ARIT-LPZ-RA-1143-2019 Resolución Sancionatoria anulada. El contribuyente señala que no hay correspondencia entre monto omitido y monto sancionado, siendo que la multa sobrepasa el tributo omitido, lo que vulnera el debido proceso. Por lo tanto la Administración Tributaria deberá modificar la sanción emitiendo una nueva posición expresa conforme a derecho.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1143/2019

Recurrente: 

Edgar Ramiro Mustafá Iturralde 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital: La Paz || del Servicio d

Impuestos Nacionales, representada legalmente por Ranulfo Prieto Salinas

Acto Impugnado: 

Resolución Sancionatoria N° 181925001047 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/RS/00192/2019)

Expediente: 

ARIT-LPZ0734/2019 

Lugar y Fecha:

La Paz, 14 de octubre de 2019

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Juridico ARIT-LPZ N° 1143/2019 de 11 de octubre de 2019, emitido por la Sub Dirección

  • Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.
  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Sancionatoria N° 181925001047 (SIN/GDLPZ TI/DJCC/CC/RS/00192/2019) de 17 de mayo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió sancionar al contribuyente Edgar Ramiro Mustafá Iturralde con NIT 3057803018, con una multa igual al 100% del tributo omitido cuyo importe es de 118.009 UFV’s por la presentación de las declaraciones juradas que se detallan como impuesto determinado, consignando un importe que no fue pagado a la fecha de vencimiento, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS 27310.

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente Edgar Ramiro Mustafá Iturralde, mediante memorial presentado el 9 de julio de 2019, cursante a fojas 8-9 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

La Resolución Sancionatoria impugnada establece una sanción por omisión de pago respecto a periodos fiscales del 2015 y 2016; sin embargo, existen errores en la determinación del cálculo de la multa que supera el 100% del tributo actualizado, es decir, el monto de la casilla que consigna el “Tributo Omitido” no coincide con la casilla “Monto Sancionado en UFV“.

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El numeral 6 del artículo 68 de la Ley 2492, así como el inciso c) del artículo 4 de la Ley 2341, establecen que el debido proceso es uno de los principios fundamentales que debe regir en todas las actuaciones del Servicio de Impuestos Nacionales, esencial en el afianzamiento de los derechos y garantías constitucionales de las personas como el derecho a la defensa; asimismo, el citado artículo 4 de la Ley 2341 en sus incisos j) y h) refieren los principios de eficacia, economía, simplicidad y celeridad los cuales se incumplieron en el ahora acto impugnado.

El Ente Fiscal realizó actos que no se encuentran establecidos en la norma, vulnerando el debido proceso y derecho a la defensa por errores en la determinación de la multa; tampoco se procedió con objetividad, toda vez que a momento de la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada se encontraba en vigencia la Ley 1105 que establece una regularización sin multas,

Conforme a los fundamentos. expuestos, solicita anular y/o revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 18192500.1047 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/RS/00192/2019) de 17 de mayo de 2019.

11.2. Auto de Admisión 

El Recurso de Alzada interpuesto por Edgar Ramiro Mustafá Iturralde, fue admitido mediante Auto de 17 de julio de 2019, notificado personalmente al recurrente el 19 de julio de 2019 y mediante cédula a la Administración Tributaria el 25 de julio de 2019; fojas 10-15 de obrados.

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz || del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Ranulfo Prieto Salinas conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0618-16 de 1 de noviembre de 2016, por memorial presentado el 9 de agosto de 2019, cursante a fojas’ 18-28 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

El artículo 28 de la Ley 2341, establece los elementos esenciales del acto administrativo, en ese sentido, respecto a la competencia de la Resolución Sancionatoria impugnada que fue firmada por Ranulfo Prieto Salinas en su condición de Gerente Distrital La Paz 11; asimismo, cuenta con causa y objeto, el procedimiento realizado en el marco del artículo 168 de la Ley 2492. y RND 10-0031-16; el fundamento conforme lo previsto en los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310 y la finalidad, la intimación de pago de la sanción establecida; es decir que el Ente Fiscal cumplió con todos los elementos previstos por Ley; asimismo, cita las SSCC 0024/2018-S2 y 0112/2010-R.

El Auto Inicial de Sumario Contravencional, así como la Resolución Sancionatoria establecen de manera clara y contundente los fundamentos de hecho y de derecho que respaldan la sanción por omisión de pago, se debe considerar lo establecido en los artículos 47 y 78 de la Ley 2492 y 8 del DS 27310; en ese entendido, de acuerdo al cuadro expresado en el acto impugnado se advierte que el tributo omitido actualizado a · la fecha de vencimiento es de 117.773 UFV’s, ahora bien de acuerdo a lo previsto en el artículo 165 de la citada norma el contribuyente subsumió su conducta a la contravención tributaria de omisión de pago sancionada con el 100% en base al tributo omitido, monto que evidentemente difiere del calculado para el tributo omitido, es decir, 118.009 UFV’s debido a las actualizaciones de acuerdo al artículo 47 de la Ley 2492, correspondientes a los intereses y mantenimiento de valor.

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Respecto a la vulneración del debido proceso y derecho a la defensa manifiesta que se actuó dentro los parámetros del derecho a la seguridad jurídica, en pleno conocimiento del contribuyente de sus derechos y obligaciones, observando los requisitos de un proceso sancionador, además cuidando que el contribuyente asuma defensa ante cualquier tipo de acto que a su consideración afecte sus derechos, estableciendo en forma clara la tipicidad; reitera que el cálculo de la sanción fue realizado conforme lo previsto en el artículo 47 de la Ley 2492.

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De la misma forma aclara que en el proceso sancionar así como en la emisión del ahora acto impugnado se consideró lo establecido en los artículos 115-11, 117-1, 178-1 de la Constitución Política del Estado; 4 inciso c) de la Ley 2341; 68 numerales 6, 7 y 10 de la Ley 2492; sin embargo, fue el contribuyente quien no empleó correctamente el procedimiento, toda vez que no presentó sus descargos a efectos de desvirtuar lo establecido por la Administración Tributaria, no obstante, pudo interponer su Recurso de

Alzada, lo que implica que no existió la transgresión a ninguna ley ni a los derechos fundamentales del recurrente.

Respecto a la emisión de la Resolución Sancionatoria en vigencia de la Ley 1105, señala que a partir del incumplimiento de las obligaciones tributarias en la forma, medio y plazos, se generó la comisión de un ilícito tipificado como omisión de pago, sancionado con el pago de una multa equivalente al 100% del tributo omitido, por tal motivo el Ente Fiscal inició el proceso sancionador mediante un Sumario Contravencional de acuerdo a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 2492, en ese sentido, el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311825003068 fue notificado el 20 de agosto de 2018, antes de la publicación de la Ley 1105 el 28 de septiembre de 2018; de la misma forma aclara que la citada Ley establece la extinción de multas siempre y cuando no se hubiese iniciado el proceso sancionador, lo que no se ajusta al presente caso.

Con relación a la nulidad, se debe considerar que de acuerdo a lo señalado en el artículo

35 de la Ley 2341, los actos del Ente Fiscal fueron dictados por autoridad competente, no carecen de objeto, no son iliçitos o imposibles y se cumplió con el procedimiento legal sancionatorio; por otra parte, respecto al artículo 36 de la citada norma, tampoco los actos administrativos emitidos carecen de los requisitos formales y en ningún momento de generó indefensión tal cual señala el artículo 55 del DS 27113, en ese sentido, se tiene que el fundamento de toda nulidad recae en la falta del ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa, situación que no aconteció en el presente caso.

El artículo 105 del Código de Procedimiento Civil, al respecto, establece que no existe nulidad sin ley que la establezca expresamente, principio básico denominado en la doctrina como “especificidad”, el citado artículo también hace referencia al principio de convalidación por el consentimiento de las partes y aplicando la teoría de la finalidad, la nulidad no procedería aun el acto sea irregular, empero, logre el fin al que está destinado,

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salvo se genere indefensión. Conforme lo señalado, el supuesto error en la determinación del importe de la sanción no genera de manera directa e inmediata un estado de indefensión al contribuyente; al respecto cita las Sentencias 196/2012 y 12/2016 emitidas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Manifiesta que las resoluciones emitidas deben enmarcarse a lo solicitado por las partes, en virtud del principio de congruencia, no debiendo pronunciarse más allá de lo pedido; de lo contrario se estaría actuando de forma ultra petita, al respecto cita el Auto Supremo N° 194 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011; asimismo, cita el artículo 65 de la Ley 2492, señalando que se presume la legalidad y buena de las actuaciones de la Administración Tributaria.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria N° 181925001047 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/RS/00192/2019) de 17 de mayo de 2019.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 12 de agosto de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada al recurrente y a la Administración Tributaria en Secretaría el 14 de agosto de 2019; fojas 29-30 de obrados.

Con memorial presentado el 28 de agosto de 2019, María Josefina Guzmán Medina se apersonó en calidad de Gerente Distrital Il La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales en mérito a la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000767 de 12 de agosto de 2019; asimismo, ratificó en calidad de prueba pre constituida el expediente administrativo en su integridad presentado a momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto, el Proveído de 29 de agosto de 2018, dio por válido el apersonamiento y por ratificada la prueba señalada, actuación notificada a las partes el 4 de septiembre de 2019; fojas 33-35 de obrados.

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11.5. Alegatos Mediante memorial presentado el 20 de septiembre de 2019; Ranulfo Prieto Salinas se apersono en su condición de Gerente Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia 03-0618-16 de 1 de noviembre de 2016; asimismo, expuso sus alegatos ratificándose in extenso en el contenido del memorial de respuesta negativa al Recurso de Alzada; al efecto, el

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Proveído de 23 de septiembre de 2019, dio por válido el apersonamiento y por formulados los alegatos; actuación notificada por Secretaria a las partes el 25 de septiembre de 2019; fojas 40-41 y 43 de obrados.

El recurrente no presentó alegatos de acuerdo a las condiciones y plazos previstos en el artículo 210 parágrafo II del Código Tributario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311825003068 de 20 de agosto de 2018, la Administración Tributaria, instruyó el inicio del Sumario Contravencional contra Edgar Ramiro Mustafá Iturralde con NIT 3057803018 de conformidad a lo establecido en el artículo 168 del Código Tributario por existir suficientes indicios de la comisión de la contravención tributaria de Omisión de Pago por importes no pagados, en las declaraciones juradas detalladas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 165 de la citada norma concordante con el artículo 42 del DS 27310, modificado por el artículo 2, parágrafo IX del DS 2993; asimismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 168-1 del Código Tributario concedió el plazo de 20 días para la presentación de descargos; actuación administrativa notificada por cédula el 14 de septiembre de 2018; fojas 38-43 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° 181925001047 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/CC/RS/00192/2019) de 17 de mayo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió sancionar al contribuyente Edgar Ramiro Mustafá Iturralde con NIT 3057803018, con una multa igual al 100% del tributo omitido cuyo importe . es de 118.009 UFV’s por la presentación de las declaraciones juradas que se detallan como impuesto determinado, consignando un importe que no fue pagado a la fecha de vencimiento, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS 27310. Acto administrativo notificado personalmente el 19 de junio de 2019; fojas 48-52 de antecedentes administrativos.

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia Recursiva y

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en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Edgar Ramiro Mustafá Iturralde; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta instancia Recursiva.

De inicio es preciso establecer que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó anular o revocar el acto impugnado; en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará inicia de la existencia o no de los vicios (debido proceso) y si estos están legalmente sancionados con la nulidad, de no ser evidentes se procederá al análisis de los argumentos de fondo que también son objeto de la presente impugnación.

IV.1 ASPECTOS DE FORMA 

IV.1.1 Vulneración del Debido Proceso El recurrente en su memorial de Recurso de Alzada señala que la Resolución Sancionatoria impugnada establece una sanción por omisión de pago respecto a periodos fiscales del 2015 y 2016; sin embargo, existen errores en la determinación del cálculo de la multa que supera el 100% del tributo actualizado, es decir, el monto de la casilla que consigna el “Tributo Omitido” no coincide con la casilla “Monto Sancionado en UFV”

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Agrega que tanto el numeral 6 del artículo 68 de la Ley 2492, así como el inciso c) del artículo 4 de la Ley 2341, establecen que el debido proceso es uno de los principios – fundamentales que debe regir en todas las actuaciones del Servicio de Impuestos

afao Nacionales, es esencial en el afianzamiento de los derechos y garantías constitucionales de las personas como el derecho a la defensa; asimismo, el artículo 4 de la Ley 2341 en sus incisos j) y h) refieren los principios de eficacia, economía, simplicidad y celeridad,

QNet los cuales se incumplieron en el ahora acto impugnado. El Ente Fiscal realizó actos que no se encuentran establecidos en la norma, vulnerando.el debido proceso y derecho a la defensa, por errores en la determinación de la multa

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La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada y en alegatos refiere respecto a la nulidad, que se debe considerar de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley 2341, los actos del Ente Fiscal fueron dictados por autoridad competente, no carecen de objeto, no son ilícitos o imposibles y se cumplió con el procedimiento legal sancionatorio; por otra parte, respecto al artículo 36 de la citada norma, tampoco los actos administrativos emitidos carecen de los requisitos formales y en ningún momento de generó indefensión tal cual señala el artículo 55 del DS 27113, en ese sentido, se tiene que el fundamento de toda nulidad recae en la falta del ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa, situación que no aconteció en el presente caso.

Continua señalando que de acuerdo al cuadro expresado en el acto impugnado se advierte que el tributo omitido’ actualizado a la fecha de vencimiento es de 117.773 UFV’s, ahora bien de acuerdo a lo previsto en el artículo 165 de la citada norma el contribuyente subsumió su conducta a la contravención tributaria de omisión de pago sancionada con el 100% en base al tributo omitido, monto que evidentemente difiere del calculado para el tributo omitido, es decir, 118.009 UFV’s debido a las actualizaciones de acuerdo al artículo 47 de la Ley 2492, correspondientes a los intereses y mantenimiento de valor; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: 1. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 68 numeral 6 del Código Tributario, establece que: Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

El artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre 

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o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y, de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

El artículo 168 de la citada Ley con relación al Sumario Contravencional, establece: 1. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma 

odrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este Código. Dicho Procedimiento consiste en el inicio del sumario contrave mediante la emisión y notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional que contenga el cargo, es decir, el acto omisión que se le atribuye al responsable de la contravención; la concesión del plazo de 20 días para la presentación de descargos y ofrezca el presunto contraventor todas las pruebas que hagan a su derecho y la emisión. de la Resolución Sancionatoria al vencimiento del plazo de descargos. 

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El artículo 165 de la Ley 2492, establece: El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

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El artículo 169 de la Ley 2492, en su parte pertinente señala: 1. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. 

El artículo 42 del DS 27310, señala: La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha 

de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

En principio corresponde señalar que el debido proceso implica que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración y a ejercer con plenitud su derecho a la defensa, que debe ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, que es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables ‘a todos aquellos que se encuentren en una situación similar. De la misma forma, el debido proceso exige que los fallos emitidos por la Administración se encuentren debidamente fundamentados que contengan la

motivación y el respaldo correspondiente.

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Se hace necesario también señalar que todas las actuaciones y actos de la Administración Aduanera se encuentran regulados por disposiciones legales que establecen los requisitos, condiciones y formalidades que se deben cumplir; bajo ese contexto, la Ley 2492 y su Reglamento, establecen los requisitos esenciales que deben contener las actuaciones y los actos administrativos, cuya inobservancia acarrea su nulidad, garantizando así el debido proceso y el derecho a la defensa el que debe ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente.

De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que la Administración Tributaria, en ejercicio de sus facultades de control, verificación e investigación enmarcados por los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, inició un proceso sancionador al evidenciar que el contribuyente Edgar Ramiro Mustafá. Iturralde presentó declaraciones juradas Form. 200 y 400 en parte de los periodos fiscales de la gestión 2015 y 2016, auto determinando la existencia de obligaciones tributarias no pagadas o pagadas parcialmente, proceso que inició con la emisión y notificación del Auto Inicial

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de Sumario Contravencional N° 311825003068 de 20 de agosto de 2016, que instruyó el inicio del Sumario Contravencional contra el ahora recurrente de conformidad a lo establecido en el artículo 168 del Código Tributario por existir suficientes indicios de la comisión de la contravención tributaria de Omisión de Pago por importes no pagados, de acuerdo a lo previsto en el artículo 165 de la citada norma, concordante con el artículo 42 del DS 27310 modificado por el artículo 2, parágrafo IX del DS 2993, en las declaraciones juradas detalladas a fojas 41 y 42..

La Administración Tributaria aplicó el procedimiento establecido en el artículo 168 del Código Tributario, otorgando al sujeto pasivo el plazo de 20 días para que pueda presentar sus descargos en resguardo de su derecho a la defensa; periodo dentro del cual Edgar Ramiro Mustafá Iturralde no presentó documentos o argumentos de descargo; en consecuencia, se emitió la Resolución Sancionatoria N° 181925001047 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/RS/00192/2019) de 17 de mayo de 2019, resolviendo sancionar al contribuyente Edgar Ramiro Mustafá Iturralde con NIT 3057803018, con una multa igual al 100% del tributo omitido cuyo importe es de 118.009 UFV’s por la presentación de las declaraciones juradas con impuesto determinado y no pagado a la fecha de vencimiento, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS 27310. Acto administrativo notificado personalmente el 19 de junio de 2019.

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Conforme lo relacionado, de la lectura de la Resolución Sancionatoria N° 181925001047 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/RS/00192/2019), se advierte que cuenta con lugar y fecha de emisión: La Paz, 17 de mayo de 2019; nombre de la contribuyente: Edgar Ramiro Mustafá Iturralde, NIT: 3057803018; número de Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311825003068 de 29 de agosto de 2016; origen de la contravención: presentación de declaraciones juradas del IVA e IT detalladas en el cuadro adjunto (fojas 48 de antecedentes administrativos), que no fueron pagadas a la fecha de vencimiento; tipificación de la contravención tributaria: omisión de pago. .

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En relación a la fundamentación del citado acto administrativo, se observa que en la parte de los Vistos y Considerandos . del acto impugnado consigna una relación circunstanciada de los hechos, indica que por Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311825003068 de 20 de agosto de 2016, se dispuso el inicio de un sumario Contravencional contra el contribuyente Edgar Ramiro Mustafá Iturralde, por omisión de pago, sancionando con una multa igual al 100% del tributo omitido expresado 

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en UFV’s a la fecha de vencimiento, por la presentación de declaraciones juradas que no fueron pagadas a la fecha de su vencimiento. 

No obstante lo señalado, se evidencia que el acto impugnado en su página 3, consigna un cuadro con el Título CALCULO DE LA SANCIÓN (EXPRESADO AL 17/05/2019) UFV a Fecha de Emisión de la R.S.: 2,30177, cuya casilla “Tributo Omitido Actualizado Expresado en UFV a la fecha de Venc.” refleja el monto total de 117.773 UFV’s; empero, la casilla “Monto Sancionado en UFV” señala el monto de 118.009 UFV’s; aspectos que evidencian que lo afirmado en el acto impugnado respecto a que se sancionó con una multa igual a 100% del tributo omitido expresado en UFV’s a la fecha de vencimiento, no es correcto, debido a la diferencia de montos (tributo omitido y sanción por omisión de pago); asimismo, se advierte el incumplimiento del artículo 42 del DS 27310, que señala: La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda; en el entendido, que la Resolución Sancionatoria, no detalla ni expone la forma del cálculo de la mencionada sanción.

Bajo el contexto anterior, si bien los actos de la Administración Tributaria son el resultado del ejercicio de sus, facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; no obstante, estos actos no pueden prescindir de la norma jurídica; es decir, que la sanción aplicable en materia impositiva debe ser producto de la constatación indubitable e incuestionable de hechos que estén enmarcados en la Ley o norma reglamentaria, situación que no ocurrió en el presente caso, toda vez que como se evidenció la Resolución Sancionatoria impugnada, fue emitida sin dar cumplimiento a lo previsto por los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310.

En ese sentido, es evidente que el acto impugnado conculcó el debido proceso, toda vez que no contiene una relación lógica entre el tributo omitido y el cálculo de la sanción, es decir, adolece de la fundamentación de hecho que se constituye en uno de los requisitos esenciales y cuya omisión trae como consecuencia la nulidad de obrados, ante el incumplimiento de lo establecido en el artículo 99-11 de la Ley 2492, aplicable de acuerdo

a lo previsto en el artículo 169-I de la citada norma; también cabe puntualizar que el derecho al debido proceso al ser considerado como una garantía jurisdiccional prevista en el parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado, tiene como uno

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de sus componentes el principio de congruencia, orientado este a la estructura de toda resolución administrativa; al respecto, la SCP 0571/2013-L de 28 de junio, citando la SCP 2080/2012 de 8 de noviembre, señaló: “La congruencia por su parte, responde a la estructura misma de una resolución, por cuanto expuestas las pretensiones de las partes 

traducidas en los puntos en los que centra una acción o recurso, la autoridad competente 

para resolver el mismo está obligada de contestar y absolver cada una de las alegaciones presentadas y además de ello, debe existir una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas por el juzgador y la decisión que asume. En ese contexto la jurisprudencia constitucional señaló: la congruencia abarca dos ámbitos, el primero referido a la unidad del proceso; es decir, la coherencia y vinculo que debe existir entre una resolución y otra dentro de un mismo proceso, y el segundo en cuanto a la consideración y resolución de todos los puntos puestos a consideración del juzgador, lo que significa que también debe existir coherencia y unidad de criterio dentro de una misma resolución, dado que la misma debe guardar correspondencia con todo lo expuesto a lo largo de su contenido, caso contrario carecería de consecuencia, siendo inviable que luego de analizar determinados hechos se llegue a resultados distintos, vulnerando la construcción jurídica que toda resolución debe tener en aplicación y resguardo del debido proceso’ (SSCC 1009/2003-R y 0639/2011-R, citado a su vez por la SCP 0099/2012 de 23 de abril)”. 

El cumplimiento del citado principio de congruencia no se advierte en el presente caso, toda vez que la Resolución Sancionatoria impugnada refiere en su parte resolutiva sancionar al contribuyente con una multa igual al 100% del tributo omitido expresado en UFV’s a la fecha de vencimiento del impuesto cuyo importe es de UFV118.009, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492 y artículos 8 y 42 del DS 27310; sin embargo, en el detalle se advierte que el monto del tributo omitido actualizado en UFV’s a la fecha de vencimiento es de 117.773 (fojas 49-50 de antecedentes administrativos);

aspecto que es incongruente, en el entendido que el monto de la sanción no guarda relación con lo previsto en la citada normativa.

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Cabe precisar que la labor que legalmente tiene ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, es la de conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos de Alzada contra “actos de la Administración Tributaria impugnados” y no efectuar labores inherentes a las funciones administrativas del Ente Fiscal, que en el presente caso se traducen en la modificación de una multa, cuando éste debe estar plasmado en un acto

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administrativo, en ese sentido, es la propia Administración Tributaria quien debe pronunciarse de manera expresa respecto al monto correcto de la sanción que corresponde por la omisión de pago en la cual incurrió el sujeto pasivo..

Conforme lo señalado, queda claramente evidenciado que la Administración Tributaria restringió el derecho al debido proceso en relación a una debida fundamentación y congruencia, en ese entendido, corresponde a esta Instancia de Alzada precautelar que en todo trámite exista un debido proceso, al evidenciarse tal nulidad, este aspecto impide que esta Instancia de Alzada ingrese al análisis de los aspectos de fondo planteados.

Respecto al argumento del recurrente con relación a que el artículo 4 de la Ley 2341 en sus incisos j) y h) refieren los principios de eficacia, economía, simplicidad y celeridad los cuales se incumplieron en el ahora acto impugnado y que Ente Fiscal realizó actos que no se encuentran establecidos en la norma, vulnerando el debido proceso y derecho

a la defensa; corresponde aclarar que la Administración Tributaria dio inicio a un proceso

sancionador en el marco del artículo 168 de la Ley 2492, es decir, emitió un Auto Inicial de Sumario Contravencional y una Resolución Sancionatoria, debido a la presunta comisión de la contravención de omisión de pago, actuaciones y actos administrativos que se encuentran previstos en la citada normativa; por otra parte, con relación a los principios de eficacia, economía, simplicidad y celeridad, si bien, se invoca su incumplimiento; no se especifica de manera concreta de qué manera el Ente Fiscal habría producido el quebrantamiento de los mismos, toda vez que de la revisión de su

impugnación no se advierte mayor carga argumentativa que permita contribuir al debate jurídico, en ese sentido, no corresponde emitir mayor pronunciamiento.

Con relación a lo señalado por Edgar Ramiro. Mustafá en el Recurso de Alzada, en el

sentido de que en ningún momento la Administración Tributaria procedió con objetividad debido a que está en vigencia la Ley 1105 que establece una regularización sin multas; corresponde señalar que el recurrente no precisa de manera clara en que forma el Ente Fiscal debió considerar la citada Ley, sumado a esto no se evidencia en antecedentes la intención del sujeto pasivo de acogerse a la misma, toda vez que la Ley no contempla que éste beneficio sea de oficio sino a solicitud expresa del contribuyente, asimismo, para acceder a sus beneficios, se debieron cumplir formalidades expresas que el recurrente en su Recurso de Alzada no menciona en

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absoluto; aspectos por los cuales esta Instancia no emitirá pronunciamiento alguno por este agravio.

Bajo las circunstancias técnico legales citadas precedentemente, al ser evidente la conculcación del debido proceso, ante la falta de fundamentación del acto impugnado y la incongruencia entre lo establecido y la normativa que sustenta la imposición de la . sanción; consecuentemente, corresponde anular la Resolución Sancionatoria No 181925001047 (SIN/GDLPZ-II/DJCC/CC/RS/00192/2019) de 17 de mayo de 2019, debiendo la Administración Tributaria emitir una posición expresa conforme a derecho, es decir, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 99-11 de la Ley 2492, modificando la sanción atribuida en función a lo previsto en el artículo 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; :

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Sancionatoria N° 181925001047 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/CC/RS/00192/2019) de 17 de mayo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz ll del Servicio de Impuestos Nacionales, consecuentemente, la Administración Tributaria deberá emitir una posición expresa conforme a derecho, es decir, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 99-11 de la Ley 2492, modificando la sanción atribuida en función a lo previsto en el artículo 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310.

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento

obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del. Código Tributario y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la Interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

CEL PUGLUCONAX Regístrese, hágase saber y cúmplase,

Rodsana Mendoza Solite We voge

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Lic. Cecilia Velez Doradc 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria – La Pa

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Alejandra A

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