ARIT-CBA-RA-0299-2020 Falta de documentación que respalde la vinculación para la devolución de CEDEIMs. Resolución anulada al presentarse incongruencias en el proceso.

ARIT-CBA-RA-0299-2020

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0299/2020 

Recurrente 

Coronilla Sociedad Anónima Industrial y Comercial, representada por Martha Eugenia Wille Leyton

Administración recurrida 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Marcelo Gonzales Yaksic. 

Acto impugnado 

Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000005

  1. hr. 1

Expediente No Lugar y fecha 

ARIT-CBA-0187/2020 :, Cochabamba, 30 de octubre de 2020

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes ‘cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Juridico ARITCBAJITJ 0299/2020 de 30 de octubre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000005 de 22 de mayo de 2020, que estableció como importe indebidamente devuelto al contribuyente Coronilla Sociedad Anónima Industrial y Comercial, la suma de UFVS 14.833 por el Impuesto al Valor Agregado y mantenimiento de valor restituido automáticamente que fue indebidamente devuelto al sujeto pasivo mediante valores CEDEIM’s, correspondiente a los periodos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, importe que deber ser restituido a favor del fisco de conformidad a lo establecido por el artículo 128 de la Ley 2492. Acto notificado mediante cédula el 19 de junio de 2020 (fojas 74687500 y 7503 de antecedentes administrativos)

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Av. Oquendo 381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011.–4140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

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KAIROBIRANIAN PAIKOMA RADIO 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. II.1. Argumentos del Recurrente. Martha Eugenia Wille Leyton, en representación de Coronilla Sociedad Anónima Industrial y Comercial, conforme acreditó el Testimonio de Poder No 790/2012 de 11 de octubre de 2012 (fojas 2-11 del expediente administrativo), mediante memoriales presentados el 21 de julio y 4 de agosto de 2020 (fojas 76-144 y 148 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior N° 212039000005 de 22 de mayo de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

Que, la Administración Tributaria en el acto administrativo impugnado, observó y depuró notas fiscales de diferentes proveedores, correspondientes a los períodos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, bajo el argumento de falta de presentación de documentación que llegue a constituir en prueba clara, suficiente y fidedigna de demostración de realización de la transacción, cuando las compras corresponden a la actividad de exportación que desarrolla Coronilla S.A., decisión arbitraria y caprichosa del sujeto activo que carece de sustento legal. 

Señaló que las facturas presentadas como respaldo a las Declaraciones Únicas de devolución impositiva ante la Administración Tributaria, corresponden a conceptos de actividades de producción, administración y comercialización de productos de exportación y en tal sentido, la devolución impositiva solicitada se amparo en la Ley 1489, Decreto Supremo 25465 y Ley 1963, no existiendo causa, razón, motivo o circunstancia para privar lo establecido en la norma. 

Indicó que, según el acto impugnado, las facturas observadas fueron declaradas y clasificadas como facturas tipo 1 para el mercado interno, tipo 4 para el mercado externo (exportaciones) y tipo 5 prorrateos para ambos mercados (Mixtas), aspecto que evidencia que la porción de dichas facturas o crédito fiscal que corresponde al mercado interno fue de manera objetiva, voluntaria y diferenciada como ordena la Ley y como fue expuesto en el formulario 210 de cada uno de los periodos observados. 

Manifestó que la entidad recaudadora, nunca observó la devolución impositiva solicitada por similares operaciones comerciales, realizadas anteriormente por Coronilla S.A. con los 

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mismos proveedores y con la misma documentación presentada, por lo que adujo que las decisiones asumidas en la resolución impugnada, atentan directamente en contra de anteriores actos administrativos, hecho que acredita la carencia de sustento y criterio legal en la toma de decisiones del sujeto activo, llegando a perjudicar a los contribuyentes. 

Expuso la existencia de errónea interpretación de la Ley y valoración de la prueba por parte de la Administración Tributaria en la generación de observaciones por los tres conceptos, toda vez que las facturas no corresponden al alcance de la revisión establecida en la Orden de Verificación Externa y detallada en el acto impugnado sobre los periodos de agosto a diciembre de 2017; en tal sentido adujo, que los funcionarios de la Administración Tributaria arbitrariamente y sin justificativo alguno, observaron las facturas de los periodos enero a julio de 2017, vulnerando de esta manera el derecho y garantia constitucional del debido proceso en sus vertientes de congruencia, motivación e igualdad de partes, así como el numeral 6 del articulo 68 de la Ley 2492. . – , i 

Hizo hincapié en que el SIN, de forma arbitraria, observó otras facturas emitidas para periodos distintos de los establecidos en la Orden de Verificación N° 18990209713, que fueron presentadas a requerimiento verbal de sus funcionarios, que bajo ningún concepto se encuentran alcanzadas por el referido acto. 

En cuanto a las facturas Nos. 968, 988, 1000, 1005, 1012, 1034, 1060, 1070, 1093, 1143, 1160, 1164, 1119, 1129, 1269, 1309, 1318, 1348, 1370 y 1398, emitidas por el proveedor SUMELEC SRL; 75, 76, 80, 82, 83, 84, 102, 103, 104, 109 y 2106 emitidas por el proveedor Elvis Marcial Castro Salcedo; 214 del proveedor José Luis Ayala Valdivia; 75, 77, 101, 102, 104, 80 y 103 del proveedor Modesto Villarroel Balderrama; 567 del proveedor SMC PNEUMATICS BOLIVIA SRL; 78 y 156 del proveedor Delia Mérida Almendras, 62, 63, 104 y 105 del proveedor Carlos Alejandro Veizaga Vidal; 105, 157, 117, 144 y 284 del proveedor FINILAGER S.A.;1446 del proveedor José Luis Pozo Gorriti; 2901 del proveedor Rosa Carmen Chavalier de Quisber; 105, 108, 106, 107, 109 y 151 del proveedor Henry Roman Ortuño; 143 del proveedor Winston Javier Ayaviri Sivila; 240, 156 y 623 del proveedor FRENZEBOL SRL; y Póliza de Importación No 2017711C37288105 del proveedor Jacaranda Ltda.; argumento que, la Administración Tributaria sin fundamento legal ni consideración de la abundante prueba presentada, observó que las referidas notas fiscales, no se encuentran debidamente respaldadas con 

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documentación suficiente y pertinente que pruebe la realización de la transacción y su vinculación con las actividades grabadas, 

Amplió señalando que Coronilla S.A., es una empresa industrial de fabricación d

productos alimenticios donde la utilización de maquinaria es constante y periódica, que 

requiere contar de manera inmediata y urgente con repuestos, accesorios y otros insumos que aseguren la continuidad ininterrumpida de la cadena productiva, mismos que requieren atención reflejada en los documentos administrativos de control de implementos al interior de la empresa, que conforme los lineamientos establecidos en los criterios de contabilidad universalmente aceptados, cumplen con los requisitos y exigencias esenciales para su validez; al efecto, manifestó que dichos documentos deben ser valorados por la instancia de Alzada en el marco del principio de verdad material, 

Afirmó que presentó libros contables y demás descargos administrativos en su debido momento ante la Administración Tributaria para su verificación y valoración, elementos que no cuentan con observación alguna por parte de GRACO y que exponen de manera precisa, clara y confiable, todos los actos comerciales realizados y elaborados en cumplimiento de la Ley, evidenciando que las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria no tienen asidero legal. Añadió que, la observación relacionada 

a la falta de presentación del Acta de recepción de materiales, detalle de ingresos y salidas 

-entre otros, no tiene sustento legal, puesto que no son obligados por Ley a efectos de presentar registros contables auxiliares. 

Precisó que la totalidad de las observaciones efectuadas por la entidad recaudadora, tiene como base un supuesto error en la consignación de la fecha de ocurrido el suceso, la compra o adquisición del bien o servicio en el documento de control interno de la empresa con la denominación “SOLICITUD DE REPUESTOS MECANICOS – ELECTRICOS Y TRABAJOS EXTERNOS”, documento que en el caso de las facturas observadas, fue signado con una fecha posterior a la emisión de la factura, aspecto que demuestra que la observación no tiene respaldo alguno y no se encuentra enmarcada en la normativa ni en la verdad material de los hechos; en tal sentido, aclaró que la factura fue emitida a favor de Coronilla S.A., pagada mediante cheque emitido a nombre del proveedor del bien o servicio, empleándose así la bancarización exigida por la Ley 2492, que derivó en la 

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efectiva realización del negocio comercial, desvirtuando así la observación respecto a la fecha de ocurrencia del hecho. 

Agregó que la entidad recaudadora sin fundamento legal, restó validez al informe de mantenimiento que detalla y puntualiza el uso de repuestos y materiales por cada una de las facturas observadas y que hace constar-los ítems de la factura, referencia y/o descripción de los items y respaldo de las facturas; al efecto, aclaró que el bien insumo, artículo o servicio adquirido, se encuentra relacionado a la actividad gravada y de exportación de Coronilla S.A., por lo que el referido informe fue elaborado a requerimiento de los funcionarios de la Administración Tributaria y fue presentado el 2 de octubre de 2019, empero que ahora pretenden desconocer bajo argumento irrisorio de que al momento de compra o adquisición del bien o servicio, dicho informe no se encontraba 

emitido. 

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Extendió su reclamó, indicando que los funcionarios generaron la observación sin fundamento, puesto que podrían haber efectuado visitas a sus instalaciones para realizar una verificación de lo mencionado en el informe, documentos e inclusive debieron solicitar documentación a sus proveedores a través del acto administrativo denominado “CRUCE, DE FACTURAS CON EL PROVEEDOR”. Al punto, citó los numerales 3 y 6 del artículo 100 y artículo 76 de la Ley 2492; arguyerido que las facturas observadas se encuentran respaldadas y que los documentos de respaldo y cheques de pago demuestran la materialidad, relación de los gastos con su actividad y la efectiva materialización de los 

actos comerciales. 

Señaló que ante el requerimiento de la Administración Tributaria, presentó toda la documentación contable y de respaldo, demostrando de forma fidedigna, la existencia de la relación comercial con sus proveedores; sin embargo, adujo que dicha documentación no fue valorada correctamente por la entidad recaudadora. 

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Afirmó que las notas fiscales entregadas a Coronilla S.A., fueron pagadas efectivamente a los proveedores una vez realizada la transacción comercial, aspecto que denota que los cheques girados con fondos de su cuenta bancaria están vinculados a sus actividades comerciales, sobre las que solicitó la devolución impositiva, careciendo de asidero legal y valor jurídico alguno la depuración efectuada. 

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Aseguró la debida acreditación de cada relación comercial efectuada entre los proveedores y Coronilla S.A. -por factura emitida, la efectiva realización y pago al proveedor titular del NIT, quien recibió la satisfacción por el pago por el concepto por el cual recibió la factura y cuya actividad se encuentra intrínsecamente ligada a los productos y actividad de producción, administración, comercialización y exportación efectuada por la empresa; por lo que, en previsión de las Leyes 1489, 1963 y Decreto Supremo 25465 y artículo 8 de la Ley 843, afirmó la correspondencia de devolución del crédito fiscal, máxime si la entidad recaudadora valoró de manera incorrecta la documentación presentada. 

Expuso que, la Administración Tributaria desconoció que los proveedores para sus productos de exportación, hicieron la entrega de la correspondiente factura o nota fiscal expedida con todas las formalidades de Ley, que además fueron efectivamente pagadas, conforme acredito con abundante documentación contable presentada. 

Afirmó que Coronilla S.A. siempre actuó de buena fe al pedir la devolución impositiva de CEDEIM’s de los periodos solicitados de acuerdo a Ley y que para el efecto presentó las facturas correspondientes que fueron debidamente pagadas con fondos propios, a través de cheques emitidos a favor de los proveedores (propio nombre y NIT), no existiendo por tanto, norma que impida beneficiarse de la devolución impositiva, más aún cuando para el negocio comercial utilizó la bancarización como medio idóneo para demostrar el método fehaciente de pago. 

Reiteró que los documentos contables y de descargo presentados, no fueron correctamente valorados por la Administración Tributaria en previsión del principio de 

isión del principio de 

verdad material, puesto que, a pesar del cumplimiento de las formalidades requeridas, fueron observadas sin argumento de orden legal; al efecto refirió que, conforme el numeral 4 del artículo 14 de la Constitución Política del Estado, nadie está obligado a hacer algo que no esté expresamente legislado por norma anterior. 

Precisó que como contribuyente, lo único que hizo es efectuar el pago dentro los alcances del artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07; en tal sentido, acotó que todos los insumos O compras que se encuentran consignadas en las facturas indebidamente observadas, corresponden a los procesos productivos, empaque o embalaje de los productos exportados por Coronilla S.A., a la administración y 

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comercialización de productos de exportación, extremo que demuestra que no transgredió lo establecido por la normativa tributaria en vigencia

Citó el artículo 66 de la Ley 2492, para argumentar que de la entidad recaudadora, no valoró que todos los pagos están efectivamente respaldados con cheques (medio fehaciente de pago controlado por la ASFI), aspecto que no resulta contrario a la normativa tributaria, menos a lo establecido por el numeral 1 del artículo 17 del Código de Comercio y parágrafo IV del artículo 14 de la norma constitucional. Amplió señalando que, el sujeto activo no realizó una inspección in situ, situación que invalida là ilegal resolución impugnada, incumpliendo sus propias obligaciones previstas por los incisos 3 y 9 del‘ artículo 100, inciso 1 y 2 del artículo 101 de la Ley 2492

Refirió que el acto impugnado, efectuó una indebida depuración de las facturas de los periodos de agosto a diciembre de 2017, declarándolas ilegalmente como no válidas para el cómputo del crédito fiscal, extremo que yulneró lo establecido por las Leyes 1489, 1963 y Decreto Supremo 25465; en tal sentido, afirmó que la Administración Tributaria realizo una indebida interpretación de la norma, puesto que todas las operaciones de producción administración y comercialización de productos de exportación se encuentran vinculadas con las actividades de exportación que efectuó Coronilla S.A., dentro la actividad de elaboración y producción de productos alimenticios para el mercado externo, por lo que señala que la devolución de impuestos por exportaciones solicitada se encuentra amparada por la Ley. 

Alegó que respaldo todas sus operaciones con pagos efectivamente realizados en efectivo -moneda nacional– y mediante cheques bancarios a los proveedores emisores de las facturas, cerrando el círculo comercial de la transacción realizada, cumpliendo por tanto, con lo señalado en el numeral 1 del artículo 17 y numerales 4 y 5 del articulo 70 de la Ley 2492 y numeral 3 del Decreto Ley 14379. 

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Indicó que la Administración Tributaria desconoció lo establecido por el artículo 8 de la Ley 2492 e inclusive equivocó los procedimientos efectuados en la emisión del acto impugnado, puesto que procedió a revisar facturas de otros periodos no comprendidos en las órdenes de verificación notificados, ocasionando un grave daño económico a las actividades comerciales de exportación. Citó el Auto Supremo N° 1010/2012 de 5 de abril, 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a karani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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I

Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1198-2014-AAC, 0702/2011-R y los artículos 3 y 5 de la Resolución de Directorio N° 10-0011-11. 

Señaló que la Resolución Administrativa impugnada, desconoció la verdad material, restringiendo y distorsionando los hechos correspondientes a las transacciones comerciales efectivas, legales y debidamente cumplidas por Coronilla S.A., emitiendo un pronunciamiento injusto que no corresponde a la realidad de los hechos ocurridos en todas las operaciones de producción, administración y comercialización de sus productos de exportación, además de violentar los principios y valores de verdad material y de la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho formal consagrados en la Constitución Politica del Estado. Citó el inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341, las Sentencias Constitucionales 1662/2012 de 1 de octubre, 0636/2012 de 23 de julio, 0144/2012 de 14 de mayo y 2769/2010-R de 10 de diciembre y la Sentencia No 99/2017 de 20 de abril. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó la revocatoria de la Resolución Administrativa de Devolución Indebida N° 212039000005 de 22 de mayo de 2020. 

II.2. Auto de Admisión. El 7 de agosto de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió el Auto de Admisión del Expediente ARIT-CBA-0187/2020, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000005 de 22 de mayo de 2020, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales de Cochabamba (fojas 150 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Marcelo Gonzales Yaksic, conforme acredito con Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000726 de 12 de agosto de 2020 (fojas 156 del expediente administrativo), por memorial presentado el 26 de agosto de 2020 (fojas 157-164 del expediente administrativo), respondió el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

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Citó el artículo 30 de la Resolución Normativa de Directorio N°10-000403 de 11 de marzo de 2003 y artículo 2 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-05 de 3 de agosto de 2005, argumentado que procedió a la revisión, verificación y análisis de facturas que se encontraban comprometidas en el crédito fiscal de los periodos sujetos a verificación, siendo el propio contribuyente quien incluyó dentro del crédito fiscal los periodos de objeto de verificación (agosto à diciembre 2017), a través del formulario 1137; por lo que en función de sus facultades verificó la validez del crédito fiscal declarado en los formularios 210, advirtiendo de ello, que cumplió únicamente con la Ley y que el administrado desconoce los alcances de la verificación. 

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Expuso que producto del análisis de la documentación presentada por el contribuyente, la información obtenida de terceros informantes y la cursante en su poder, advirtió que el contribuyente no demostró la materialización de las transacciones y vinculación con la actividad de exportación. Añadió que el recurrente, confesó no contar con et Acta de recepción de materiales, detalle de ingresos y salidas, resultando por ello correctala observación ante la falta de documentación que pruebe el ingreso de los productos y por ende, la transacción de dominio, elemento transcendental para probarse la materialización de la transacción y vinculación con la actividad exportadora. Citó los artículos 15, 76 y 77 de la Ley 2492.

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Indicó que la presentación de documentación por parte del contribuyente, no se halla limitada a la documentación solicitada por el SIN mediante requerimientos y Anexos al requerimiento de las Ordenes de verificación, sino que también se encuentra abierta a presentar cualquier otra documentación que sustente la materialización de las transacciones y vinculación con la actividad de exportación, en cumplimiento de los numerales 4 y 5 del articulo 70 de la Ley 2492; en tal sentido, afirmó que el administrado no puede pretender que solo la documentación obligatoria del Código de Comercio levante la observación del crédito fiscal. En resguardo de su argumento, citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0068/2015. 

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Señaló que el recurrente admitió que la solicitud de repuestos mecánicos – eléctricos y trabajos externos, data de una fecha posterior a la fecha de supuesta adquisición de los productos, motivo que evidencia una incongruencia en las fechas de adquisición de los 

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bienes, no pudiendo determinarse la fecha de ocurrencia del hecho generador y la materialización de las transacciones, siendo improcedente la devolución del crédito fiscal. 

Amplió señalando que, ante la falta de respaldo documental y técnico que avale la urgencia por el tipo de compras, la petición del recurrente de otorgar validez a sus pretensiones sin demostrar la veracidad de las mismas mediante documentación, debió 

r respaldada con documentación y normativa que avale tales condiciones especiales; en tal sentido, aseguró que quedó demostrado que el sujeto pasivo admitió la falta de valor probatorio de los Informes de mantenimiento, debido a que refiere que no fueron emitidos con la finalidad de respaldar procesos suscitados el 2017, careciendo de valor probatorio para demostrar la materialización de las transacciones y su vinculación con la actividad de exportación. 

Con relación a la falta de valor legal del documento, precisó que, la normativa civil 

establece que, al no poseer las formalidades de documento público o privado con 

reconocimiento de firmas, este no puede generar efectos jurídicos ante un tercero como el SIN, al no ser oponible a terceros, conforme lo establece el artículo 1301 del Código Civil, así como el Auto Supremo N° 614/2015 de 3 de agosto. Agregó que, la observación a la falta de validez probatoria de los Informes de mantenimiento deviene del hecho de 

que estos fueron elaborados por el propio contribuyente con una fecha posterior al acaecimiento del hecho generador, no revistiendo por ello, calidad de documentos 

fehacientes que prueben la veracidad de las transacciones observadas, no reflejando la 

realidad económica y verdad material de los hechos generadores, demostrándose la 

intención de simular un hecho generador inexistente conforme el artículo 8 de la Ley 2492. 

Aclaró que ejerció la facultad de investigación establecida en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, toda vez que procedió a solicitar información mediante requerimientos y Anexos a los requerimientos adjuntos a las Ordenes de Verificación y que en búsqueda de la verdad material, verificó su sistema informático a objeto de confrontar la información presentada por el proveedor con sus ventas reportadas, realizando el respectivo cruce de facturas, de cuyo análisis determinó observaciones

Refirió que el SIN, no se halla obligado a realizar inspección de las instalaciones del contribuyente, siendo esta una facultad voluntaria, la cual en el caso presente resulta 

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innecesaria ante la contundente existencia de prueba que demuestre la materialización de las transacciones y vinculación con la actividad de exportación; por ello, asintió que el recurrente no puede pretender trasladar la carga de la prueba a la entidad recaudadora, bajo pretexto de que no se agotaron las facultades de investigación. 

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Precisó que la documentación presentada en otros casos y que, no mereció observación, no se puede considerar de forma integra, puesto que los libros contables, respaldos contables y documentación presentada y valorada, no corresponden; más aún, cuando las observaciones denotan la deficiencia de la documentación acompañada por el sujeto pasivo dentro el procedimiento de verificación de CEDEIM, realizada y reflejada en el acto impugnado. 

Manifestó que la alegación respecto a la vulneración del principio de legalidad, resulta falsa y alejada de la realidad de los hechos, puesto que, en todo momento, dio cumplimiento a la normativa tributaria para valorar la documentación, sustentando al efecto, las observaciones realizadas a las facturas depuradas y reclasificadas

Acotó que no es evidente el rechazo de presentación de prueba, puesto que el sujeto pasivo podía en cualquier momento del proceso de verificación externa CEDEIM, presentar mayor documentación que hubiese sido valorada en su pertinencia conforme dispone el artículo 21 de la Ley 2492. Agregó que, el administrado vanamente pretende eludir su responsabilidad de presentar documentación que sustente sus afirmaciones, además de querer trasladar la carga de la prueba al ente recaudador

Argumentó que, emitió el acto impugnado respetando los derechos del contribuyente, puesto que en cumplimiento del principio de verdad material valoró la documentación presentada por el contribuyente, estableciendo que el recurrente no pagó a sus proveedores, aspecto que evidenció que las transacciones son inexistentes y que no pueden generar crédito fiscal que avale la solicitud de devolución impositiva, en tal sentido, aseveró que la Resolución motivo de impugnación, expresó de manera fundamentada, motivada y congruente su fundamento técnico y juridico, explicando las razones por las 

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Citó el Auto Supremo N° 136 de 8 de abril de 2013 y la Sentencia No 512/2015 de 7 de diciembre, manifestando que la presentación de documentación, no constituye e

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aceptación automática por parte del SIN, bajo excusa de verdad material, esto en razón de que existe una gran diferencia entre la aplicación del principio de verdad material y que la prueba no sea conducente a los fines que busca el contribuyente, no pudiendo éste confundir ambos extremos con la finalidad de lograr sus pretensiones, además que el citado principio no puede estar por encima de otros principios como el de legalidad. 

Señaló que procedió a depurar el crédito fiscal obtenido mediante facturas y póliza de importación en virtud a que las mismas no cumplen los 3 requisitos de validez del crédito fiscal de tener la factura original o documento equivalente, que la transacción haya sido realizada y que se encuentra vinculada a la actividad grabada, toda vez que valorada la documentación pudo constatarse que el administrado no presentó documentación que acredite la procedencia del crédito fiscal, al no haber demostrado la materialización de la transacción y vinculación con la actividad de exportación, a través del elemento de transferencia de dominio y uso o aplicación de los bienes adquiridos. 

Amplió indicando que no resulta suficiente demostrar el elemento de onerosidad de la transacción como sugiere el recurrente, al resultar uno de los elementos para demostrar la materialización de la transacción, siendo por ello, insuficiente la falta de respaldo legal, fáctico y documental de las transacciones que fueron comprometidas para el crédito fiscal solicitado y debidamente devuelto. 

Expuso la inexistencia de vinculación o aplicación en cuanto a la normativa, Resoluciones 

Jerárquicas y Sentencias Constitucionales señaladas por el sujeto pasivo en su recurso impugnatorio, toda vez que no existe entendimiento técnico-jurídico que sustente los fundamentos de hecho y derecho del recurso, aspecto que no puede ser subsanado por la instancia de Alzada. 

Adujo la existencia de oscuridad, contradicción e imprecisión en el Recurso de Alzada, puesto que el recurrente peticionó la revocatoria del acto impugnado y la emisión de una nueva resolución en la que proceda la devolución total de valores solicitados forma-, evidenciándose confusión y oscuridad en el recurso, debido a la falta de claridad en fundamento de hecho y derecho, más específicamente en la petición, mereciendo el rechazo del recurso; agregó que, al estar adecuadamente la controversia Thema 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional do Bolivia 

dedidendum– llegó a afectarse los derechos del SIN por no poder asumir una defensa coherente por la imprecisión de la petición del recurrente. 

Manifestó que la prueba presentada por el recurrente, debe ser desestimada por la instancia de Alzada, en consideración a que no merece ser valorada por incumplimiento de la previsión del artículo 81 de la Ley 2492, debiendo considerarse también que, la prueba fue valorada y que respecto a la demás prueba, la misma no fue presentada a momento de realizar la verificación externa CEDEIM. 

Puntualizó que, el recurrente no presentó impugnación contra las observaciones 1.1. y 1.2., de la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000005, aspecto que debe considerarse como una aceptación tácita respecto a la validez del crédito fiscal reclasificado al mercado mixto y mercado interno. 

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Adujo que el contribuyente, procedió a cancelar parcialmente el adeudo tributario emergente de las observaciones 1.1. y 1.2., del acto impugnado, motivo por el cual solicito que el pago parcial de la deuda tributaria, sea entendido como una aceptación de la deuda tributaria por conceptos que fueron pagados y no impugnados.’ 

En petitorio, solicitó confirmar la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000005 de 22 de mayo de 2020. 

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II.4. Apertura de término probatorio. El 27 de agosto de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió el Auto de Apertura Término de Prueba Expediente ARIT-CBA 0187/2020, disponiendo dar inicio al término probatorio de veinte días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 165 del expediente administrativo). 

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El 22 de septiembre de 2020, la Administración Tributaria recurrida, ratificó inextenso los argumentos planteados en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, acomo de la prueba adjunta (fojas 168 del expediente administrativo). 

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El 22 de septiembre de 2020, la parte recurrente presentó prueba documental en fotocopias simples, argumentando que la Administración Tributaria tuvo un 

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de la Calidad . CertificdoN771/4 

Justicla tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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tratamiento diferente en otras revisiones realizadas con anterioridad, donde fueron acompañadas documentación de los mismos proveedores; no obstante, mediante proveido EXPEDIENTE: ARIT-CBA-0187/2020 de 12 de octubre de 2020, esta instancia recursiva estableció por no presentada la prueba señalada, debido a que el memorial no se encontraria firmado por la representante legal de la empresa recurrente (Fojas 171-242 y 245 de antecedentes administrativos). 

11.5. Alegatos. El 12 de octubre de 2020, la Administración Tributaria se apersonó a objeto de presentar alegatos, reiterando los argumentos expuestos en su memorial de 

respuesta al Recurso de Alzada, referidos al desconocimiento del alcance de las verificaciones por parte del recurrente; la aplicación del Código de Comercio para validar el crédito fiscal; la incongruencia de la fecha de la compra, el ejercicio de la facultad de investigación, la inspección y la carga de la prueba; la correcta depuración de las facturas observadas; el cumplimiento del principio de verdad material; el incumplimiento a los requisitos del crédito fiscal; la normativa, Sentencias y Resoluciones Jerárquicas invocadas por el sujeto pasivo, así como los conceptos que no fueron objeto de impugnación y los pagos realizados como aceptación de la deuda tributaria; por otra parte objetó la documentación presentada por no cumplir con el artículo 81 de la Ley 2492 (fojas 247250 del expediente administrativo). 

El 12 de octubre de 2020, la parte recurrente presentó memorial de alegatos, señalando que ofreció documentación que demuestra la procedencia de su Recurso de Alzada; que las facturas observadas corresponden en su totalidad a actividades de producción, administración y comercialización de productos de exportación; que las observaciones no corresponden al alcance de la revisión, puesto que sin justificativo legal y vulnerando el debido proceso fueron observadas facturas de otros periodos; y que las facturas se encuentran respaldadas con documentación y cheques que demuestran la veracidad y verdad material (fojas 253-255 del expediente 

administrativo). 

III

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 5 de abril de 2019, la Administración Tributaria emitió las Ordenes de Verificación No 18990209719, 18990209283, 18990210906, 18990210973 y 19990200129 a efecto de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

realizar la verificación posterior del importe solicitado correspondiente al IVA, ICE y formalidades del GA de los periodos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017. Actos notificados de manera personal al representante legal de Coronilla Sociedad Anónima Industrial y Comercial SA., el 22 de abril de 2019 (fojas 10, 14, 18, 22 

y 26 de antecedentes administrativos), 

El 5 de abril de 2017, la Administración Tributaria emitió los Requerimientos Nos 150493, 150494, 150495, 150496 y 150497, solicitando al sujeto pasivo documentación correspondiente a los periodos agosto, septiembre; octubre, noviembre y diciembre de 2017; asimismo, mediante Anexo adjunto a cada uno de los requerimientos amplió la solicitud de documentación (fojas 11-13, 15-17, 19-21, 23-25 y 2729 de antecedentes administrativos). 

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. — 

El 31 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGCBBA/DF/INF/02356/2019, concluyendo que resultado de la verificación posterior CEDEIM realizada à través de las Ordenes de Verificación N° 18990209719, 18990209283, 18990210906, 18990210973 y 19990200129, determinó un importe indebidamente devuelto por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por concepto de mantenimiento de valor restituido automáticamente, correspondiente al IVA de, lo indebidamente devuelto, por lo que recomendó remitir los antecedentes al departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para su proceso de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16 (fojas 7316-7351 de antecedentes administrativos). 

__ 

El 22 de mayo de 2020, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000005, que estableció como importe 

indebidamente devuelto al Coronilla Sociedad Anónima Industrial y Comercial, la suma de 

UFVS 14.833 por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y mantenimiento de valor restituido automáticamente que fue indebidamente devuelto al sujeto pasivo mediante valores CEDEIM’s correspondiente a los periodos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, importe que deber ser restituido a favor del fisco de conformidad a los establecido por el artículo 128 de la Ley 2492. Acto notificado mediante cédula el 19 de junio de 2020 (fojas 7468-7500 y 7503 de antecedentes administrativos). 

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calidad FRO ÇERTIFRANCH 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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  1. I. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme lo establece el artículo 211 parágrafo I del Código Tributario Boliviano, esta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por la parte recurrente, advirtiendo los siguientes: 1) Falta de ejercicio de las facultades de investigación y control; 2) Incongruencia y falta de fundamentación del acto impugnado por realizar una determinación fuera del alcance de la Orden de Verificación; y 3) Validez del crédito fiscal 

Por su parte, la Administración Tributaria objetó la admisión del presente Recurso de Alzada, argumentando la existencia de oscuridad; contradicción e imprecisión en el petitorio, motivo por el cual corresponde analizar de forma inicial, la admisión del recurso para determinar lo que en derecho corresponda. 

IV.1. Admisión del Recurso de Alzada. La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales afirmó la existencia de oscuridad, contradicción e imprecisión en el Recurso de Alzada, puesto que el recurrente peticionó la revocatoria del acto impugnado y la emisión de una nueva resolución en la que proceda la devolución total de valores solicitados -forma-, evidenciando confusión y oscuridad en el recurso, debido a la falta de claridad en fundamento de hecho y derecho, más especificamente en la petición, aspecto que justifica el rechazo del recurso; añadió que fueron afectados los derechos del SIN, al no poder asumir defensa coherente por la imprecisión de la petición del recurrente. 

Al respecto, corresponde indicar que el parágrafo 1 del articulo 198 del Código Tributario Boliviano, dispone lo siguiente: “. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener: a) Señalamiento especifico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se lo interpone. b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personeria del recurrente. c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria consignados en el acto contra el que se recurre. e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, 

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fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. f) En el Recurso Jerárquico, salar el domicilio para que se practique la notificación con la Resolución que lo resuelva. g) Lugar, fecha y firma del recurrente

Asimismo, el citado articulo en su parágrafo lll establece: “La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Articulo o’si.el recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o aclaración en el término improrrogable de cinco (5) dias, computables a partir de la notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la Superintendencia Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental respectiva. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del recurso. Siendo subsanadá la omisión u observación, se aplicará lo previsto en el parágrafo II de este artículo”. 

En el presente caso, de la compulsa del expediente administrativo, se advierte que Coronilla Sociedad Anónima Industrial y Comercial se apersonó ante esta instancia de alzada el 21 de julio de 2020 a objeto de interponer Recurso de Alzada, exponiendo en el contenido de su memorial, los fundamentos del recurso, señalando agravios tanto de forma como de fondo orientados a cuestionar el proceso determinativo que finalizó con la emisión de la-Resolución Administrativa ‘de Devolución Indebida Posterior N° 212039000005 de 22 de mayo de 2020, siendo estos: 1. Falta de ejercicio de las facultades de investigación y control; 2. Incongruencia y falta de fundamentación del acto administrativo por realizar una determinación fuera del alcance de la orden de verificación; y 3. Validez del crédito fiscal. 

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En petitorio, la empresa recurrente solicitó: (...) resuelva declarando nula y sin efecto legal alguno la Resolución Administrativa de Devolución Indebida (...) pronunciada (...) de manera discrecional e indebida al no haberse adecuado a la revisión efectuada a las normas constitucionales, legales, tributarias y administrativa vigentes en el Estado y las pruebas presentadas por ésta parte y haberse cumplido con la derecho al debido proceso y el principio de verdad material y en ese sentido disponga que el SIN-GRACO pronuncie nueva resolución en la que se proceda a la devolución total de los valores solicitados (...)(fojas 143 vta. del expediente administrativo)

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Posteriormente, ésta instancia recursiva emitió el Auto de Observación EXPEDIENTE: ARIT-CBA-0187/2020 de 7 de agosto de 2020 señalando que el Recurso interpuesto no cumplió con el inciso e) del artículo 198 del Código Tributario Boliviano, por no indicar con precisión su petición ya sea confirmando, revocando o anulando el acto impugnado; motivo por el cual ante dicha observación, la recurrente presentó memorial el 4 de agosto de 2020, señalando subsanar la misma, solicitando: “(…) resuelva REVOCANDO la Resolución Administrativa de Devolución indebida (...) declarándola nula, sin efecto y valor legal alguno de manera discrecional e indebida al no haberse adecuado a la revisión efectuada a las normas constitucionales, legales, tributarias y administrativas vigentes en el Estado y las pruebas presentadas por ésta parte y haberse cumplido con la derecho al debido 

proceso y el principio de verdad material y en ese sentido disponga que el SIN GRACO pronuncie nueva resolución en la que se proceda a la devolución total de los valores solicitados (…)” (fojas 148 del expediente administrativo). 

La descripción realizada en párrafos previos, permite advertir que la parte recurrente subsanó la observación establecida en el Auto de Observación EXPEDIENTE ARIT CBA-0187/2020 de 7 de agosto de 2020, al solicitar la revocatoria del acto impugnado y si bien de forma seguida solicitó disponer la emisión de una nueva 

resolución; no obstante, dicho aspecto responde a la existencia de agravios tanto de 

forma al acusar la vulneración al debido proceso, como de fondo relacionados a la validez del crédito fiscal, no pudiendo el ente recaudador desconocer dicho aspecto. 

Ahora bien, lo salado en el párrafo precedente fue comprendido por la Administración Tributaria, prueba de ello se tiene que en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, efectuó un análisis y respuesta a todos los agravios planteados por el sujeto pasivo, motivo por el cual, no puede argumentar la existencia de oscuridad del recurso y que por dicho aspecto no pudo asumir una defensa coherente, siendo que el contenido de su respuesta, acredita que comprendió a cabalidad los reclamos y agravios -de forma y fondo- planteados por el sujeto pasivo, evidenciando con ello el ejercicio pleno de su derecho a la defensa

Adicionalmente, cabe puntualizar que si bien el petitorio del Recurso de Alzada, expone una solicitud de revocatoria y anulación del acto impugnado; empero dicha situación no invalida los argumentos y agravios expuestos en el Recurso de Alzada

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siendo que los mismos se encuentran claramente expuestos y no presentan contradicciones ni oscuridad alguna, motivo por el cual no se advierte la afectación 

del derecho a la defensa de la Administración Tributaria. 

Consecuentemente, no tiene mérito lo argumentado por la Administración Tributaria respecto a la improcedencia del presente Recurso de Alzada, por cuanto el mismo debe ser analizado en su integridad y no solo limitarse al petitorio, el cual se encuentra expuesto en razón a la existencia de situaciones de fondo y forma que fueron traidas al análisis, siendo correcta la Admisión del presente recurso. 

Aclarado lo anterior, de acuerdo a los principios procesales y en resguardo del debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, esta instancia recursiva procederá con el análisis de los vicios procesales denunciados por la parte recurrente, y en caso de no ser evidentes, incumbirá la evaluación de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda. 

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IV.2. Falta de ejercicio de las facultades de investigación y control. La parte recurrente señaló que los funcionarios generaron observaciones sin fundamento, puesto que podrían haber realizado visitas a sus instalaciones para realizar, una verificación de lo mencionado en el informe, documentos e inclusive debieron solicitar 

roveedores a través del acto administrativo denominado “CRUCE DE FACTURAS CON EL PROVEEDOR”, por lo que afirmó que el sujeto activo al no realizar una inspección in situ, invalidó la Resolución impugnada por incumplir las obligaciones previstas por los incisos 3 y 9 del articulo 100, inciso 1 y 2 del artículo 101 de la Ley 2492 

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Añadió que, la Sentencia 99/2017 de 20 de abril, determina que la Administración Tributaria, si consideraba que la efectiva transacción ameritaba más documental, y que ésta, debió ser solicitada con arreglo al artículo 100 de la Ley 2492, lo que no ocurrió en el presente caso. 

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Calidad FOR CERTIFICATION 

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Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que, dio cumplimiento a las facultades de investigación establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, toda vez que, procedió a solicitar información mediante requerimientos y anexos a los requerimientos adjuntos a las Ordenes de Verificación y que en búsqueda de la verdad material, verificó 

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su sistema informático a objeto de verificar la información presentada por el proveedor con sus ventas reportadas, realizando el respectivo cruce de facturas, de cuyo análisis genero observaciones; en tal sentido, afirmó que el argumento del recurrente carece de veracidad. 

Adicionalmente el ente recaudador afirmó que, no se halla obligado a realizar inspección en las instalaciones del contribuyente, siendo esta una facultad voluntaria, la cual, en el caso presente, resulta innecesaria ante la contundente existencia de prueba que demuestre la materialización de las transacciones y vinculación con la actividad de exportación; por ello, asintió que el recurrente, no puede pretender trasladar la carga de la prueba a la entidad recaudadora, bajo pretexto de que, no se agotaron las facultades de investigación. 

Al respecto, corresponde señalar que el artículo 5 de la Ley 2492 sostiene que: “1. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa: 1. La Constitución Política del Estado; 2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo; 3. El presente Código Tributario; 4. Las Leyes; 5. Los Decretos Supremos: 6. Resoluciones Supremas y 7. Las demás disposiciones de carácter 

general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las limitaciones 

y requisitos de formulación establecidos en este Código. También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su jurisdicción y competencia. Il. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular”. 

Por otro lado, el artículo 128 de la Ley 2492 dispone: “Cuando la Administración Tributaria 

hubiera comprobado que la devolución autorizada fue indebida o se originó en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá una Resolución Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto expresado en Unidades de 

Fomento de la Vivienda, cuyo cálculo se realizará desde el día en que se produjo la 

devolución indebida, para que en el término de veinte (20) días, computables a partir de su notificación, el sujeto pasivo o tercero responsable pague o interponga los recursos establecidos en el presente Código, sin perjuicio que la Administración Tributaria ejercite las actuaciones necesarias para el procesamiento por el ilícito correspondiente”. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bollva 

Además, el artículo 76 del Código Tributario Boliviano establece que, en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, Se entiende por ofrecida 

y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria

Finalmente, el parágrafo Il del artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 003216, señala que: “11 Si durante la verificación previa o posterior de una Solicitud de Devolución impositiva, se establece que el monto de la solicitud no se encuentra técnica, contable y legalmente respaldada con documentación suficiente, el Departamento de Fiscalización emitirá un informe de Conclusiones determinando la inexistencia o existencia parcial del monto sujeto a la devolución impositiva para verificaciones previas o el monto justificado para la devolución de impuestos así como el monto indebidamente devuelto para verificaciones posteriores (...)

– 

De esta manera y conforme a la normativa expuesta precedentemente, pudo advertirse que los procesos de devolución impositiva poseen un procedimiento especifico, el cual difiere de los procesos de fiscalización o verificación de oficio, toda vez que sin bien là Administración Tributaria posee amplias facultades conforme lo prevén los artículos 66 y 100 de la Ley 2492; no obstante, por disposición del artículo 128 la Ley 2492 y el parágrafo Il del artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-003216, el procedimiento de devolución impositiva se limita a la revisión y evaluación de los documentos que sustentan la solicitud de devolución tributaria, para posteriormente emitir una decisión objetiva al respecto mediante una Resolución Administrativa que establezca el valor sujeto a devolución. 

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De esta manera, el proceso determinativo generado a consecuencia de una solicitud de devolución impositiva, implica por parte de la Administración Tributaria un pronunciamiento respecto al valor probatorio de la documentación acompañada por el sujeto pasivo como respaldo a su solicitud y no emerge como consecuencia del ejercicio de su facultad de investigación; aspecto que, permite colegir que la ausencia de controles cruzados o inspecciones in situ, que señala la recurrente no llegaría a invalidar ni viciar de nulidad el proceso, por cuanto al ser un procedimiento especial sustanciado a instancia del sujeto 

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de la Casad Certificado N771/14 

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pasivo, éste último tiene la obligación de acompañar todos los documentos de respaldo que sustentan su pretensión. 

Consecuentemente, el sujeto pasivo no puede argumentar indefensión ni vulneración al debido proceso, sustentado en que la Administración Tributaria no le requirió más documentación de respaldo, toda vez que en sujeción al principio de legalidad, la Administración Tributaria no puede apartarse del procedimiento establecido para la verificación de devoluciones impositivas y debe centrarse en el mismo, correspondiendo al sujeto pasivo en todo caso adecuar su accionar al procedimiento, presentando toda la documentación de respaldo hasta antes de la emisión de la Resolución Administrativa que concluya el proceso de verificación, por lo que no corresponde lo agraviado al respecto. 

Adicionalmente, corresponde indicar que conforme al artículo 76 de la Ley 2492, el sujeto 

pasivo debió presentar y/o ofrecer toda la prueba que considere como respaldo a su solicitud de devolución impositiva, encontrándose entre ellas, la petición de una inspección in situ, no obstante tampoco señaló de qué forma la existencia de una inspección acreditaría la materialización de las transacciones y su vinculación con la actividad gravada; además que, de la compulsa de los antecedentes administrativos llegó a evidenciarse que el ente fiscalizador solicitó documentación al sujeto pasivo mediante Requerimientos No 00150493, 00150494, 00150495, 00150496 y 00150497 sus anexos adjunto, demostrando con ello, el ejercicio de su facultad de investigación, motivo por el cual concierne desestimar lo argumentado por la parte recurrente, (fojas 11, 15, 19, 23 y 27 de antecedentes administrativos). 

Respecto a la Sentencia No 99/2017 de 20 de abril de 2017, invocada por la parte 

corresponde aclarar que, las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, no se encuentran consideradas como fuente normativa de derecho tributario, de acuerdo a lo previsto por el artículo 5 de la Ley 2492, sino que, son precedentes jurisdiccionales que construyen la jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos, que no tiene un carácter vinculante obligatorio, por ello no corresponde su análisis al caso, teniendo en cuenta que el proceso determinativo generado a consecuencia de una solicitud de devolución impositiva, no emerge como consecuencia del ejercicio de su facultad de investigación; al ser un procedimiento especial sustanciado a instancia del 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

sujeto pasivo, quien como se refirió precedentemente tiene la obligación de acompañar todos los documentos de respaldo que sustentan su pretensión. 

Por otra parte, corresponde señalar que Coronilla Sociedad Anónima Industrial

Comercial argumento que la entidad recaudadora, nunca observó la devolución impositiva solicitada por similares operaciones comerciales realizadas anteriormente por Coronilla S.A. con los mismos proveedores y con la misma documentación presentada, por lo que las decisiones asumidas en la resolución impugnada, atentan directamente en contra de anteriores actos administrativos, hecho que acredita que el sujeto activo carece de sustento y criterio legal en la toma de sus decisiones, perjudicando a los contribuyentes con criterios sin sustento realizados en desmedro. 

En ese entendido, la Administración Tributaria replicó exponiendo que la documentación fue presentada en otros casos y que esta no mereció observación, no pudiendo considerar la misma de forma integra, puesto que en el presente caso los libros contables, respaldos contables y documentación presentada y valorada, no corresponden; más aún, cuando las observaciones denotan la deficiencia de la documentación acompañada por el sujeto pasivo dentro el procedimiento de verificación de CEDEIM, realizada y reflejada en el acto impugnado..

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Entonces, al respecto cabe, indicar que los procesos determinativos y de verificación, sustanciados por la Administración Tributaria gozan de independencia entre sí, esto debido a que en cada uno de ellos, el ente recaudador debe analizar hechos fácticos y documentación propia del trámite que por sus características difieren y si bien pueden ser procesos semejantes a otros sustanciados de forma anterior, empero, dicha situación no implica que la Administración Tributaria tenga la obligación de arribar a la misma conclusión o decisión, pues cada proceso es particular y con diferentes connotaciones, por cuanto para procesos de verificación de devoluciones impositivas en los que se analiza el crédito fiscal IVA, todas las transacciones deben encontrarse respaldadas con documentación que permita advertir el cumplimiento de los requisitos para poder beneficiarse con el crédito fiscal y en su caso la devolución impositiva c 

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Catfdad AFHOE CEATIFICATION 

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Por ello, el sujeto pasivo no puede argumentar que al existir procesos de verificación anteriores en los cuales la Administración Tributaria no observó notas fiscales del mismo 

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proveedor, no tenga la obligación de respaldar de forma documentada el cumplimiento de los requisitos necesarios para la validez del crédito fiscal, debiendo reiterar que este tipo de procesos exige la revisión documental de cada transacción, no pudiendo desconocer 

lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2492, por lo que corresponde desestimar lo argumentado al respecto. 

IV.3. Incongruencia y falta de fundamentación en el acto administrativo por realizar una determinación fuera del alcance de la orden de verificación. 

La empresa recurrente argumentó la existencia de una errónea interpretación de la Ley y 

valoración de la prueba por parte de la Administración Tributaria, al momento de realizar las observaciones por los tres conceptos, toda vez que las facturas no corresponden al alcance de la revisión establecido en la Orden de Verificación Externa y detallada en el 

acto impugnado, misma que corresponde a los periodos agosto a diciembre de 2017; empero que arbitrariamente y sin justificativo alguno, los funcionarios de la entidad recaudadora realizaron observaciones las facturas de los periodos de enero a julio de 2017, vulnerando el derecho y garantía constitucional del debido proceso en sus vertientes de congruencia, motivación e igualdad de partes, así como el numeral 6 del artículo 68 de la Ley 2492. 

Reiteró que la parte recurrida de forma arbitraria observó otras facturas emitidas para periodos distintos de los establecidos en la Orden de Verificación No 18990209713, las que fueron presentadas a requerimiento verbal de los funcionarios de la Administración Tributaria y que bajo ningún concepto se encuentran alcanzadas por el referido acto. 

Indicó que la Administración Tributaria desconoció lo establecido por el articulo 8 de la Ley 2492 y equivoco los procedimientos efectuados en la emisión del acto impugnado, puesto que procedieron a revisar facturas de otros periodos no comprendidos en las órdenes de verificación notificados, ocasionando un grave daño económico a las actividades comerciales de exportación, 

Por su parte, la Administración Tributaria citó el artículo 30 de la Resolución Normativa de Directorio N°10-0004-03 de 11 de marzo de 2003 y artículo 2 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-05 de 3 de agosto de 2005, argumentado que contrario a lo expuesto por el sujeto pasivo, procedió a la revisión, verificación y análisis de facturas que se encontraban comprometidas en el crédito fiscal de los periodos sujetos a verificación, 

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siendo el propio contribuyente quien incluyó dentro del crédito fiscal los periodos de objeto de verificación (agosto a diciembre 2017) esto a través del Formulario 1137; por lo que, en función a sus facultades verificó la validez del crédito fiscal declarados en los Formularios 210, advirtiendo de ello, que cumplió únicamente con la Ley, situación que advierte que el administrado desconoce los alcances de la verificación

Expuestas los argumentos de las partes procesales, resulta necesario señalar que el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre entre otras- señaló que: La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación juridica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose.. cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (…) Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia”. 

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Calidad 0 CERTIFKANTOR 

A su vez, la Sentencia Constitucional Plurinacional No 1193/2014 de 10 de junio, respecto al principio de congruencia, establece lo siguiente: “(...) la congruencia como un elemento que configura el debido proceso (...) en definitiva marca el desarrollo del proceso para poder llegar a la sentencia, estableciendo un limite al poder discrecional del juzgador. A través de este principio se obtiene la concordancia entre el petitum de las partes y la decisión asumida por el juez o tribunal, quedando entendido que los mismos no pueden modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda. En ese sentido, el juez o tribunal no podrá (…) arribar a una conclusión de que fueron vulnerados otros preceptos por los cuales no se dio inicio al proceso en curso, aquello 

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indudablemente significaría vulneración del principio de congruencia y atentatorio contra el debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto efectivamente se deja en indefensión al procesado quien no podrá asumir la misma de una manera efectiva, alterando inclusive la producción de la prueba de descargo”. 

Asimismo, es importante señalar que, el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que: 9. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. De igual manera, el artículo 117, de la referida Constitución Politica del Estado, establece que: ). Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido proceso”. 

En ese marco normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa con el que cuenta el recurrente, en el ámbito tributario, los principios y garantías constitucionales se encuentran reconocidos por los numerales 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492, los cuales establecen que el sujeto pasivo tiene derecho al debido proceso, formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

En el ordenamiento jurídico administrativo boliviano, se tiene que el artículo 28 de la Ley 2341, aplicable en virtud del artículo 201 del Código Tributario Boliviano, dispone que: Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, licito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento juridico

De igual manera, el artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16 estableció: “La Resolución Administrativa como mínimo contendrá: (...) En verificación 

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posterior: a) Número de la Resolución Administrativa. b) Lugar y fecha de emisión. c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. d) Número de Identificación Tributaria. e) Número de Orden de Verificación. 1) Alcance del proceso de verificación posterior (contendrá los hechos, elementos e impuestos de los periodos fiscales sujetos a verificación). g) Monto solicitado en bolivianos conforme a normativa vigente. h) Monto sujeto a devolución en bolivianos conforme a normativa y procedimiento vigente, cuando corresponda”. 

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El citado artículo continúa señalando: “1) Observaciones que dieron origen al monto indebidamente devuelto, de forma fundamentada y concreta, cuando corresponda. j) Monto indebidamente devuelto expresado en UFV más intereses, cuando corresponda: k) Monto por mantenimiento de valor restituido automáticamente correspondiente al crédito fiscal comprometido y observado en la verificación de devolución impositiva de acuerdo a la normativa vigente, cuando corresponda. 1) Cuando se establezcan indicios de contravenciones o delitos tributarios se dispondrá su procesamiento de acuerdo al procedimiento aplicable. m) Plazos y recursos que tiene el sujeto pasivo para impugnar, la Resolución ‘Administrativa y el anuncio del inicio de la ejecución tributaria vencido dicho plazo. Aclarando que la presentación de recursos no inhibe que la Administración Tributaria proceda a la ejecución de las garantias ofrecidas. n) Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO”

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A su vez, el parágrafo II del artículo 36 de la Ley 2341, también aplicable supletoriamente en materia tributaria, por disposición del artículo 201 del Código Tributario Boliviano, señala que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

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Calidad ATHON CERTHICATION 

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Ahora bien, en consideración a que la empresa recurrente agravió expresamente que la Administración Tributaria en el acto impugnado observó notas fiscales correspondientes a periodos distintos a los establecidos en las órdenes de Verificación, de forma arbitraria y sin justificativo alguno, vulnerando el derecho y garantía constitucional del debido proceso en sus vertientes de congruencia, motivación e igualdad de partes, así como el numeral 6 del artículo 68 de la Ley 2492; corresponde efectuar el análisis del contenido de la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000005, acto administrativo a través del cual el ente recaudador comunicó la decisión asumida en 

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Certado N7711 

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relación a la solicitud de devolución impositiva, debiendo contener al efecto, una explicación respecto al alcance del proceso y los motivos por los cuales fue establecido un importe indebidamente devuelto

Bajo ese entendido, de la compulsa de la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000005 de 22 de mayo de 2020, pudo advertirse que la Administración Tributaria en la parte considerativa del acto, señaló: Que, la verificación tiene por alcance el Impuesto al Valor Agregado-Crédito Fiscal solicitado en Devolución Impositiva (SDI) por el contribuyente (...) emergente de las notas fiscales declaradas en la Declaración Jurada del Impuesto al Valor AgregadoExportadores Formulario 210 correspondiente a los periodos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2017, con el objeto de establecer el cumplimiento de la normativa vigente relacionada a la Devolución Impositiva (…) Que, el contribuyente (...) presenta a la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, la Solicitud de Devolución Impositiva (SDI) mediante Form. 1137, 1133 y 1132, correspondiente a los periodos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2017, por un importe total de B$933.765.por concepto de impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen Arancelario (GA), bajo la modalidad CEDEIM’S POSTERIOR (...)” (fojas 7468 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, el citado acto impugnado, en el acápite prosiguió señalando: “9.1. Facturas Parcialmente válidas (PV) para Crédito Fiscal /VA, por no contar con documentación de respaldo suficiente que demuestre su aplicación exclusiva en su actividad exportadora (Reclasificada de Tipo 4 a tipo 5)” manifestó: “Del análisis y valoración de las notas fiscales presentadas por el contribuyente de los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, y de la documentación proporcionada como respaldo a estas notas fiscales se identificaron facturas (…) sobre las cuales el contribuyente no presenta documentación de respaldo suficiente que demuestre su vinculación exclusiva a su actividad exportadora. Compras sobre las cuales el contribuyente no acredita con documentación suficiente que dichos gastos forman parte del costo exclusivo del producto exportado (...) sin embargo, estas notas fiscales si bien no se encuentran vinculadas netamente con los costos y/o gastos de exportación forman proporcionalmente de estos, por lo que se determina reclasificarlas a mercado mixto (…)(fojas 7472 de antecedentes administrativos)

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De forma seguida, la Resolución motivo de impugnación en el “CUADRO DE FACTURAS COMPROMETIDAS EN LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN IMPOSITIVA (SDI) SUJETAS A RECLASIFICACIÓN DEL CRÉDITO FISCALIVA (Reclasificada de Tipo 4 a tipo 5)“, expuso el detalle de notas fiscales sobre las cuales reclasificó de tipo 4 a tipo 5, identificando además el importe observado, figurando en dicho cuadro notas fiscales correspondientes a periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2017 (fojas 7472 de antecedentes administrativos)

De la misma manera, el Servicio de Impuestos Nacionales a través del acápite “1.2. Facturas No Válidas (NV) para Crédito Fiscal IVA, por no contar con documentación de respaldo que demuestre su aplicación en su actividad exportadora; empero presenta documentación de respaldo suficiente de respaldo a su actividad gravada (Reclasificada de Tipo 4 y 5 a tipo 1)del acto impugnado puntualizó: “Del análisis y valoración de las notas fiscales presentadas por el contribuyente de los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, y de la documentación proporcionada como respaldo a estas notas fiscales, se identificaron facturas (…) sobre las cuales el contribuyente no ha presentado documentación suficiente que demuestre su forma de incorporación en costos yio gastos relacionados a su actividad de exportación de forma seguida, el acto consignó a través de un cuadro, el detalle de notas fiscales observadas por dicho concepto, figurando en el mismo facturas de los periodos marzo y abril de 2017 (fojas 7480-7481 de antecedentes administrativos)

” .. . Finalmente, la Resolución analizada en su acápite “1.3. Facturas No Válidas (NV) para crédito fiscal, por no contar con documentación de respaldo suficiente que demuestre la efectiva realización de la transacción y/o vinculación con la actividad gravada, sostuvo: “Del análisis y revisión a la documentación presentada por el contribuyente como respaldo al crédito fiscal contenido en las facturas que respaldan la devolución impositiva, se identificaron facturas por compra de bienes y/o adquisición de servicios, que no se encuentran debidamente respaldados con documentación suficiente y pertinente que pruebe de forma consistente la realización de la transacción y su vinculación las actividades gravadas (…), de forma seguida, el ente recaudador expuso en el cuadro “NOTAS FISCALES DEPURADAS NO VÁLIDAS PARA CRÉDITO FISCALel detalle de notas fiscales observadas por dicho concepto, figurando facturas correspondientes a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2017 (fojas 7482 y 7483 7496 de antecedentes administrativos). 

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La descripción realizada en párrafos previos, permitió advertir que la Administración Tributaria en el acto impugnado, de forma inicial delimitó el alcance de la revisión a efectuarse, señalando que el mismo comprende las notas fiscales contenidas en la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado-Exportadores Formulario 210 correspondiente a los periodos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2017; asimismo, al momento de exponer el resultado de la revisión del crédito fiscal sujeto a control, el ente fiscal señaló que la revisión abarcó las notas fiscales de los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017

No obstante, la Administración Tributaria al momento de exponer mediante un cuadro el desglose de notas fiscales correspondientes a las observaciones 1.1, 1.2 y 1.3, consigno notas fiscales de periodos distintos; es decir, los periodos de enero, febrero, marzo, abrit, mayo, junio y julio de 2007, a los señalados como alcance de la revisión en el mismo acto administrativo, sin desarrollar o explicar la razón de incluir en el análisis del crédito 

fiscal, dichos periodos anteriores. 

Lo expuesto en el párrafo precedente, corrobora la evidente existencia de incongruencia alegada por la parte recurrente y la falta de una justificación por parte de la Administración Tributaria, por cuanto no se advierte una explicación de las razones o motivos por las cuales la entidad recaudadora recurrida, pese a aclarar que la revisión abarcó las notas fiscales de periodos específicos, observó el crédito fiscal de compras de periodos anteriores; aspecto que indiscutiblemente afectó la fundamentación y motivación del acto impugnado, generando incertidumbre en el sujeto pasivo respecto a los periodos revisados. 

Ahora bien, es menester indicar que lo anteriormente señalado cobra relevancia para la resolución del Recurso de Alzada, por cuanto se debe tener presente que el proceso impugnado, constituye un procedimiento determinativo especial que concluye con una respuesta a la solicitud de devolución impositiva del sujeto pasivo, y como tal, debe contener un análisis debidamente fundamentado de la aceptación o rechazo a lo incoado, aspecto que en el presente caso no ocurrió

Por otra parte, corresponde señalar que si bien la Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada manifestó que procedió a la revisión, verificación y análisis de facturas que se encontraban comprometidas en el crédito fiscal de los periodos 

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sujetos a verificación, siendo el propio contribuyente quien incluyó dentro del crédito fiscal los periodos de objeto de verificación (agosto a diciembre 2017) esto a través del Formulario 1137; no obstante, dicha situación no se encuentra expuesta en el acto impugnado, aspecto que desde luego como se refirió precedentemente genero incertidumbre en el sujeto pasivo, que claramente le llevo a cuestionar en su Recurso de Alzada, la observación de notas fiscales de periodos distintos sin justificativo. 

De esta manera, lo argumentado por la Administración Tributaria recién en etapa de impugnación, no suplió la fundamentación que debió contener el acto impugnado, esto a efecto de dar a conocer al recurrente de manera clara, motivada y fundamentada, el establecimiento del importe indebidamente devuelto que debe ser restituido, a efecto de 

garantizar al sujeto pasivo la comprensión de que en el presente caso, la determinación no se salió del alcance de la solicitud de devolución impositiva. 

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Consecuentemente, de conformidad a lo ampliamente desarrollado hasta este punto, queda establecido que la falta de fundamentación en la que incurrió la Administración Tributaria vicio de nulidad la Resolución impugnada, pues vulneró el debido proceso en su vertiente de fundamentación establecido como derecho en el numeral 6 del artículo 68 de la Ley 2492; impidiendo además el cumplimiento de su finalidad, que es dar a conocer de forma adecuada y debidamente fundamentada, la existencia de un tributo indebidamente devuelto; resultando evidente el incumplimiento de lo dispuesto en los incisos b) y e) del artículo 28 de la Ley 2341 referidos a la causa y fundamento del acto administrativo, articulo que resulta aplicable en materia tributaria conforme a lo establecido en el artículo 201 del Código Tributario Boliviano; asimismo, dicho aspecto vulneró el requisito establecido en el inciso i) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-003216; al no existir congruencia en el acto impugnado respecto a las notas fiscales objeto de revisión y las observadas que dieron lugar al importe indebidamente devuelto, implicando con ello la ausencia de una debida y suficiente explicación sobre dichas observaciones, razón por la que esta instancia recursiva se encuentra impedida de analizar los aspectos de fondo planteados en el Recurso de Alzada

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En suma, del análisis de lo argumentado por las partes procesales de la presente impugnación y la compulsa de los antecedentes administrativos del proceso determinativo sustanciado, se tiene que, la Administración Tributaria, vulneró el debido proceso en su vertiente fundamentación y derecho a la defensa del sujeto pasivo establecidos en el 

Eric Austry rojas 

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parágrafo II del artículo 115, parágrafo I del artículo 117 de la Constitución Politica el Estado y numerales 6 y 7 del articulo 68 de la Ley 2492, resultando evidente que, el proceso de determinación, se encuentra viciado de nulidad, toda vez que, el acto impugnado carece de la debida fundamentación para cumplir su finalidad, consecuentemente, de conformidad al parágrafo 11 del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en virtud del artículo 201 del Código Tributario Boliviano, corresponde anular la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000005 de 22 de mayo de 2020 emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales de Cochabamba, a efecto de que la citada administración emita una nueva Resolución debidamente fundamentada y congruente. 

POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE 

PRIMERO: ANULAR la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000005 de 22 de mayo de 2020, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales de Cochabamba, por vulneración al debido proceso en su vertiente fundamentación y derecho a la defensa, al evidenciarse inexistencia de congruencia en el acto impugnado respecto a las notas fiscales objeto de revisión y las observadas que dieron lugar al importe indebidamente devuelto, implicando con ello la ausencia de una debida y suficiente explicación sobre dichas observaciones, debiendo la citada administración emitir una nueva Resolución debidamente fundamentada y congruente; sea de conformidad con artículo 212 parágrafo I inciso c) del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte 

recurrente. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 dias computables a partir de su notificación 

Regístrese, notifiquese y cúmplase

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Eric Aysverto Rojas Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL — 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Coba

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