observada en este punto” (fojas 291 del 

expediente administrativo). 

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Entonces, lo expuesto previamente permite colegir que lo alegado por el recurrente en su nota de descargo a la vista de Cargo, referido a la identificación de las razones por las cuales el SIN determinó una deuda tributaria consolidando varias actividades económicas que no resultarían parte del registro tributario, se constituye en un aspecto que no puede ser considerado como un descargo propiamente dicho, por cuanto el mismo fue planteado en el entendido de que si correspondiese la nulidad del proceso, la Administración Tributaria al momento de reponer obrados, debería explicar esa situación. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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Consecuentemente, se infiere que el Servicio de Impuestos Nacionales cumplió lo dispuesto en los numerales 2,6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492, al resolver en el acto impugnado, todos los aspectos planteados como descargo a la Vista de Cargo, quedando evidenciado la no existencia de vulneración al debido proceso y derecho a la defensa establecidos en el parágrafo II del artículos 115 y del parágrafo I del articulo 117 de la Constitución Política del Estado, aspecto que permite advierte que la Resolución 

Determinativa impugnada dio cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, referido al requisito de fundamentos de hecho y derecho; por consiguiente corresponde desestimar lo agraviado al respecto. 

IV.4. Con relación al Método de determinación aplicado. 

La parte recurrente sostuvo que el SIN determinó dos deudas tributarias sobre los mismos 

os mismos tributos, una sobre base cierta y otra sobre base presunta, aspecto que resulta ilegal, toda vez que la Ley 2492, no autoriza la posibilidad de establecer dos deudas sobre el mismo impuesto y sobre el mismo periodo, ya que la fiscalización se realiza sobre una base, ya sea cierta o presunta, pero nunca bajo las dos alternativas a la 

vez

Por su parte, la Administración Tributaria argumento que contó con información que por una parte le permitió conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo y por otra, sobre base presunta en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador, deducir la existencia y cuantía de la obligación, por lo que lo argumentado con relación a la determinación sobre base cierta 

y presunta no tiene sustento legal ni de hecho. 

Al respecto, cabe precisar que sobre los métodos de determinación, Fonrouge enseña: “Hay determinación con base cierta cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias comprendidas en él; en una palabra, cuando el fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles”. Respecto a los elementos informativos indica que: “pueden haberle llegado por conducto del propio 

deudor o del responsable (declaración jurada) o de terceros (declaración jurada o simple información), o bien por acción directa de la administración (investigación y fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la apreciación directa y cierta de la materia imponible: de lo contrario, la determinación sería presuntiva”. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivla 

El citado autor añade: “Si la autoridad administrativa no ha podido obtenerlos antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede efectuarse por presunciones o indicios, es lo que se conoce como determinación con base presunta.” Añade que en las suposiciones: “(…) la autoridad debe recurrir al conjunto de hechos o circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con los (...), previstos legalmente como presupuesto material del tributo, permiten inducir en el caso particular la existencia y monto de la obligación.“, asimismo, indica que: “Los promedios y coeficientes generales que aplique no pueden ser fijados arbitrariamente o tomados al azar, sino que deben elaborarse sobre la base de la actividad del contribuyente o, por lo menos, adaptarse a las características y circunstancias de la explotación que se trate o según experiencia estadística recogida en actividades de la misma naturaleza” (FONROUGE, Giuliani Carlos M., Derecho Financiero, 5a Edición, Volumen 1, Buenos AiresArgentina: Ediciones “Depalma”, 1993. Págs. 507 510). 

En cuanto a la determinación de la base imponible, el artículo 42 de la Ley 2492, establece 

que la base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para 

determinar el tributo a pagar. 

Asimismo, el artículo 43 de la Ley 2492, dispone que la base imponible podrá determinarse sobre Base Cierta, tomando en cuenta, los documentos e información que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; sobre Base Presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación permitan deducir la existencia y cuantia de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente y por último cuando la Ley encomienda la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acu establecido en el artículo siguiente, según corresponda. 

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A su vez, el articulo 93 de la Ley 2492, señala ll. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. En ningún caso podrá repetirse 

el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero i responsable hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados”. 

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De forma complementaria, el artículo 30 del Decreto Supremo 27310 respecto a la restricción a las facultades de control, verificación, investigación y fiscalización de la Administración tributaria, señala: “A los efectos de lo dispuesto por el Parágrafo ll del Artículo 93′ de la Ley N° 2492, la Administración Tributaria podrá efectuar el proceso de determinación de impuestos, hechos, transacciones económicas y elementos que no hubiesen sido afectados dentro del alcance de un proceso de determinación o verificación anterior, salvo cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados”. 

En ese contexto, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se corrobora que la Administración Tributaria con el objeto de determinar las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo, emitió la Orden de Fiscalización N° 14990100377 de 23 de diciembre de 2014, señalando como alcance del proceso determinativo, la revisión y verificación de la totalidad 

de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE); por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2012. Acto notificado de manera personal a Vidal Siles Escobar, el 23 de diciembre de 2012 (fojas 9 C1 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, concluido el trabajo de campo inherente al alcance del proceso determinativo, la Administración Tributaria emitió de la Vista de Cargo N° 291830000791 de 28 de diciembre de 2018 y de forma posterior la Resolución Determinativa N° 171930000133 de 19 de marzo de 2019, actos administrativos que fueron notificados al sujeto pasivo el 31 de diciembre de 2018 y 1 de abril de 2019, respectivamente, determinando las obligaciones tributarias por concepto de IVA, IT e UE, de los periodos fiscales enero a diciembre de 2012 en UFV 47.506 sobre Base Cierta y UFV 311.642 sobre Base Presunta; aspecto que a entender del sujeto pasivo resultaria ilegal, al aplicar los dos métodos de determinación de la base imponible de forma simultánea y al establecer dos deudas tributarias sobre los mismo impuestos y periodos. 

No obstante, inicialmente corresponde señalar que conforme a lo dispuesto en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, la Administración Tributaria cuenta con amplias facultades a objeto de determinar las obligaciones tributarias de los sujetos pasivo; para lo cual los parágrafos I y Il del articulo 43 de la Ley 2492, establecen la existencia de dos métodos de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

determinación que pueden ser aplicados por el ente recaudador en la determinación de la base imponible (sobre base cierta y sobre base presunta). 

Ahora bien, resulta importante analizar y comprender el alcance de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 2492, en el entendido de que dicha disposición no condiciona ni establece que la aplicación de un método de determinación, excluya o impida el empleo del otro, más aun considerando que la sustanciación de un proceso determinativo que abarca la revisión de más de un impuesto y un periodo fiscal; implica la existencia de observaciones que pueden derivar en la configuración de más de una base imponible. 

El razonamiento expuesto precedentemente, se encuentra ratificado en los artículos 6 y 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16, cuerpo normativo que constituye en fuente del derecho tributario al amparo de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 2492, y que respecto al procedimiento de determinación, establece que en caso de que la determinación de la base imponible sea sobre base cierta y presunta, la exposición de la liquidación deberá efectuarse por separado; situación que permite colegir la posibilidad de aplicar ambos métodos en un mismo proceso de determinación, máxime si se considera que la utilización de los dos métodos de determinación no genera 

agravio alguno al recurrente. 

Consecuentemente, se concluye que no existe prohibición expresa para que la Administración Tributaria determine las obligaciones del sujeto pasivo, utilizando los métodos de base cierta y base presunta en un mismo proceso determinativo; criterio coincidente con el análisis realizado por la Autoridad General de Impugnación en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0015-2014, salando: “ii. Concluyendo respecto a la nulidad del procedimiento, por haber utilizado la Administración Tributaria los dos métodos de determinación de la base imponible que la misma aplicó de manera conjunta los métodos de determinación sobre base cierta y base presunta en la determinación efectuada, sin que esto represente algún tipo de infracción o violación a algún precepto legal puesto que estos métodos no son antagónicos ni excluyentes entre si y si bien se aplicó ambos métodos dentro una misma Orden de Fiscalización, se identifican 

claramente los periodos en los que cada uno de ellos fue aplicado, por lo que no encontró vicio al respecto”, por lo que corresponde desestimar lo agraviado al respecto. 

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De la compulsa del acto impugnado, se advierte que la Administración Tributaria señaló que procedió a la determinación de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo correspondientes al IVA, IT e UE de los periodos enero a diciembre de la gestión 2012 sobre BASE CIERTA de acuerdo al parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492, respecto a ingresos facturados no declarados, compras no válidas para crédito fiscal IVA y gastos no deducibles (fojas 4-26 C17 del acto); asimismo, refirió que la determinación fue realizada en virtud al alcance de la Orden de Fiscalización N° 14990100377 de 23 de diciembre de 2014, la valoración de la documentación presentada por el contribuyente, la información obtenida de terceros e información cursante en su poder. 

De la misma manera, con relación a la determinación de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo correspondientes al IVA, IT e IUE de los periodos enero a diciembre de la gestión 2012 sobre BASE PRESUNTA, la entidad recurrida manifestó en el acto impugnado, que al haber evidenciado que el sujeto pasivo, adicionalmente a la actividad de alquileres, percibió otros ingresos por la distribución masiva de productos de Industrias de Aceite SA, en virtud a la información que cursa en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria – SIRAT 2, la información proporcionada por el sujeto pasivo y por terceros, procedió a determinar las obligaciones tributarias de Vidal Siles Escobar, sobre base presunta, conforme establecen el parágrafo II del artículo 43, numerales 3, 4 y 6 del articulo 44, parágrafo I numeral 1 y 2 de la Ley 2492 del artículo 45 y lo señalado en el inciso b) del artículo 9 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 (páginas 26-64 de la resolución impugnada). 

Lo expuesto en párrafos previos, permite advertir que contrariamente a lo alegado por la parte recurrente, la Administración Tributaria dentro del proceso de fiscalización, estableció la existencia de tributo omitido determinado IVA, IT e IUE sobre base cierta y sobre base presunta, identificando para cada uno de los métodos de determinación, observaciones puntuales y distintas entre sí; de esta manera, si bien el ente recaudador producto de dicho proceso estableció la existencia de dos deudas tributarias sobre los mismos periodos y tributos (IVA, IT e UE de la gestión 2012 sobre base cierta y sobre base presunta); empero, dicho aspecto responde únicamente al alcance de la fiscalización practicada, la cual refiere la verificación de todos los hechos y/o elementos correspondientes al IVA, IT e UE de la gestión 2012, situación que no se enmarca en la prohibición señalada en el parágrafo Il del articulo 93 de la Ley 2492,como pretende sea considerado el ahora recurrente. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinadonal de Bolivla 

Complementando lo señalado precedentemente, corresponde indicar que conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Supremo 27310, la prohibición dispuesta en el parágrafo II del artículo 93 de la Ley 2492, refiere a que la Administración Tributaria en la 

sustanciación de un proceso determinativo no puede repetir el objeto de un

fiscalización ya practicada (salvo cuando el contribuyente o tercero responsable 

hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados); situación que en presente caso no aconteció, toda vez que el sujeto pasivo no demostró que la determinación realizada en el acto impugnado haya sido sobre hechos que ya fueron 

objeto de fiscalización en un proceso determinativo anterior, consecuentemente corresponde desestimar lo argumentado al respecto en el Recurso de Alzada. 

IV.5. Sobre la fundamentación para la atribución de ingresos no declarados: La parte recurrente manifestó que, de la lectura de la Resolución Determinativa y la Vista de Cargo, pudo identificarse el cumplimiento de las previsiones para la nulidad establecidas en los artículos 96, parágrafo III de la Ley 2492, articulo 18 del Decreto Supremo 27310 y artículo 36 de la Ley 2341 (LPA), toda vez que la entidad recaudadora, no identificó de forma fehaciente, clara y adecuada la vinculación o las conexiones normales que deberían existir entre quienes compraron los productos facturados por el proveedor IASA y sus ventas a terceros. 

Asimismo, el sujeto pasivo señaló que el SIN tampoco identifico en el proceso de investigación todas las deducciones que establece la norma tributaria, realizando una serie de instrucciones que no permitieron conocer la verdad material de cada una de las transacciones supuestamente realizadas al proveedor IASA, por cuanto la entidad tributaria erróneamente consideró el código de cliente que utilizado por el ahora recurrente para realizar sus operaciones con la empresa proveedora, precisando que con dicho código muchas personas se beneficiaron indebidamente de la provisión de mercaderias para tiendas de barrio y en centros de abasto sin emitir la correspondiente factura; por to que afirmó que de esta manera sostuvo que el SIN no consagró indicio o evidencia, de que todas las facturas emitidas por IASA, fueron pagadas directamente por sus beneficiarios con dinero en efectivo o a través de cuentas bancarias; así como tampoco existe evidencia de que los bienes comprados fueron colocados en su domicilio fiscal. 

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Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que evidenció que el sujeto pasivo adicionalmente a su actividad de alquileres percibió otros ingresos por la distribución 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymnara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N 381 entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011.-4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

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masiva de productos de Industria de Aceite SA, por lo que procedió a determinar las obligaciones tributarias relativas al IVA, IT e IUE sobre base presunta en aplicación de los artículos 43, 44, 45 de la Ley 2492 y articulo 9 de la Resolución Normativa de Directorio No 

10-0017-13, resultando evidente que el ente recaudador agotó los medios de información 

y no contó con los elementos que permitan conocer de forma directa e indubitable tos componentes de la obligación tributaria; de esta manera al no conocer el momento del perfeccionamiento del hecho generador, señaló que aplicó el método de determinación sobre base presunta, estableciendo que todo lo que compró para terceros fue distribuido en el mismo periodo. 

Por otro lado, el ente recaudador añadió que solicitó a IASA información documentada de todas las facturas de ventas realizadas al código de cliente No 44998 y 1879723, correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2008 a 2013, además de documentación de respaldo de contratos o registros de cliente, ordenes de entrega de los productos, copia de las facturas emitidas, documentos de pago recibidos de su cliente, lugar donde fueron entregados los productos y lista de precios sugeridos para la venta de todos los productos de la empresa de la gestión 2012, asimismo las facturas de ventas emitidas en la gestión 2012, consignan el código de cliente N° 4498 y 1879723, que corresponden al recurrente; por ello, el volumen de compras efectuadas por cuenta de terceros que fueron distribuidos por Vidal Siles Escobar, llegó a constituirse en retribuciones que resultan ingresos omitidos no facturados ni declarados por el sujeto 

pasivo. 

Al respecto, cabe señalar que la doctrina entiende por Prueba: (…) al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su indole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que, la valoración de las pruebas sea efectuada por el Juez con arreglo a su libre apreciación; un medio de prueba es aquel que permite aportar al expediente datos que resultan documentos que están en poder de las partes o de terceros.” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Por otra parte, en cuanto a la fundamentación, la doctrina refiere que: “(…) para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos (...)”, de igual forma 

expone que: “La fundamentación del acto administrativo es un requisito imprescindible para la validez, pues de ello depende que el Sujeto Pasivo conozca los motivos de hecho y de derecho en que se basa el ajuste y pueda formular su defensa, de modo que la carencia de ese requisito vicia de nulidad el acto(GIULANNI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. Volumen I, Buenos Aires Argentina: Editorial “De Palma”. 1987, Pág. 520, 521 y 557). 

Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 0752/2002-R de 25 de junio, disp la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”.’ 

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– 

– 

De igual forma, resulta importante señalar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que: “9. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Il. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones“. También, el artículo 117, de la citada norma suprema, establece que: “). Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido proceso” asimismo, el parágrafo I del artículo 119 del mismo cuerpo legal, señala que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les 

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asistan. 

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Por su parte, el artículo 76 de la Ley 2492 prevé que en los procedimientos tributarios administrativos, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

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II 

En este entendido, con relación a la fundamentación y la prueba, el parágrafo I del artículo 96 de la Ley 2492 establece: ” La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado”, 

A su vez, el artículo 98 de la Ley 2492 refiere de forma clara que: “Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes‘, 

Igualmente, el artículo 99 parágrafo ll de la Ley 2492, dispone que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos, -entre otros- fundamentos de hecho y de derecho y que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en reglamento, viciará de nulidad la Resolución Determinativa; por su parte, el artículo 19 del Decreto Supremo 27310, prevé que la Resolución Determinativa debe consignar los requisitos mínimos establecidos en el referido artículo 99. 

Respecto a la determinación de la de la base imponible, el Auto Supremo N° 440/2015 de 22 de junio de 2015, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, señaló: “(…) De toda la normativa y doctrina descrita precedentemente se concluye que la base presunta, procede sólo cuando habiéndolos requerido la AT, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta, por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, cuando no se conozcan uno o más componentes de la obligación tributaria, (no inscritos en el NIT, no presentación DDJJ o se omitan datos básicos (art. 97 del CTB), no se permita la iniciación de la fiscalización, no presenten libros de contabilidad; ausencia de libros y registros de contabilidad, omisión de operaciones, ingresos o compras, alteración de precio y costo, registro de compras o gastos no realizados, alteración de registros de inventarios o no se lleve el control de los mismos y otros, agotados los medios para la obtención de la 

documentación e información que permita conocer en forma directa e indubitable la base i

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

imponible para determinar sobre base cierta, se podrá aplicar recién la base presunta, que resulta ser la estimación de la base imponible, efectuada por la Administración Tributaria, considerando los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación tributaria permiten deducir la existencia y cuantia de la misma; (…) la información y/o documentos obtenidos se constituirán en prueba para la determinación de la base presunta”. 

En la normativa tributaria, el artículo 92 de la Ley 2492, dispone que la determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia; asimismo, el artículo 42 de la citada Ley establece que la base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alicuota para determinar el tributo a pagar. 

Con relación a la forma de determinación el artículo 43 de la Ley 2492 dispone que la base imponible podrá determinarse sobre Base Cierta, tomando en cuenta los documentos e información que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; correspondiente reiterar que el parágrafo II del citado articulo sobre Base Presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación permitan deducir la existencia y cuantia de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente y por último cuando la Ley encomienda la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el articulo siguiente, según corresponda. 

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Cada NON CERIKKATION 

La normativa expuesta precedentemente permite colegir que para los dos métodos de determinación (cierta y presunta), es necesario que la Administración Tributaria cuente con información obtenida del propio recurrente o de terceros, diferenciando el empleo de cada 

método en función a los elementos de convicción del hecho generador que pueda Aranibar Media 

voBo proporcionar dicha información; es decir, se empleará la determinación sobre base cierta

cuando la información contenga elementos que permitan conocer con certeza e TOIMITUSA indubitablemente la existencia y cuantia de la obligación; y por el contrario, la 

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determinación sobre base presunta se realizará cuando dicha información, no permita la voBo 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvida tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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obtención de elementos certeros para efectuar la determinación, debiendo recurrir a hechos y sucesos que por su vinculación o conexión con las circunstancias fácticas que las leyes tributarias prevén como hechos imponibles, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación, cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo 44 de la Ley 2492. 

Por su parte, el artículo 45 de la Ley 2492, refiere a los medios para la determinación sobre base presunta y señala en el parágrafo I, numerales 1 y 2: ” Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma reglamentaria correspondiente: 1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como de los 

ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deben compararse en términos tributarios”. 

A su vez, la Administración Tributaria en uso de su facultad normativa dispuesta en el artículo 64 de la Ley 2492, emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, misma que tiene por objeto reglamentar los medios para la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta y establecer el tributo que corresponda pagar, estableciendo en su artículo 7 los medios de deducción, señalando que el Servicio de Impuestos Nacionales puede aplicar las técnicas establecidas para cuantificar la Base Presunta de acuerdo a las circunstancias que amerite el caso, siendo estas: a) Técnica Inventario de Bienes Realizables, b) Técnica de Compras No Registradas, c) Técnica por Control Directo, y d) Otras. 

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Asimismo, el artículo 11 de la citada Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 concede la oportunidad de presentar prueba en contra de las presunciones y método de determinación utilizados por la Administración Tributaria y dispone: “9. El 

contribuyente podrá presentar, toda prueba válida que crea conveniente, para desvirtuar la determinación de la Base imponible sobre Base Presunta efectuada por la Administración Tributaria. ll. Cuando la Determinación de la Base Imponible hubiere sido realizada sobre Base Presunta, esta podrá modificarse a Base Cierta, como efecto de los descargos y 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bollva 

documentos aportados por el contribuyente (que demuestre directa e indubitablemente la Base imponible sobre Base Cierta) después de emitida la vista de Cargo y dentro de los treinta (30) días otorgados al contribuyente para la presentación de descargos, en estricta 

aplicación del Parágrafo y del Artículo 80 de la Ley N° 2492, hecho que deberá estar señalado en la Resolución Determinativa correspondiente”. 

Expuesta la posición de las partes y el marco normativo inherente al presente caso, corresponde remitirse a los antecedentes administrativos a fin de corroborar o desvirtuar el 

reclamo planteado por el sujeto pasivo, respecto al inexistente fundamento y motivación, en la atribución de ingresos no declarados por parte de la Administración Tributaria, tanto en la vista de Cargo N° 291830000791 como en la Resolución Determinativa impugnada, 

En ese entendido, de los antecedentes administrativos pudo evidenciarse que el 29 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo con la Orden de Fiscalización No 14990100377 (fojas 9 C1 de antecedentes administrativos), bajo la modalidad de fiscalización parcial, a efecto de verificar todos los hechos ylo elementos relacionados con el IVA, IT e UE correspondientes a los periodos fiscales de enero a diciembre de 2012; Asimismo solicitó al sujeto pasivo, por medio de requerimientos adicionales, información que le permita conocer la realidad económica de Vidal Siles Escobar;- solicitudes ante los cuales el administrado presentó documentación e información, conforme consta del Acta de Recepción de Documentos de 12 de mayo de 2015 y las diferentes notas cursantes en antecedentes del caso. 

Posteriormente, como resultado del proceso determinativo llevado a cabo, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291830000791 de 28 de diciembre de 2018, misma que en su acápite “11.2 BASE PRESUNTA” señaló que en virtud a la información que cursa en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria – SIRAT 2, la información proporcionada por el contribuyente y por terceros; evidenció que el sujeto pasivo, adicionalmente a la actividad de alquileres, percibió otros ingresos por la distribución masiva de productos de Industrias de Aceite S.A.; por lo que procedió a determinar las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, relativas a los impuestos y periodos enero a diciembre de la gestión 2012, sobre base presunta, conforme establecen el parágrafo II del articulos 43; numerales 3, 4 y 6 del artículo 44; parágrafo | 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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JUICIJ

1

numeral 1 y 2 del artículo 45 de la Ley 2492 y el inciso b) del 9 de la Resolución Normativa 

de Directorio N° 10-0017-13 (fojas 2930 C15 de antecedentes administrativos). 

De la misma forma, el Servicio de Impuestos Nacionales manifestó que habiendo agotado los medios para la obtención de documentación e información que permita conocer en forma directa e indubitable la base imponible para determinar el tributo sobre base cierta, no cuenta con los siguientes elementos: a) Hecho generador (no conoce el momento del 

perfeccionamiento del hecho generador) y b) Periodo fiscal (no conoce la fecha en la que el Contribuyente percibió los ingresos por distribución de productos de Industrias de Aceite SA); por lo que para la determinación sobre base presunta, aplicó la técnica “otras” establecida por el artículo 7 Inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017 13, aprobada por la Gerencia de Fiscalización del Servido de Impuestos Nacionales (SIN). mediante Nota con CITE: SIN/GF/DNCC/NOT/003388/2018 de 5 de junio de 2017 para los periodos de enero a octubre de la gestión 2012 y CITE: SIN/GF/DNCC/NOT/01877/2018 de 27 de diciembre de 2018 para los periodos de noviembre y diciembre de la gestión 2012, presumiendo que todo lo que el contribuyente compró para terceros fue distribuido durante la gestión 2012 (fojas 2930-2932 C15 de antecedentes administrativos), aspectos que fueron replicados en el contenido del acto impugnado, precisamente en el acápite “l1.2. BASE PRESUNTA” (fojas 3273-3275 de antecedentes administrativos). 

Ahora bien, de la revisión a la Nota con CITE: SIN/GF/DNCC/NOT/003388/2018 de 5 de junio de 2017, emitida por la Gerencia de Fiscalización de la entidad recurrida, se advierte que la misma señala: “De los antecedentes descritos en el informe precitado, se establece que el contribuyente Sr. Siles Escobar Vidal es cliente de la empresa Industrias de Aceite S.A., siendo poseedor de un código de cliente a través del cual el contribuyente habria realizado compras (…) La Gerencia Distrital Cochabamba propone realizar la determinación de la Deuda sobre BASE PRESUNTA, en base a los importes calculados como descuento realizados al Sr. Vidal Siles Escobar por la distribución de productos, descuentos que se constituyen en ingresos y/o retribución por distribución de productos de Industrias de Aceite S.A.” (Fojas 2818-2819 C15 de antecedentes administrativos). 

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Extendió la referida Gerencia de Fiscalización manifestando: “Asimismo, mediante nota el proveedor señala que el Sr. Vidal Escobar Siles no presentaba servicios de transporte ni de comisionista, y que era cliente de la empresa siendo que por los volúmenes de compra 

+ TIL 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

que realizaba, se le hacían descuentos del 4,5% en productos propios y 1,5% en productos importados. La Gerencia Distrital Cochabamba propone realizar la determinación de la Deuda sobre BASE PRESUNTA, en base a los importes calculados como descuentos realizados al Sr. Vidal Siles Escobar por la distribución de productos, descuentos que se constituyen en ingresos y/o retribución por distribución de productos de Industria de Aceite S.A., correspondiente a los periodos noviembre y diciembre de la gestión 2012 (…) corresponde aplicar el método de determinación sobre base presunta siendo que por las características del proceso señaladas en antecedentes y no contar con información suficiente, no es posible la aplicación de las técnicas establecidas en la RND 10-0017-13 (fojas 2920-2921 C15 de antecedentes administrativos). 

Lo descrito previamente, permite corroborar que la mencionada Nota con el CITE: SIN/GF/DNCC/NOT/01877/2018 de 27 de diciembre de 2018, autorizó la aplicación de la técnica “otras” establecida en el artículo 7, inciso d) de la Resolución de Directorio N° 10 0017-13, considerando la información y documentación obtenida del contribuyente y del proveedor Industrias de Aceite SA., por lo que la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN, propuso la aplicación de la técnica de determinación de la deuda sobre base presunta en base a los importes calculados como descuentos realizados al contribuyente por la distribución de productos, descuentos que indicó se constituyen en ingresos y/o retribución por distribución de productos de Industrias de Aceite’ SA. 

De la misma forma, la Gerencia Nacional de Fiscalización, añadió que por las dificultades del caso, así como las características del proceso, y al no contar con información suficiente, sostuvo la inaplicabilidad de las técnicas establecidas en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13; por lo que aprobó la técnica establecida en el artículo 7, Inciso d) de la citada Resolución Normativa de Directorio. Tal aspecto permite advertir que la Administración Tributaria, fundamentó y motivó la aplicación de la base presunta y la técnica “otras” establecida por el inciso d) del articulo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, tanto en la vista de Cargo como el acto impugnado. 

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Ahora bien, de forma complementaria a lo señalado precedentemente, corresponde 

or a verificar si la entidad recurrida, en los actos administrativos sustento

fundamentó la determinación realizada sobre base presunta; en ese entendido, de la revisión de la Vista de Cargo N° 291830000791, pudo advertirse que la misma señala que 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mourvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N2.381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

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Industrias de Aceite SA., informó que durante la gestión 2012 -entre otras-, Vidal Siles Escobar fue su cliente y que este no prestaba servicios de transporte ni de comisionista, sino que por los volúmenes de compra que realizaba le hacian descuentos del 4,5% en productos propios y 1,5% en productos importados (fojas 2933 C15 de antecedentes administrativos). De la misma forma, la Administración Tributaria, manifestó que solicitó 

al Banco Ganadero respecto a los estados de cuenta de Vidal Siles Escobar, misma que informó que dicha persona tenía registrada las Cuentas Nos. 3051-071791, 3051-144110, 3051- 200158 y 3041-016470 (fojas 2936 C15 de antecedentes administrativos). 

De igual, forma la citada la Vista de Cargo, prosiguió señalando: “En base a toda la Información y documentación obtenida durante el proceso de fiscalización y habiéndose verificado que el contribuyente obtuvo ingresos producto de la actividad económica de distribución de productos de Industrias de Aceite SA; en base al volumen de compras 

efectuadas por cuenta de terceros, una vez que el señor Siles Escobar Vidal realizaba la distribución de los productos a sus clientes, el mismo procedia a realizar el cobro de dichos productos identificando dichas compras con su respectivo código de cliente, la empresa industrias de Aceite SA por el volumen de transacciones realizadas por la distribución de los productos por el señor Siles Escobar Vidal al momento de efectuar el pago de las mismas procedia a realizar el correspondiente descuento por la distribución de dichos productos, este procedimiento origina un ingreso entre el 1.5% y el 4.5% según el tipo de productos adquiridos (…) considerando que el contribuyente a tiempo de efectuar el cobro a los clientes a quienes fueron emitidas las facturas, efectuaba el pago a ..A.S.A. deduciendo los descuentos obtenidos por la actividad de distribución” (fojas 2937 C15 de antecedentes administrativos). 

::: 

En párrafos siguientes, la entidad recurrida precisó que: En base a la información proporcionada por el contribuyente, información proporcionada por Industrias de Aceite S.A. y la información externa obtenida (página de internet de Industrias de Aceite S.A. www.fino.com.bo), se establece que el Sr. Vidal Siles Escobar percibió ingresos en la gestión 2011 por la actividad económica de distribución de productos de Industrias de Aceite S.A., por productos propios (nacionales) percibió una retribución de 4,5% y por productos importados una retribución del 1,5% del costo del producto, dicha retribución se constituye en ingresos omitidos por la distribución de productos de Industrias 

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TALLIT 

UTILE 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

de Aceite S.A., los cuales han sido percibidos a tiempo de realizar la distribución de los 

productos y los posteriores cobros a clientes a quienes fueron emitidas las facturas, si bien se cuenta con las facturas no se tiene la certeza que la misma sea la fecha efectiva en la cual el contribuyente contó con dichos ingresos por retribución, aspecto por el que se 

procedió a determinar los ingresos percibidos sobre base presunta (…)” (fojas 2937 C15 de antecedentes administrativos). 

Entonces, la Administración Tributaria, en base a la información cursante en su poder, la remitida por Industrias de Aceite SA y la proporcionada por el sujeto pasivo, sostuvo que la retribución (1,5% o 4,5%) se constituye en ingresos omitidos por la distribución de productos de Industrias de Aceite SA., los cuales fueron percibidos a tiempo de realizar la distribución de los productos y los cobros efectuados a los clientes. 

De la misma forma, la Vista de Cargo expuso los cuadros denominados: “CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS PERIODOS: ENERO A DICIEMBRE GESTIÓN: 2012″, describiendo los productos, la procedencia (nacional/internacional) y el porcentaje de descuento realizado; asimismo el cuadro “DETALLE DE INGRESOS POR RETRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DISTRIBUIDOS – DEL PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ACEITE GESTIÓN 2012 – PERIODO: ENERO A DICIEMBRE”, efectuó un detalle de las facturas emitidas por Industrias de Aceite SA, la descripción de los productos, el margen de ganancia (4.5 % productos nacionales y 1.5% productos importado), ingresos omitidos entre otros, por los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2012; determinando Bs558.409,66 como ingresos omitidos por distribución de productos, importe que se constituyó en la base imponible de los impuestos objeto de fiscalización (IVA, IT e IVE en base a un ingreso neto omitido al 87%) (fojas 2938-2958 C15 de antecedentes administrativos). 

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Lo descrito precedentemente evidencia que la Administración Tributaria obtuvo información de la empresa proveedora Industrias de Aceite SA, misma que le permitió establecer: a) Que Vidal Siles Escobar fue su cliente en la gestión 2012, bajo el código No 1879723; b) Que el sujeto pasivo no prestaba el servicio de transporte y tampoco era comisionista; c) Que por los volúmenes de compra que realizaba Vidal Siles Escobar, el proveedor descontaba el 4,5% en producto propios y el 1,5% en productos importados; de 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vee (Guaraní) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 41400114140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

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igual manera, el ente recaudador pudo obtener el detalle de productos vendidos según el 

código citado, las facturas emitidas al referido código de cliente y el detalle de productos propios y/o importados correspondientes a la gestión 2012; por otra parte, Industrias de Aceite SA., mediante nota presentada a la Administración Tributaria el 28 de abril de 2015, aclaró que realizaba ventas principalmente a clientes intermediarios, mismos que están en la libertad de definir su margen de ganancia. 

Asimismo, corresponde precisar que Industrias de Aceite SA., presentó copias legalizadas de los comprobantes contables, entre otros, que contienen la información relacionada a los pagos efectuados por el recurrente, mediante depósitos y transferencias bancarias efectuadas (fojas 1336-1665 C7-C9 de antecedentes administrativos). Por otro lado, si bien la entidad recurrida obtuvo información de Industrias de Aceite SA., el Banco Ganadero 

SA., también informó que Vidal Siles Escobar tenía cuentas en dicha entidad financiera y presentó ante la Administración Tributaria copias de transacciones realizadas durante la gestión 2012 

En consecuencia, es evidente que la Administración Tributaria, en base a la documentación e información obtenida del contribuyente y de terceros (Industrias de Aceite SA., entidades financieras, etc.), presumió que Vidal Siles Escobar distribuia productos del proveedor, realizaba el cobro por dichos productos y efectuaba el pago al proveedor, mediante depósitos o transferencias bancarias, de cuya actividad percibia el 1,5% 4,5% 

olumen de compras efectuadas por cuenta de terceros y según el tipo de productos adquiridos, conforme estableció en la vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, exponiendo el cuadro denominado “DETALLE DE INGRESOS POR RETRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DISTRIBUIDOS – DEL PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. GESTIÓN: 2012 PERIODOS: ENERO A DICIEMBRE“, el cual refleja los siguientes datos: Periodo, número de factura, descripción del producto, fecha de compra, número de autorización de la factura, importe de la factura, margen de ganancia distribuidor (4,5% producto nacional y 1,5% producto importado), ingresos por distribución (base imponible IVA- IT) e ingresos omitidos por distribución al 87% (fojas 2938-2958 C15 de antecedentes administrativos). 

Por tanto, se advierte que la Administración Tributaria contaba con elementos que le posibilitaron deducir que Vidal Siles Escobar realizó actividades comerciales con Industrias 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

de Aceite SA., puesto que compraba productos a dicha empresa por cuenta de terceros, los distribuía a los clientes de esa empresa, realizada el cobro por dichos productos y los empozaba a favor del referido proveedor (Industrias de Aceite SA); de cuya actividad, se beneficiaba de descuentos del 1,5% 4,5% sobre los importes facturados a su Código de Cliente N° 1879723, lo que se traduce en ingresos que no fueron facturados ni declarados por el sujeto pasivo. 

Señalar también, que el recurrente, en ningún momento desconoció la relación comercial que tenía con Industrias de Aceite SA., limitándose a señalar que prestaba servicio de transporte a esa empresa, quien le pagaba el 0,6% por el total transportado en el mes; sin embargo, Vidal Siles Escobar no presentó sustento probatorio alguno que respalde dicho argumento, 

Entonces, es menester señalar que en virtud de lo dispuesto en los artículos 76 de la Ley N° 2492 (CTB) y 11 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, que establecen que la carga de la prueba le corresponde a quien pretenda hacer valer sus derechos y que la determinación sobre base presunta admite prueba en contrario, cabe precisar que la ‘Administración Tributaria realizó la determinación sobre presunta conforme a los artículos 44 y 45 de la Ley 2492 y 7 inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13; por lo que el sujeto pasivo tenía la obligación de desvirtuar dicha presunción aportando elementos probatorios que de manera contundente desestimen la pretensión de la Administración Tributaria, sin emba 

lo hizo. 

En ese entendido, y del análisis expuesto en párrafos previos, llegó a evidenciarse que la Administración Tributaria determinó correctamente las obligaciones tributarias del sujeto pasivo sobre base presunta, conforme lo prevén los artículos 42, 43, parágrafo Il; 44, numerales 3, 4 y 6; 45, parágrafo 1, numerales 1 y 2 de la Ley 2492; y 7, inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, pues dicha entidad agotó los medios necesarios para la obtención de documentación e información que permitan conocer en forma directa e indubitable la base imponible para determinar el tributo sobre base cierta, toda vez que no conocía de forma indubitable el hecho generador (desconoce el momento del perfeccionamiento del hecho generador) y periodo fiscal (desconoce la fecha en la que el contribuyente percibió sus ingresos por distribución de productos de Industrias de Aceite S.A.). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir fach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oflomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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TUL 

Respecto a la falta de fundamentación y motivación alegada por la parte recurrente, conforme el análisis expuesto en párrafos anteriores se evidencia que la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291830000791 cumpliendo lo dispuesto en el artículo 96 parágrafo I de la Ley 2492; en relación a la fundamentación y motivación que sustenta la determinación sobre base presunta, puesto que expone los antecedentes de hecho y de derecho que justifican las razones del cargo formulado contra el sujeto pasivo; y toda vez que dicho acto sustenta la Resolución Determinativa, al recoger en su contenido todo el fundamento de la Vista de Cargo, se tiene que esta última también cumplió con lo 

establecido por el parágrafo II del artículo 99 de la citada Ley 2492; en resguardo de los 

derechos del sujeto pasivo, precisamente el debido proceso y derecho a la defensa, dando por ello, cumplimiento a las previsiones establecidas en los parágrafos I y Il del artículos 115; parágrafo del artículo 117 y 119 de la Constitución Política del Estado y los numerales 2,6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492; en consecuencia, corresponde desestimar el agravio 

respecto a este punto en particular. 

De la misma forma, corresponde precisar que la Resolución Determinativa objeto de impugnación, ya obtuvo un pronunciamiento en instancia de Alzada, mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0266/2019 de 5 de agosto de 2019, misma que resolvió anular dicho acto administrativo; empero, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1260/2019 

de 18 de noviembre de 2019, dispuso anular la citada Resolución de Recurso de Alzada (fojas 166-192 y 278-298 del expediente administrativo). 

En ese sentido, corresponde destacar que la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1260/2019, señalada previamente respecto a la determinación realizada por la Administración Tributaria sobre base presunta (plasmada tanto en la vista de Cargo N° 291830000791 como en la Resolución Determinativa impugnada), señaló “xxv. Lo descrito en los párrafos precedentes, pone de manifiesto que la Administración Tributaria fundamento en hecho y en derecho la aplicación de la base presunta y la técnica “otras” establecida en el artículo 7, inciso d) de la RND N° 10-0017-13(...)” (fojas 295 del expediente administrativo). 

De la misma forma, la citada Resolución de Recurso Jerárquico, sobre la determinación realizada en la Resolución Determinativa impugnada, manifestó: “xxxii. Lo hasta aquí 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

analizado permite establecer que la Administración Tributaria contaba con elementos que le posibilitaron deducir que Vidal Siles Escobar realizó actividades comerciales 

con Industrias de Aceite SA., es decir, compraba productos a Industrias de Aceite SA. 

por cuenta de terceros, los distribuía a los clientes de esa empresa, efectuaba el cobro por dichos productos y los empozaba a favor del referido proveedor, de cuya actividad se beneficiaba de descuentos del 1,5% 4,5% sobre los importes facturados a su Código de Cliente 1879723; lo que se traduce en ingresos que no fueron facturados ni declarados por el Contribuyente, evidenciándose además que este en ningún momento desconoció la relación comercial que tuvo con Industrias de Aceite SA.,, sino que se limitó a señalar que prestaba servicio de transporte a esa empresa, quien le pagaba el 0,6% por el total transportado en el mes; empero el Sujeto Pasivo no presentó sustento probatorio que respalde dicho argumento” (fojas 296 vta. del expediente administrativo). 

Entonces, conforme los argumentos señalados precedentemente, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, dejó sentado que posterior al análisis y valoración de los elementos y hechos abordados en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1260/2019, concluyó que Vidal Siles Escobar obtuvo ingresos que no fueron debidamente declarados y por los cuales omitió el pago oportuno de sus obligaciones impositivas. 

Asimismo,-la. merituada Resolución de Recurso Jerárquico, extendió su análisis sosteniendo lo siguiente: “7...) xxxii. Cabe puntualizar también que habiéndose realizado la determinación sobre base presunta conforme a los Artículos 44 y 45 del CTB; y 7, Inciso d) de la RND N° 10-0017-13; en virtud de los Artículos 76 del citado Código; y 11 de la mencionada RND, que establecen que la carga de la prueba le corresponde a quien pretenda hacer valer sus derechos y que la determinación sobre base presunta admite prueba en contrario, en este caso, el Sujeto Pasivo tenia la obligación de desvirtuar dicha presunción, aportando elementos que de manera contundente desvirtúen la pretensión de la Administración Tributaria, empero no lo hizo” (fojas 296 vta. del expediente administrativo). 

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Por lo expuesto, el análisis desarrollado por esta instancia de alzada, resulta congruente con lo previsto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1260/2019, al establecer que las acciones llevadas a cabo por la Administración Tributaria se enmarcaron en las facultades previstas por los artículos 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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DURATAT TARIANTA PODERNO AMATINADTADO 

66 y 100 de la Ley 2492, siendo el ahora recurrente, quien no aportó los elementos de prueba necesarios para desvirtuar la configuración de las obligaciones impositivas advertidas por el Servicio de Impuestos Nacionales, conforme prevé el artículo 76 de la Ley 2492, a pesar que contó con los plazos procesales necesarios para ello, precisamente el artículo 98 de la mencionada norma legal y tener un conocimiento cabal sobre el origen 

de los reparos, por tanto, los actos administrativos emitidos por el SIN (Vista de Cargo y Resolución Determinativa) contaron con la debida fundamentación exigida por el parágrafo | del artículo 96 y el parágrafo || del artículo 99 del Código Tributario Boliviano, 

correspondiendo en consecuencia desestimar lo agraviado por el recurrente al respecto. 

IV.6. Prescripción. La parte recurrente manifestó que la Administración Tributaria expuso en el acto impugnado la plena vigencia de la facultad de determinación la deuda tributaria de la gestión 2012; empero, que aplicó retroactivamente normas tributarias que fueron aprobadas con posterioridad al nacimiento del hecho generador de la referida gestión, debiendo considerar el artículo 59 de la Ley 2492, sin modificaciones, que determina que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años; al efecto, precisó que el hecho generador del IVA contenida en las compras informadas por IASA de la gestión 2012 se produjo en vigencia de la Ley 2492, sin ninguna modificación. 

Precisó que el hecho generador del IVA contenida en las compras informadas por IASA de ta gestión 2012 se produjo en vigencia de la Ley 2492, sin ninguna modificación; en ese sentido, expuso en un cuadro que para el IVA e IT de los periodos enero a noviembre de 2012, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero 2013 y finalizó el 31 de diciembre de 2016; así como el IUE de la gestión con cierre a diciembre de 2012, el cómputo inició el 1 de enero de 2014 y finalizó el 31 de diciembre de 2016. 

Adicionalmente, el sujeto pasivo indicó que, no corresponde la aplicación de las modificaciones realizadas al artículo 59 de la Ley 2492, por las Leyes 291, 317 y 812, debiendo prevalecer el principio de irretroactividad. Agregó que la Orden de Fiscalización N° 14990100377 fue notificada cuando la facultad de fiscalizar de la Administración Tributaria se encontraba prescrita, no pudiendo ser considerada como causal de suspensión al plazo de la prescripción según lo previsto por el numeral 1 del artículo 62de la Ley 2492 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que, el artículo 59 de la Ley 2492 modificado establece un término de prescripción de 8 años, iniciando el primer día hábil del año siguiente a la fecha de vencimiento de pago, por lo que la Administración Tributaria hizo uso de sus facultades y prerrogativas, determinando sobre base 

presunta y cierta reparos a favor del fisco, por ingresos omitidos y no declarados, por la venta de productos adquiridos en los periodos comprendidos en la gestión 2012, 

De forma complementaria señaló que, en aplicación de la Ley 291 modificada por la Ley 317, para los periodos objeto de revisión, la facultad del SIN no prescribió aşi como la Ley 812, tomando en cuenta lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492, hizo uso de sus facultades y prerrogativas establecidas por Ley, llegando a determinar la deuda tributaria antes que se configure el instituto de la prescripción. 

Ahora bien, expuestos los argumentos de las partes y antes de ingresar al análisis del agravio referente al instituto de la prescripción, cabe señalar que el presente Recurso de Alzada ya fue objeto de análisis por parte de esta instancia recursiva, emitiendo al efecto la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0017/2020 de 27 de enero de 2020, “misma que resolvió revocar totalmente la Resolución Determinativa No 171930000133 de 19 de marzo de 2019, declarando prescrita las facultades de determinación de la Administración Tributaria relativas al IVA, IT e UE de enero a diciembre de la gestión 2012 (fojas 346382 del expediente administrativo). 

No obstante, la Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico en contra de la citada Resolución de Recurso de Alzada, motivo por el cual la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1054/2020 de 17 de agosto de 2020, que resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT CBA/RA 0017/2020 de 27 de enero de 2020, a objeto de que se emita una nueva resolución debidamente fundamentada, pronunciándose sobre todos los aspectos planteados en el Recurso de Alzada y considerando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1260/2019 de 18 de noviembre de 2019, de acuerdo al inciso c) del parágrafo I del artículo 212 del Código Tributario Boliviano (fojas 424-434 del expediente administrativo). 

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De esta manera, a efectos de dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en la referida Resolución de Recurso Jerárquico, es necesario señalar que el fundamento de la 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti ortomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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anulación de la Resolución de Recurso de Alzada, se sustento en lo siguiente: “xi. En 

este contexto, es evidente que en la interposición del Recurso de Alzada, el Sujeto Pasivo aludió la prescripción de las facultades de verificación, determinación e imposición de sanciones, citando como fundamento el Artículo 59 del CTB sin modificaciones...sin embargo, la ARIT limitó su pronunciamiento únicamente respecto a la facultad de determinación, disponiendo la revocatoria total de Resolución Determinativa, que incluye la multa por incumplimiento de deberes formales. xii. Lo anterior, demuestra que la instancia de Alzada no analizó la prescripción de las facultades de la Administración Tributara para imponer sanciones respecto al incumplimiento de deberes formales tal 

como observa la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, lo que denota el 

incumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 211, Parágrafos /y Ill del CTB, toda vez que 

omitió pronunciarse de manera expresa, positiva y precisa, sobre todas las cuestiones que fueron planteadas por el Sujeto Pasivo; tampoco consideró todos los antecedentes que formar parte del proceso, más aún cuando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1260/2019, de 18 de noviembre de 2019, de forma expresa, dispuso la emisión de una 

nueva Resolución del Recurso de Alzada en la cual se emita pronunciamiento sobre todos los agravios expuestos por el Sujeto Pasivo; situación que no sucedió en el presente caso(fojas 433 vta. del expediente administrativo). 

De forma seguida, la citada Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1054/2020, continuo precisando: “xii. Por lo que, es evidente que la Resolución del Recurso de Alzada vulneró la garantía del Debido Proceso, reconocida en el Artículo 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE); en su elemento de debida fundamentación y motivación (…) xiv. (…) corresponde a la ARIT Cochabamba ingresar al análisis de todos los argumentos expuestos por las partes, emitiendo su criterio mediante Resolución de Recurso de Alzada motivada y fundamentada respecto a la prescripción (…) ” (fojas 433 vta. – 434 del expediente administrativo). 

Entonces, en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1054/2020 de 17 de agosto de 2020 y a efecto de analizar la prescripción incoada, cabe aclarar que en el presente caso la Resolución Determinativa N° 171930000133 de 19 de marzo de 2019, además de establecer la existencia de un tributo omitido, correspondiente al IVA, IT e UE, de los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2012, impuso sanciones por omisión de pago relacionadas al IVA, IT e UE, asi como también por 

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AIT. 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

incumplimiento a deberes formales por la entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria dentro del proceso determinativo, motivo por el cual a efecto de dar estricto cumplimiento a la citada Resolución de Recurso Jerárquico, ésta instancia recursiva analizará por una parte, la prescripción de la facultad para imponer sanciones por omisión de pago, de forma conjunta con el análisis de las facultades de determinación de la deuda tributaria relacionadas al IVA, IT e UE, y por otra parte, analizará de forma independiente, lo referido a la facultad de imposición de la sanciones por incumplimiento a deberes formales

Bajo ese entendido, corresponde señalar que para el presente caso, esta instancia de alzada, en resguardo del principio de seguridad juridica consagrada en la Constitución Politica del Estado, concluye que, el instituto jurídico de la prescripción, debe entenderse conforme los entendimientos desarrollados por el intérprete de la Constitución Política del Estado; que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, debiendo tener presente que, sus fallos emitidos, en sus decisiones y sentencias, son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio conforme dispone el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, y que, no solo generan la obligatoriedad a las partes intervinientes, sino que también pueden constituir precedentes orientadores que generan derecho de origen jurisprudencial, debido a que, dichas sentencias, efectúan unainterpretación, integración e interrelación de las normas vigentes. 

También es necesario aclarar que, el precedente vinculante de un fallo constitucional, no constituye la conclusión arribada del caso concreto, sino la parte de la ratio decidendi del fallo donde se efectúa el análisis e interpretación del hecho fáctico normado, conforme lo dispone la Sentencia Constitucional 846/2012 de 20 de agosto, misma que a la letra señala: “Entonces, es posible afirmar que es vinculante el precedente constitucional contenido en la ratio decidendi. Es decir, en la ratio decidendi se encuentra el precedente constitucional. El precedente constitucional es vinculante siempre que exista un supuesto fáctico análogo (AC 004/2005ECA y SC 186/2005R)”

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En ese entendido, es menester traer a colación, el entendimiento expuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019S2 de 21 de mayo, mediante la cual, establece el carácter vinculante, de aplicación directa y obligatoria de las Sentencias Constitucionales puntualizando que: “(...) 

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Av. Oquendo N:381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.artigob.boCochabamba, Bolivia 

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no deviene de la solicitud o no que haga el administrado de aplicar algún fallo constitucional de manera específica; sino que, como se tiene dicho, deviene de un mandato constitucional, que en virtud del carácter normativo de nuestra Norma Suprema es de aplicación directa y obligatoria”. 

Para el presente caso, corresponde aclarar y establecer que, la consideración de la parte vinculante de los fallos constitucionales, se aboca exclusivamente al análisis concerniente a la correcta aplicación de una determinada norma, respecto al instituto de la prescripción; es decir, se examinará la temporalidad de la norma bajo el principio de legalidad e irretroactividad de la ley. 

Así, el entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019-S2 de 21 de mayo, resulta esencial para el análisis del presente Recurso de Alzada, por cuanto, establece la aplicación directa y obligatoria de las Sentencias Constitucionales que deviene de un mandato constitucional, aspecto fundamental que, no puede ser soslayado por esta instancia recursiva al momento de administrar justicia tributaria, existiendo por ende, la 

obligación y deber de considerar la ratio decidendi inmersa en ella, como fundamento esencial para dilucidar la controversia respecto a la normativa a ser aplicada para el cómputo de la prescripción, por cuanto, la razón y sustento de su consideración para el presente caso, radica en la necesidad de tomar en cuenta el precedente vinculante de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre, referido al carácter irretroactivo de la ley y la forma de aplicación del plazo de prescripción en el tiempo; reiterando que, ésta instancia de alzada, no pude dejar de lado el entendimiento efectuado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la citada sentencia máxime si la controversia generada en el presente caso es decir la irretroactividad de las Leyes 291, 317 y 812 resulta ser análoga. 

De esta manera, resulta pertinente señalar que, a efectos de resolver la controversia generada en el presente proceso recursivo e identificada en párrafos previos, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019-S2 de 24 de mayo, en su punto “III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO”, efectuó el siguiente entendimiento respecto de la aplicación de la norma al instituto de la prescripción señalando que: “(…) ésta debió 

serresuelta conforme y de acuerdo a la normativa vigente al momento del hecho generador del adeudo tributario; en este entendido, y al no haberse observado estos dos 

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transcendentales aspectos, queda claro que se lesionó la garantía de la irretroactividad de ley. En efecto, si consideramos que (…) se refieren a adeudos tributarios (...) respecto al periodo fiscal diciembre 2009, el cómputo de la prescripción debió realizarse en base y de acuerdo a los arts. 59 y 60 del CTB antes de su reforma por las Leyes 291 y 317 de septiembre y diciembre de 2012, respectivamente, y la Ley 812 de julio de 2016, ya que las mismas fueron promulgadas de manera posterior al hecho generador (…)”. 

La referida Sentencia Constitucional Plurinacional, continuó sosteniendo lo siguiente: “En este contexto la prescripción sometida a análisis, tuvo necesariamente que considerar la normativa vigente al periodo fiscalizado y en consecuencia, determinar si ésta operó o no, en función a los plazos y mecanismos de cómputo estipulados en dicha normativa; pues, no resulta constitucionalmente aceptable que se pretenda la aplicación retroactiva de normas tributarias posteriores al hecho generador del adeudo tributario, máxime, si éstas no resultan más favorables (…)”. 

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Consecuentemente, es necesario aclarar que, el precedente vinculante de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019-S2 de 24 de mayo ‘-desglosada en párrafos previos- determinó que, el instituto de la prescripción, debe ser resuelto conforme y de acuerdo a la normativa vigente al momento del hecho generador del adeudo tributario, bajo la premisa de aplicar la norma sustantiva vigente al momento del acaecimiento del mismo, rigiendo la regla del tempus comissi delicti, que responde a los principios de equidad e igualdad en las relaciones jurídicas, y a la superación de“situaciones abiertamente discriminatorias y lesivas del principio de justicia, consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, por cuya consecuencia, se encuentra prohibida la aplicación retroactiva y retrospectiva de normas que regulan dicho instituto, con la excepción -por supuesto establecida en el artículo 150 de la Ley 2492, referida al establecimiento de términos de prescripción más breves. 

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Calidad, AFHQA QATUCATION 

Aranibar Meji

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Bajo dicha premisa, resulta equivoco e inaceptable el uso retroactivo de normas tributarias posteriores al hecho generador; es decir, no corresponde considerar normativa ulterior pues, se afectarían derechos constitucionales del sujeto pasivo; por lo que, en consideración a que, dicho precedente constitucional, deja establecido la aplicación inequivoca de una determinada norma, ese mismo entendimiento, sirve para resolver el comienzo del plazo para el cómputo de la prescripción que versa sobre la determinación 

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900 IBNORCA Sistema de Gestio

de la Cold CertificadoN71/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte. Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

de la deuda tributaria; por cuya consecuencia, siendo que los hechos facticos resueltos en 

esta última aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, resultan ser análogos al analizado en el presente caso, por ello, se tiene que, los fundamentos y entendimientos de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019-S2 de 24 de mayo, son de aplicación vinculante al presente caso por mandato constitucional, conforme lo señala el articulo 203 de la Constitución Política del Estado y articulo 15 parágrafo ll del Código Procesal Constitucional, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019-S2 de 21 de mayo

Entonces, los fundamentos supra señalados, permiten ratificar nuestra posición asumida respecto al instituto de la prescripción, mismo que fue modulado y reconducido estableciendo que, la normativa aplicable a dicho instituto, es la vigente al momento del hecho generador, es decir, cuando se establece la relación juridico tributaria entre el sujeto pasivo y la Administración Tributaria, vinculo de carácter personal conforme establece el artículo 13 de la Ley 2492 cuyo perfeccionamiento, permite el surgimiento de la obligación tributaria pertinente; concluyendo que, la prescripción, como instituto jurídico de extinción de obligaciones en materia tributaria, no es de oficio y se aplica por la negligencia de la Administración Tributaria en ejercer sus facultades dentro el término establecido en la normativa tributaria; y que más allá del tiempo trascurrido para dilucidarse la configuración del instituto jurídico, la aplicación normativa y el término del mismo, mantiene su vinculación con el momento del perfeccionamiento dei hecho gravable. 

A mayor abundamiento, es preciso puntualizar que, las normas sustantivas o materiales son aquellas que, no dependen de otra disposición legal para cumplir su objetivo, pudiendo ser de dos tipos: la que determina derechos y garantias y por otro, las que determinan conductas que deben ser observadas, y la razón radica en su importancia de establecer derechos y garantías, por lo que, en resguardo a la seguridad jurídica, no es posible aplicar normas que, no existían en el momento de cometerse el hecho. 

En ese sentido, la irretroactividad de las disposiciones legales en general es parte del principio de legalidad y es que, no se puede pedir el cumplimiento de disposición legal alguna, en tanto, no se encuentre legalmente en vigencia en ese momento, intelecto que va relacionado con la teoría de los hechos cumplidos que establece que, cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, materializando así la seguridad jurídica 

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De esta manera, en consideración a lo expuesto en párrafos previos, cabe aclarar que para el análisis de la prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago de la Administración Tributaria respecto al IVA e IT de los periodos enero a agosto de la gestión 2012, corresponde aplicar el artículo 59 de la Ley 2492, sin las modificaciones realizadas al instituto de la prescripción a través de la Leyes 291 y 317, toda vez que éstas últimas no estuvieron vigentes al nacimiento del hecho generador; sin embargo, para el IVA e IT de los periodos de septiembre a noviembre de la referida gestión 2012, corresponde la aplicación de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012; finalmente para el IVA, IT e UE con cierre a diciembre de la gestión 2012, debe aplicarse la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012. 

Al respecto, cabe aclarar que, en consideración a que la normativa expuesta en párrafos previos, la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago, tienen el mismo tratamiento término y forma de cómputo), ‘motivo por el cual, el análisis de las referidas facultades se realizaran de forma simultánea. 

De igual manera, es preciso señalar, que en relación a la facultad de imposición de sanciones por Incumplimiento a deberes formales por la entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del proceso determinativo, corresponde indicar que la contravención se cometió al dia siguiente de vencido el plazo para la entrega de la documentación, plazo que conforme al Requerimiento No 131132 venció el 13 de enero de 2017, de esta manera, es evidente que al momento de configurarse la contravención tributaria, se encontraba vigente las modificaciones efectuadas al artículo 59 de Ley 2492, a través de la Ley 812, motivo por el cual corresponde su aplicación en el análisis de la prescripción de la facultad de imposición de sanciones por el referido incumplimiento a deber formal, mismo que será analizado de forma independiente. 

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De esta manera, aclarada la normativa a ser aplicada por esta instancia recursiva y la forma en que será analizada la prescripción incoada por el sujeto pasivo, corresponde efectuar el cómputo de la prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones de la Administración Tributaria, en base a lo expuesto en párrafos previos. 

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Sistema de Gestio

de la calidad Certificador 7711

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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IV.6.1. Prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago del IVA, IT e IUE los periodos de enero a agosto de la gestión 2012 según la Ley 2492. Entonces, conforme las consideraciones argumentativas de las partes procesales, la jurisprudencia constitucional y normativa expuesta lineas arriba, corresponde reiterar que para los periodos de enero a agosto de las gestión 2012, se debe aplicar el artículo 59 de la Ley 2492, sin modificaciones; en tal sentido, el término de la prescripción de cuatro (4) años de la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago de la Administración Tributaria respecto al IVA e IT de los periodos enero a agosto de 2012, quedó configurado de la siguiente forma: 

Periodo 

Impuesto 

Vencimiento de 

Pago de la obligación..... 

Ley Aplicable 

Inicio de la Prescripción 

Fin de la Prescripción 

Enero 2012 

IVA E IT 

Febrero 2012 

Ley 2492 

01/01/2013 

31/12/2016 

Febrero 2012 

IVA E IT 

Marzo 2012 

Ley 2492 

01/01/2013 

31/12/2016 

Marzo 2012 

IVA E IT 

Abril 2012 

Ley 2492 

01/01/2013 

31/12/2016 

Abril 2012 

IVA e IT 

Mayo 2012 

Ley 2492 

01/01/2013 

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Mayo 2012 

IVA e I

Junio 201

Ley 2492 

01/01/2013 

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Junio 2012 

IVA e IT 

Julio 2012 

Ley 2492 

01/01/2013 

31/12/2016 

Julio 2012 

IVA e IT 

Agosto 2012 

Ley 2492 

01/01/2013 

31/12/2016 

Agosto 2012 

IVA e IT 

Septiembre 2012 

| Ley 2492 

01/01/2013 

31/12/2016 

Lo expuesto en el cuadro precedente, permite advertir que el cómputo de la prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago de la Administración Tributaria relativas al IVA e IT de los periodos enero a agosto de 2012, inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016 

Ahora bien, respecto a las casuales de suspensión del término de la prescripción, la Administración Tributaria en respuesta al Recurso de Alzada citó el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492, el cual señala: El curso de la prescripción se suspende con: /. La 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses

Asimismo, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que la Orden de Fiscalización No 14990100377, fue notificada de forma personal el 29 de diciembre de 2016 (fojas 9 de antecedentes administrativos), cuando la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago de la Administración Tributaria respecto al IVA e IT de los periodos enero a agosto de la gestión 2012, se encontraban vigentes, motivo por el cual dicha actuación suspendió el cómputo de la prescripción por seis meses, conforme la disposición legal ut supra citada, por lo que, èl. término de la prescripción se extendió hasta el 30 de junio de 2017; no obstante, a la fecha de notificación con la Resolución Determinativa impugnada realizada el 1 de abril de 2019, la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago del ente recaudador, se encontraban prescritas. * * 

IV.6.2. Prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago del IVA, IT e IUE los periodos de septiembre a noviembre de la gestión 2012 según la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012. .... Respecto al:IVA e IT de los periodos de septiembre a noviembre de la gestión 2012, cabe rememorar que los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, sufrieron modificaciones mediante las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, misma que estableció un orden progresivo para el cómputo de la prescripción; pero en lo que respecta a la gestión 2012, estableció que las acciones de la entidad recaudadora de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago prescribirán a los cuatro (4) años; además que el período de prescripción, para cada año será respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, cuyo cómputo iniciará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

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En consecuencia, el término de la prescripción de cuatro (4) años de la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago de la Administración Tributaria respecto al IVA e IT de los periodos septiembre a noviembre de 2012, llegó a configurarse de la siguiente forma: 

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de la Calidad Certificado 771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit‘ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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Ley. 

... Periodo

[impuesto. 

Fin de la Prescripción 

Inicio de la Prescripción 

Aplicable 

Vencimiento de 

Pago de la obligación Octubre 2012 

Septiembre 2012 

IVA e IT 

Ley 29

01/11/2012 

31/10/2016 

Octubre 201

IVA e IT 

Noviembre 2012 

Ley 291 

01/12/2012 

30/11/2016 

Noviembre 2012 

IVA e IT 

Diciembre 2012 

Ley 291 

01/01/2013 

31/12/2016 

Entonces, el cuadro desarrollado previamente, evidencia que el cómputo de la prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago de la Administración Tributaria relativas al IVA e IT del periodo de septiembre, inició el 1 de noviembre de 2012 y concluyó el 31 de octubre de 2016; respecto el periodo de octubre de la gestión 2012, inició el 1 de diciembre de 2012 y culminó el 30 de noviembre de 2016; finalmente, respecto al periodo de noviembre de 2012, inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016

Con relación a las casuales de suspensión del término de la prescripción, la Administración 

Tributaria al momento de responder al Recurso de Alzada citó el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492, el cual señala: El curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses” no obstante, conforme a la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que la Orden de Fiscalización N° 14990100377 fue notificada de forma personal el 29 de 

16 (fojas 9 de antecedentes administrativos), cuando la facultad de 

ción de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago de la Administración Tributaria respecto al IVA e IT de los periodos septiembre y octubre de la gestión 2012, se encontraban prescritas, motivo por el cual no puede considerarse como una causal de suspensión del cómputo de la prescripción, mismo que, además configuró antes de notificarse el acto impugnado

En lo que respecta al IVA e IT del periodo noviembre de la gestión 2012, cabe señalar que la notificación con la Orden de Fiscalización N° 14990100377 suspendió el cómputo de la prescripción por seis meses es decir hasta el 30 de junio de 2017; sin embargo, a la fecha de notificación con la Resolución Determinativa -ahora impugnada- realizada el 1 de abril de 2019, la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

omisión de pago del ente recaudador del periodo noviembre 2012 se encontraban prescritas. 

IV.6.3. Prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago del IVA, IT e UE de los periodos de diciembre de la gestión 2012 según la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012. Finalmente, en lo que concierne al IVA e IT del periodo diciembre de 2012 e UE por la gestión concluida al 31 de diciembre de 2012, es menester precisar que la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición Derogatoria Primera, estableció: “Se deroga el último párrafo del Parágrafo I, del Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012”. En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, modificó el artículo 60 de la Ley 2492, por el siguiente texto: “1. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo / del Artículo anterior,’ el témino de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produio el vencimiento del período de paco respectivo. Il. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria, manteniendo el orden progresivo para el cómputo de la prescripción; precisando que en la gestión 2012, estableció que las acciones de la entidad recaudadora prescribirán a los cuatro (4) años; por consiguiente el término de la prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago de la Administración Tributaria respecto al IVA e IT del periodo de diciembre 2012, así como al UE de la gestión 2012, llegó a configurarse de la siguiente forma: 

Periodo 

Impuesto 

Vencimiento de 

Pago de la obligación 

Ley Aplicable 

Inicio de la Prescripción 

Fin de la Prescripción 

Diciembre 2012 

IVA E IT 

Enero 2013 

Ley 317 

01/01/2014 

31/12/2017 

Gestión con cierre a diciembre 

de 2012 

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30 de abril de 2013 

Ley 317 

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Entonces, el cuadro desarrollado previamente, evidencia que el cómputo de la prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago de la Administración Tributaria relativa al IVA e IT del 

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dolad Cestiti da N771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan miťayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo NP 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012• www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

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periodo diciembre de la gestión 2012, así como el IVE con cierre a diciembre de 2012, inició el 1 de enero de 2014 y concluyó el 31 de diciembre de 2017

En cuanto a las casuales de suspensión del término de la prescripción, la Administración Tributaria al momento de responder al Recurso de Alzada citó el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492; en ese entendido, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la Orden de Fiscalización N° 14990100377, fue notificada de forma personal el 29 de diciembre de 2016 (fojas 9 de antecedentes administrativos), cuando la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago de la Administración Tributaria respecto al IVA e IT del periodo diciembre e IUE de la gestión 2012, se encontraban vigentes, situación que suspendió el cómputo de la prescripción por seis meses, conforme lo dispuesto por la norma supra referida; por lo que, el término de la prescripción se extendió hasta el 30 de junio de 2018; no obstante, a la fecha de notificación con la Resolución Determinativa -ahora impugnada- que fue el 1 de abril de 2019, la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago del ente recaudador se encontraba prescrita. 

Por otra parte, de la compulsa de los antecedentes del caso, para todos los periodos analizados, no se advirtió la existencia de causales de interrupción del cómputo de la prescripción, razón por la cual, resulta evidente que la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa N° 171930000133 el 1 de abril de 2019, cuando su facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago para el IVA, IT e IUE de enero a diciembre de 2012, se encontraban prescritas

IV.6.4. Prescripción de la facultad de imposición de sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales según la Ley 812 de 30 de junio de 2016. En relación a la facultad de imposición de sanciones relativas al Incumplimiento a Deberes Formales por la entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria, corresponde indicar que el parágrafo II del artículo 2 de la Ley 812, dispone: “Se modifican los Parágrafos I y Il del Artículo 59° de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: “. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3

Imponer sanciones administrativas. //. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios o realice operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación

A su vez, la Ley 317 a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, dispuso: “Se modifican los Parágrafos I y Il del Artículo 60 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: “Articulo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafol del Articulo anterior, el término se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria”. 

— 

– 

En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria, al inicio del proceso determinativo, labró el Requerimiento No 00131132 (Form. 4003) el 23 de diciembre de 2016, solicitando al sujeto pasivo documentación e información relativa al alcance de la determinación, estableciendo al efecto un plazo para su presentación mismo que feneció el 13 de enero de 2017, motivo por el cual la contravención tributaria por incumplimiento al deber formal por la entrega parcial de la información y documentación requerida por el ente recaudador dentro del proceso determinativo, se configuró el 14 de enero de 2017 (fojas 10 C1. de antecedentes administrativos). 

De esta manera, en consideración a lo expuesto en el párrafo precedente, así como la normativa trascrita, se tiene que el cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer la sanción por el Incumplimiento a Deberes formales por la entrega parcial de la información y documentación requerida dentro del proceso determinativo, quedó configurado de la siguiente manera

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Contravención 

Fecha de comisión de la contravención 

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inicio de la fin de la *** Prescripción. Prescripción 

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Entrega parcial de la 

información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria dentro del proceso determinativo 

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Sistema de Gestió

de la Caidat Cortilador 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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Lo expuesto en el cuadro precedente, evidencia que el término de prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones por el Incumplimiento al Deber Formal por la entrega parcial de lo solicitado mediante Requerimiento No 146802 (Form. 4003) de 23 de diciembre de 2016, finalizará el 31 de diciembre de 2025; de esta manera, en consideración a que dicha facultad fue ejercida por el ente recaudador a través de la Resolución Determinativa impugnada, misma que fue notificada mediante cédula el 1 de abril de 2019, se tiene que la sanción analizada 

fue impuesta al sujeto pasivo antes de configurarse la prescripción. 

Finalmente, la Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada citó la Sentencia No 76/2015 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, haciendo alusión a la ampliación del plazo de prescripción de 4 años a 7 años; sin embargo, el ente recaudador no desarrollo dicho aspecto, por lo que no corresponde efectuar mayor análisis o pronunciamiento, máxime si del análisis de la Consulta de Padrón, cursante a fojas 12 de antecedentes administrativos, se advierte que Siles Escobar Vidal se encuentra 

registrado en el padrón de contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, no 

ameritando la aplicación de lo dispuesto en el parágrafo Il del artículo 59 de la Ley 2492, 

En suma, del análisis de los antecedentes administrativos, los actos emitidos por la Administración Tributaria y en cumplimiento de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1260/2019 de 18 de noviembre de 2019 y AGIT-RJ 1054/2020 de 17 de agosto de 2020, se advierte que el proceso determinativo sustanciado por dicha entidad no incurrió en los vicios de nulidad agraviados por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada; adicionalmente, resultó evidente que la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omiso de pago relativas al IVA, IT e UE de enero a diciembre de la gestión 2012 se encontraban prescritas al momento de notificar el acto impugnado; no obstante, la facultad de la Administración recurrida para imponer la sanción por el incumplimiento a deberes formales, fue ejercida antes de configurarse la prescripción. 

Consecuentemente, corresponde a ésta instancia recursiva revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 171930000133 de 19 de marzo de 2019 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, dejando sin efecto la deuda tributaria determinada por concepto de IVA, IT e IUE de enero a diciembre de la gestión 2012 por configurarse la prescripción, y manteniendo firme y subsistente la multa por incumplimiento a deberes formales

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LILLE 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE Ia Resolución Determinativa N° 171930000133 de 19 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, dejando sin efecto la deuda tributaria determinada por concepto de IVA, IT e UE de enero a diciembre de la gestión 2012 por configurarse la prescripción, y manteniendo firme y subsistente la multa por incumplimiento a deberes formales; ‘sea de conformidad con el parágrafol inciso a) y parágrafo II del articulo-212 del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO: La Resolución del presente’Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, ‘será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

– 

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-1 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

,45 eur

17 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación. 

afaq 

ISO 900

Calidad 

Registrese, notifiquese y cúmplase. 

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1

LEN

HAND Eric Austerto Rojas Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCION EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chba. 

Aranbur 

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