ARIT-LPZ-RA-1120-2019 Se revoca totalmente Auto Administrativo. El contribuyente solicita la nulidad alegando vulneración al derecho a la defensa, y que no fue notificado con los actos administrativos emitidos. Señala que su cédula de identidad fue robada y con esa abrieron el NIT, lo que generó la deuda tributaria, y también solicita la prescripción de la facultad de ejecución tributaria.

ARIT-LPZ-RA-1120-2019

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZIRA 1120/2019 

Recurrente: 

Daniel Chávez Bravo 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Iván Arancibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Auto Administrativo N° 391920000055 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AUTA/00038/2019) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-0719/2019

Lugar y Fecha: 

La Paz, 14 de octubre de 2019 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1120/2019 de 11 de octubre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Auto Administrativo N° 391920000055 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00038/2019) de 29 de abril de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar las solicitudes de nulidad planteadas por Daniel Chávez Bravo así como la prescripción de las facultades de ejecución de la deuda tributaria, disponiendo proseguir con la ejecución tributaria iniciada mediante Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 200920100455 de 30 de junio de 2009, de conformidad a lo establecido en los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492.

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente Daniel Chávez Bravo, mediante notas presentadas el 2 y 12 de julio de 2019, cursantes a fojas 8-18 y 21 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

Cita el artículo 115-11 de la Constitución Política del Estado, así como las Sentencias Constitucionales 2798/2010-R de 10 de diciembre, 0014/2013 de 3 de enero de 2013 y 0542/2014 de 10 de marzo de 2014 y señala que las notificaciones como parte de la garantía del debido proceso, cumplen la función material de hacer conocer las resoluciones y actos emitidos en procesos judiciales o administrativos, materializando

el derecho de las partes de asumir conocimiento de dichos actos y de esta manera

garantizar el derecho a la defensa.

La Administración Tributaria señala que el 15 de marzo de 2007, se constituyó en el

domicilio tributario situado en la calle Quipo Del Llano N° 823, zona Chamoco Chico con la finalidad de notificarle con la Orden de Verificación N° 0006 220 496; sin embargo, en dicho domicilio no realizó ninguna actividad, toda vez que no le pertenece, aspecto que se corrobora por la representación de 2 de abril de 2007; no obstante, el Ente Fiscal dispuso la notificación mediante edictos, sin antes acudir al Servicio de Identificación Personal a efectos de acceder a sus datos, hecho que provocó la vulneración de su derecho a la defensa.

Posteriormente la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008, fue notificada de forma personal en su domicilio real ubicado en la calle A. Gutiérrez No 1925, Zona Alto Sopocachi el 12 de diciembre de 2008; sin embargo, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria fue nuevamente notificado mediante edictos, bajo el argumento de no haber sido encontrado en el domicilio ubicado en la calle Quipo Del

Llano N° 823, zona Chamoco Chico conforme se verifica de la representación de 24 …de noviembre de 2010, hechos que denotan el accionar contradictorio por parte de la

Administración Tributaria, impidiendo el ejercicio de su derecho a la defensa.

Señala que sufrió la sustracción de su cédula de identidad y que fue utilizada por personas inescrupulosas para la obtención del NIT ante la Administración Tributaria, hecho que no fue sujeto a ningún control por part

te del Ente Fiscal dando lugar a la

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generación de la deuda tributaria que se pretende cobrar; sin embargo, su persona no realizó ningún trámite para la obtención del NIT, siendo que pretender atribuirle una supuesta deuda tributaria constituye una arbitrariedad que vulnera el debido proceso.

Conforme el principio de verdad material, correspondía que la Administración Tributaria efectúe las indagaciones necesarias tomando en cuenta la denuncia respecto a las irregularidades en la obtención del NIT; no obstante, en el acto impugnado sólo atino a señalar que no es la autoridad competente para verificar las irregularidades denunciadas, cuya posición es incoherente, toda vez que debió explicar la manera en que se procedió a obtener el NIT a efectos de que no quede ninguna duda acerca de la irregularidad denunciada, hecho que repercute en la falta de fundamentación y motivación del acto impugnado; en tal sentido, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 1198/2014 de 10 de junio de 2014..

La prescripción puede oponerse en cualquier estado del proceso, inclusive en etapa de ejecución tributaria, aspecto que se encuentra sustentado por las Sentencias Constitucionales 1606/2002-R y 205/2006-R; asimismo, se debe considerar que el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492 prevén la irretroactividad de la Ley, con la salvedad de que sean más favorables para el sujeto pasivo o establezcan términos de prescripción más breves. En ese sentido, no corresponde la aplicación de las Leyes 291, 317 y 812 al presente caso, en observancia al principio de irretroactividad de la Ley, toda vez que los hechos generadores pertenecen a la gestión 2004, y el artículo 59 de la Ley 2492 dispone el plazo de 4 años para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de ejecución tributaria, siendo la norma más favorable, además de encontrarse vigente a momento de la materialización de las obligaciones tributarias que se le atribuyen.

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Conforme lo previsto en el artículo 60-11l de la Ley 2492, el término de la facultad de Malia a ejecución tributaria se computará desde la notificación con los títulos de ejecución

tributaria, siendo que en el presente caso dicho título la Resolución Determinativa GDLP No 010, notificada el 12 de diciembre de 2008, momento a partir del cual la Administración Tributaria tenía la facultad de concretar la ejecución de la deuda correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales enero, marzo y junio de 2004, plazo

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que culminó el 12 de diciembre de 2012, sin que concurran causales de interrupción o suspensión.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar el Auto Administrativo N° 391920000055 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AUTA/00038/2019) de 29 de abril de 2019.

11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Daniel Chávez Bravo, fue admitido mediante Auto de 18 de julio de 2019, notificado de forma personal al recurrente y por cédula a la Administración Tributaria el 23 y 25 de julio de 2019 respectivamente; fojas 22-27 de obrados.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial presentado el 9 de agosto de 2019, cursante a fojas 30-36 de obrados,

respondió negativamente expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria notificó de forma personal el 12 de diciembre de 2008 a Daniel Chávez Bravo con la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008; sin embargo, el citado contribuyente no impugnó dicho acto administrativo dentro de los plazos establecidos por Ley, dejando precluir su derecho en base al principio de convalidación, el cual señala que toda nulidad se convalida por el consentimiento, siendo evidente que nunca estuvo en estado de indefensión; consecuentemente al adquirir firmeza el referido acto administrativo se emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 200920100455 de 30 de junio de 2009, dando inicio a la etapa de ejecución tributaria, conforme lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 2492.

Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular una sentencia o resolución administrativa ejecutoriada o que cause estado; consecuentemente, la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008 de 15 de enero de 2008, se constituye en título de ejecución tributaria de conformidad

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a lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 2492, más aun cuando el recurrente no acusó ningún vicio en su momento, siendo que el proceso se encuentra en etapa de ejecución tributaria; consecuentemente, la nulidad solicitada debe circunscribirse a dicha fase y no a la etapa de determinación de la deuda tributaria que a la fecha se constituye en un título firme y subsistente.

Cita los artículos 83 y 86 de la Ley 2492, señalando que funcionarios de la Unidad de Cobranza Coactiva se constituyeron al domicilio fiscal del contribuyente Daniel Chávez Bravo, a efecto de notificarle con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 200920100455 de 30 de junio de 2009, donde no pudo ser encontrado, según se evidencia de la Representación de 24 de noviembre de 2010; consecuentemente, conforme el referido marco normativo, se procedió a efectuar la notificación por edictos mediante publicaciones efectuadas el 22 y 26 de diciembre de 2010.

El recurrente no presentó ningún tipo de prueba referente a la supuesta sustracción de : su cédula de identidad, es decir, una resolución firme o sentencia que demuestre la suplantación por otra persona a causa de la sustracción de sus documentos personales; asimismo, aclara que la RND 10-0018-14 de 26 de mayo de 2014, establece el procedimiento para regularizar casos de suplantación de identidad, la cual debió ser aplicada por el contribuyente con la finalidad de que la Administración Tributaria proceda con la modificación de datos a efectos de liberar de obligaciones a la víctima y sancionar a la persona que cometió el ilícito.

Aclara que actuó dentro de los parámetros de la seguridad jurídica, aplicando

bjetivamente las normas tributarias, dando a conocer al contribuyente sus derechos y obligaciones bajo el marco del debido proceso, en sus vertientes del principio de preclusión con relación al cumplimiento de los actos procesales y convalidación referente a poder formular algún reclamo o recurso en el plazo oportuno, ante cualquier tipo de acto que podría afectar sus derechos; asimismo, se respetaron los principios de proporcionalidad, transparencia, control y sencillez administrativa durante el proceso de determinación correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales enero, marzo y junio de 2004, en el ejercicio de sus facultades previstas en los artículos 96, 100 y 101 de la Ley 2492.

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IIIIII 

Se debe considerar que las denuncias son actos propios de la jurisdicción de materia

penal; consecuentemente, el contribuyente no puede pretender librarse de su obligación indicando que no existió el hecho generador a causa de que no tramitó el

NIT, sustentado en la aplicación del principio de verdad material, no siendo suficiente

invocar dicho principio, sin aportar la documentación que acredite los extremos

planteados.

Después de ser notificado con la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008, el contribuyente tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa mediante los mecanismos que la Ley le faculta; sin embargo, demostró una actitud

negligente que no puede servir de fundamento para alegar indefensión, sin considerar

que fue el propio recurrente quien provocó dicha situación.

La jurisprudencia constitucional constituida por las Sentencias Constitucionales Nos. 1388/2013 de 16 de agosto, 142/05 de 11 de febrero y 1818/04-R de 25 de noviembre señalan que nadie puede alegar indefensión, cuando la misma fue provocada deliberadamente, es decir, en caso de que el contribuyente con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso por un acto de voluntad propia, provocando una situación de indefensión; consecuentemente, no existió vulneración al debido proceso, toda vez que la Administración Tributaria cumplió con

lo dispuesto en la normativa jurídica vigente, respetando el principio de seguridad jurídica y el derecho a la defensa del sujeto pasivo.

Considerando que el presente caso se circunscribe al incumplimiento del deber formal en la presentación de declaraciones juradas del IVA e IT de los periodos fiscales enero, marzo y junio 2004, contenidas en la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008, corresponde aplicar lo previsto en el artículo 59 de la Ley 2492 sin modificaciones, tomando en cuenta que el hecho generador se originó en vigencia de dicha disposición normativa; en ese entendido, después de la notificación con el

referido acto administrativo, se aperturó la etapa de ejecución tributaria realizando acciones tendientes al cobro que interrumpieron el cómputo de la prescripción.

En ese contexto emitió notas dirigidas a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Organismo Operativo de Tránsito, Servicio de Información Crediticia,

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Contraloría General del Estado, durante las gestiones 2011, 2012, 2014, 2017 y 2019; asimismo, se debe considerar que el 23 de enero de 2019, el contribuyente opuso nulidad de procedimiento y prescripción de la facultad de ejecución tributaria, que fue atendida mediante el Auto Administrativo N° 391920000055 de 29 de abril de 2019, actuaciones que demuestran que en ningún momento se renunció al cobro de la deuda tributaria, durante el plazo de 4 años previsto en el artículo 59 de la Ley 2492.

Debe existir un pronunciamiento solo respecto a los argumentos planteados en el Recurso de Alzada, en aplicación del principio de congruencia, en cumplimiento de los

artículos 198 inc. e) y 211 de la Ley 2492, caso contrario constituye una vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en el artículo 115-11 de la Constitución Política del Estado; al respecto, invoca las Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011 de 28 de febrero de 2011.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo No 391920000055 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CCIAUTA/00038/2019) de 29 de abril de 2019.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 12 de agosto de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 14 de agosto de 2019; período dentro el cual el recurrente, mediante nota presentada el 23 de agosto de 2019, ratificó en calidad de prueba los antecedentes administrativos remitidos por la Administración Tributaria, al efecto por Proveído de 26 de agosto de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada, en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría a las partes el 28 de agosto de 2019; fojas 37-41 de obrados.

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Por memorial presentado el 3 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos, remitidos a momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto, el Proveído de 4 de septiembre de 2019, dio por ratificada la prueba documental señalada; actuación

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notificada en Secretaría a las partes el 4 de septiembre de 2019, fojas 42-44 de obrados.

Por nota presentada el 12 de septiembre de 2019, el recurrente señaló que el cómputo de prescripción respecto a la facultad de ejecución tributaria, se inicia desde el momento en que la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008

se constituyó en título de ejecución tributaria conforme lo previsto en el artículo 108 numeral 1 de la Ley 2492, sin tomar en cuenta al Proveido de inicio de Ejecución Tributaria, toda vez que el cómputo se efectúa de acuerdo a lo previsto en el artículo 60 parágrafo III del precitado cuerpo normativo; razonamiento plasmado en la Sentencia No 39 de 13 de mayo de 2016 y la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, la cual es de cumplimiento obligatorio conforme el artículo 203 de la Constitución Política del Estado; al efecto, por Proveido de 16 de septiembre de 2019, se dispuso que dicho argumento se tendrá presente a momento de emitir la correspondiente Resolución de Recurso de Alzada, actuación notificada en Secretaría a las partes el 18 de septiembre de 2019, fojas 45-47 de obrados.

11.5. Alegatos La Administración Tributaria y el recurrente, no presentaron alegatos conforme lo previsto en el artículo 210 parágrafo II del Código Tributario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Administración Tributaria mediante Orden de Verificación N° 0006 220496 Form. 7520 de 15 de febrero de 2007, comunicó al contribuyente Daniel Chávez Bravo el inicio de la verificación del Débito Fiscal IVA e IT emergente de las diferencias entre sus ventas declaradas y las compras informadas por terceros correspondiente a los periodos fiscales enero, marzo y junio 2004, solicitando para el efecto documentación consistente en: declaraciones juradas de los periodos observados, Libro de Ventas y talonario de facturas, actuación notificada por edicto mediante publicaciones efectuadas el 18 y 22 de abril de 2007, fojas 3 y 6-10 de antecedentes administrativos.

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El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00380/2007 fue emitido el 3 de julio de 2007, por incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y

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documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación control e investigación, sancionando con 1.000 UFV’s, de acuerdo al sub-numeral 4.1 del numeral 4 del Anexo I de la RND 10 0021-04; fojas 14 de antecedentes administrativos

La Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-159/2007 de 9 de julio de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, estableció el adeudo preliminar de 113.191 UFV’s importe que incluye tributo omitido, intereses, por concepto de IVA e IT de los periodos fiscales enero, marzo y junio 2004, calificando preliminarmente la conducta de Daniel Chávez Bravo, como Omisión de Pago de acuerdo a lo previsto en el artículo 165 de la Ley 2492, sancionándose dicha conducta con el 100% del impuesto Omitido Determinado a la fecha de vencimiento expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda de conformidad al artículo 165 de la Ley 2492, actuación notificada por edicto, mediante publicaciones efectuadas el 26 y 30 de octubre de 2007; fojas 42-44, 47-49 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa GDLP No 010 de 15 de enero de 2008 emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Daniel Chávez Bravo estableció sobre base cierta el tributo omitido de 93.617 UFV’s, más intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente al IVA e. IT de los periodos fiscales enero, marzo y junio 2004; acto administrativo notificado de forma personal al referido contribuyente el 12 de diciembre de 2008, fojas 65-69 de antecedentes administrativos.

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El Proveído de inicio de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC/UCC P/TET/200920100455 de 30 de junio de 2009, señaló que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008 y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 numeral 1 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, se anunció al contribuyente Daniel Chávez Bravo el inicio de la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación con el señalado PIET, a partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes conforme establece el artículo 110 de la citada Ley 2492, hasta el pago total de la deuda tributaria; acto administrativo notificado por edicto mediante publicaciones efectuadas el 22 y 26 de diciembre de 2009, fojas 75, 77, 79-80 de antecedentes administrativos

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Por nota presentada el 23 de enero de 2019, Daniel Chávez Bravo se apersonó ante la Administración Tributaria solicitando la nulidad del procedimiento determinativo. alegando la vulneración de su derecho a la defensa debido a que no fue notificado con los actos administrativos emitidos; asimismo, señaló que sufrió la sustracción de su cédula de identidad la cual fue utilizada de forma malintencionada para la obtención del NIT, hecho que dio lugar a la deuda tributaria que se le pretende cobrar. Finalmente planteó la prescripción de las facultades de ejecución tributaria del

adeudo correspondiente al IVA e IT. de los periodos fiscales enero, marzo y junio de 2004, conforme lo previsto en el artículo 59 parágrafo I de la Ley 2492, fojas 126-131 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Auto Administrativo N° 391920000055 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CCIAUTA/00038/2019) de 29 de abril de 2019, que resolvió rechazar las solicitudes de nulidad planteadas por Daniel

Chávez Bravo así como la prescripción de las facultades de ejecución de la deuda

tributaria, disponiendo proseguir con la ejecución tributaria iniciada mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 200920100455 de 30 de junio de 2009, de conformidad a lo establecido en los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492; actuación

notificada de forma personal el 14 de junio de 2019; fojas 133-138 de antecedentes

administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-Ill de la Ley 3092, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Daniel Chávez Bravo en el Recurso de

Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron

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objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

Inicialmente se hace necesario puntualizar que el recurrente, en su Recurso de Alzada solicita la nulidad de obrados y/o revocar el acto impugnado; en consecuencia, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria ingresará en primera instancia al análisis de los aspectos de forma vinculados a la fundamentación del acto impugnado y las notificaciones con los actos administrativos emitidos, con el fin de establecer la existencia o no de dichos vicios procedimentales y posteriormente de ser inexistentes, se ingresará al análisis de los argumentos de fondo planteados por el recurrente.

IV.1. ASPECTOS DE FORMA 

IV.1.1. Fundamentación del acto impugnado El recurrente en los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada señala que ante el extravío de su cédula de identidad, la misma fue utilizada por personas inescrupulosas para la obtención del NIT ante la Administración Tributaria, hecho que no fue sujeto a ningún control por parte del Ente Fiscal, siendo que conforme al principio de verdad material, correspondía efectuar las indagaciones necesarias; no obstante, en el acto impugnado sólo atinó a señalar que no es la autoridad competente para verificar las irregularidades denunciadas, hecho que repercute en la motivación y fundamentación de dicho acto administrativo. Al efecto, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 1198/2014 de 10 de junio de 2014.

La Administración Tributaria en el memorial de respuesta señala que el recurrente no presentó ningún tipo de prueba referente a la supuesta sustracción de su cédula de identidad, es decir, una resolución firme o sentencia que demuestre la suplantación por otra persona a causa de la sustracción de sus documentos personales; asimismo, se debe considerar que las denuncias son actos propios de la jurisdicción de materia penal, consecuentemente, no puede pretender librarse de su obligación indicando que no existió el hecho generador a causa de que no tramitó el NIT, sustentado en la aplicación del principio de verdad material, no siendo suficiente invocar dicho principio, sin aportar la documentación que acredite lo alegado por el sujeto pasivo; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

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Justicialibutaria para vivir bien . Jan mit’ayit jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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El artículo 74, numeral 1 de la Ley 2492, establece: 1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicaran supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa. 

El artículo 28 de la Ley 2341 señala: (Elementos esenciales del acto administrativo). 

Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que por nota presentada el 23 de enero de 2019, Daniel Chávez Bravo se apersonó ante la Administración Tributaria

solicitando la nulidad del procedimiento determinativo, alegando la vulneración de su derecho a la defensa debido a que no fue notificado con los actos administrativos emitidos; asimismo, señaló que sufrió la sustracción de su cédula de identidad la cual fue utilizada de forma malintencionada para la obtención a la deuda tributaria que se le pretende cobrar. Finalmente planteó la prescripción de

las facultades de ejecución tributaria del adeudo correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales enero, marzo y junio de 2004, conforme lo previsto en el artículo 59 parágrafo I de la Ley 2492, conforme se evidencia a fojas 126-131 de antecedentes

administrativos.

.

De manera posterior, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Auto Administrativo N° 391920000055 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/AUTA/00038/2019) de 29 de abril de 2019, el cual respecto a los extremos señalados por el sujeto pasivo señaló: “(…) una vez notificada la Resolución 

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Determinativa N° 010 de 15 de enero de 2008 en forma personal en fecha 12 de diciembre de 2008 el contribuyente CHÁVEZ BRAVO DANIEL con NIT 3346550015, tenía el plazo establecido por ley para impugnar cualquier agravio que hubiese sufrido, entre estos los supuestos vicios de la notificación (…) situación que no se configuró, provocando el contribuyente su propia indefensión, adquiriendo firmeza la referida Resolución Determinativa, por lo tanto cualquier solicitud posterior al plazo de impugnación concerniente a la Resolución Determinativa no es válido al haberse operado el principio de preclusión y convalidación (…)

Continúa señalando: “(…) Con relación al argumento sobre la inexistencia del hecho generador a razón de que este habría sufrido la sustracción de sus documentos y fue con estos con los que se apertura un NIT y que originó la deuda tributaria, solicitando a la Administración Tributaria realice las investigaciones correspondientes, al respecto se pone a conocimiento del contribuyente que esta Administración Tributaria no es autoridad competente para verificar la veracidad o no de la documentación, por su parte corresponde señalar que de conformidad con el artículo 65 de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario”, en ese entendido en tanto no exista una sentencia ejecutoriada emitida por autoridad competente que determine la falsedad aludida por el.contribuyente, dichos documentos se presumen legítimos (…)” :

Asimismo refiere: “(…) el ente fiscal empezó a ejercer su facultad de ejecución tributaria el 26 de diciembre de 2010, es decir, desde la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 200920100455 de 30 de junio de 2009, en consecuencia y de la verificación de antecedentes se tiene que la Administración Tributaria en ningún momento renunció al cobro de la deuda tributaria, toda vez que durante las gestiones 2011 al 2019 realizó medidas correspondientes a efectos del cobro de lo adeudado (…) por lo que a la fecha de oposición por prescripción no transcurrió el plazo establecido por inactividad de la administración tributaria exigidos por los Art. 59, 60 y siguientes de la Ley N° 2492 (…)”. 

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Conforme lo relacionado se establece, que mediante el Auto Administrativo impugnado se emitió un pronunciamiento con la debida motivación y fundamentación en relación

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a todos los extremos planteados por Daniel Chávez Bravo a través de la nota presentada el 23 de enero de 2019, toda vez que estableció que: el contribuyente tuvo la oportunidad de impugnar la Resolución Determinativa N° 010 de 15 de enero de 2008, al haber sido notificado de forma personal el 12 de diciembre de 2008, momento en el que pudo reclamar cualquier agravio que hubiese sufrido, entre estos los supuestos vicios en cuanto a las notificaciones practicadas; asimismo, aclara que no es la autoridad competente para verificar la veracidad o no de la documentación

presentada para la obtención del NIT, en tanto no exista una sentencia ejecutoriada

emitida por autoridad competente que determine la falsedad aludida por el

contribuyente. Finalmente refiere que su facultad de ejecución tributaria comenzó el 26

de diciembre de 2010, es decir, a partir de la notificación con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 200920100455 de 30 de junio de 2009, siendo que a la fecha de oposición por prescripción no transcurrió el plazo establecido por los artículos 59, 60 y siguientes de la Ley 2492.

En ese contexto, es evidente que la Administración Tributaria mediante el Auto Administrativo N° 391920000055 (SIN/GDLPZ-/DJCC/CC/AUTA/00038/2019) de 29 de abril de 2019, emitió un criterio fundamentado en respuesta a la nota presentada por el sujeto pasivo, situación que se advierte de la lectura al contenido del referido

acto administrativo impugnado, en el que previamente se desvirtuaron los vicios de

nulidad alegados por Daniel Chávez Bravo y de manera posterior se ingresó a considerar el aspecto de fondo planteado vinculado a la prescripción de la facultad de

ejecución tributaria, dando como resultado el rechazo a la solicitud de nulidad y prescripción planteada por Daniel Chávez Bravo

Con relación a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1198/2014 de 10 de junio de 2014 invocada por la parte recurrente, corresponde señalar que el principio de verdad material previsto por el artículo 4 inciso d) de la Ley 2341, determina que la decisión de la administración pública debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente; siendo obligación de la administración la averiguación: total de los hechos, sin restringir su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones; al respecto, se debe considerar que la Administración Tributaria no es la instancia

competente para establecer si el NIT fue obtenido de forma legal, dicho de otra manera,

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el SIN no está en la facultad de averiguar si los solicitantes para obtener el registro impositivo (NIT) vienen con documentos adulterados o no, es menester enfatizar si este hecho ocurriese es obligación del o los interesados iniciar las acciones legales ante las autoridades llamadas por Ley, precisamente este hecho no ocurrió en el caso bajo análisis, toda vez que el ahora recurrente no acreditó la presentación de denuncia alguna para respaldar sus aseveraciones, respecto a la pérdida y/o sustracción de su cédula de identidad, por el contrario, una vez notificado de forma personal el 12 de diciembre de 2008 con la Resolución Determinativa GDLP N° 010, no hizo uso de su derecho a la defensa mediante los mecanismos de impugnación que le confiere la Ley, convalidando la supuesta irregularidad en la obtención del NIT, consecuentemente, no se evidencia la vulneración del principio de verdad material alegado por el recurrente, motivo por el que no corresponde la aplicación del citado precedente constitucional al

presente caso.

Conforme lo expuesto, se concluye que el Auto Administrativo N° 391920000055 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CCIAUTA/00038/2019) de 29 de abril de 2019, emitió un pronunciamiento expreso sobre los argumentos alegados por Daniel Chávez Bravo, mediante la nota presentada el 23 de enero de 2019; consecuentemente, los citados aspectos muestran que el Ente Fiscal estableció una posición en cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 28, inciso b) y e) de la Ley 2341, aplicable al presente caso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Tributario; en ese contexto, corresponde desestimar el argumento de nulidad planteado por el recurrente sobre este aspecto.

IV.1.2. Notificaciones y derecho a la defensa El recurrente, en los argumentos de su Recurso de Alzada, señala que el 15 de marzo de 2007 funcionarios de la Administración Tributaria, se constituyeron en el domicilio situado en la calle Quipo Del Llano N° 823, zona Chamoco Chico con la finalidad de notificar la Orden de Verificación N° 0006 220 496; sin embargo, en dicho domicilio no realizó ninguna actividad, aspecto que se corrobora con la representación de 2 de abril de 2007; no obstante, el Ente Fiscal dispuso la notificación mediante edictos, sin antes acudir al Servicio de Identificación Personal a efectos de acceder a sus datos, hecho que provocó la vulneración de su derecho a la defensa.

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Continúa señalando que la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008, fue notificada el 12 de diciembre de 2008 en su domicilio real ubicado en la calle A. Gutiérrez No 1925, zona Alto Sopocachi; sin embargo, el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria fue nuevamente notificado mediante edictos, bajo el argumento de no haber sido encontrado en el domicilio ubicado en la calle Quipo Del Llano No 823, zona Chamoco Chico conforme se verifica de la representación de 24 de noviembre de 2010, hechos que denotan el accionar contradictorio por parte de la Administración Tributaria.

La Administración Tributaria en el memorial de respuesta y alegatos señala que notificó de forma personal el 12 de diciembre de 2008 a Daniel Chávez Bravo con la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008; sin embargo, el citado

contribuyente no impugnó dicho acto administrativo dentro de los plazos establecidos

por Ley, dejando precluir su derecho en base al principio de convalidación, el cual señala que toda nulidad se convalida por el consentimiento, siendo evidente que nunca estuvo en estado de indefensión.

Continúa señalando que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular una sentencia o resolución administrativa ejecutoriada o que cause estado; consecuentemente, la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008, se constituye en título de ejecución tributaria de conformidad a lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 2492, más aun cuando el recurrente no acusó ningún vicio en su momento, siendo que el proceso se encuentra

en etapa de ejecución tributaria; consecuentemente, la nulidad solicitada debe circunscribirse a dicha fase y no a la etapa de determinación de la deuda tributaria que a la fecha se constituye en un título firme y subsistente; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 68 señala del Código Tributario, señala que constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre 

acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, 

ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, 

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todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

El artículo 83 del Código Tributario, modificado por el parágrafo III del artículo 2 de la Ley 812, en relación a los medios de notificación, dispone: I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: 1. Por medios electrónicos; 2. Personalmente; 3. Por Cédula; 4. Por Edicto; 5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 6. Tácitamente; 7. Masiva; 8. En Secretaría; II. És nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

El artículo 84 del Código Tributario, en relación a la notificación personal, dispone:

Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia integra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación 

literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación 

se hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

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El artículo 85 del Código Tributario, establece la notificación por cédula, señalando:

Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. Si en esta ocasn tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva 

Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III.. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la 

autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

El artículo 86 del referido cuerpo normativo, indica: Cuando no sea posible practicar la notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, en este Código ésta no hubiera podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos publicados en dos (2) oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) dias corridos entre la primera y segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación nacional. En este caso, se considerará como fecha de notificación la correspondiente a la publicación del último edicto. 

Inicialmente, se debe considerar que en materia de nulidades, la doctrina administrativa indica que los actos administrativos son y deberán ser considerados válidos hasta el momento en que sean declarados por Autoridad competente anulados o revocados, para esto es necesario que los mencionados vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la instancia Administrativa pertinente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de hecho.

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En tal entendido, resulta importante considerar que la indefensión absoluta del administrado dentro de un procedimiento administrativo, se da como consecuencia del desconocimiento de las acciones o actuaciones procedimentales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impedía materialmente asumir defensa, dando lugar a que en su perjuicio se lleve adelante un procedimiento en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones; bajo ese contexto, esta Instancia Recursiva verificará la existencia o no de la indefensión alegada e invocada por el recurrente, derivada del vicio en las notificaciones realizadas por la Administración Tributaria.

En el contexto anterior y de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Administración Tributaria mediante Orden de Verificación N° 0006 220496 Form. 7520 de 15 de febrero de 2007, comunicó al contribuyente Daniel Chávez Bravo, el inicio de la verificación del débito fiscal IVA, IT emergente de las diferencias entre sus ventas declaradas y las compras informadas por terceros correspondiente a los periodos fiscales enero, marzo y junio 2004, actuación notificada por edicto mediante publicaciones efectuadas el 18 y 22 de abril de 2007, conforme se evidencia a fojas 4

10 de antecedentes administrativos

Posteriormente, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-159/2007 de 9 de julio de 2007 que estableció un adeudo preliminar de 113.191 UFV’s importe que incluye tributo omitido, intereses, por concepto de IVA e IT de los periodos fiscales enero, marzo y junio 2004, calificando preliminarmente la conducta de Daniel Chávez Bravo, como Omisión de Pago de acuerdo a lo previsto en el artículo 165 de la Ley 2492, actuación notificada por edicto, mediante publicaciones efectuadas el 26 y 30 de octubre de 2007; según se verifica a fojas 42-44, 47-49 de antecedentes administrativos.

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Como resultado del procedimiento de verificación, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008, contra Daniel Chávez Bravo que estableció de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible el tributo omitido de 93.617 UFV’s, más intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales enero, marzo y junio 2004; acto administrativo notificado de forma personal al referido contribuyente el 12 de diciembre de 2008, conforme consta a fojas 65-69 de antecedentes administrativos.

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Conforme lo relacionado e ingresando al análisis propiamente dicho de los medios de notificación, se establece que ante la imposibilidad de practicar una notificación personal conforme determina el artículo 84 del Código Tributario; es decir, la entrega realizada al interesado o su representante legal de la copia integra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, el legislador previó la modalidad de notificación por cédula, cuyas regulaciones se encuentran previstas en el artículo 85 del citado Código, actuación practicada en el caso que el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, en cuyo caso, el servidor público de la Administración Tributaria debe dejar un aviso de visita a cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo .. apercibimiento de que será buscado nuevamente a una hora determinada del día siguiente hábil siguiente.

En caso de no ser habido en dicha ocasión, se procederá a elaborar la representación

correspondiente estableciendo las circunstancias y hechos anotados, lo que dará lugar

a la notificación por cédula, la cual deberá estar constituida por una copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el servidor público de la Administración Tributaria en el domicilio del que debiera ser notificado o cualquier persona mayor de 18 años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que deberá suscribir la diligencia.

Ante la imposibilidad de practicar la notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas en el Código Tributario, no hubiera sido posible practicar el acto de comunicación, se recurrirá a la notificación por edictos de conformidad al artículo 86 del citado Código, los cuales deben ser publicados en dos oportunidades con un intervalo de al menos tres días corridos entre la primera y la segunda publicación, en un medio de prensa de circulación nacional; asimismo, a efectos de establecer la fecha de notificación, se considerará la que corresponde a la última publicación del edicto.

En ese contexto y de acuerdo a la relación de hechos descrito precedentemente, se establece que ante la imposibilidad de efectuar la notificación de forma personal y por cédula con la Orden de Verificación N° 0006. 220496 Form. 7520 de 15 de

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febrero de 2007, en el domicilio fiscal del contribuyente ubicado en la calle Quipo de Llano N° 823 Zona: Chamoco Chico, conforme lo previsto en los artículos 83 al 85 de la Ley 2492, la Administración Tributaria elaboró la representación para la notificación por edictos, según se evidencia a fojas 9 de antecedentes administrativos, en la que señaló: “…habiendo sido buscado el 15 de marzo de 2007, el señor CHAVEZ BRAVO DANIEL, (…) para su legal notificación con la Orden de Verificación Interna (…) en su domicilio fiscal señalado en la calle Quipo del Llano N° 823 Zona Chamoco Chico domicilio fiscal y particular del contribuyente, el mismo no pudo ser encontrado. La Sra. Ana Ponce, yerna del dueño de casa del 

a que el contribuyente no desarrolló actividades comerciales, ni vive en esta...”, en ese entendido se procedió a efectuar la notificación mediante edictos publicados en un medio de prensa de circulación nacional el 18 y 22 de abril de 2007, conforme se evidencia a fojas 7-8 de antecedentes administrativos.

Posteriormente, el Ente Fiscal, al igual que la precitada Orden de Verificación, procedió a efectuar la notificación por edictos con la vista de Cargo N° 20-DF-SVI 159/2007 de 9 de julio de 2007, para tal efecto se advierte la existencia de la representación cursante a fojas 41 de antecedentes administrativos en la que se señala: “…habiendo sido buscado el contribuyente CHAVEZ BRAVO DANIEL, (…) para su legal notificación con la vista de Cargo(…) en su domicilio fiscal y particular señalado en la calle Quipo del Llano N° 823 Zona Chamoco Chico el mismo no pudo ser encontrado. Se preguntó a la Sra. Ana Ponce (nuera del dueño de casa) (…) indica no conocer al contribuyente de referencia (…) constatándose que el contribuyente no desarrollas sus actividades gravadas en el domicilio declarado...”, en ese entendido realizó la notificación mediante edictos publicados en un medio de circulación nacional el 26 y 30 de octubre de 2007 según se verifica a fojas 48-49 de antecedentes administrativos.

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En ese contexto, resulta necesario señalar que la Vista de Cargo por su naturaleza de establecer cargos, está sujeta a la presentación de descargos por parte del contribuyente o tercero responsable conforme dispone el artículo 98 del Código Tributario, lo que supone que constituye un acto preparatorio que según el artículo 96 del citado Código, debe contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentarán la emisión de la Resolución Determinativa; esto implica, que al ser una posición preliminar del Ente Fiscal, debe ser notificado al contribuyente o tercero’ responsable para que asuman su

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defensa irrestricta invocando todos los medios de prueba admitidos en derecho conforme establece el artículo 98 del Código Tributario.

Conforme lo relacionado, resulta incorrecto determinar la inexistencia de un domicilio supeditado a la sola información recibida de terceros (Ana Ponce yerna del dueño de casa) para proceder a practicar sus notificaciones; en ese contexto, se establece que en su condición de Ente Fiscal cuenta con los medios y mecanismos necesarios que le faculta el

artículo 71 del Código Tributario a efectos de respaldar adecuadamente sus actuaciones,

no siendo un argumento suficiente el señalar que se agotaron los recursos necesarios para

practicar la notificación personal, estableciendo la inexistencia del domicilio fiscal del ahora recurrente, más aun considerando que de acuerdo con la revisión del Padrón de Contribuyentes cursante a fojas 34 de antecedentes administrativos, el contribuyente a momento de efectuar las referidas notificaciones se encontraba como inactivo automático; consecuentemente, se evidencia que la Administración Tributaria no agotó todos los mecanismos a efectos de ubicar el domicilio legal del contribuyente, dando como resultado que las notificaciones con la Orden de Verificación N° 0006 220496 Form. 7520 de 15 de febrero de 2007y la Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-159/2007 de 9 de julio de 2007, no cumplan con su finalidad, cual es el de poner en conocimiento del interesado dichos actos a efectos de que pueda formular y presentar descargos.

No obstante lo señalado, es menester destacar que como resultado del procedimiento de verificación, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008 contra Daniel Chávez Bravo estableciendo sobre base cierta el tributo omitido de 93.617 UFV’s, más intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales enero, marzo y junio 2004; acto administrativo notificado de forma personal al referido contribuyente el 12 de diciembre de 2008, según se

evidencia a fojas 65-69 de antecedentes administrativos.

En ese contexto, corresponde enfatizar que el ahora recurrente una vez notificado de forma personal con la Resolución Determinativa GDLP N° 010 el 12 de diciembre

vo la oportunidad de impugnar dicho acto administrativo e invocar los vicios de nulidad respecto a la vulneración del derecho a la defensa que a criterio del contribuyente deriva de la errónea notificación con la Orden de Verificación N° 0006

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220496 y Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-159/2007; así como también pudo plantear la objeción respecto a las supuestas irregularidades en la obtención del NIT en base a su cédula de identidad extraviada y que generó la determinación de la deuda tributaria; sin embargo, al no haber interpuesto ningún recurso administrativo dentro del plazo previsto en el artículo 143 de la Ley 2492, consintió las actuaciones emitidas por la * Administración Tributaria considerándolas por bien hechas.

En ese entendido, corresponde traer a colación lo establecido por la Sentencia Constitucional Plurinacional 2204/2012, que en cuanto los presupuestos para la procedencia de la nulidad indicó: “(…) a efecto de una declaratoria de nulidad procesal, deben presentarse los elementos explicados por la SCP 0332/2012 de 18 de junio, que reitera el razonamiento asumido en la SC 0731/2010-R de 20 de julio, salando: (…) d) Principio de convalidación, ‘en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento(Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (…)” :

Similar entendimiento se refleja la Sentencia Constitucional 919/2004-R de 15 de junio de 2004, señala que: “...no existe indefensión cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso o ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo”; Siguiendo esa misma línea, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0470/2013 de 7 de junio de 2013, considerando la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional 0287/2003-R de 11 de marzo de 2003, estableció lo siguiente: “(...) la indefensión no se produce si la sit que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia, no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del 

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proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad”, hecho que precisamente ocurrió en el caso bajo análisis, toda vez que el ahora recurrente en conocimiento del procedimiento determinativo desarrollado en su contra, pudo activar los mecanismos legales pertinentes para denunciar los vicios procedimentales que permitieron la conculcación de su derecho a la defensa; no obstante, no solamente dejó de intervenir por un acto de su propia voluntad, sino que voluntariamente. convalidó y reconoció las obligaciones tributarias impuestas.

Habrá que enfatizar también que la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008, señaló que el sujeto pasivo tenía el plazo de 20 días desde su legal notificación para interponer Recurso de Alzada, conforme lo dispuesto en el artículo 143 del Código Tributario; no obstante, pese a la notificación personal realizada, el ahora recurrente no interpuso ningún medio de impugnación, lo cual ocasionó que la referida Resolución Determinativa adquiera firmeza y como consecuencia la calidad de título de ejecución tributaria, hecho que aperturó la fase de ejecución tributaria.

En esas circunstancias de orden legal, la notificación conforme se tiene señalado precedentemente, tiene como finalidad el hacer conocer al administrado que existe una actuación en su contra, a fin de que tome conocimiento y asuma las medidas tendientes a

precautelar su derecho; en el presente caso, el ahora recurrente no solamente conocía el

proceso sino que además tuvo la posibilidad de asumir plena defensa dentro del mismo,

aspecto que demuestra inequívocamente que en ningún momento estuvo en una situación de indefensión o que el accionar de la Administración Tributaria, en aras de notificar con la Resolución Determinativa de referencia, hubiere conculcado algún derecho o garantia jurisdiccional del ahora recurrente.

Bajo ese contexto, es evidente que el recurrente, en conocimiento de la Resolución Determinativa GDLP N° 010, tuvo la oportunidad de impugnar dicho acto, siendo que al no haberlo hecho, no solamente consintió los presuntos vicios de nulidad cometidos por la Administración Tributaria, sino que de manera voluntaria admitió las obligaciones tributarias determinadas, lo cual justamente permitió su convalidación; consecuentemente, el

argumento del ahora recurrente referido a la vulneración del debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica no corresponde, precisamente porque, reiteramos, los

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convalidó de forma expresa; consecuentemente, al haber descartadó la existencia de vicios de nulidad (por convalidación) en las actuaciones emitidas por la Administración Tributaria, corresponde ingresar al análisis de los aspectos de fondo que son también parte del presente Recurso de Alzada.

IV.2. ASPECTOS DE FONDO 1.2.1 Prescripción El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que no corresponde la aplicación de las Leyes 291, 317 y 812 al presente caso, en observancia al principio de irretroactividad de la Ley, toda vez que los hechos generadores pertenecen a la gestión 2004, en ese contexto el artículo 59 de la Ley 2492 dispone el plazo de 4 años para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de ejecución tributaria, siendo la norma más favorable, además de encontrarse vigente a momento de la materialización de las obligaciones tributarias que se le atribuyen.

Agrega que conforme lo previsto en el artículo 60-Ill de la Ley 2492, el término de la facultad de ejecución tributaria se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, siendo que en el presente caso dicho título es la Resolución Determinativa GDLP N° 010, notificada el 12 de diciembre de 2008, momento a partir del cual la Administración Tributaria tenía la facultad de concretar la ejecución de la deuda correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales enero, marzo y junio de 2004, plazo que culminó el 12 de diciembre de 2012, sin que concurran causales de interrupción o suspensión.

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta señala que el presente caso se circunscribe al incumplimiento del deber formal en la presentación de declaraciones juradas del IVA e IT de los periodos fiscales enero, marzo y junio 2004, contenidas en la Resolución Determinativa GOLP No 010 de 15 de enero de 2008; consecuentemente, corresponde aplicar lo previsto en el artículo 59 de la Ley 2492 sin modificaciones, tomando en cuenta que el hecho generador se originó en vigencia de dicha disposición normativa; en ese entendido, después de la notificación con el referido acto administrativo, se aperturó la etapa de ejecución tributaria realizando acciones tendientes al cobro que interrumpieron el cómputo de la prescripción.

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Agrega que emitió notas dirigidas a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Organismo Operativo de Tránsito, Servicio de Información Crediticia, Contraloría General del Estado, durante las gestiones 2011, 2012, 2014, 2017 y 2019; asimismo, se debe considerar que el 23 de enero de 2019, el contribuyente opuso nulidad de procedimiento y prescripción de la facultad de ejecución tributaria, que fue atendida mediante el Auto Administrativo N° 391920000055 de 29 de abril de 2019, actuaciones que demuestran que en ningún momento se renunció al cobro de la deuda tributaria, durante el plazo de 4 años previsto en el artículo 59 de la Ley 2492; al

respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 59 del Código Tributario, establece: I. Prescribirán a los cuatro (4) años las 

acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años. 

El artículo 60 de la Ley 2492, en su parágrafo II, dispone: En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

El artículo 61 de la Ley 2492, en relación a las causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. El artículo 62 de la Ley 2492, en relación a las causales de suspensión de la prescripción indica: El curso de la prescripción se suspende con: 

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  1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

  • la ejecución del respectivo fallo

El artículo 108 del Código Tributario, en su parágrafo I, numeral 1, dispone: La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen. 

El artículo 109 de la disposición legal citada precedentemente en su parágrafo II, establece: Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de oposición: 1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. . 2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la 

inexistencia de la deuda. 

  1. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de ejecución tributaria.,

El artículo 4 del DS 27874, dispone: La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que de inicio a la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

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El artículo 5 del DS 27310, señala: El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

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Previo a ingresar al análisis de los argumentos expuestos por Daniel Chávez Bravo, en su Recurso de Alzada, corresponde señalar que el artículo 109, parágrafo II, de la Ley 2492,

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establece claramente que contra la ejecución fiscal sólo son admisibles tres causales de oposición, entre ellas, cualquiera de las formas de extinción de la deuda tributaria prevista por el Código Tributario; en ese entendido, esta Instancia Recursiva en este punto de análisis se ceñirá al examen de la prescripción invocada por el recurrente, considerando que se encuentra comprendida como causal de oposición a la ejecución tributaria, fase en la que precisamente se encuentra el presente caso.

Efectuadas las consideraciones normativas precedentes, corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se: constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; en ese contexto, es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas. y ejecutar la deuda tributaria y la sanción por contravenciones tributarias; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

En ese contexto y de la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria mediante Orden de Verificación N° 0006 220496 Form. 7520 de 15 de febrero de 2007, inició la verificación del débito fiscal IVA, IT correspondiente a los periodos fiscales enero, marzo y junio 2004; posteriormente, emitió la Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-159/2007 de 9 de julio de 2007, que estableció el tributo omitido de 93.618 UFV’s, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago, por el IVA e IT de los periodos fiscales enero, marzo y junio 2004.

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Como resultado del procedimiento de verificación, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008 contra Daniel Chávez Bravo estableciendo el tributo omitido de 93.617 UFV’s, más intereses y sanción por omisión de pago, por el IVA e IT de los periodos fiscales enero, marzo y

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junio 2004; acto administrativo notificado de forma personal al referido contribuyente el 12 de diciembre de 2008; el cual al no haber sido objeto de impugnación, originó la declaratoria de firmeza constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria conforme establece el artículo 108 numeral 1) del Código Tributario, hecho que dio paso a la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC/UCC P/TET/200920100455 de 30 de junio de 2009, anunciando al sujeto pasivo el inicio de la ejecución tributaria y que al tercer día de su legal notificación, se efectuarán todas las medidas coactivas para el pago total de la deuda tributaria, actuación administrativa notificada por edicto mediante publicaciones efectuadas el 22 y 26 de diciembre de 2009.

Conforme a los antecedentes previamente expuestos, es necesario puntualizar que el ejercicio pleno de las facultades otorgadas al Ente Fiscal en relación a la ejecución

tributaria, se inicia con la notificación del Proveído de Ejecución Tributaria, en razón a

que dicha actuación administrativa además de ser un acto que conmina al pago de la obligación tributaria, cuya ejecutabilidad procede al tercer día siguiente de la notificación conforme dispone el artículo 4 del DS 27874, también se constituye en un acto que produce efectos en el administrado a partir de la fecha de notificación, iniciando de esta manera el curso de la extinción en este caso de la prescripción; bajo ese contexto, el cómputo del plazo de la prescripción de la ejecución tributaria del citado adeudo tributario se inició a partir del momento en que fue puesto a conocimiento el PIET al sujeto pasivo, actuación que además de estar respaldada con el Título de Ejecución Tributaria, comunica precisamente el inicio de su facultad de ejecución, lo que convierte a este documento administrativo en el comienzo de la fase de cobro por el lapso que la Ley establece para el efecto.

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Bajo la aclaración efectuada precedentemente y toda vez que el presente caso está relacionado a la solicitud de prescripción de la facultad de ejecución tributaria del adeudo tributario establecido en la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008, se debe considerar lo previsto en los artículos 59, parágrafo I, numeral 4 y 60, parágrafo II de la Ley 2492, disponen que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, término que se inicia a partir de la notificación con el Proveído de Ejecución Tributaria.

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En ese entendido, siendo que la notificación a Daniel Chávez Bravo, con el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC/UCC-P/TET/200920100455, se realizó por edicto mediante publicaciones efectuadas el 22 y 26 de diciembre de 2009, considerando esta última fecha como válida a efectos de la prescripción; se establece que el cómputo de cuatro (4) años, para la ejecución del adeudo tributario, se inició a partir del día siguiente a dicha notificación conforme el artículo 60, parágrafo II de la Ley 2492, es decir, desde el 27 de diciembre de 2009 y concluyó el 27 de diciembre de 2013, aspecto que se expresa en el siguiente cuadro:

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Conforme el cuadro descrito precedentemente, se tiene que el inicio del cómputo de la prescripción para la ejecución de la deuda tributaria consignada en la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008, se inició a partir del día siguiente de la notificación con el citado PIET; circunstancia, que para el caso bajo análisis ocurrió el 27 de diciembre de 2009, teniendo el Ente Fiscal el plazo de 4 años para efectuar el cobro total de la deuda tributaria, término que feneció el 27 de diciembre de 2013; consecuentemente, bajo las circunstancias legales descritas precedentemente, se tiene que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008, se encuentra prescrita.

Con relación a, las medidas coactivas tendientes al cobro de la deuda tributaria, que según la Administración Tributaria constituyen causales de interrupción para el cómputo de la prescripción; al respecto, corresponde indicar que si bien emitió notas dirigidas a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Organismo Operativo de Tránsito, Servicio de Información Crediticia, Contraloría General del Estado, durante las gestiones 2011, 2012, 2014, 2017 y 2019, estas acciones no se constituyen en causales interrupción o suspensión del curso de la prescripción, en el entendido, que los artículos 61 y 62 del Código Tributario no reconocen las citadas

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medidas coactivas como causales de suspensión o interrupción del cómputo de la

prescripción; en ese sentido, corresponde rechazar dicho argumento.

Respecto al argumento expuesto por el recurrente referido a que no corresponde la aplicación de las Leyes 291, 317 y 812 al presente caso, en observancia al principio de irretroactividad de la Ley, toda vez que los hechos generadores pertenecen a la gestión 2004, es menester señalar que de acuerdo a los fundamentos de orden fáctico y legal expuestos precedentemente, el análisis del presente caso, se circunscribió precisamente dentro del marco normativo previsto por el artículo 59 parágrafo I de la Ley 2492 sin modificaciones, al tratarse de adeudos tributarios correspondientes al IVA e IT de los periodos fiscales enero, marzo y junio 2004, que fueron determinados en vigencia del precitado marco normativo; consecuentemente, no corresponde considerar el argumento expuesto por el recurrente.

En cuanto a la cita de las las Sentencias Constitucionales 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002 y 992/2005-R de 19 de agosto de 2005 que invoca el recurrente, corresponde señalar que dichos precedentes constitucionales son de aplicación en materia de prescripción de las facultades de cobro coactivo de la Administración Tributaria bajo el ámbito de la Ley 1340, es decir, que ante el vacío jurídico con relación al cómputo del plazo, interrupción y suspensión en fase de cobranza coactiva en dicha Ley, dichos precedentes jurisdiccionales otorgan al sujeto pasivo la posibilidad de oponer prescripción incluso en etapa de ejecución tributaria permitiendo además la aplicación supletoria de las reglas del Código Civil a efectos de realizar el cómputo de la prescripción; sin embargo, dichas particularidades no se vieron plasmadas en el presente caso, toda vez que la prescripción de las facultades de ejecución tributaria analizada en el presente caso se encuentra regulada por la Ley 2492, norma que establece con absoluta claridad el cómputo, interrupción y suspensión de la prescripción, no siendo necesario acudir a la aplicación supletoria de las reglas del Código Civil; consecuentemente, corresponde desestimar la aplicación de las referidas Sentencias Constitucionales al presente caso.

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Con relación a la invocación que efectúa el recurrente en la nota presentada ante ésta instancia recursiva el 12 de septiembre de 2019 de la Sentencia Constitucional No 1169/2016; corresponde señalar que dicho fallo constitucional hace referencia de manera expresa a la constitucionalidad de las leyes 291 y 317; esto implica, la aplicab

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normas legales para respaldar una posición fundamentada respecto a la extinción por prescripción, en ese contexto, evidentemente muestra que el Tribunal Constitucional Plurinacional en ningún momento cuestionó la constitucionalidad de las citadas Leyes 291 y 317, exigiendo sólo que su aplicabilidad para el caso concreto que en aquella oportunidad fue analizado (ejecución tributaria), sea debidamente fundamentada; aspecto que en su oportunidad fue así resuelto por el Tribunal Contralor de las Garantías Constitucionales, en tal caso tal precedente constitucional de ninguna manera resulta opuesto a la determinación

asumida en la presente Resolución de Recurso de Alzada, misma que sustenta la posición

asumida respecto a la improcedencia del instituto de la prescripción.

Respecto a la cita de la Sentencia No 39 de 13 de mayo de 2016 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia a la que hace referencia el recurrente en la nota presentada el 12 de septiembre de 2019, corresponde indicar que las decisiones adoptadas por el máximo Tribunal en materia judicial, obedecen a un ámbito jurisdiccional ordinario, lo

que implica que las determinaciones asumidas rigen para las partes en conflicto que decidieron someter su asunto al ámbito judicial, debiendo estas sujetarse a las determinaciones tomadas en los respectivos fallos judiciales; lo propio ocurre en el ámbito administrativo, toda vez que obedeciendo a la libre determinación de las personas de acudir al ámbito del derecho administrativo, las decisiones asumidas en este ámbito, constriñen al cumplimiento de las partes en conflicto, respecto a las decisiones asumidas en la esfera administrativa, lo que implica que la libre decisión de la persona de acudir a la vía administrativa, separa la posibilidad de acudir a otra jurisdicción; en ese sentido, al resolverse algún asunto en el ámbito administrativo, dicha resolución no solamente que obliga al cumplimiento de las partes en conflicto, sino que no puede abarcar a otra jurisdicción y competencia, lo resuelto en al ámbito enteramente administrativo; bajo la lógica señalada, no es permisible la aplicación de ciertos precedentes del ámbito judicial al ámbito administrativo, como erróneamente pretende el recurrente a través de la cita de la mencionada Sentencia; en consecuencia, corresponde desestimar lo aseverado por el recurrente.

Bajo los parámetros antes mencionados, se tiene que las nulidades aducidas por el recurrente no son evidentes; asimismo, las facultades para la ejecución tributaria de la deuda determinada contenida en la Resolución Determinativa GDLP No 010 de 15 de enero de 2008, se encuentran prescritas; consecuentemente, conforme los

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argumentos expuestos precedentemente, corresponde revocar totalmente el Auto Administrativo N° 391920000055 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00038/2019) de 29 de abril de 2019 emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales; esto implica, dejar sin efecto por prescripción la facultad de ejecución de la deuda tributaria consignada en la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008, en relación al Proveído de inicio de Ejecución Tributaria GDLP DJTCC/UCC-PITET/200920100455 de 30 de junio de 2009.

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE el Auto Administrativo N° 391920000055 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00038/2019) de 29 de abril de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Daniel Chávez. Bravo; consecuentemente, se declara prescrita la facultad de ejecución de la deuda tributaria consignada en la Resolución Determinativa GDLP N° 010 de 15 de enero de 2008, en relación al Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC/UCC P/TET/200920100455 de 30 de junio de 2009.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

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al de la 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días

mputables a partir de su notificación.

  1. Bfmy 

do

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Bu qüsl.

Rodsanal Mendoza Soliz)

Lic. Cecilia Velez Dorado y Directora Ejecutiva Regionat 

Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

Tributarla ara 

RCVD/avv/rms/vigr/rl/mchf

BRUGNACIO 

CORAL DE LES 

Hejandra

Vel Villalobos

VORWAD

IS 

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