ARIT-LPZ-RA-1159-2019 Se anula Resolución Sancionatoria. El contribuyente manifiesta que cuando se le solicitó el descargo, correspondiente al formulario 143 VIA, la Administración Tributaria no tomo en cuenta este descargo. En respuesta al recurso de alzada, la Administración Tributaria admite el error y manifiesta no haberla tomado en cuenta y por lo tanto también solicita la revocación de la Resolución Sancionatoria.

ARIT-LPZ-RA-1159-2019

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1159/2019 

Recurrente: 

Carlos Alfonso Baldivia Aliaga 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Ranulfo Prieto Salinas

. Acto Administrativo: 

Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/CC/RS/00093/2019)

Expediente: 

ARIT-LPZ-0803/2019

Lugar y Fecha

La Paz, 21 de octubre de 2019 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1159/2019 de 17 de octubre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

  1. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/ RS/00093/2019) de 12 de abril de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió sancionar al contribuyente Carlos Alfonso Baldivia Aliaga por la contravención de omisión de pago con la multa de 458 UFV’s igual al 100% de tributo omitido por la declaración jurada no pagada o pagada parcialmente F-143 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal junio 2004, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS 27310.

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente Carlos Alfonso Baldivia Aliaga mediante notas presentadas el 23 de julio y 7 de agosto

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de 2019, cursantes a fojas 13-15 y 18-19 de obrados, presentó Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

La Resolución Sancionatoria ahora impugnada, establece el supuesto incumplimiento de pago de la declaración jurada con N° de Orden 10293305 correspondiente al formulario 143 IVA, presentado por su persona el 22 de julio de 2004 y que se considera impago el importe a favor del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Señala que el hecho que el SIN mencione la declaración jurada demuestra que el original se encuentra en su poder.

Según la Administración Tributaria dentro del plazo otorgado por el artículo 168 de la Ley 2492, no presentó descargo alguno; siendo que por nota de 23 de noviembre de 2016, adjuntó en fotocopia la declaración jurada con N° de Orden 102933051 “Duplicado para el Contribuyente”, dejando establecido que el original de la misma se encuentra en poder del Ente Fiscal, conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492; documento que presenta en original arrimado al presente recurso.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/RS/00093/2019) de 12 de abril de 2019.

II.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Alfonso Baldivia Aliaga fue admitido mediante Auto de 12 de agosto de 2019, notificado de forma personal al recurrente y mediante cédula a la Administración Tributaria el 13 y 22 de agosto de 2019 respectivamente, fojas 20-25 de obrados.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente por María Josefina Guzmán Medina conforme se acredita con la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000767 de 12 de agosto de 2019, por memorial presentado el 5 de septiembre de 2019, cursante, a fojas 28-31 de obrados, respondió de forma afirmativa con los siguientes fundamentos:

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Del Sistema Integrado de la Administración Tributaria, se evidenció que el contribuyente el 23 de noviembre de 2016, efectivamente presentó descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 253100305416, mediante Hoja de Ruta No 9456, dentro del plazo de 20 días previsto en el artículo 168 de la ley 2492; los cuales no fueron considerados a momento de emitir la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, situación que vulneró su derecho al debido proceso así como su derecho a la defensa. 

De acuerdo a la declaración jurada F-143 IVA del periodo fiscal junio 2004, presentada como descargo, el impuesto definitivo a favor del fisco de Bs435.- fue cancelado en su totalidad; sin embargo, en la trascripción de los datos del citado formulario en el Sistema Integrado de la Administración Tributaria, se consigno, información errónea que llevo a establecer que no se habría cancelado la totalidad de la deuda tributaria, que supuestamente existiría una diferencia impaga de Bs435.- razón por la que se emitió el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria y el. Auto Inicial de Sumario Contravencional.

En el contexto anterior, habiendo analizado los antecedentes administrativos del caso, los argumentos y prueba aportada por el contribuyente, es claro que no existe una Litis pendiente que tenga que ser resuelta por el presente Recurso de Alzada; consecuentemente, el acto impugnado no surtió ningún efecto legal sobre el contribuyente al no existir ningún pago en defecto de la declaración jurada observada.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Sancionatoria No 181925000553 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/RS/00093/2019) de 12 de abril de 2019.

11.4 Auto por Respuesta Afirmativa El Auto de 6 de septiembre de 2019, refiere a la contestación afirmativa formulada por

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María Josefina Guzmán Medina en su condición de Gerente Distrita! La Paz li del

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Servicio de Impuestos Nacionales al Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Alfonso Baldivia Aliaga contra la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/CC/RS/00093/2019) de 12 de abril de 2019; en aplicación del artículo 218 inciso d) del Código Tributario se dispuso la emisión de la correspondiente Resolución;

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actuación notificada a las partes en Secretaría el 11 de septiembre de 2019; fojas 32 33 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 253100305416 de 13 de septiembre de 2016, instruyó el inicio del Sumario Contravencional contra el contribuyente Carlos Alfonso Baldivia Aliaga, por existir suficientes indicios de que su conducta se encuentra tipificada como contravención de omisión de pago, en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492, debido a que presentó la declaración jurada del IVA F-143 del periodo fiscal junio 2004, con saldo a favor del fisco sin haber pagado el impuesto auto-determinado incumpliendo sus obligaciones establecidas en el artículo 70 numeral 1) de la Ley 2492; asimismo, se concedió el plazo de veinte (20) días a partir de su notificación con el presente Auto para que presente sus descargos; actuación administrativa notificada de forma personal al sujeto pasivo el 8 de noviembre de 2016; fojas 10-11 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 12 de abril de 2019 emitió la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/ RS/00093/2019), que resolvió sancionar al contribuyente Carlos Alfonso Baldivia Aliaga por la contravención de omisión de pago con la multa de 450 UFV’s igual al 100% de tributo omitido por la declaración jurada no pagada o pagada parcialmente F-143 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal junio 2004, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS-27310, acto notificado de forma personal el 9 de julio de 2019; fojas 12-14 y 16 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-1|| de la Ley 3092

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis

de los agravios manifestados por Carlos Alfonso Baldivia Aliaga, la posición final se

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación, que no tenga estricta relación con el acto administrativo impugnado o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.”

IV.1 VICIOS DE NULIDAD 1.1.1 Valoración de descargos El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada arguye que la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, establece el supuesto incumplimiento de pago de la declaración jurada con N° de Orden 10293305 correspondiente al formulario 143 IVA, presentado por su persona el 22 de julio de 2004 y que se considera impago el importe a favor del Servicio de Impuestos Nacionales; siendo que dentro del plazo otorgado por el artículo 168 de la Ley 2492, por nota de 23 de noviembre de 2016, adjuntó fotocopia de la declaración jurada con N° de Orden 102933051 “Duplicado para el Contribuyente”, dejando establecido que el original de la misma se encuentra en poder del Ente Fiscal, conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492; documento presentado en original arrimado al presente recurso.

La Administración Tributaria Municipal en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada señala que del Sistema Integrado de la Administración Tributaria, se evidenció que el contribuyente, el 23 de noviembre de 2016, efectivamente presentó descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 253100305416, mediante Hoja de Ruta N° 9456, dentro del plazo de 20 días previsto en el artículo 168 de la ley 2492; los cuales no fueron considerados a momento de emitir la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, situación que vulneró su derecho al debido proceso así como a la defensa; por este motivo responde de forma afirmativa al presente Recurso; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

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El artículo 115, parágrafo ll de la Constitución Política del Estado, dispone: El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

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El artículo 68, en sus numerales 6, 7 y 10 del Código Tributario, establece: Constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuacio 

umentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución: 10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16° de la 

Constitución Política del Estado

El artículo 99-11 del Código Tributario, señala: La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y là sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa

El artículo 165 de la Ley 2492, instituye: El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria

El artículo 169 parágrafo I del citado cuerpo normativo establece: La Vista de Cargo hará las veces.de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de término de prueba y La Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria

El artículo 19 del DS 27310, dispone: La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de dicha Ley. ..

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es preciso establecer que toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de

a pedir y a controvertir las pruebas, así como a ejercer con plenitud su

derecho de defensa.

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juzgador. Se define el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación administrativa, para que durante su

trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.

En ese contexto, se tiene que la Ley exige la concurrencia de dos clases de presupuestos legales para que un acto administrativo produzca plenos efectos jurídicos, por una parte el cumplimiento de los requisitos de legalidad y validez en su emisión así como la eficacia con la notificación del acto al interesado, actuación que tiene como única finalidad la de dar a conocer al contribuyente, tanto el acto a notificar,

como los medios de impugnación de forma que el sujeto pasivo conozca de manera fehaciente e indubitable el acto administrativo que le afecta y por tanto lo acepte, presente descargos o recurra contra el acto administrativo legalmente notificado.

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En el contexto normativo señalado, es menester manifestar que el objeto de la presentación de descargos está circunscrita a hechos afirmados o invocados; en ese sentido, la valoración de la prueba constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución en el ámbito administrativo, necesariamente debe considerar todos los descargos, argumentos y pruebas presentadas por el administrado, asignándoles a cada uno de ellos de forma motivada una fundamentación del porqué no desvirtúa la posición inicial del Ente Fiscal, es

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decir, emitir un criterio valedero sobre todos los hechos y circunstancias que motivaron a emitir una decisión

En respaldo de lo señalado, la jurisprudencia constitucional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0114/2015-S2 de 23 de febrero de 2015, se pronunció con el siguiente entendimiento: “La jurisprudencia constitucional es uniforme al determinar que el debido proceso se constituye en un derecho/garantía principio de orden general y complejo, a su vez compuesto por los siguientes otros derechos y garantías: A un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la defensa material y técnica, a la comunicación previa de la acusación, a ser juzgado sin dilaciones 

indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, a la valoración razonable de l

prueba, a la motivación y congruencia de las decisiones, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para-su defensa y las garantías de presunción de inocencia y del non bis in idem. Esta lista, conforme al principio de progresividad de los derechos fundamentales (art. 13 de la CPE), es enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial en la perspectiva de materializar el valor justicia.” 

De igual manera la Sentencia Constitucional Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto, estableció al efecto el siguiente entendimiento: “El derecho a la fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado, y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.” 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 253100305416 de 13 de septiembre de 2016, por medio del cual instruyó el inicio del Sumario Contravencional contra Carlos Alfonso Baldivia Aliaga conforme el artículo 168 del Código Tributario, por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago, por el importe no pagado de acuerdo al artículo 165 de la citada norma, concordante con el artículo 42 del DS 27310, en la declaración jurada F-143 del periodo fiscal junio 2004, acto administrativo notificado de forma personal al citado

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contribuyente 8 de noviembre de 2016, como se evidencia a fojas 10-11 de antecedentes administrativos.

De forma posterior, la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SINİGDLPZ II/DJCC/CCI RS/00093/2019) de 12 de abril de 2019, que en Vistos y Considerando señala: “Que, durante el plazo otorgado por el Artículo 168 del Código Tributario – Ley N° 2492, para la presentación de descargos, el contribuyente no presentó descargo alguno que desvirtúe la sanción tipificada preliminarmente por la Administración -Tributariay resuelve: “Sancionar al contribuyente BALDIVIA ALIAGA CARLOS ALFONSO..., con una multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento (…), por la contravención de Omisión de Pago de la Declaración Jurada (F-143 IVA junio/2004) no pagada o pagada parcialmente a la fecha de vencimiento…“.

Del contenido expuesto de la precitada Resolución Sancionatoria impugnada, se evidencia que la Administración Tributaria señaló erradamente que dentro del término de prueba, el ahora recurrente, no presentó descargo alguno que desvirtúe la sanción tipificada preliminarmente; lo que demuestra una total y absoluta falta de valoración de los argumentos de descargo presentados por el contribuyente en etapa probatoria al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 253100305416; toda vez que según la documentación adjunta al presente Recurso de Alzada cursante a fojas 9-10 de obrados, el contribuyente presentó a la Administración Tributaria una nota adjuntando, en calidad de descargo al AISC citado, fotocopia simple del formulario 143 con N° de Orden 10293305 del periodo fiscal junio 2004, que registra el pago en efectivo de Bs435.-; nota que consigna el sello de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales de 23 de noviembre de 2016; situación que evidencia el Ente Fiscal en el acto impugnado no tomó en cuenta, no hizo mención al descargo presentado, menos realizó un análisis de dicha prueba, denotando una indudable falta de fundamentación sobre la valoración de los descargos ofrecidos, toda vez que no se advierte pronunciamiento alguno de parte de la Administración Tributaria sobre el mencionado formulario, aspecto que precisamente es parte de los argumentos del ahora recurrente al considerar que dichas omisiones vulneran sus derechos a la defensa y debido proceso.

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Se hace necesario puntualizar que el derecho de todo contribuyente sometido a la competencia de la Administración Tributaria, no sólo está abocado a lo expresamente establecido por el artículo 68 del Código Tributario, entre ellos, al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentos que respalden los cargos que se le formulen, sea en forma personal o a través de terceros, dentro los plazos y condiciones determinados por Ley, sino que básicamente, consiste en el derecho que tiene como administrado a que el sujeto activo emita su posición definitiva respaldado en la Ley y norma reglamentaria, respecto a los argumentos formulados, la documentación presentada y que deben formar parte del expediente administrativo para que esté al alcance del sujeto pasivo.

A lo mencionado se debe agregar que el artículo 5 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 74 del Código Tributario, determina que los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias; la competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida o revocada conforme a Ley; asimismo, el artículo 62 del DS 27113, al referirse a las facultades y deberes de la autoridad administrativa, señala en el inciso o) de aceptar o rechazar peticiones, reclamaciones y recursos, lo que indudablemente demuestra que es una atribución de la Administración Tributaria el emitir un criterio definitivo sobre cualquier petición que presente el administrado, hecho que como se demuestra no ocurrió en el presente caso, situación que no puede ser convalidada por esta Autoridad de Alzada.

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Es importante enfatizar que la doctrina administrativa señala que la función administrativa en el ámbito tributario está encargada de llevar adelante las obligaciones impositivas, requiriendo para ello que declaren o exterioricen su voluntad con la emisión de un acto administrativo bajo los alcances del artículo 27 de la Ley 2341, esto implica, que necesariamente se deben cumplir todos recaudos determinados en el Ordenamiento Jurídico Administrativo; en ese contexto, la validez de los actos administrativos depende de que en ellos concurran los requisitos esenciales de eficacia, siendo su característica esencial la presunción de su validez y

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legalidad, en ese contexto, la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/RS/00093/2019), carece de uno de los requisitos principales para su validez, cuál es el de la fundamentación respecto a la valoración de los descargos presentados por el contribuyente, extremo que fue incumplido por el Ente Fiscal en el presente caso.

En el contexto anterior, es evidente que el Ente Fiscal, recién en su respuesta al recurso de alzada, reconoce que el sujeto pasivo presentó descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 253100305416 de 13 de septiembre de 2016, lo que demuestra que durante el procedimiento sancionador, el sujeto activo no estableció de manera expresa y concreta la valoración que asigna al descargo presentado por el

ahora recurrente, lo que implica que la Administración Tributaria limitó su supuesta valoración a la realización de una conclusión carente de fundamento al señalar textualmente que el sujeto pasivo no presentó descargo alguno tendiente a desvirtuar

las observaciones establecidas preliminarmente, lo que denota una indudable falta de fundamentación sobre la valoración de los descargos presentados.

En respaldo de lo señalado, también es pertinente considerar que la propia

Administración Tributaria a momento de responder al Recurso de Alzada, se allanó al reclamo del ahora recurrente, en cuya parte pertinente señala: “... De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el contribuyente Marco Antonio Rejas Daza, presentó descargos a la Resolución Sancionatoria N° 181720005587, conforme el memorial de 14 de julio de 2017, siendo que no existe ningún pronunciamiento al respecto en el acto impugnado, el cual carece de fundamentación sobre la valoración de la prueba, toda vez que el contribuyente presentó descargos dentro de plazo; sin embargo, los mismos no fueron valorados, aspecto que provoca la nulidad de dicho acto administrativo, razonamiento plasmado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 2221/2012 de 8 de noviembre...”, consecuentemente, la Administración Tributaria solicitó revocar la Resolución Sancionatoria N° 181720005587; sin embargo, conforme a los argumentos del recurrente que de manera enfática observó la “falta de valoración de la DD.JJ.” y bajo las consideraciones efectuadas en este proyecto es el Ente Fiscal quien debe asumir la obligación de “dejar sin efecto la sanción impuesta una vez compulsada la citada declaración jurada..

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En ese sentido, toda vez que la Administración Tributaria omitió valorar la prueba de descargo presentada por el contribuyente mediante nota recepcionada el 23 de noviembre de 2016, por la contravención de omisión de pago en la declaración jurada F-143 del periodo fiscal junio 2004, es evidente que se conculcó el derecho del sujeto pasivo a un debido proceso, aspecto que vicia de nulidad la Resolución Sancionatoria impugnada, siendo que debió dar a conocer los motivos específicos y la valoración del descargo presentado, con la finalidad de que el administrado tenga clara comprensión de los argumentos y/o elementos probatorios contra los que debe defenderse, razón por la que al no haber valorado el descargo presentado provocó la indefensión del ahora recurrente; evidenciándose por tal motivo que la Administración Tributaria vulneró los derechos del sujeto pasivo, establecidos en los artículos 115-1l de la Constitución Política del Estado y 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, sobre el debido proceso.

De lo que se infiere que la autoridad administrativa privó al sujeto pasivo de un debido proceso, además de incumplir con lo dispuesto en el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492 el cual establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho, es decir, expresar las razones o motivos que llevaron a emitir el acto; en ese contexto se evidencia que la Resolución impugnada al incumplir tal requisito está viciada de nulidad.

Bajo ese contexto, al evidenciarse la falta de valoración de la prueba presentada, vulnerando así el artículo 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, así como los derechos del debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 115-11 de la Constitución Política del Estado, corresponde que la Administración Tributaria proceda a la valoración, compulsa y emita una respuesta fundamentada de la prueba descargo y establezca una decisión bajo los parámetros legales descritos anteriormente; consecuentemente, corresponde anular la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SIN/GDLPZ (I/DJCC/CC/RS/00093/2019) de 12 de abril de 2019, debiendo la Administración Tributaria emitir un acto administrativo considerando todos los elementos y valoraciones que el caso amerita, en resguardo de los derechos y garantías constitucionales del sujeto pasivo, valorando la nota presentada el 23 de noviembre de 2016 y el formulario 143 con número de orden 10293305.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/RS/00093/2019) de 12 de abril de 2019; consecuentemente, la Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales, debe emitir un nuevo acto administrativo definitivo valorando el descargo presentado por Carlos Alfonso Baldivia Aliaga; cumpliendo los requisitos establecidos por los artículos 99 parágrafo I en sujeción del 169 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la –

administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código

Tributario y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código: Tributario, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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Dikector Elecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

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de la Caldad Certificado N° 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kurag kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani).

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

  • AUTO DE RECTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN ARIT-RA 0014/2019 

La Paz, 5 de noviembre de 2019 

Expediente

ARIT-LPZ-0803/2019

Recurso de Alzada: 

Interpuesto por Carlos Alfonso Baldivia Aliaga impugnando la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SIN/GGLPZ 11/DJCC/CCI RS/00093/2019 de 12 de abril de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales. :*

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La solicitud de aclaración y rectificación de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1159/2019 de 21 de octubre de 2019, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, formulada por Carlos Alfonso Baldivia Aliaga.

CONTENIDO DE LA SOLICITUD.

Mediante nota de 29 de octubre de 2019, Carlos Alfonso Baldivia Aliaga solicitó aclaración o modificación de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1159/2019 de 21 de octubre de 2019, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; expresando lo siguiente:

Requiere se aclare el último párrafo de la página 11, el cual menciona al contribuyente de nombre Marco Antonio Rejas y su caso de 2017 y, si dicho”… contribuyente fue- mencionado por la Administración – Tributaria’ en su respuesta.. afirmativa.

Manifiesta también que no corresponde que la Resolución de Recurso de Alzada del expediente ARIT-LPZ-0803/2019 determine anular la resolución recurrida hasta el vicio más antiguo, sino que se debería Revocar Totalmente la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 de 12 de abril de 2019.

FUNDAMENTOS DEL AUTO MOTIVADO.

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Calidad 

AFNOR CERTIFICATIO

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IMUL

a TIF 

El artículo 213 del Código Tributario ha previsto en materia tributaria, la rectificación y aclaración de Resoluciones, señalando expresamente que: Dentro del plazo fatal de cinco (5) dias, a partir de la notificación con la Resolución que resuelve el Recurso, las partes podrán solicitar la corrección de cualquier error material, la aclaración de algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial o que se supla cualquier omisión en que se hubiera incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas”. 

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TQNet

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Juan Garlos Gudmár Avize

NB/ISO 

9001 IBNORC

Sistema de Gestión 

de la calidad CertificadoN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 — 2411973. www.ait.gob.bo: La Paz, Bolivia

A efectos de resolver la solicitud planteada por Carlos Alfonso Baldivia Aliaga dentro de los alcances del artículo 213 del Código Tributario, se debe enfatizar que la rectificación y aclaración de la Resolución de un Recurso de Alzada debe estar relacionada con cualquier error material, concepto oscuro u omisión en que se hubiera incurrido sin alterar lo sustancial del Acto Administrativo; por esta razón de orden legal, no tiene la finalidad de dilucidar interpretaciones de las normas jurídicas, conceptos.o puntos de vista, menos para modificar materialmente la decisión de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria; bajo esas circunstancias, corresponde señalar lo siguiente:

Carlos Alfonso Baldivia Aliaga solicita la aclaración del último párrafo de la página 11 de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ-1159/2019 de 21 de octubre de 2019, que por un error involuntario se señaló como contribuyente a Marco Antonio Rejas Daza y su caso de 2017″, cuando correspondía identificar como “contribuyente a Carlos Alfonso Baldivia Aliaga que presentó descargos a la Resolución Sancionatoria N° 181925000553, mediante nota de 23 de noviembre de 2016...”; sin embargo, el haber insertado una identificación que no correspondía, no incidió en absoluto en la posición asumida por esta instancia recursiva, en el entendido de que en el contexto de toda la citada Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ 1159/2019 de 21 de octubre de 2019, se identificó correctamente como recurrente al nombrado Carlos Alfonso Baldivia Aliaga, quien asumiendo esa su condición procedió a su notificación conforme se evidencia de la diligencia cursante a fojas 52 de obrados.

No obstante lo anterior, de conformidad al artículo 31 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 del Código Tributario, corresponde a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz la rectificación y aclaración del último párrafo de la página 11 de la citada Resolución de Recurso de Alzada en lo que concierne a la identidad del recurrente; habrá que señalar de manera enfática, que la rectificación y/o aclaración producida, no altera en absoluto lo sustancial de la decisión adoptada por esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria en el presente caso conforme dispone el artículo 213 del Código Tributario.

Con relación a que no corresponde que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT LPZ-1159/2019 de 21 de octubre de 2019, determine anular la resolución recurrida hasta el vicio más antiguo sino que debería Revocar Totalmente la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 de 12 de abril de 2019; al respecto, es pertinente señalar que el recurrente de manera enfática observó la falta de valoración de descargos presentados ante la Administración Tributaria mediante nota de 23 de noviembre de 2016, consecuentemente, no se puede soslayar que en el presente caso el recurrente de manera expresa solicitó la revisión del acto impugnado, donde se corroboró la inexistencia de la compulsa de los descargos presentados por el ahora recurrente ante la Administración Tributaria, lo que obliga a esta instancia recursiva a. revisar si los vicios denunciados en la impugnación son veraces o no, lo que originó, una vez constatado este hecho irregular por parte del sujeto activo a disponer la

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Eslado Plurinacional de Bolivia 

nulidad la Resolución Sancionatoria impugnada en sujeción al artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492, razonamiento que fue debidamente plasmado en la referida Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ-1159/2019 de 21 de octubre de 2019, lo que obliga legalmente a desestimar de forma definitiva la rectificación o aclaración solicitada.

POR TANTO: – PRIMERO.- Ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria dispone la presente -solicitud de Complementación y Enmienda lo siguiente:

  1. a) Se rectifica y aclara la página 11. último párrafo de la Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 1159/2019 de 21 de octubre de 2019, con el siguiente texto: “…el contribuyente Carlos Alfonso Baldivia Aliaga, presentó descargos a la Resolución Sancionatoria N° 181925000553, mediante nota de 23 de noviembre de 2016, ...”; texto que conserva estricta relación con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada.

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  1. b) con relación a la revocatoria de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1159/2019 de 21 de octubre de 2019, en razón a que el contribuġente manifestó como agravio la falta de valoración de descargos por parte de la Administración Tributaria, aspecto que vicia de nulidad la Resolución Sancionatoria de conformidad con el artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492, se rechaza la solicitud de rectificación y aclaración; consecuentemente, corresponde mantener la decisión de esta instancia recursiva.

mpugnacions

VE 86 20.

20.de

SEGUNDO.– El presente Auto forma parte de la Resolución de Recurso de Alzada. ARIT-LPZ/RA 1159/2019 de 21 de octubre de 2019; consecuentemente, conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico, para ambas partes, es de veinte días.computables à partir de su. notificación.

Rodsana Mendoza Sob

TERCERO.– Enviar copia del presente Auto al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) del CTB.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

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Lic-Cecilia Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1159/2019 

Recurrente: 

Carlos Alfonso Baldivia Aliaga 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Ranulfo Prieto Salinas

. Acto Administrativo: 

Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/CC/RS/00093/2019)

Expediente: 

ARIT-LPZ-0803/2019

Lugar y Fecha

La Paz, 21 de octubre de 2019 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1159/2019 de 17 de octubre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

  1. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/ RS/00093/2019) de 12 de abril de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió sancionar al contribuyente Carlos Alfonso Baldivia Aliaga por la contravención de omisión de pago con la multa de 458 UFV’s igual al 100% de tributo omitido por la declaración jurada no pagada o pagada parcialmente F-143 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal junio 2004, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS 27310.

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente Carlos Alfonso Baldivia Aliaga mediante notas presentadas el 23 de julio y 7 de agosto

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Juan Carlos lumen Ruiz

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smo justicia tributaria para vivir bien

  • Jan mitayit jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 • www.ait.gob.bo· La Paz, Bolivia

de 2019, cursantes a fojas 13-15 y 18-19 de obrados, presentó Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

La Resolución Sancionatoria ahora impugnada, establece el supuesto incumplimiento de pago de la declaración jurada con N° de Orden 10293305 correspondiente al formulario 143 IVA, presentado por su persona el 22 de julio de 2004 y que se considera impago el importe a favor del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Señala que el hecho que el SIN mencione la declaración jurada demuestra que el original se encuentra en su poder.

Según la Administración Tributaria dentro del plazo otorgado por el artículo 168 de la Ley 2492, no presentó descargo alguno; siendo que por nota de 23 de noviembre de 2016, adjuntó en fotocopia la declaración jurada con N° de Orden 102933051 “Duplicado para el Contribuyente”, dejando establecido que el original de la misma se encuentra en poder del Ente Fiscal, conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492; documento que presenta en original arrimado al presente recurso.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/RS/00093/2019) de 12 de abril de 2019.

II.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Alfonso Baldivia Aliaga fue admitido mediante Auto de 12 de agosto de 2019, notificado de forma personal al recurrente y mediante cédula a la Administración Tributaria el 13 y 22 de agosto de 2019 respectivamente, fojas 20-25 de obrados.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente por María Josefina Guzmán Medina conforme se acredita con la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000767 de 12 de agosto de 2019, por memorial presentado el 5 de septiembre de 2019, cursante, a fojas 28-31 de obrados, respondió de forma afirmativa con los siguientes fundamentos:

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Del Sistema Integrado de la Administración Tributaria, se evidenció que el contribuyente el 23 de noviembre de 2016, efectivamente presentó descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 253100305416, mediante Hoja de Ruta No 9456, dentro del plazo de 20 días previsto en el artículo 168 de la ley 2492; los cuales no fueron considerados a momento de emitir la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, situación que vulneró su derecho al debido proceso así como su derecho a la defensa. 

De acuerdo a la declaración jurada F-143 IVA del periodo fiscal junio 2004, presentada como descargo, el impuesto definitivo a favor del fisco de Bs435.- fue cancelado en su totalidad; sin embargo, en la trascripción de los datos del citado formulario en el Sistema Integrado de la Administración Tributaria, se consigno, información errónea que llevo a establecer que no se habría cancelado la totalidad de la deuda tributaria, que supuestamente existiría una diferencia impaga de Bs435.- razón por la que se emitió el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria y el. Auto Inicial de Sumario Contravencional.

En el contexto anterior, habiendo analizado los antecedentes administrativos del caso, los argumentos y prueba aportada por el contribuyente, es claro que no existe una Litis pendiente que tenga que ser resuelta por el presente Recurso de Alzada; consecuentemente, el acto impugnado no surtió ningún efecto legal sobre el contribuyente al no existir ningún pago en defecto de la declaración jurada observada.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Sancionatoria No 181925000553 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/RS/00093/2019) de 12 de abril de 2019.

11.4 Auto por Respuesta Afirmativa El Auto de 6 de septiembre de 2019, refiere a la contestación afirmativa formulada por

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María Josefina Guzmán Medina en su condición de Gerente Distrita! La Paz li del

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Servicio de Impuestos Nacionales al Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Alfonso Baldivia Aliaga contra la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/CC/RS/00093/2019) de 12 de abril de 2019; en aplicación del artículo 218 inciso d) del Código Tributario se dispuso la emisión de la correspondiente Resolución;

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Juan Carlos Guzmán Ruiz

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NB/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Caldad Certificado 77174 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

actuación notificada a las partes en Secretaría el 11 de septiembre de 2019; fojas 32 33 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 253100305416 de 13 de septiembre de 2016, instruyó el inicio del Sumario Contravencional contra el contribuyente Carlos Alfonso Baldivia Aliaga, por existir suficientes indicios de que su conducta se encuentra tipificada como contravención de omisión de pago, en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492, debido a que presentó la declaración jurada del IVA F-143 del periodo fiscal junio 2004, con saldo a favor del fisco sin haber pagado el impuesto auto-determinado incumpliendo sus obligaciones establecidas en el artículo 70 numeral 1) de la Ley 2492; asimismo, se concedió el plazo de veinte (20) días a partir de su notificación con el presente Auto para que presente sus descargos; actuación administrativa notificada de forma personal al sujeto pasivo el 8 de noviembre de 2016; fojas 10-11 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 12 de abril de 2019 emitió la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/ RS/00093/2019), que resolvió sancionar al contribuyente Carlos Alfonso Baldivia Aliaga por la contravención de omisión de pago con la multa de 450 UFV’s igual al 100% de tributo omitido por la declaración jurada no pagada o pagada parcialmente F-143 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal junio 2004, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS-27310, acto notificado de forma personal el 9 de julio de 2019; fojas 12-14 y 16 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-1|| de la Ley 3092

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis

de los agravios manifestados por Carlos Alfonso Baldivia Aliaga, la posición final se

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación, que no tenga estricta relación con el acto administrativo impugnado o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.”

IV.1 VICIOS DE NULIDAD 1.1.1 Valoración de descargos El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada arguye que la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, establece el supuesto incumplimiento de pago de la declaración jurada con N° de Orden 10293305 correspondiente al formulario 143 IVA, presentado por su persona el 22 de julio de 2004 y que se considera impago el importe a favor del Servicio de Impuestos Nacionales; siendo que dentro del plazo otorgado por el artículo 168 de la Ley 2492, por nota de 23 de noviembre de 2016, adjuntó fotocopia de la declaración jurada con N° de Orden 102933051 “Duplicado para el Contribuyente”, dejando establecido que el original de la misma se encuentra en poder del Ente Fiscal, conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492; documento presentado en original arrimado al presente recurso.

La Administración Tributaria Municipal en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada señala que del Sistema Integrado de la Administración Tributaria, se evidenció que el contribuyente, el 23 de noviembre de 2016, efectivamente presentó descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 253100305416, mediante Hoja de Ruta N° 9456, dentro del plazo de 20 días previsto en el artículo 168 de la ley 2492; los cuales no fueron considerados a momento de emitir la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, situación que vulneró su derecho al debido proceso así como a la defensa; por este motivo responde de forma afirmativa al presente Recurso; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

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El artículo 115, parágrafo ll de la Constitución Política del Estado, dispone: El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

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Juan Carlos Guzman Ruiz

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kasani (Aymara) Mana tasaq kurag kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

documer

El artículo 68, en sus numerales 6, 7 y 10 del Código Tributario, establece: Constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuacio 

umentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución: 10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16° de la 

Constitución Política del Estado

El artículo 99-11 del Código Tributario, señala: La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y là sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa

El artículo 165 de la Ley 2492, instituye: El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria

El artículo 169 parágrafo I del citado cuerpo normativo establece: La Vista de Cargo hará las veces.de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de término de prueba y La Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria

El artículo 19 del DS 27310, dispone: La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de dicha Ley. ..

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III

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es preciso establecer que toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de

a pedir y a controvertir las pruebas, así como a ejercer con plenitud su

derecho de defensa.

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juzgador. Se define el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación administrativa, para que durante su

trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.

En ese contexto, se tiene que la Ley exige la concurrencia de dos clases de presupuestos legales para que un acto administrativo produzca plenos efectos jurídicos, por una parte el cumplimiento de los requisitos de legalidad y validez en su emisión así como la eficacia con la notificación del acto al interesado, actuación que tiene como única finalidad la de dar a conocer al contribuyente, tanto el acto a notificar,

como los medios de impugnación de forma que el sujeto pasivo conozca de manera fehaciente e indubitable el acto administrativo que le afecta y por tanto lo acepte, presente descargos o recurra contra el acto administrativo legalmente notificado.

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En el contexto normativo señalado, es menester manifestar que el objeto de la presentación de descargos está circunscrita a hechos afirmados o invocados; en ese sentido, la valoración de la prueba constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución en el ámbito administrativo, necesariamente debe considerar todos los descargos, argumentos y pruebas presentadas por el administrado, asignándoles a cada uno de ellos de forma motivada una fundamentación del porqué no desvirtúa la posición inicial del Ente Fiscal, es

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II

decir, emitir un criterio valedero sobre todos los hechos y circunstancias que motivaron a emitir una decisión

En respaldo de lo señalado, la jurisprudencia constitucional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0114/2015-S2 de 23 de febrero de 2015, se pronunció con el siguiente entendimiento: “La jurisprudencia constitucional es uniforme al determinar que el debido proceso se constituye en un derecho/garantía principio de orden general y complejo, a su vez compuesto por los siguientes otros derechos y garantías: A un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la defensa material y técnica, a la comunicación previa de la acusación, a ser juzgado sin dilaciones 

indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, a la valoración razonable de l

prueba, a la motivación y congruencia de las decisiones, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para-su defensa y las garantías de presunción de inocencia y del non bis in idem. Esta lista, conforme al principio de progresividad de los derechos fundamentales (art. 13 de la CPE), es enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial en la perspectiva de materializar el valor justicia.” 

De igual manera la Sentencia Constitucional Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto, estableció al efecto el siguiente entendimiento: “El derecho a la fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado, y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.” 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 253100305416 de 13 de septiembre de 2016, por medio del cual instruyó el inicio del Sumario Contravencional contra Carlos Alfonso Baldivia Aliaga conforme el artículo 168 del Código Tributario, por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago, por el importe no pagado de acuerdo al artículo 165 de la citada norma, concordante con el artículo 42 del DS 27310, en la declaración jurada F-143 del periodo fiscal junio 2004, acto administrativo notificado de forma personal al citado

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contribuyente 8 de noviembre de 2016, como se evidencia a fojas 10-11 de antecedentes administrativos.

De forma posterior, la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SINİGDLPZ II/DJCC/CCI RS/00093/2019) de 12 de abril de 2019, que en Vistos y Considerando señala: “Que, durante el plazo otorgado por el Artículo 168 del Código Tributario – Ley N° 2492, para la presentación de descargos, el contribuyente no presentó descargo alguno que desvirtúe la sanción tipificada preliminarmente por la Administración -Tributariay resuelve: “Sancionar al contribuyente BALDIVIA ALIAGA CARLOS ALFONSO..., con una multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento (…), por la contravención de Omisión de Pago de la Declaración Jurada (F-143 IVA junio/2004) no pagada o pagada parcialmente a la fecha de vencimiento…“.

Del contenido expuesto de la precitada Resolución Sancionatoria impugnada, se evidencia que la Administración Tributaria señaló erradamente que dentro del término de prueba, el ahora recurrente, no presentó descargo alguno que desvirtúe la sanción tipificada preliminarmente; lo que demuestra una total y absoluta falta de valoración de los argumentos de descargo presentados por el contribuyente en etapa probatoria al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 253100305416; toda vez que según la documentación adjunta al presente Recurso de Alzada cursante a fojas 9-10 de obrados, el contribuyente presentó a la Administración Tributaria una nota adjuntando, en calidad de descargo al AISC citado, fotocopia simple del formulario 143 con N° de Orden 10293305 del periodo fiscal junio 2004, que registra el pago en efectivo de Bs435.-; nota que consigna el sello de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales de 23 de noviembre de 2016; situación que evidencia el Ente Fiscal en el acto impugnado no tomó en cuenta, no hizo mención al descargo presentado, menos realizó un análisis de dicha prueba, denotando una indudable falta de fundamentación sobre la valoración de los descargos ofrecidos, toda vez que no se advierte pronunciamiento alguno de parte de la Administración Tributaria sobre el mencionado formulario, aspecto que precisamente es parte de los argumentos del ahora recurrente al considerar que dichas omisiones vulneran sus derechos a la defensa y debido proceso.

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Se hace necesario puntualizar que el derecho de todo contribuyente sometido a la competencia de la Administración Tributaria, no sólo está abocado a lo expresamente establecido por el artículo 68 del Código Tributario, entre ellos, al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentos que respalden los cargos que se le formulen, sea en forma personal o a través de terceros, dentro los plazos y condiciones determinados por Ley, sino que básicamente, consiste en el derecho que tiene como administrado a que el sujeto activo emita su posición definitiva respaldado en la Ley y norma reglamentaria, respecto a los argumentos formulados, la documentación presentada y que deben formar parte del expediente administrativo para que esté al alcance del sujeto pasivo.

A lo mencionado se debe agregar que el artículo 5 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 74 del Código Tributario, determina que los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias; la competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida o revocada conforme a Ley; asimismo, el artículo 62 del DS 27113, al referirse a las facultades y deberes de la autoridad administrativa, señala en el inciso o) de aceptar o rechazar peticiones, reclamaciones y recursos, lo que indudablemente demuestra que es una atribución de la Administración Tributaria el emitir un criterio definitivo sobre cualquier petición que presente el administrado, hecho que como se demuestra no ocurrió en el presente caso, situación que no puede ser convalidada por esta Autoridad de Alzada.

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Es importante enfatizar que la doctrina administrativa señala que la función administrativa en el ámbito tributario está encargada de llevar adelante las obligaciones impositivas, requiriendo para ello que declaren o exterioricen su voluntad con la emisión de un acto administrativo bajo los alcances del artículo 27 de la Ley 2341, esto implica, que necesariamente se deben cumplir todos recaudos determinados en el Ordenamiento Jurídico Administrativo; en ese contexto, la validez de los actos administrativos depende de que en ellos concurran los requisitos esenciales de eficacia, siendo su característica esencial la presunción de su validez y

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

legalidad, en ese contexto, la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/RS/00093/2019), carece de uno de los requisitos principales para su validez, cuál es el de la fundamentación respecto a la valoración de los descargos presentados por el contribuyente, extremo que fue incumplido por el Ente Fiscal en el presente caso.

En el contexto anterior, es evidente que el Ente Fiscal, recién en su respuesta al recurso de alzada, reconoce que el sujeto pasivo presentó descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 253100305416 de 13 de septiembre de 2016, lo que demuestra que durante el procedimiento sancionador, el sujeto activo no estableció de manera expresa y concreta la valoración que asigna al descargo presentado por el

ahora recurrente, lo que implica que la Administración Tributaria limitó su supuesta valoración a la realización de una conclusión carente de fundamento al señalar textualmente que el sujeto pasivo no presentó descargo alguno tendiente a desvirtuar

las observaciones establecidas preliminarmente, lo que denota una indudable falta de fundamentación sobre la valoración de los descargos presentados.

En respaldo de lo señalado, también es pertinente considerar que la propia

Administración Tributaria a momento de responder al Recurso de Alzada, se allanó al reclamo del ahora recurrente, en cuya parte pertinente señala: “... De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el contribuyente Marco Antonio Rejas Daza, presentó descargos a la Resolución Sancionatoria N° 181720005587, conforme el memorial de 14 de julio de 2017, siendo que no existe ningún pronunciamiento al respecto en el acto impugnado, el cual carece de fundamentación sobre la valoración de la prueba, toda vez que el contribuyente presentó descargos dentro de plazo; sin embargo, los mismos no fueron valorados, aspecto que provoca la nulidad de dicho acto administrativo, razonamiento plasmado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 2221/2012 de 8 de noviembre...”, consecuentemente, la Administración Tributaria solicitó revocar la Resolución Sancionatoria N° 181720005587; sin embargo, conforme a los argumentos del recurrente que de manera enfática observó la “falta de valoración de la DD.JJ.” y bajo las consideraciones efectuadas en este proyecto es el Ente Fiscal quien debe asumir la obligación de “dejar sin efecto la sanción impuesta una vez compulsada la citada declaración jurada..

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En ese sentido, toda vez que la Administración Tributaria omitió valorar la prueba de descargo presentada por el contribuyente mediante nota recepcionada el 23 de noviembre de 2016, por la contravención de omisión de pago en la declaración jurada F-143 del periodo fiscal junio 2004, es evidente que se conculcó el derecho del sujeto pasivo a un debido proceso, aspecto que vicia de nulidad la Resolución Sancionatoria impugnada, siendo que debió dar a conocer los motivos específicos y la valoración del descargo presentado, con la finalidad de que el administrado tenga clara comprensión de los argumentos y/o elementos probatorios contra los que debe defenderse, razón por la que al no haber valorado el descargo presentado provocó la indefensión del ahora recurrente; evidenciándose por tal motivo que la Administración Tributaria vulneró los derechos del sujeto pasivo, establecidos en los artículos 115-1l de la Constitución Política del Estado y 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, sobre el debido proceso.

De lo que se infiere que la autoridad administrativa privó al sujeto pasivo de un debido proceso, además de incumplir con lo dispuesto en el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492 el cual establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho, es decir, expresar las razones o motivos que llevaron a emitir el acto; en ese contexto se evidencia que la Resolución impugnada al incumplir tal requisito está viciada de nulidad.

Bajo ese contexto, al evidenciarse la falta de valoración de la prueba presentada, vulnerando así el artículo 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, así como los derechos del debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 115-11 de la Constitución Política del Estado, corresponde que la Administración Tributaria proceda a la valoración, compulsa y emita una respuesta fundamentada de la prueba descargo y establezca una decisión bajo los parámetros legales descritos anteriormente; consecuentemente, corresponde anular la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SIN/GDLPZ (I/DJCC/CC/RS/00093/2019) de 12 de abril de 2019, debiendo la Administración Tributaria emitir un acto administrativo considerando todos los elementos y valoraciones que el caso amerita, en resguardo de los derechos y garantías constitucionales del sujeto pasivo, valorando la nota presentada el 23 de noviembre de 2016 y el formulario 143 con número de orden 10293305.

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SIN/GDLPZ II/DJCC/CC/RS/00093/2019) de 12 de abril de 2019; consecuentemente, la Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales, debe emitir un nuevo acto administrativo definitivo valorando el descargo presentado por Carlos Alfonso Baldivia Aliaga; cumpliendo los requisitos establecidos por los artículos 99 parágrafo I en sujeción del 169 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la –

administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código

Tributario y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código: Tributario, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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  • AUTO DE RECTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN ARIT-RA 0014/2019 

La Paz, 5 de noviembre de 2019 

Expediente

ARIT-LPZ-0803/2019

Recurso de Alzada: 

Interpuesto por Carlos Alfonso Baldivia Aliaga impugnando la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 (SIN/GGLPZ 11/DJCC/CCI RS/00093/2019 de 12 de abril de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales. :*

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La solicitud de aclaración y rectificación de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1159/2019 de 21 de octubre de 2019, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, formulada por Carlos Alfonso Baldivia Aliaga.

CONTENIDO DE LA SOLICITUD.

Mediante nota de 29 de octubre de 2019, Carlos Alfonso Baldivia Aliaga solicitó aclaración o modificación de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1159/2019 de 21 de octubre de 2019, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; expresando lo siguiente:

Requiere se aclare el último párrafo de la página 11, el cual menciona al contribuyente de nombre Marco Antonio Rejas y su caso de 2017 y, si dicho”… contribuyente fue- mencionado por la Administración – Tributaria’ en su respuesta.. afirmativa.

Manifiesta también que no corresponde que la Resolución de Recurso de Alzada del expediente ARIT-LPZ-0803/2019 determine anular la resolución recurrida hasta el vicio más antiguo, sino que se debería Revocar Totalmente la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 de 12 de abril de 2019.

FUNDAMENTOS DEL AUTO MOTIVADO.

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El artículo 213 del Código Tributario ha previsto en materia tributaria, la rectificación y aclaración de Resoluciones, señalando expresamente que: Dentro del plazo fatal de cinco (5) dias, a partir de la notificación con la Resolución que resuelve el Recurso, las partes podrán solicitar la corrección de cualquier error material, la aclaración de algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial o que se supla cualquier omisión en que se hubiera incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas”. 

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Juan Garlos Gudmár Avize

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A efectos de resolver la solicitud planteada por Carlos Alfonso Baldivia Aliaga dentro de los alcances del artículo 213 del Código Tributario, se debe enfatizar que la rectificación y aclaración de la Resolución de un Recurso de Alzada debe estar relacionada con cualquier error material, concepto oscuro u omisión en que se hubiera incurrido sin alterar lo sustancial del Acto Administrativo; por esta razón de orden legal, no tiene la finalidad de dilucidar interpretaciones de las normas jurídicas, conceptos.o puntos de vista, menos para modificar materialmente la decisión de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria; bajo esas circunstancias, corresponde señalar lo siguiente:

Carlos Alfonso Baldivia Aliaga solicita la aclaración del último párrafo de la página 11 de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ-1159/2019 de 21 de octubre de 2019, que por un error involuntario se señaló como contribuyente a Marco Antonio Rejas Daza y su caso de 2017″, cuando correspondía identificar como “contribuyente a Carlos Alfonso Baldivia Aliaga que presentó descargos a la Resolución Sancionatoria N° 181925000553, mediante nota de 23 de noviembre de 2016...”; sin embargo, el haber insertado una identificación que no correspondía, no incidió en absoluto en la posición asumida por esta instancia recursiva, en el entendido de que en el contexto de toda la citada Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ 1159/2019 de 21 de octubre de 2019, se identificó correctamente como recurrente al nombrado Carlos Alfonso Baldivia Aliaga, quien asumiendo esa su condición procedió a su notificación conforme se evidencia de la diligencia cursante a fojas 52 de obrados.

No obstante lo anterior, de conformidad al artículo 31 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 del Código Tributario, corresponde a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz la rectificación y aclaración del último párrafo de la página 11 de la citada Resolución de Recurso de Alzada en lo que concierne a la identidad del recurrente; habrá que señalar de manera enfática, que la rectificación y/o aclaración producida, no altera en absoluto lo sustancial de la decisión adoptada por esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria en el presente caso conforme dispone el artículo 213 del Código Tributario.

Con relación a que no corresponde que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT LPZ-1159/2019 de 21 de octubre de 2019, determine anular la resolución recurrida hasta el vicio más antiguo sino que debería Revocar Totalmente la Resolución Sancionatoria N° 181925000553 de 12 de abril de 2019; al respecto, es pertinente señalar que el recurrente de manera enfática observó la falta de valoración de descargos presentados ante la Administración Tributaria mediante nota de 23 de noviembre de 2016, consecuentemente, no se puede soslayar que en el presente caso el recurrente de manera expresa solicitó la revisión del acto impugnado, donde se corroboró la inexistencia de la compulsa de los descargos presentados por el ahora recurrente ante la Administración Tributaria, lo que obliga a esta instancia recursiva a. revisar si los vicios denunciados en la impugnación son veraces o no, lo que originó, una vez constatado este hecho irregular por parte del sujeto activo a disponer la

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Eslado Plurinacional de Bolivia 

nulidad la Resolución Sancionatoria impugnada en sujeción al artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492, razonamiento que fue debidamente plasmado en la referida Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ-1159/2019 de 21 de octubre de 2019, lo que obliga legalmente a desestimar de forma definitiva la rectificación o aclaración solicitada.

POR TANTO: – PRIMERO.- Ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria dispone la presente -solicitud de Complementación y Enmienda lo siguiente:

  1. a) Se rectifica y aclara la página 11. último párrafo de la Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 1159/2019 de 21 de octubre de 2019, con el siguiente texto: “…el contribuyente Carlos Alfonso Baldivia Aliaga, presentó descargos a la Resolución Sancionatoria N° 181925000553, mediante nota de 23 de noviembre de 2016, ...”; texto que conserva estricta relación con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada.

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  1. b) con relación a la revocatoria de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1159/2019 de 21 de octubre de 2019, en razón a que el contribuġente manifestó como agravio la falta de valoración de descargos por parte de la Administración Tributaria, aspecto que vicia de nulidad la Resolución Sancionatoria de conformidad con el artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492, se rechaza la solicitud de rectificación y aclaración; consecuentemente, corresponde mantener la decisión de esta instancia recursiva.

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SEGUNDO.– El presente Auto forma parte de la Resolución de Recurso de Alzada. ARIT-LPZ/RA 1159/2019 de 21 de octubre de 2019; consecuentemente, conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico, para ambas partes, es de veinte días.computables à partir de su. notificación.

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TERCERO.– Enviar copia del presente Auto al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) del CTB.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

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