ARIT-LPZ-RA-1162-2019 Resolución Determinativa anulada. La contribuyente alega la nulidad del acto administrativo, al violar el derecho a la defensa y debido proceso, ya que al acogerse a un plan de pagos en virtud a una deuda tributaria, debió correr un nuevo plazo de prescripción desde que se dejó de pagar el plan de pagos, y no desde antes de acogerse a este beneficio. La contribuyente también solicita prescripción de la ejecución tributaria, así como también de la facultad de imponer sanciones administrativas.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZIRA 1162/2019 

Recurrente: 

Hortencia Paye de Aliaga 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Néstor Hugo Muñoz Cossío

Acto Impugnado: 

Resolución Administrativa N° 231921001270 (SIN/GDEA/DJCCICC/RA/00025/2019) 

Expediente: 

ARIT-LPZ0798/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 21 de octubre de 2019 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria

Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1162/2019 de 18 de octubre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Administrativa N° 231921001270 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00025/2019) de 24 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió rechazar la solicitud de nulidad de la Resolución Administrativa de Aceptación del Plan de Pagos No 202000031614 de 30 de abril de 2014 planteada por Hortencia Paye de Aliaga y de prescripción de la facultad de ejecución tributaria e imposición de sanciones, al haberse cumplido con los plazos establecidos por Ley.

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V1080311. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

II.1. Argumentos de la Recurrente 

Hortencia Paye de Aliaga por nota presentada el 22 de julio de 2019, cursante a fojas 40 Auan Carles V 43 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente: BlGuzmán Ruiz E

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de la Calad Certificado.771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegúa mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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La Administración Tributaria mediante la Resolución Administrativa N° 231921001270 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00025/2019) de 24 de junio de 2019, realiza una interpretación incorrecta de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 2492 al señalar que la interrupción de la prescripción se circunscribe solo a la etapa de determinación y que correspondería aplicar por analogía los artículos 1492, 1493, 340 y 1503 del Código Civil; asimismo señala que la Administración Tributaria no respondió de forma fundamentada y motivada a todos los argumentos legales planteados en su nota de solicitud de nulidad y prescripción..

Cita la RND 10-0006-13 de 8 de marzo de 2013 y señala que su solicitud de plan de pagos y los pagos de la cuota inicial y de la garantía fueron efectuadas conforme dicha disposición normativa, es de cumplimiento obligatorio. En ese contexto aclara que desde el pago de la

a garantía y firma del Formulario 8000 V-1 de Solicitud de Facilidades de Pago realizado el 13 de agosto de 2013, hasta la notificación con la Resolución Administrativa No 202000031614 efectuada el 13 de agosto de 2014, transcurrió 1 año, aspecto que es reconocido por la propia Administración Tributaria en la página 2 del acto impugnado.

La Administración Tributaria no señala el plazo que tenía para emitir la Resolución Administrativa de aceptación del Plan de Facilidades de Pago y la norma en que se basa para manifestar que seguía siendo de cumplimiento obligatorio, considerando que la misma fue incumplida con anterioridad a la emisión de dicha Resolución Administrativa, al efecto cita los artículos 74 de la Ley 2492, 232 y 235 de la Constitución Política del Estado.

Hace referencia a los artículos 1, 2, 4 y 16 de la Ley 2341, así como al artículo 68 numeral 2 de la Ley 2492 y señala que al no encontrarse en la norma especial el plazo para que la Administración Tributaria emita la Resolución Administrativa de aceptación o rechazo del Plan de Facilidades de Pago, corresponde aplicar las normas en materia administrativa; consecuentemente, conforme lo dispuesto en el artículo 71 del DS 27113, el Ente Fiscal tenía el plazo de 20 días para emitir la Resolución Administrativa de Aceptación o Rechazo al Plan de Facilidades de Pago, el cual fue incumplido, hecho que amerita responsabilidad, prevista en la Ley 1178.

El acto impugnado no considera lo dispuesto en el artículo 15 de la RND 10-0006-13 de 8 de marzo de 2013, el cual señala que el sujeto pasivo o tercero responsable de la deuda tributaria podrá desistir de la solicitud de facilidades de pago hasta antes de ser notificado

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con la Resolución Administrativa de Aceptación o Rechazo; en ese contexto, el último pago realizado fue el 14 de noviembre de 2013, es decir, el desistimiento se produjo antes de la notificación con la Resolución Administrativa N° 202000031614 efectuada el 13 de agosto

,

de 2014, siendo que dicho acto administrativo carecía de objeto, era ilícito o de imposible cumplimiento; al efecto los incisos a), b), c) y d) del artículo 35 de la Ley 2341 señalan que son nulos de pleno derechos los actos administrativos que hubieren sido dictados sin competencia o prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; consecuentemente, la Administración Tributaria no observó el procedimiento previsto en la RND 10-0006-13, toda vez que al producirse el desistimiento al Plan de

Pagos, correspondía emitir una Resolución Administrativa de Rechazo y no de Aceptación.

La Resolución Administrativa N° 202000031614 de 30 de abril de 2014, no puede constituirse en Título de Ejecución Tributaria, toda vez que desistió al plan de pagos antes de la emisión y notificación con el referido acto administrativo. Asimismo, señala que con su solicitud de acogerse al Plan de Pagos interrumpió el cómputo de la prescripción, conforme lo previsto en el artículo 61 inciso b) de la Ley 2492; consecuentemente, el cómputo para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de ejecución tributaria comenzó el 1 de diciembre de 2013, es decir, el primer día hábil del mes siguiente en el que el Plan de Pagos fue incumplido, cuyo último pago se realizó el 14 de noviembre de 2013 mediante Boleta de Pago 1000 con Número de Orden 2041688446 por el monto de Bs3.499.-; consecuentemente, dentro del plazo de 4 años previsto por el artículo 59 parágrafo I de la Ley 2492, es decir, hasta el 1 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria no realizó ninguna medida tendiente a realizar el cobro de la deuda tributaria.

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La Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: SINIGDLPZ/DJCCIUCCIAISC/2013200471 de 23 de septiembre de 2013, iniciando el proceso sancionador por la omisión de pago de las declaraciones juradas correspondientes al IVA e IT de los periodos fiscales abril, septiembre y diciembre 2009, siendo que a la fecha de su solicitud no emitió la Resolución Sancionatorią correspondiente. En ese contexto el

cómputo de prescripción para imponer sanciones administrativas por la omisión de pago YkezObrado) respecto a los referidos periodos fiscales se inició el 1 de enero de 2010, concluyendo el 31

de diciembre de 2013, es decir, a los 4 años conforme lo dispuesto en el artículo 59-1 y 60

I de la Ley 2492. Al efecto cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 y selmpugede señala que no corresponde aplicar retroactivamente las Leyes 291, 317 y 812, sino se les Juan Carlos Guzman Ruiz

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cumple con la condición de favorabilidad para el sujeto pasivo, considerando la norma vigente a momento del hecho generador. Asimismo aclara que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 203 de la Constitución Política del Estado y 15 de la Ley 154 Código Procesal Constitucional, las Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son vinculantes y de cumplimiento obligatorio.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular y/o revocar la Resolución Administrativa N° 231921001270 (SIN/GDEADJCC/CC/RA/00025/2019) de 24 de junio de 2019.

11.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Hortencia Paye de Aliaga, fue admitido por Auto de 29 de julio de 2019, notificado de forma personal tanto a la Administración Tributaria como a la recurrente el 2 de agosto de 2019, fojas 44-46 de obrados.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales representado legalmente por Néstor Hugo Muñoz Cossío conforme se acredita de la Resolución Administrativa No 031900000640 de 27 de junio de 2019, por memorial presentado el 19 de agosto de 2019, cursante a fojas 49-55 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

Cita los artículos 13 y 14 de la RND 10-0006-13 de 8 de marzo de 2013 y señala que en dichos artículos no se establece el plazo para emitir y notificar la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago, solo dispone las formas de notificación de la Resolución de Aceptación y sus efectos legales; siendo que para que un acto sea nulo o anulable, corresponde que se susciten las situaciones previstas en los artículos 35 y 36 de la Ley 2341, normativa que no establece de manera expresa la nulidad de una Resolución Administrativa de Facilidades de Pago por incumplimiento del plazo, ya que la emisión y notificación de un acto administrativo fuera de plazo no implica su anulabilidad, excepto cuando la naturaleza del acto así lo imponga.

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El procedimiento del Plan de Facilidades de Pago cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 55 de la Ley 2492, 13 y 14 de la RND 10-0006-13 de 8 de marzo de 2013;

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en ese entendido, los actos de la Administración Tributaria no carecen de los requisitos formales y esenciales para alcanzar su finalidad, siendo que no se generó indefensión al contribuyente; consecuentemente, no corresponde la anulación de obrados toda vez que de acuerdo con los dispuesto en el artículo 55 del DS 27113 procede la revocación de un acto anulable únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público, situación que no ocurrió en el presente caso, debido a que se cumplió con el procedimiento de notificación de la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago.

El recurrente tuvo la oportunidad de impugnar la Resolución Administrativa de Aceptación del Plan de Facilidades de Pago, mediante los recursos que le franquea la Ley; sin embargo, al no haberlo hecho, convalidó el referido acto administrativo; al efecto, cita la Sentencia No 12/2016 de 7 de marzo de 2016. Aclara que no existe nulidad, toda vez que los actos de la Administración Tributaria se encuentran fundamentados y no se causó indefensión al contribuyente, siendo que no existe constancia del desistimiento alegado por el recurrente, hecho que denota.el incumplimiento al plan de facilidades de pago.

De acuerdo con el artículo 14, parágrafo, I de la RND 10-0006-13 de 8 de marzo de 2013, en caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto suspensivo, por cuanto el incumplimiento del pago dará lugar a la ejecución de las medidas que correspondan; asimismo, cita los artículos 59 numeral 4, 108-1 inciso 6) de la Ley 2492 y 5 del DS 27310, y señala que el plazo de prescripción para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de ejecución tributaria respecto a las declaraciones juradas de los periodos fiscales abril a diciembre de 2009, se interrumpió con la notificación de Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 201320601412 efectuada mediante cédula el 31 de julio de 2013.

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Cita los artículo 55-110 y 108 de la Ley 2492 señalando que en caso de incumplimiento al plan de facilidades de pago, corresponde la ejecución de las medidas coactivas respecto a los adeudos consignados en los títulos de ejecución originales, considerando como pagos a cuenta las cuotas canceladas hasta ese momento, siendo que ejecutó medidas coactivas como la nota CITE: SIN/GDEA/DJCC/CC/NOT/05698/2018 dirigida a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero el 26 de octubre de 2018.

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Las causales de interrupción previstas en el artículo 61 de la Ley 2492, se refieren a la etapa de determinación; sin embargo, no hacen referencia a la fase de ejecución tributaria; consecuentemente, al existir un vacío en dicha disposición normativa, corresponde aplicar por analogía los artículos 1492 y 1493 del Código Civil.

Los Autos Supremos Nos. 220/2012, 435/2013 y 172/2014 emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia señalan que la prescripción extintiva tiene su fundamento en el interés público, de tal modo que un derecho subjetivo no ejercitado por un periodo de tiempo prolongado crea la convicción de que fue abandonada por su titular, en ese contexto, el artículo 1492 del Código Civil señala los requisitos para que opere la prescripción, no siendo suficiente solo el transcurso del tiempo sino la inactividad del titular de la acción; en el presente caso, la Administración Tributaria como titular de la acción no dejó de ejercer su derecho de cobro de la deuda; al efecto cita la Sentencia Constitucional 0221/2004-R de 12 de febrero de 2004.

Cita los artículos 5 y 8 de la Ley 2492 señalando que ante la existencia de un vacío legal sobre la interrupción de la prescripción, corresponde aplicar los artículos 340 y 1503 del Código Civil, los cuales establecen la interrupción en vía judicial mediante actos desarrollados ante tribunales jurisdiccionales, cuyo requisito es la citación con la demanda y demás actuados procesales; asimismo, se tiene la vía extrajudicial por medio de un acto que sirva para constituir en mora al deudor, que tenga la intención de exigir el cumplimiento de la obligación sin que esté sujeto a una forma precisa; en ese entendido, la Administración Tributaria constituyó en mora al deudor con las medidas coactivas previstas en el artículo 110 de la Ley 2492 a objeto del cobro de la obligación tributaria, mediante el envío de notas a diversas entidades, actuados que interrumpieron el cómputo de la prescripción, siendo que sus facultades de ejecución tributaria no se encuentran prescritas.

El cómputo de prescripción previsto en el artículo 59 parágrafo IV de la Ley 2492 fue modificado por las Leyes 291 y 812, estableciendo que la facultad para ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible. Aclara que la Administración Tributaria tiene el derecho subjetivo de recuperar los adeudos tributarios, constituyéndose en sujeto ac

la relación tributaria, siendo que en antecedentes administrativos cursan las medidas que

realizó en busca del cobro de la deuda.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

El artículo 23 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, señala que después de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria se dará inicio al procedimiento sancionador; en ese contexto, el PIET N° 201320601412 fue notificado mediante cédula el 31 de julio de 2013, momento en el que se dio inicio al procedimiento

sancionador emitiendo el Auto Inicial de Sumario contravencional CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCCIAISC/2013200471, notificado por cédula el 30 de diciembre de 2013.

Cita los artículos 165 de la Ley 2492, 42 del DS 27310 y 20 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 y señala que el procedimiento sancionador dentro de un plan de facilidades de pago se iniciará con la notificación al contraventor del Auto Inicial de Sumario Contravencional por las deudas autodeterminadas por el sujeto pasivo, después de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria. Asimismo cita el artículo 59 de la Ley 2492 modificado por las Leyes 291, 317 y 812 esta última disposición normativa establece el término de prescripción de 8 años para que la Administración Tributaria ejerza su facultad para imponer sanciones administrativas; consecuentemente, dichas facultades se encuentran incólumes.

los fundamentos expuestos, solicita confirmar Resolución Administrativa No 231921001270 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00025/2019) de 24 de junio de 2019.

II.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 20 de agosto de 2019, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes.y perentorios a las partes, en aplicación del inciso d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría a las partes el 21 de agosto de 2019, período dentro del cual, por memorial presentado el 10 de septiembre de 2019, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos presentados junto con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada; al efecto, mediante Proveído de 11 de septiembre de 2019, se dio por ratificada la prueba documental, actuación notificada en Secretaría a las partes el 11 de septiembre de 2019; fojas 56, 72-74 de obrados.

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Por nota ARITLP-SC-OF-0188/2019 de 20 de agosto de 2019, esta Instancia Recursiva comunicó al Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales que dentro del

Juan Carlos Guzmin Auit A svobo

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de la Calidad Certificado N 771/1

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Justicia tributaria, para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana taság kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

proceso interpuesto por Hortencia Paye Mendoza de Aliaga contra la Resolución Administrativa N° 231921001270 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00025/2019) de 24 de junio de 2019 emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, no fueron remitidos los antecedentes administrativos conjuntamente al memorial de respuesta en el plazo establecido por Ley, fojas 57 de obrados.

Por memorial presentado el 20 de agosto de 2019, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales adjuntó los antecedentes administrativos correspondientes a la Resolución Administrativa N° 231921001270 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00025/2019) de 24 de junio de 2019; al efecto por Proveído de 21 de agosto de 2019, se dispuso por adjuntados los antecedentes administrativos, actuación notificada en Secretaría a las partes el 21 de agosto de 2019, fojas 58-59 y 61 de obrados.

Mediante memorial presentado el 27 de agosto de 2019, la Administración Tributaria subsanó las páginas 1 y 2 del memorial de respuesta al Recurso de Alzada, al efecto por Proveído de 28 de agosto de 2019, se dispuso se tenga presente y en conocimiento del recurrente el memorial integro de respuesta al Recurso de Alzada, actuación notificada en

Secretaría a las partes el 28 de agosto de 2019, fojas 62-71 de obrados

11.5. Alegatos Por nota presentada ante esta Instancia Recursiva el 30 de septiembre de 2019, la recurrente, presentó sus alegatos reiterando los argumentos esgrimidos en su Recurso de Alzada, enfatizando en que la Resolución Administrativa de Aceptación del Plan de Pagos fue emitida fuera del plazo de 10 días previsto en la RND 10-0036-13 que complementa la RND 10-0006-13 por la cual se acogió al plan de pagos. Asimismo señala que el desistimiento al plan de pagos se efectuó con anterioridad a la notificación con la Resolución Administrativa de Aceptación, siendo que el cómputo para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de ejecución tributaria comenzó el 1 de diciembre de 2013, es decir, el primer día hábil del mes siguiente al incumplimiento del plan de Pagos, cuyo último pago se realizó el 14 de noviembre de 2013; consecuentemente, dentro del plazo de 4 años previsto por el artículo 59 parágrafo I de la Ley 2492, es decir, hasta el 1 de diciembre de 2017, plazo en el que la Administración Tributaria no realizó ninguna medida tendiente a realizar el cobro de la deuda tributaria. Del mismo modo el cómputo de prescripción para imponer sanciones administrativas por la omisión de pago inició el 1 de enero de 2010,

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concluyendo el 31 de diciembre de 2013, conforme el referido marco normativo, siendo que ambas facultades se encuentran prescritas, al efecto, mediante Proveído de 1 de octubre de 2019, se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, acto notificado a ambas partes por secretaría el 2 de octubre de 2019, fojas 75-78 de obrados.

La Administración Tributaria no formuló alegatos de conformidad a los términos del artículo

210 parágrafo II del Código Tributario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/PIET/201320601412 de 31 de mayo de 2013 señaló que estando firmes y ejecutoriadas las declaraciones juradas del IVA e IT de los periodos fiscales abril, septiembre y diciembre de 2009 y conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, se conmina a la contribuyente Hortencia Paye Mendoza de Aliaga a pagar el monto líquido y exigible de Bs75.355.-, caso contrario se procederá a ejecutar las medidas coactivas establecidas en el artículo 110 del Código Tributario a partir del tercer día siguiente a la notificación con el presente Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, hasta obtener el pago total de la deuda tributaria, actuación notificada por cédula a la referida contribuyente el 31 de julio de 2013, fojas 42-47 (Cuerpo 1) de antecedentes administrativos.

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Mediante nota CITE LAM 02/2013 presentada ante la Administración Tributaria el 5 de julio de 2013, Hortencia Paye Mendoza de Aliaga, solicitó acogerse a un Plan de Facilidades de Pago en 36 cuotas mensuales, respecto al adeudo tributario del IVA e IT de los periodos fiscales abril, septiembre y diciembre de 2009, fojas 57 (Cuerpo 1) de antecedentes administrativos.

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Por Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/ AISC/2013200471 de 23 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria instruyó el inicio de Sumario Contravencional contra Hortencia Paye Mendoza de Aliaga conforme el artículo 168 del Código Tributario, por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago por los importes no pagados de acuerdo al artículo 165 de la citada norma, concordante con el artículo 42 del DS 27310, en las declaraciones juradas detalladas a continuación:

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MESIANO 200

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11640122

12/2009 400

7875561 

4/2009 400

9079483

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11436999

12/2009 TOTAL EN BOLIVIANOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 

04/12/2009 05/02/2010 14/05/2009 04/12/2009 05/02/2009

IMPORTE BS. 

22.429 11.657

9.338 20.181

11.750 75.355 

Concediéndole el plazo de 20 días para la presentación de descargos, actuación notificada por cédula a la referida contribuyente el 30 de diciembre de 2013, fojas 63-69 (Cuerpo 1) de antecedentes administrativos.

El Informe CITE: SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/1998/2013 de 27 de agosto de 2013, concluyó que la contribuyente Hortencia Paye Mendoza de Aliaga, cumplió con los requisitos previstos en la RND N° 10-0006-13 que reglamenta la concesión del Plan de Facilidades de Pago, motivo por el que recomendó la derivación del expediente al Departamento Jurídico para que proceda de acuerdo a normativa vigente, fojas 1-2 (Cuerpo 2) de antecedentes administrativos. .

La Resolución Administrativa N° 202000031614 de 30 de abril de 2014, resolvió aceptar la solicitud de facilidades de pago presentada por la contribuyente Hortencia Paye Mendoza de Aliaga en 34 cuotas mensuales por concepto de la deuda tributaria emergente de deudas determinadas, acto administrativo notificado por Secretaría el 13 de agosto de 2014, fojas 39-41 y 43 (Cuerpo 2) de antecedentes administrativos.

El Informe CITE: SIN/GDEA/DRE/INF/0864/2018 de 21 de marzo de 2018 concluyó que el plan de facilidades de pago fue incumplido por la contribuyente Hortencia Paye Mendoza de Aliaga, motivo por el que recomendó remitir antecedentes administrativos al Departamento Jurídico para que se proceda con la ejecución según normativa vigente, fojas 59-62 (Cuerpo 2) de antecedentes administrativos.

:

I, III 

.

Por nota presentada a la Administración Tributaria el 11 de abril de 2019, Hortencia Paye Mendoza de Aliaga solicitó la nulidad de la Resolución Administrativa N° 202000031614 de 30 de abril de 2014 de Aceptación al Plan de Facilidades de Pago, debido a que la misma fue emitida y notificada después de haber incumplido el plan de pagos, aspecto que impide

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.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

que dicho acto administrativo sea considerado como Título de Ejecución Tributaria, al haber sido emitido prescindiendo del procedimiento legalmente establecido. Asimismo planteó prescripción de las facultades de ejecución tributaria respecto a las declaraciones juradas del IVA e IT de los periodos fiscales abril, septiembre y diciembre de 2009, bajo el argumento de que el cómputo debió efectuarse desde el 14 de noviembre de 2013, es decir, desde el último pago realizado al plan de pagos o en su defecto desde el día siguiente de notificación con la Resolución Administrativa de aceptación del plan de pagos, es decir,

desde el 14 de agosto de 2014, siendo que dicho plazo prescribe el 14 de agosto de 2018, conforme lo previsto en el artículo 59-1 de la Ley 2492; asimismo, planteó prescripción de las facultades para imponer sanciones administrativas dentro del marco establecido en la referida disposición normativa, fojas 73-75 (Cuerpo 2) de antecedentes administrativos.

La Resolución Administrativa N° 231921001270 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00025/2019) de 24 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió rechazar la solicitud de nulidad de la Resolución Administrativa de Aceptación del Plan de Pagos No 202000031614 de 30 de abril de 2014 planteada por Hortencia Paye de Aliaga y de prescripción de la facultad de ejecución tributaria e imposición de sanciones, al haberse cumplido con los plazos establecidos, actuación notificada de forma personal a la referida contribuyente el 28 de junio de 2019, fojas 94-102 (Cuerpo 2) de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y

198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los

argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, parágrafo III del referido Código Tributario, se tiene:

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La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Hortencia Paye de Aliaga en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta instancia Recursiva.

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Juan Carlos

Guzmán Ruiz Ve VpBo

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Justkia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kurag kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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Se hace necesario puntualizar que en el petitorio del Recurso de Alzada la recurrente solicita anularylo revocar la Resolución Administrativa N° 231921001270 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00025/2019) de 24 de junio de 2019; consecuentemente, esta Instancia Recursiva ingresará al análisis en primera instancia del aspecto de forma vinculado a la fundamentación y motivación del acto impugnado, con el fin de establecer la existencia o no de dicho vicio y en caso de ser inexistente, se ingresará al análisis de los argumentos de fondo planteados en el Recurso de Alzada.

IV.1. Fundamentación y motivación del acto impugnado El recurrente en los argumento de su Recurso de Alzada señala que la Administración Tributaria en la Resolución Administrativa N° 231921001270 (SIN/GDEA/DJCC/CCI RA/00025/2019). de 24 de junio de 2019, no respondió de manera fundamentada y motivada a todos los argumentos legales planteados en su nota de solicitud de nulidad y prescripción

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta señala que no existe nulidad, toda vez que los actos de la Administración Tributaria se encuentran fundamentados y no se causó indefensión al contribuyente; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El Artículo 115-il de la Constitución Política del Estado señala: El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 24 de la Constitución Política del estado dispone: Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. 

El artículo 68 numerales 2 y 6 de la Ley 2492, establece: Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

El artículo 16, incisos a) y.h) de la Ley 2341, establecen: En su relación con la Administración Pública, las personas tienen los siguientes derechos: a) A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente. h) A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen. 

El artículo 27 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, en relación al acto administrativo, dispone: Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legitimo. 

El artículo 28, del mismo cuerpo legal señala: Elementos esenciales del acto administrativos son elementos esenciales del acto administrativos los siguientes: (...) b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y el derecho aplicable e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo (...).‘ 

El artículo 36, parágrafo II de la Ley 2341 indica: No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

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AFNOR CERTIFICATION 

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El artículo 55 del DS 27113, señala: Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

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Juah Carlos Güzrán Ruiz HevpBols

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de la Caldad Certificado N771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) . Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Väe (Guarani).

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

III

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Previo a ingresar al análisis del presente caso, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso es parte esencial en el ámbito administrativo; es decir, obliga a los órganos y dependencias de la Administración Pública, de manera expresa a garantizar precisamente el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica, garantizar el correcto ejercicio de estos derechos a través de la emisión de actos

administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

Corresponde señalar también que la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito judicial o administrativo, necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el

ordenamiento jurídico.

En ese orden, la linea constitucional establecida en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1414/2013, determinó que el derecho a la fundamentación de un fallo, es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse

debidamente fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y motivación, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis

normativa.

En consideración a los lineamientos citados precedentemente y de la revisión de las principales actuaciones administrativas del presente caso; se advierte que la Administración Tributaria emitió el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria SIN/GDLPZ/DJCC/UCCI PIET/201320601412 de 31 de mayo de 2013, mediante el cual señaló que estando firmes y ejecutoriadas las declaraciones juradas del IVA e IT de los periodos fiscales abril,

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

septiembre y diciembre de 2009 y conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, se conmina a la contribuyente Hortencia

Paye Mendoza de Aliaga a pagar el monto líquido y exigible de Bs75.355.-, caso contrario se procederá a ejecutar las medidas coactivas establecidas en el artículo 110 del Código

Tributario a partir del tercer día siguiente a la notificación con el presente Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, hasta obtener el pago total de la deuda tributaria, actuación notificada por cédula a la referida contribuyente el 31 de julio de 2013, conforme se evidencia a fojas 42-47 de antecedentes administrativos

Ante la emisión del PIET SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/PIET/201320601412 de 31 de mayo de 2013, mediante nota CITE LAM 02/2013, presentada ante la Administración Tributaria el 5 de julio de 2013, Hortencia Paye Mendoza de Aliaga, solicitó acogerse a un Plan de Facilidades de Pago en 36 cuotas mensuales, respecto al adeudo tributario del IVA de los periodos fiscales abril, septiembre y diciembre de 2009; al efecto el Ente Fiscal emitió la Resolución Administrativa N° 202000031614 de 20 de agosto de 2013, que resolvió aceptar la solicitud de facilidades de pago presentada por la contribuyente Hortencia Paye Mendoza de Aliaga en 34 cuotas mensuales por concepto, de la deuda tributaria emergente de

deudas determinadas, acto administrativo notificado por secretaría el 13 de agosto de 2014, según se evidencia a fojas 39-41 y 43 de antecedentes administrativos.

El Informe CITE: SIN/GDEADRE/INF/0864/2018 de 21 de marzo de 2018 concluyó que el plan de facilidades de pago fue incumplido por la contribuyente Hortencia Paye Mendoza de Aliaga, motivo por el que recomendó remitir antecedentes administrativos al Departamento Jurídico para que se proceda con la ejecución según normativa vigente.

Posteriormente; por nota presentada a la Administración Tributaria el 11 de abril de 2019, Hortencia Paye Mendoza de Aliaga solicitó lo siguiente:

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Nota presentada el 11 de abril de 2019 

(fojas 73-75 de antecedentes administrativo) (…) en cumplimiento del Artículo 108 de la Ley 2492, la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. 202000031614 de fecha 30 de abril de 2014, no puede constituirse idóneamente en un Título de Ejecución Tributaria, porque el último pago como parte de las 34 cuotas mensuales, fue realizado el 14 de noviembre de 2013, y hasta esa fecha no existia la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. 202000031614, habiendo 

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Juan Carlos Guzmán Rur

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de la Calidad Certaicado N°771/14 

Justidia tributaria para vivir bien Jan mlt’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

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sido emitida el 30 de abril de 2014, aceptando la solicitud de plan de facilidad de pago, 5 meses después del incumplimiento (...) La RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. 202000031614, de fecha 30 de abril de 2014, no pude ser un Título de Ejecución, porque carece de un objeto lícito para el cual fue emitido para hacer cumplir y a la fecha de emisión y notificación, su cumplimiento es imposible, no surte ningún efecto legal para hacer cumplir el pago de las cuotas, habiendo la Gerencia Distrital La Paz I, incumplido con su procedimiento y la norma tributaria para el caso. El Artículo 61 de la Ley 2492, señala que la prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Y habiendo solicitado en su momento acogerme a un Plan de Facilidades de Pago, la prescripción, quedó interrumpida, hasta su incumplimiento de las Facilidades de Pago, cuyo último pago se realizó el 14 de noviembre de 2013, fecha que se debe tener como el inicio del cómputo de la prescripción a la facultad de ejecución tributaria (...) Realizando el cómputo de la prescripción desde el 1 de diciembre de 2013, ya los 4 años de prescripción para la ejecución tributaria, concluyó el 1 de diciembre de 2017, sin que el Servicio de Impuestos Nacionales haya realizado medidas coactivas tendientes a realizar el cobro de la deuda tributaria (...) En caso de que no se consideraría la nulidad de la Resolución Administrativa N° 202000031614 de fecha 30 de abril de 2014, extrañamente la misma se constituiría en Título de Ejecución Tributaria el 14 de noviembre de 2013 (...) por lo que el cómputo se iniciaría conforme el Parágrafo II del Artículo 60 y Numeral 8 del Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley 2492 desde la notificación con el título de ejecución tributaria (…), es decir el 14 de agosto de 2014, contando los 4 años de prescripción para la ejecución tributaria, la misma concluyó el 14 de agosto de 2018 (...) El cómputo de prescripción, para imponer sanciones administrativas, se computará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, de acuerdo al Parágrafo I del Artículo 60 de la Ley 2492. Por lo que el computo por el IVA e IT, periodos fiscales abril, septiembre y diciembre de 2009, se inició el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2013, cumpliéndose los 4 años de prescripción que señala el Código Tributario Boliviano (...) En cumplimiento de la Ley, pido de acuerdo al Numeral 2 del Artículo 68 de la Ley 2492, resuelva expresamente mi solicitud de prescripción sobre la nulidad de la Resolución Administrativa Nro. 202000031614 de fecha 30 de abril de 2014, prescripción de la deuda tributaria por las 5 declaraciones juradas (...) y de prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas (...) 

Como consecuencia de lo anterior la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 231921001270 (SIN/GDEADJCC/CC/RA/00025/2019) de 24 de junio de 2019, señalando lo siguiente:

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Resolución Administrativa N° 231921001270 (SIN/GDEA/DJCCICC/RA/00025/2019)

(fojas 94-101 de antecedentes administrativos) (...) La Resolución Normativa de Directorio 100006-13 de 8 de marzo de 2013 Facilidades de Pago, Art. 14.- (Sustitución del Título de Ejecución Tributaria) parágrafo I, establece: La concesión de Facilidades de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Pago, dará lugar a la emisión de una Resolución Administrativa de Aceptación, que consolidará formalmente los adeudos que originaron la solicitud y sustituirá los títulos de ejecución originales, constituyéndose en el nuevo Título de Ejecución Tributaria, por tanto el contribuyente se hace responsable de las obligaciones y beneficios que la Ley disponga, aspecto del cual se tiene pleno conocimiento al rubricar en el Form. 8000 V 

1 Solicitud de Facilidades de Pago de 13 de agosto de 2013(...) Que, en cumplimiento de la Resolución Normativa, el Título de Ejecución Tributaria fue SUSTITUÍDA al emitirse la Resolución Administrativa de Aceptación, posteriormente este acto administrativo emitido por la Administración Tributaria es notificada por secretaría (...) este aspecto es de conocimiento de la contribuyente y por este motivo realiza de forma voluntaria el pago de cuatro (4) cuotas del Plan de Pagos (...) Que, notificado el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria 201320601412 de 31 de mayo de 2013 () de acuerdo a la RND N° 10-000613 de 8 de marzo de 2013, normativa vigente al ingresar al Plan de Facilidades de Pago (...) si bien las Declaraciones Juradas pertenecen a los periodos fiscales abril a diciembre de la gestión 2009, se interrumpió el cómputo de la prescripción con la notificación mediante cédula el 31 de julio de 2013 del Proveido de inicio de Ejecución Tributaria 201320601412 (…) Que, si bien la Ley 2492 en su Art. 61 establece las causales de interrupción, pero esas causales refieren a la interrupción en etapa de determinación, pero con relación a la etapa de ejecución tributaria no realiza ninguna referencia con relación a la interrupción, existiendo un vacío legal en la Ley N° 2492, por lo que corresponde la analogia y al respecto el Código Civil establece lo siguiente (…) Que, la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, 317 de 11 de diciembre de 2012 y 812 de 30 de junio de 2016, modifican el cómputo de la prescripción en el Art. 599,– (PRESCRIPCIÓN) parágrafo IV. “La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible (…) Que, el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria con CITE: SIN/GDLPZDJCC/UCC/PIET/201320601412 de 31 de mayo de 2013 fue notificado mediante cédula el día 31 de julio de 2013, momento en el que se dio inicio al procedimiento sancionador, emitiendo la Administración Tributaria Gerencia Distrital La Paz, el Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: SIN GDLPZDJCCIAISC/2013200471 de 23 de septiembre de 2013 y notificado mediante cédula el 30 de diciembre de 2013. 

Conforme lo relacionado, corresponde señalar que la ahora recurrente requirió a la Administración Tributaria mediante nota presentada el 11 de abril de 2019, el pronunciamiento respecto a los siguientes aspectos:

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> Nulidad de la Resolución Administrativa N° 202000031614 de 30 de abril de 2014 de

Aceptación al Plan de Facilidades de Pago, debido a que la misma fue emitida y afao 

iso 9001 notificada después de haber incumplido el plan de pagos, aspecto que impide que dicho acto administrativo sea considerado como Título de Ejecución Tributaria, al haber sido emitida prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

IQNet Prescripción de las facultades de ejecución tributaria respecto a las declaraciones juradas del IVA e IT de los periodos fiscales abril, septiembre y diciembre de 2009, bajo

el argumento de que dicho cómputo debió efectuarse desde el 14 de noviembre de Juah Carlos Gúzinan Rysz

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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de la Calidad Certificado N°771/14 

2013, es decir, desde el último pago realizado al plan de pagos o en su defecto desde el día siguiente de notificación con la Resolución Administrativa de aceptación del plan de pagos, es decir desde el 14 de agosto de 2014, siendo que dicho plazo prescribe el 14 de agosto de 2018, conforme lo previsto en el artículo 59-1 de la Ley 2492. Prescripción de las facultades para imponer sanciones administrativas dentro del marco normativo previsto por el artículo 59, parágrafo I, numeral 3) de la Ley 2492.

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Dichas solicitudes fueron realizadas por el sujeto pasivo en ejercicio de su derecho a la petición como elemento del debido proceso y derecho a la defensa, por el que los administrados pueden efectuar peticiones en el marco de los artículos 24 de la Constitución Política del Estado y 16 de la Ley 2341; empero, de la lectura al contenido del acto impugnado, la Administración Tributaria no esgrime ningún argumento respecto a la nulidad de la Resolución Administrativa N° 202000031614 de 30 de abril de 2014 de Aceptación al Plan de Facilidades de Pago solicitada por Hortencia Paye de Aliaga; del mismo modo, respecto a la solicitud de prescripción de las facultades de ejecución tributaria simplemente se limita a señalar de manera superficial que con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/PIET/201320601412 efectuada el 31 de julio de 2013, interrumpió el cómputo de la prescripción, aspecto que se replica en cuanto a la solicitud de prescripción de las facultades para imponer sanciones administrativas donde el Ente Fiscal solo señala que con la notificación del referido PIET se dio inicio al procedimiento sancionador, concluyendo que ambas facultades se encuentran incólumes.

Conforme lo expuesto y de la lectura al acto impugnado, no se advierte ningún análisis debidamente fundamentado respecto al rechazo de la nulidad de la Resolución Administrativa N° 202000031614 de 30 de abril de 2014 de Aceptación al Plan de Facilidades de Pago, ni de la prescripción de las facultades de ejecución tributaria e imposición de sanciones administrativas solicitada por la ahora recurrente, toda vez que no explica fehacientemente las razones legales por las cuales considera que con la notificación del Proveído de inicio de Ejecución Tributaria SIN/GDLPZ/DJCC/UCCI PIET/201320601412 de 31 de mayo de 2013 se habría interrumpido el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria y a la vez se dio inicio a la fase de imposición de sanciones administrativas, no siendo suficiente limitarse a efectuar la transcripción de . normativa, sin establecer la relación de causalidad con los hechos suscitados y la petición : efectuada por el sujeto pasivo, hechos que en suma evidencian que la estructura del acto

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impugnado tanto en el fondo como en la forma, no permite dejar pleno convencimiento de que el Ente Fiscal actuó de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, es decir, al haberse omitido todo tipo de fundamentación que debió ser consignada en la Resolución Administrativa N° 231921001270 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00025/2019) de 24 de junio de 2019.

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que en el acto impugnado, la Administración Tributaria no realiza el respectivo cómputo de la prescripción de sus facultades para ejecutar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas de los periodos fiscales solicitados por la ahora recurrente y que halle debidamente respaldado en la normativa aplicable a la prescripción invocada en el presente caso; en ese entendido, corresponde aclarar que la fundamentación de una resolución no se circunscribe simplemente a mencionar y/o efectuar la transcripción de disposiciones normativas, sino que las mismas deben tener una relación estrecha con el razonamiento plasmado en la respectiva resolución, la cual deviene de los hechos suscitados, las argumentaciones y peticiones expuestas por los sujetos procesales y la normativa aplicable al caso concreto, aspectos que necesariamente deben estar cohesionados con la finalidad de obtener una resolución debidamente fundamentada, extremo que no se vio plasmado en el presente caso.

Al respecto, corresponde traer a colación el razonamiento plasmado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1469/2013 de 22 de agosto que en su parte pertinente, señala: “(…) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación”. 

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fundamentación de las Resoluciones Administrativas no implica la exposición ampulosa de TAPU consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo; en cuanto Juan Carlos Guamán Ruj

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9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

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a la motivación esta puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar la Autoridad Administrativa sus convicciones determinativas que justifiquen razonable su decisión, cumpliendo las normas del debido proceso; aspecto que no fue considerado por el Ente Fiscal, toda vez que omitió dar respuesta a los argumentos planteados por el ahora recurrente vulnerando el debido proceso y el derecho a la petición.

A lo mencionado se suma que el artículo 5 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 74 de la Ley 2492, determina que los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias; la competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida o avocada conforme a Ley, asimismo, el artículo 62 del DS 27113, al referirse a las facultades y deberes de la autoridad administrativa, señala en el inciso o el de aceptar o rechazar peticiones, reclamaciones y recursos, lo que indudablemente demuestra que es una atribución del ente fiscalizador el de emitir un criterio definitivo sobre cualquier petición que presente el administrado, hecho que como se demuestra no ocurrió

en el presente caso.

Corresponde también mencionar que la Administración Tributaria pese a contar con la · atribución de emitir una posición definitiva respecto a las solicitudes que efectúan los administrados, considerando el derecho fundamental que toda persona tiene precisamente a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta, cuyo único requisito es la identificación del peticionario, no lo hizo; en ese entendido, es pertinente considerar que el derecho fundamental de petición se encuentra consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1224/2013 de 1 de agosto, estableció el siguiente entendimiento: “Conforme a la norma constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin la exigencia de formalidades en la formulación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

de éstas, en términos breves, razonables.“, dentro del mismo cuerpo legal el artículo 115,

parágrafo II, garantiza también el derecho al debido proceso.

En el contexto anterior se hace necesario señalar que en materia tributaria los derechos del sujeto pasivo se encuentran plasmados en el artículo 68 de la Ley 2492, al efecto, su numeral 2 indica que la Administración Tributaria debe resolver expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por dicho Código, dentro de los plazos establecidos; asimismo, en el numeral 6 se garantiza al sujeto pasivo el conocimiento del estado de la tramitación de los procesos o procedimientos tributarios en los cuales sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones administrativas efectuadas ante la Administración Tributaria, previsiones legales que están directamente vinculadas con el ejercicio del derecho a la defensa, normativa concordante con los artículos 16 de la Ley 2341 y 4 del DS 27113, aplicables por disposición del artículo 201 de la Ley 3092, que señalan que la petición es un derecho de los ciudadanos y compromete a la administración pública a dar una respuesta oportuna y pertinente.

En el caso bajo análisis, el acto impugnado evidentemente carece de un pronunciamiento

en el que se exponga los hechos y antecedentes para aceptar o rechazar de forma definitiva

y fundamentada la solicitud de prescripción, toda vez que su estructura tanto en el fondo como en la forma, debe dejar pleno convencimiento de que se actuó de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, es decir, debió emitir una posición fundamentada respecto a que si operó o no la prescripción de las facultades para ejecutar la deuda tributara e imponer sanciones administrativas y determinar si dichas facultades se

encuentran o no extinguidas, estableciendo el inicio y conclusión del curso de la

prescripción, así como las causales de suspensión e interrupción conforme la normativa tributaria aplicable de acuerdo a las gestiones fiscales en cuestión, además del pronunciamiento respecto a la nulidad de la Resolución Administrativa de Aceptación al Plan de Facilidades de Pago No 202000031614 de 30 de abril de 2014, aspecto que también fue solicitado por la ahora recurrente; sin embargo, se omitió todo tipo de fundamentación en la Resolución Administrativa N° 231921001270 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00025/2019) de 24 de junio de 2019.

afa

ISO 900

Calidad 

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FIE

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MANAGE 

SYSTEM 

Con relación al argumento de la recurrente en sentido de que la Resolución Administrativa de Aceptación del Plan de Facilidades de Pago No 202000031614 de 30 de abril de 2014,

Juan Carlos

Guzman Ruiz

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de la Caidad Certificado N°771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Van mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

fue emitida fuera del plazo previsto en el artículo 71 del DS 27113, hecho que genera la nulidad de dicho acto administrativo; al respecto, corresponde señalar que el acto administrativo impugnado por la ahora recurrente y que se constituye en el objeto del presente análisis, es la Resolución Administrativa N° 231921001270 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00025/2019) de 24 de junio de 2019 por medio de la cual la Administración Tributaria resolvió rechazar la solicitud de nulidad y prescripción planteada por Hortencia Paye de Aliaga y no la Resolución Administrativa de Aceptación al Plan de Facilidades de Pago No 202000031614 de 30 de abril de 2014; consecuentemente, el análisis efectuado por esta Instancia Recursiva se circunscribe únicamente respecto a los agravios causados por el acto administrativo impugnado.

Conforme el análisis realizado, al ser evidente la falta de respuesta a la solicitud planteada por Hortencia Paye de Aliaga que implica la existencia de vicios que causaron la vulneración de los derechos constitucionales del debido proceso y la defensa, garantizados por los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de Estado y 68, numerales 2) y 6) de la Ley. 2492, no amerita ingresar al análisis de los aspectos de fondo expuestos por el recurrente en su Recurso de Alzada; consecuentemente, corresponde anular la Resolución. Administrativa N° 231921001270 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00025/2019) de 24 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales,

debiendo el Ente Fiscal emitir un nuevo acto administrativo en el que exponga de manera

fundamentada y motivada la aceptación o rechazo de la solicitud de prescripción de las

facultades para ejecutar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas respecto al IVA e IT de los periodos fiscales abril, septiembre y diciembre de 2009, además del pronunciamiento con relación a la nulidad de la Resolución Administrativa No 202000031614 de 30 de abril de 2014 de Aceptación al Plan de Facilidades de Pago, cumpliendo los requisitos establecidos por el inciso e) del artículo 28 de la Ley 2341 y 31 del DS 27113, en resguardo a sus derechos al debido proceso, defensa y petición.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Administrativa N° 231921001270 (SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00025/2019) de 24 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de impuestos Nacionales; consecuentemente, el Ente Fiscal debe emitir un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado considerando todos

los argumentos planteados por Hortencia Paye de Aliaga mediante nota presentada el 11

de abril de 2019, cumpliendo los requisitos establecidos por el inciso e) del artículo 28 de la Ley 2341 y 31 del DS 27113 en resguardo a sus derechos al debido proceso, defensa y petición.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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BENI 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código

Tributario y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación..

A Rodsan

Regístrese, hágase saber y cúmplase

Alejandra Pa Via Villalobes

Lic. Cecilia Vele: Doradc 

Directora Ejecutiva teguna! Direccion Ejecutiva Regrenal Autoridad Regional de Impugnaels

Tributaria – La Pos 

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Calidad 

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MANAGEM 

Juan Carlos

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Guzmán Huiz

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de la Caldad Certificado 771/1

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