ARIT-LPZ-RA-1134-2019 Resolución Determinativa anulada. El contribuyente solicita prescripción de facultad de cobro a la Administración Tributaria, la cual es rechazada, pero incumpliendo con la debida fundamentación, no concretando las razones por la cuales emitieron su decisión.

ARIT-LPZ-RA-1134-2019

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1134/2019

Recurrente: 

Mauricio Choque Roque ::.

Administración Recurrida: Gerencia Distrital El Alto del Servicio d

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Néstor Hugo Muñoz Cossio

Acto Impugnado

Resolución Administrativa N° 231921000687 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00023/2019) ”

Expediente: 

ARIT-LPZ-0746/2019

Lugar y Fecha:

La Paz, 14 de octubre de 2019

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Aạmisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1134/2019 de 11 de octubre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución

Administrativa

231921000687 (SIN/GDEA/DJCCICC/RA/00023/2019) de 18 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de impuestos Nacionales resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria emergente de la Declaración Jurada Form: 500 con Orden N° 2163759806 del periodo fiscal diciembre de 2005, planteada por Mauricio Choque Roque.

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA – II.1. Argumentos del Recurrente 

Mauricio Choque Roque, mediante nota presentada el 12 de julio de 2019, cursante a fojas 26-29 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

En el acto impugnado a efectos de rechazar la solicitud de prescripción planteada,

se establecen los siguientes aspectos: a) la declaración jurada efectuada a través del Formulario 500, no se constituye en una rectificatoria sino una nueva e independiente de la efectuada a través del Formulario 510; b) la facultad de imposición de sanciones no prescribió conforme dispone el artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 812, que establece un término de 8 años; asimismo, refiere que de acuerdo a lo previsto en el artículo 42 del:DS 2993, no puede imponerse la sanción por omisión de pago antes de transcurridos los 10 días de haberse notificado el AISC; c) respecto a la deuda tributaria determinada en el Formulario 500, la facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59, parágrafo IV de la.Ley 2492, modificado por las Leyes 291 y 317. .

En ese contexto, respecto al argumento del inciso a), aclara que el objeto de la nota de 28 de febrero de 2018, fue solicitar la prescripción de la declaración jurada (Formulario 500); en tal sentido, la apreciación efectuada por el SIN en relación a los Formularios 500 y 510, resultan impertinentes. Asimismo, reitera que la pretensión

del Recurso de Alzada es que se ingrese a verificar si el rechazo de la prescripción de la declaración jurada Formulario 500 es o no correcto. :

En lo que respecta a los incisos b) y c), refiere que en los casos de prescripción en materia tributaria, la aplicación de las normas debe regirse por los principios del tempus comissi delicti, vencimiento de la obligación tributaria, seguridad jurídica y la garantia de la irretroactividad de la ley; añade, que el instituto de la prescripción es de carácter sustantivo y no adjetivo, motivo por el cual se rige bajo el principio del tempus comissi delicti; en ese entendido, no corresponde la aplicación de la Ley 812, de conformidad : a los artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Le vez que no resulta más favorable; al efecto, cita la Sentencia 52 de 28 de junio de 2016, el Auto Supremo 111 de 30 de marzo de 2016 y la Sentencia 153 de 20 de noviembre

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de 2017, emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia; así también, la SCP 1169/2016 S3 de 26 de octubre de 2016:

De acuerdo a los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 sin modificaciones, el cómputo de la prescripción para la declaración jurada con Orden N° 2163759806 por el IVE (Formulario 500) del periodo fiscal diciembre de 2005, presentado el 4 de noviembre de 2016 por el monto de Bs 104.630.-, inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010, motivo por el cual operó el instituto de la prescripción respecto a las facultades sancionatorias y de ejecución tributaria con las que contaba el sujeto

pasivo.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa No 231921000687 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00023/2019) de 18 de junio de 2019.

II.2 Auto de Admisión 

El Recurso de Alzada interpuesto por Mauricio Choque Roque, fue admitido mediante Auto de 19 de julio de 2019, notificado de forma personal al recurrente y a la Administración Tributaria el 24 y 26 de julio de 2019, respectivamente; fojas 30-32 de obrados.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Néstor Hugo Muñoz Cossio conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000640 de 27 de junio de 2019, por memorial presentado el 12 de agosto de 2019, cursante a fojas 35-39 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

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El contribuyente aduce que el Formulario 510 del periodo diciembre de 2005, no debió declararse y que procedió a la rectificatoria a través del Formulario 500, sin tomar en cuenta que esta última no constituye una rectificatoria sino una declaración nueva independiente del Formulario 510, conforme establece el artículo 78 parágrafo I y II de la Ley 2492; asimismo, la declaración jurada en cuestión no está pagada y aclara que las medidas coactivas adoptadas fueron realizadas a efectos del cobro de la deuda

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tributaria del Formulario 510 del periodo diciembre de 2005 y no así del Formulario 500.

En relación a la aplicación del tempus comissi delicti que sustenta las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo, refiere que las mismas no son aplicables al presente caso, toda vez que de conformidad al artículo 8 de la Ley del Tribunal Constitucional, sólo las decisiones y sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y en consecuencia de cumplimiento obligatorio; al efecto, cita la Sentencia Constitucional 0358/2012.

Los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, fueron modificados por las Leyes 291, 317 y 812, siendo esta última aplicable al presente caso por constituirse en una norma beneficia al administrado conforme disponen los artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492; en ese contexto, se debe considerar que el sujeto pasivo realizó la auto determinación de la deuda tributaria el 4 de noviembre de 20.16, a través de la Declaración Jurada (Formulario 500) del periodo de diciembre de 2005 y si bien el artículo 60, parágrafo II de la Ley 2492; establece que el cómputo se realizará desde el primer día del año siguiente aquel en que se cometió la contravención; sin embargo, el procedimiento sancionatorio por la contravención de omisión de pago debe realizarse una vez que la declaración jurada no pagada adquirió firmeza con el inicio de ejecución tributaria o notificado el Auto Inicial de Sumario Contravencional, lo que ocurra primero, conforme los artículos 42 del DS 2993 y 4 del DS 27874.

Se debe considerar que la ejecución es respecto a la declaración jurada que fue presentada el 2016, comenzando a correr el plazo de prescripción a partir del 1 de enero de 2018 prolongándose hasta el 31 de diciembre de 2025; a ello se suma que el artículo 59, parágrafo IV de la Ley 2492, modificada por la Ley 291 y.317, establecen que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible; consecuentemente, las facultades para imponer la sanción de omisión de pago y de : ejecución tributaria se encuentran incolumes.

De la revisión de antecedentes se advierte que los actos del Ente Fiscal fueron emitidos por autoridad competente, no carecen de objeto, no son ilícitos o imposibles, se

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cumplió con el procedimiento legalmente establecido y no son contrarios a la Constitución Política del Estado, habiendo cumplido a cabalidad con los requisitos establecidos en el artículo 165 de la Ley 2492; asimismo, la anulación de obrados tampoco cumple con lo previsto en los artículos 36 de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, toda vez que alcanzaron su finalidad y no se ocasionó ‘indefensión al contribuyente; consecuentemente, no existe nulidad en el presente caso toda vez que los actos del

encuentran debidamente fundamentados, se obró en estricta sujeción de las leyes y no se causó indefensión al contribuyente; al efecto, cita los artículos 105, parágrafo I de la Ley 439, 17 de la Ley 025 y la Sentencia 12/2016 de 7 de marzo de 2016.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa No 231921000687 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00023/2019) de 18 de junio de 2019.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 13 de agosto de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 14 de agosto de 2019; fojas 40-41 de obrados.

Con memorial presentado el 3 de septiembre de 2019, Néstor Hugo Muñoz Cossio en calidad de Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, ratificó en calidad de prueba preconstituida la adjuntada al memorial de respuesta al Recurso de Alzada; al efecto, el Proveido de 4 de septiembre de 2019, dio por ratificada la documentación señalada; actuación notificada por Secretaría a las partes en la misma fecha; fojas 42-44 de obrados.

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11.5 Alegatos Mediante nota presentada el 23 de septiembre de 2019, Mauricio Choque Roque expuso sus alegatos escritos reiterando los argumentos esgrimidos en su Recurso de Alzada, consistentes en que operó la prescripción de las facultades de ejecución de la deuda tributaria así como de la sanción, citando al efecto la Sentencia 52 de 28 de

junio de 2016, el Auto Supremo 111 de 30 de marzo de 2016 y la Sentencia 153 de 20 SA APUCACOEX de noviembre de 2017, emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia; así también, la Sveta Villalobos EMBOLS 

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SCP 1169/2016-33 y como nuevo argumento refiere la SCP 0693/2018-S2, 0864/2018 S3 y 0012/2019-S2; al efecto, el Proveído de 24 de septiembre de 2019, dio por formulados los alegatos en conocimiento de parte contraria, actuación notificada en secretaría a las partes el 25 de septiembre de 2019; fojas 45-47 y 53 de obrados.

La Administración Tributaria no formuló alegatos de conformidad a los términos del artículo 210 parágrafo II del Código Tributario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Mauricio Choque Roque con NIT 690748018, presentó el 4 de noviembre de 2016, el Formulario 500 con Orden N° 2163759806, por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), correspondiente a la gestión 2005, por los meses comprendidos entre enero y diciembre del año señalado, estableciendo un saldo a favor del fisco de Bs 104.630.-; fojas 2 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 28 de febrero de 2018, Mauricio Choque Roque solicitó la prescripción de la facultad de ejecución tributaria en

  • relación a la Declaración Jurada (Formulario 500) con Orden N° 2163759806, por el monto de Bs 104.630.- y solicitó la suspensión de las medidas coactivas; fojas 96-97 de antecedentes administrativos.

La Resolución : Administrativa. N

2 31921000687 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00023/2019) de 18 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria emergente de la Declaración Jurada Form. 500 con Order No 2163759806 del periodo fiscal diciembre de 2005, planteada por Mauricio Choque Roque; acto administrativo .notificado de forma personal al citado contribuyente el 19 de junio de 2019; fojas 124-127 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la

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documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, parágrafo III del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al . análisis de los agravios manifestados por Mauricio Choque Roque en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

De inicio, es necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicita la revocatoria del acto administrativo impugnado; sin embargo, de la lectura del Recurso se advierte también que alude a nulidades; en ese contexto, pese a que el.recurrente solicita de manera expresa que se ingrese únicamente analizar las cuestiones de fondo planteadas, es obligación de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados en el marco de lo establecido en el artículo 211, parágrafo I del Código Tributario, toda vez que los vicios de nulidad pueden acarrear nulidades posteriores; en tal sentido, inicialmente se ingresará

rá al análisis de la existencia o no de incongruencia en la Resolución recurrida y si la misma se encuentra legalmente sancionada con la nulidad; sólo en caso de no ser evidente, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas.

IV.1 ASPECTOS DE FORMA IV.1.1 Congruencia en el acto impugnado Mauricio Choque Roque en su Recurso de Alzada señaló que el objeto de la nota de 28 de febrero de 2018, fue solicitar la prescripción de la declaración jurada (Formulario 500); en tal sentido, la apreciación efectuada por el SIN en el acto impugnado en relación a los Formularios 500 y 510, resultan impertinentes, dicha apreciación denota una falta de valoración objetiva de los antecedentes.

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La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada no emitió pronunciamiento en relación al citado agravio; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone: I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 68, numerales 2 y 6 de la Ley 2492, establece: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

El artículo 28, incisos b) y e) de la Ley 2341, establece: Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: b) Causa. Debesustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo 

El artículo 36 de la disposición legal citada precedentemente, establece: 1. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los :. interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido . para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

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El artículo 4 del DS 27113, señala: La petición es un derecho de los ciudadanos y compromete a la administración pública a dar una respuesta oportuna y pertinente. 

El artículo 31 de la citada norma dispone: I. Serán motivados los actos señalados en el 

Artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo y además los que: a) Decidan sobre derechos subjetivos e intereses legítimos. b) Resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados. c) Resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales. . II. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que resulten del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la decisión. III. La remisión a propuestas, dictámenes, antecedentes o resoluciones previas, no reemplazará a la motivación exigida en este Articulo. 

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, dispone de manera expresa la protección oportuna y efectiva de las autoridades públicas al ejercicio de los derechos e intereses legítimos; en ese contexto, el Estado debe garantizar el derecho al debido proceso en toda actuación administrativa; lo que implica, que es obligación de los organismos y dependencias de la Administración Pública garantizar de manera expresa. una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente sin dilaciones, donde efectivamente prevalezca el debido proceso, que se traduce en que todos los actos y. actuaciones emitidos en un proceso deben estar circunscritos al ordenamiento jurídico legal para avalar el correcto ejercicio de la Administración Pública, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

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Bajo el criterio anterior, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas,

contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes.

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El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez: Se define el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia

Bajo el contexto anterior y de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que Mauricio Choque Roque con NIT 690748018, presentó el 4 de noviembre de 2016, el Formulario 500 con Orden N° 2163759806, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2005, estableciendo un saldo a favor del fisco de Bs104.630.-.

De forma posterior, mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 28 de febrero de 2018, Mauricio Choque Roque solicitó la prescripción de la facultad de ejecución tributaria en relación a la antes citada Declaración Jurada (Formulario 500) con Orden N° 2163759806 y solicitó la suspensión de las medidas coactivas; aspecto que mereció la emisión de la Resolución Administrativa N° 231921000687 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00023/2019) de 18 de junio de 2019, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria emergente de la Declaración Jurada Form. 500 con Orden N° 2163759806 del periodo fiscal diciembre de 2005, planteada por Mauricio Choque Roque; acto administrativo notificado de forma personal al citado contribuyente el 19 de junio de 2019.

Conforme lo relacionado, se advierte que mediante la nota presentada el 28 de febrero de 2018, el sujeto pasivo refirió los siguientes aspectos: “(…) En primer lugar corresponde tener presente la normativa que debe aplicarse para realizar el cómputo de prescripción de las facultades de cobro de la Administración Tributaria respecto a la declaración jurada con Nro. de Orden2163759806, por el TUE, Form. 500 del periodo fiscal: 12/2005 presentado el 04/11/2016 por el monto de Bs 104.630.-. En el presente caso corresponde la aplicación de los Arts. 59, 60, 61 y 62 de la Ley No. 2492 (sin modificaciones), en aplicación del principio del tempus comicci delicti e irretroactividad 

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de la Ley establecido en el Art. 123 de la CPE (…). Para respaldar dicho entendimiento cito la SCP No. 1169/2016S3 de 26/10/2016 (...)”.

Continúa señalando: “(...) Habiendo aclarado la normativa que debe aplicarse en el presente caso, corresponde citar el Art. 59’y 60 de la Ley No. 2492 sin modificaciones: Artículo 59° (Prescripción). 1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. (…) Artículo 60° (Cómputo). I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo / del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria (...) Como se puede apreciar, na operado el instituto de la PRESCRIPCIÓN toda vez que en los 4 años que tenía la Administración Tributaria para ejercer sus facultades de cobro no lo hizo (...) En ese entendido solicito se emita una resolución administrativa en respuesta a la PRESCRIPCIÓN con la debida motivación y fundamentación que amerita, bajo pena de nulidad (...) Al considerarse la presente solicitud como una oposición a la ejecución tributaria conforme el Art. 109 Il de la Ley No. 2492, solicito se suspenda las medidas coactivas hasta la emisión y notificación de la resolución administrativa que responda positiva o negativamente a la prescripción (...)”. 

En respuesta a la citada nota, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 231921000687 (SIN/GDEA/DJCCICC/RA/00023/2019) de 18 de junio de 2019, en la que estableció: “(...) con respecto a la rectificación que el contribuyente indica (...) el contribuyente no toma en cuenta que la declaración realizada en el Form. 500 no constituye una rectificatoria, sino una declaración nueva e independiente del Form. 510. Asimismo esta declaración del 04 de noviembre de 2016 no se encuentra pagada lo que evidencia la omisión de pago, tratándose de . una declaración independiente (..) por lo tanto no constituye una Declaración Jurada Rectificatoria (...) por ende siendo que los impuestos autodeterminados por el sujeto pasivo, no fueron modificados ni se procedió a su extinción mediante el pago ni por 

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las formas establecidas por Ley, las mismas se constituyen en documentos firmes y exigibles de cumplimiento obligatorio (…)”.

Continúa refiriendo: “(…) la facultad de imposición de sanciones de la Administración Tributaria no ha prescrito toda vez que la Ley 812 de 30 de junio de 2016 que modifico nuevamente el Art. 59 de la Ley 2492, estableció: (…) es decir desde la vigencia de la citada Ley, la prescripción está regido nuevamente por un plazo único, en este caso, ocho años, dentro del cual la Administración Tributaria debe ejercer las facultades mencionadas (…) el sujeto pasivo realizó la auto declaración de la deuda tributaria a través de su DDJJ del Form. 500 (IUE) periodo 12/2005 el 04 de noviembre de 2016 y es el propio contribuyente que de manera expresa reconoce la existencia de la deuda tributaria, si bien la Ley 2492 establece de manera general en el parágrafo II del Art. 60 que el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria, el D.S. 2993 vigente al momento de la declaración del form. 500 de referencia, en su Art. 42 estableció la imposibilidad de imponer sanción por omisión de pago antes de transcurridos los 10 días de haberse notificado el Auto Inicial de Sumario Contravencional (…)”.

Asimismo señala: “(…) el procedimiento sancionador por la contravención de omisión de pago es un procedimiento que debe realizarse una vez que la Declaración Jurada no pagada adquirió calidad de firmeza, esto es con el inicio de la ejecución tributaria mediante las medidas o notificado el Auto Inicial de Sumario Contravencional, lo que ocurra primero, concordante con ello el Art. 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, establece la ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que de inicio a la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. A lo cual también debe sumarse lo dispuesto por la Ley · 2492 modificado por la Ley 291 y posteriormente con la Ley 317 en el parágrafo IV del Art. 59 la facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible, por lo mismo constituye el Form. 500 (UE) periodo 12/2005 una declaración determinada por el propio contribuyente, la deuda figura en el mismo es imprescriptible, por lo tanto las facultades para imponer sanciones por contravenciones están incólumes (…)”. 

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Conforme lo descrito, es evidente que el sujeto pasivo a través de la nota presentada el 28 de febrero de 2018, solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de la facultad de ejecución tributaria al amparo del artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492 (sin modificaciones) en relación a la Declaración Jurada (Formulario 500) con Orden N° 2163759806, por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas del periodo fiscal diciembre de 2005, que asciende al monto de Bs 104.630.-; no obstante, la Resolución Administrativa .. N° : .. . 231921000687 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00023/2019) de 18 de junio de 2019, que se constituye en la respuesta formal por parte del Ente Fiscal a la citada nota, en su segundo considerando de manera incongruente realiza un análisis en relación a una rectificación de una declaración jurada, aspecto no referido por el sujeto pasivo, de correspondencia entre lo solicitado y lo resuelto y que la Administración Tributaria considero aspectos ajenos al cuestionamiento deducido por el contribuyente

Al efecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0469/2013 de 10 de abril, señaló lo siguiente: “(...) la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes, cuyos fundamentos también tienen su aplicación respecto a los procedimientos administrativos, pues que estos forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas“; en ese entendido, es evidente que el acto impugnado vulneró el debido proceso en su elemento congruencia al incluir fundamentación relativa a una supuesta rectificación de declaración jurada que no fue solicitada por el sujeto pasivo; a ello se añade, que de igual manera en el tercer considerando se emitió un análisis en relación a la prescripción de la facultad de imposición de sanciones por contravenciones, que no

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se encuentra como pretensión en la nota presentada ante la Administración Tributaria el 28 de febrero de 2018, situación que se constituye en una inobservancia de lo establecido en los artículos 68, numerales 2 y 6 de la Ley 2492; 4 y 31 del DS 27113, al no haberse emitido una respuesta pertinente acorde a los antecedentes del caso en cuestión y que genera incertidumbre en relación a la determinación asumida por el Ente Fiscal.

En ese entendido, es evidente que la Administración Tributaria no consideró que la Resolución Administrativa no es una actuación, es un “acto definitivo” que producirá efectos jurídicos en los derechos del administrado, es decir, en el presente caso “aceptará o rechazara la prescripción invocada”, con el fin de que el encausado conozca claramente los fundamentos de los cuales tenga que asumir defensa; no obstante, conforme se tiene señalado, en el presente caso se evidencia el

incumplimiento a la previsión contenida en el artículo 28 incisos b) y e) de la Ley 2341, que establecen que uno de los elementos esenciales de los actos administrativos es que se encuentren fundamentados, expresando en forma concreta las razones que indujeron a la autoridad a emitir una determinada decisión, consignando además la motivación respectiva, la que debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le

sirvan de causa y en el derecho aplicable.

Finalmente, corresponde señalar que mediante nota presentada 23 de septiembre de 2019, Mauricio Choque Roque a momento de exponer sus alegatos en conclusiones, como nuevo argumento refiere la SCP 0693/2018-S2, 0864/2018-S3 y 0012/2019-S2; al respecto, corresponde referir que uno de los elementos integrantes del debido proceso es la congruencia de las resoluciones, aspecto contenido en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0469/2013 de 10 de abril, cuyos fundamentos también tienen su aplicación respecto a los procedimientos administrativos, pues estos forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas; en este entendido, es pertinente aclarar que los nuevos argumentos formulados por el recurrente no pueden ser tomados en cuenta en la presente Resolución, toda vez que se estaría quebrantando el mencionado principio de congruencia.

.

En ese contexto, al ser evidente la existencia de vicios que causaron la vulneración del derecho constitucional del debido proceso, garantizado por los artículos 115 de la

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Constitución Política de Estado y 68, numerales 2) y 6) de la Ley 2492, no corresponde ingresar al análisis de los aspectos de fondo expuestos por el recurrente en su Recurso

; consecuentemente, conforme lo previsto en el artículo 36 de la Ley 2341, corresponde anular la Resolución Administrativa No. 231921000687 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00023/2019) de 18 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, debiendo el Ente Fiscal emitir un nuevo acto administrativo en el que exponga un pronunciamiento de manera fundamentada, motivada y congruente en relación a la aceptación o rechazo de la solicitud de prescripción impetrada por Mauricio Roque Choque y que se encuentre acorde a los datos y antecedentes del proceso, cumpliendo los requisitos establecidos en los incisos b) y e). del artículo 28 de la Ley 2341; 4 y 31 del DS 27113, en resguardo. ** a su derecho a la defensa.

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Administrativa N° 231921000687 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00023/2019) de 18 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales contra Mauricio Choque Roque; consecuentemente, el Ente Fiscal debe emitir un nuevo acto administrativo en el que exponga un pronunciamiento de manera fundamentada, motivada y congruente en relación a la aceptación o rechazo de la solicitud de prescripción y que se encuentre acorde a los datos y antecedentes del proceso, cumpliendo los requisitos establecidos en los incisos b) y e) del artículo 28 de la Ley 2341 y 31 del DS 27113, en resguardo a su derecho a la defensa.

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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LILIT 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código

Tributario y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

Regístrese, hágase saber y cumplase.

PEWNIGH

Rodsana Mendeza Solher

voor

Me. Ceciliz Velez Doradc

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Inipugnación

Tributarla – La Paz 

RCVD/aw/ 

ms/vlar/mrru/mfsb

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